Sentencia AC-216-24 — Registro 20488
Resumen
La Sala de lo Constitucional concluyó que la resolución denegatoria de acción de amparo en consulta no vulnera derechos fundamentales porque el amparista contaba con representación de un profesional del derecho que conoció de todas las actuaciones, entendido de su labor y deber en contestar la demanda reconvenida; también solicitó las pretensiones que consideró pertinentes para defenderse en el juicio, no desconociendo sus obligaciones procesales; por lo que no se vulneró el debido proceso y procede confirmar la resolución venida en consulta.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"…"el apoderado legal Nefi Roberto Torres Izcano en su condición de representante procesal de los señores Wilmer Mauricio Reyes Romero y Pedro Antonio Baiza Romero tuvo a bien ser notificado, haciéndole saber sobre la reconvención de la demanda para su contestación (ver constancia de la Secretario a folio 126 p.p.a.), acto de comunicación que el apoderado legal comprende y entiende su finalidad, tanto así que se puede observar a folio 128 de la p.p.a. el retiro de documentos y sus anexos, ya encomendado para su labor de contestar la demanda reconvenida, acto procesal que nos permite concluir que no hay indefensión para los amparistas. Por otra parte, en este caso en particular de la reconvención el legislador brinda el mismo tratamiento procesal entre las figuras del emplazamiento y notificación sin hacer distinción alguna, tal planteamiento responde al derecho al acceso a los Juzgados y Tribunales en agilizar el proceso sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, asimismo al Principio Dispositivo, ya que el amparista siempre fue comunicado de las actuaciones y pudo hacer uso de su derecho de acción, a todas luces la Juzgadora cumple a cabalidad el proceso sin vulnerar derechos fundamentales..."..."El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure en la mayor medida posible, su solución justa. En el caso de autos, vemos que no hubo violación al derecho de defensa por parte de la autoridad recurrida, (elemento que nuestra legislación establece debe visualizarse para decretar una nulidad procesal, según el artículo 212.4 del Código Procesal Civil) porque el impetrante contaba con representación de un profesional del derecho que tenía conocimiento de todas las actuaciones y estaba entendido de su labor y deber en contestar la demanda reconvenida, de igual manera tampoco se observa que hubo violación al derecho de petición, dado que el profesional del derecho tuvo a bien a solicitar las pretensiones que consideró pertinentes y a defenderse en el juicio, que no desconoce sus obligaciones procesales y por ende tampoco se configura una violación al debido proceso..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a decidir la denegación de la Acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"…"el apoderado legal Nefi Roberto Torres Izcano en su condición de representante procesal de los señores Wilmer Mauricio Reyes Romero y Pedro Antonio Baiza Romero tuvo a bien ser notificado, haciéndole saber sobre la reconvención de la demanda para su contestación (ver constancia de la Secretario a folio 126 p.p.a.), acto de comunicación que el apoderado legal comprende y entiende su finalidad, tanto así que se puede observar a folio 128 de la p.p.a. el retiro de documentos y sus anexos, ya encomendado para su labor de contestar la demanda reconvenida, acto procesal que nos permite concluir que no hay indefensión para los amparistas. Por otra parte, en este caso en particular de la reconvención el legislador brinda el mismo tratamiento procesal entre las figuras del emplazamiento y notificación sin hacer distinción alguna, tal planteamiento responde al derecho al acceso a los Juzgados y Tribunales en agilizar el proceso sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, asimismo al Principio Dispositivo, ya que el amparista siempre fue comunicado de las actuaciones y pudo hacer uso de su derecho de acción, a todas luces la Juzgadora cumple a cabalidad el proceso sin vulnerar derechos fundamentales..."..."El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure en la mayor medida posible, su solución justa. En el caso de autos, vemos que no hubo violación al derecho de defensa por parte de la autoridad recurrida, (elemento que nuestra legislación establece debe visualizarse para decretar una nulidad procesal, según el artículo 212.4 del Código Procesal Civil) porque el impetrante contaba con representación de un profesional del derecho que tenía conocimiento de todas las actuaciones y estaba entendido de su labor y deber en contestar la demanda reconvenida, de igual manera tampoco se observa que hubo violación al derecho de petición, dado que el profesional del derecho tuvo a bien a solicitar las pretensiones que consideró pertinentes y a defenderse en el juicio, que no desconoce sus obligaciones procesales y por ende tampoco se configura una violación al debido proceso..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a decidir la denegación de la Acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"…"el apoderado legal Nefi Roberto Torres Izcano en su condición de representante procesal de los señores Wilmer Mauricio Reyes Romero y Pedro Antonio Baiza Romero tuvo a bien ser notificado, haciéndole saber sobre la reconvención de la demanda para su contestación (ver constancia de la Secretario a folio 126 p.p.a.), acto de comunicación que el apoderado legal comprende y entiende su finalidad, tanto así que se puede observar a folio 128 de la p.p.a. el retiro de documentos y sus anexos, ya encomendado para su labor de contestar la demanda reconvenida, acto procesal que nos permite concluir que no hay indefensión para los amparistas. Por otra parte, en este caso en particular de la reconvención el legislador brinda el mismo tratamiento procesal entre las figuras del emplazamiento y notificación sin hacer distinción alguna, tal planteamiento responde al derecho al acceso a los Juzgados y Tribunales en agilizar el proceso sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, asimismo al Principio Dispositivo, ya que el amparista siempre fue comunicado de las actuaciones y pudo hacer uso de su derecho de acción, a todas luces la Juzgadora cumple a cabalidad el proceso sin vulnerar derechos fundamentales..."..."El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure en la mayor medida posible, su solución justa. En el caso de autos, vemos que no hubo violación al derecho de defensa por parte de la autoridad recurrida, (elemento que nuestra legislación establece debe visualizarse para decretar una nulidad procesal, según el artículo 212.4 del Código Procesal Civil) porque el impetrante contaba con representación de un profesional del derecho que tenía conocimiento de todas las actuaciones y estaba entendido de su labor y deber en contestar la demanda reconvenida, de igual manera tampoco se observa que hubo violación al derecho de petición, dado que el profesional del derecho tuvo a bien a solicitar las pretensiones que consideró pertinentes y a defenderse en el juicio, que no desconoce sus obligaciones procesales y por ende tampoco se configura una violación al debido proceso..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a decidir la denegación de la Acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIIFCACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de febrero del año dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha ocho de febrero de dos mil veinticuatro, que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, a favor de los señores WILMER MAURICIO REYES ROMERO Y PEDRO ANTONIO BAIZA ROMERO, contra el auto de fecha primero de noviembre del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de Daños y Perjuicios Ocasionados promovida contra la señora RUTH GOMEZ ROMERO y del señor EBLING HARLINGTON MARTINEZ GOMEZ. ANTECEDENTES 1)En fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Acción de Amparo a favor de los señores WILMER MAURICIO REYES ROMERO Y PEDRO ANTONIO BAIZA ROMERO contra el auto de fecha primero de noviembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la referida resolución viola los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, (Folios 1 al 8 de los antecedentes)2)Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha ocho de febrero del dos mil veinticuatro, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DENEGANDO la acción de Amparo interpuesta. SEGUNDO: Que se envíe en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional. (Folios 49 al 52 de los antecedentes)3)En fecha veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): La resolución pronunciada en la acción de amparo venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, mediante la cual falló denegando la acción de amparo, fundamentó su fallo en lo siguiente: (SIC) “SEGUNDO: Alega el recurrente que se le ha violentado a su representado los derechos fundamentales consignados en los artículos 80, 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República de Honduras, que corresponden al Derecho de Petición. Defensa o Tutela Judicial Efectiva y del Debido Proceso. En esencia, el impetrante considera que mediante el auto del primero (1) de abril de dos mil veintitrés (2023) donde le declaran sin lugar la promoción de un incidente de nulidad al habérsele precluido el plazo para contestar la Demanda como Demandantes reconvenidos, alega que solamente se le realizó la notificación y no el emplazamiento para ese efecto, este último como acto de comunicación idóneo y pertinente como manda la ley procesal, también lo manda la Juzgadora en el auto de fecha 29 de octubre de 2023 (folio 125 p.p.a.) cuando en su parte dispositiva manda se emplace a la parte demandante reconvenida para su contestación. Además de lo anterior, el recurrente alega que no tener facultades otorgadas en el Poder para ser emplazado, por ser este un acto personalísimo y que debió ser realizado a sus representantes. TERCERO: Ante los alegatos del recurrente, respecto a la falta de emplazamiento y falta de representación procesal, cabe el análisis tanto de la norma adjetiva y los antecedentes del caso según diligencias del actor, primero el artículo 432 ordinal 3 del CPC dice: "El emplazamiento podrá hacerse al profesional del derecho que tuviera facultad para ello o cuando se hubiere personado en el juicio. Es decir, el representante procesal ostenta la capacidad de recibir toda clases de actos de comunicación al estar personado y constituido para tales fines, relacionado con el artículo 138 del CPC respecto al deber y derecho a la comunicación de las partes personadas, a través de su representante procesal. También el artículo 437 de la misma norma legal nos explica sobre la contestación a la reconvención, reza: "El demandante reconvenido y los terceros demandados en la reconvención podrán contestar a la reconvención en el plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la demanda reconvencional." Visto lo anterior, el apoderado legal Nefi Roberto Torres Izcano en su condición de representante procesal de los señores Wilmer Mauricio Reyes Romero y Pedro Antonio Baiza Romero tuvo a bien ser notificado, haciéndole saber sobre la reconvención de la demanda para su contestación (ver constancia de la Secretario a folio 126 p.p.a.), acto de comunicación que el apoderado legal comprende y entiende su finalidad, tanto así que se puede observar a folio 128 de la p.p.a. el retiro de documentos y sus anexos, ya encomendado para su labor de contestar la demanda reconvenida, acto procesal que nos permite concluir que no hay indefensión para los amparistas. Por otra parte, en este caso en particular de la reconvención el legislador brinda el mismo tratamiento procesal entre las figuras del emplazamiento y notificación sin hacer distinción alguna, tal planteamiento responde al derecho al acceso a los Juzgados y Tribunales en agilizar el proceso sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, asimismo al Principio Dispositivo, ya que el amparista siempre fue comunicado de las actuaciones y pudo hacer uso de su derecho de acción, a todas luces la Juzgadora cumple a cabalidad el proceso sin vulnerar derechos fundamentales.CUARTO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido, que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure en la mayor medida posible, su solución justa. En el caso de autos, vemos que no hubo violación al derecho de defensa por parte de la autoridad recurrida, (elemento que nuestra legislación establece debe visualizarse para decretar una nulidad procesal, según el artículo 212.4 del Código Procesal Civil) porque el impetrante contaba con representación de un profesional del derecho que tenía conocimiento de todas las actuaciones y estaba entendido de su labor y deber en contestar la demanda reconvenida, de igual manera tampoco se observa que hubo violación al derecho de petición, dado que el profesional del derecho tuvo a bien a solicitar las pretensiones que consideró pertinentes y a defenderse en el juicio, que no desconoce sus obligaciones procesales y por ende tampoco se configura una violación al debido proceso. Ver. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151.” CONSIDERANDO (4): La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a decidir la denegación de la Acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183 preámbulo y número 1, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1, 3 preámbulo y número 2, 4, 10 preámbulo y número 2 letra a), 41, 45, 46.4, 47, 48, 51, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN venida en consulta, de fechas ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO, a favor de los señores WILMER MAURICIO REYES ROMERO Y PEDRO ANTONIO BAIZA ROMERO, contra el auto de fecha uno de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por los señores WILMER MAURICIO REYES ROMERO Y PEDRO ANTONIO BAIZA ROMERO, contra los señores RUTH GOMEZ ROMERO Y EBLIN GHARLINGTON MARTINEZ GOMEZ.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta Registrado en este Tribunal con el número SCO-0216-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL