Sentencia AC-1694-22 — Registro 19684
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución que inadmitió a trámite demanda de nulidad de un contrato de compraventa contenido en instrumento público de un bien inmueble promovida por demandante contra demandados, por no haber subsanado la acción en cuanto a la inscripción del inmueble, determinándose que la demandante no está legitimada para demandar, procediendo la inadmisión de la acción; Dicha Corte confirmó lo resuelto pues no consta en el título que pide nulidad del contrato de compraventa, por lo que si bien es cierto el matrimonio se contrajo bajo el régimen de comunidad de bienes donde todos los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio forma una sola masa patrimonial; también es cierto, que el bien inmueble era propiedad exclusiva del demandado y la demandante no tiene legitimidad para promover la acción de mérito; por lo que no hay vulneración de sus derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala lo ha establecido en pasadas decisiones, el derecho de petición permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, siendo, por ende, un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los medios más eficaces para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades y exigir a éstas el cumplimiento de sus deberes...esta Sala ha declarado que el derecho de petición tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una pronta respuesta, la que deberá ser efectiva, relativa al fondo y congruente con lo solicitado. En este respecto, la Sala ha coincidido que al derecho de petición se enlazan tres posiciones o elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo; y, (iii) la resolución dentro del término legal con la consecuente notificación de la respuesta al peticionario...con el primer elemento se busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades, sin que estas se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas; el segundo elemento implica que las autoridades públicas y las particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver el fondo de las peticiones interpuestas, es decir, que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; y, el tercer elemento se refiere a dos supuestos: 1. La oportuna, (o pronta resolución) de la petición y, 2. El deber implícito que tiene la autoridad de notificar, o de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos o las acciones que la ley prevé...l"..."a recurrente argumentó que se dio una violación al derecho de petición de su representada ante la inadmisión de su demanda, esta Sala, sin embargo, encuentra infundado este argumento, pues del estudio de los antecedentes se observa que: 1) la supuesta agraviada tuvo la posibilidad cierta y efectiva de presentar—y de hecho presentó—peticiones ante las autoridades jurisdiccionales; 2) la autoridad jurisdiccional dio trámite de ley a las peticiones que le fueron presentadas, resolviendo las mismas dentro de un plazo razonable; y 3) La respuesta de la autoridad fue debidamente notificada a la peticionaria, quien hizo uso de los remedios procesales que le asistían conforme a ley. Adicionalmente, podemos constatar que, al inicio del proceso, en el momento de la presentación de la demanda, el juzgado de instancia, dispuso que previo a su admisión, la demandante debía subsanar omisiones advertidas por el juez en el escrito de demanda, concediéndole el plazo de 10 días para la subsanación de la misma"..."..."En el caso de autos, aunque la demandante presentó un escrito de subsanación en tiempo, el juez consideró que las omisiones no fueron subsanadas, en específico lo referente a la inscripción del inmueble, con ello, determinó que no estaba legitimada para demandar, razón por la que se declaró la inadmisión de la demanda, decisión que, como sabemos, fue recurrida en apelación siendo posteriormente ratificada por el Tribunal de Alzada, el que coincidió con el parecer del A Quo, tal y como lo dejó establecido en la motivación del auto resolutivo que dictó y que hoy es objeto de la presente acción de amparo..."..."esta Sala ha dicho que la indefensión constitucional comporta una prohibición o limitación del derecho de defensa que se produce en virtud de actos jurisdiccionales que suponen una disminución o privación sustancial del derecho de defensa, no imputable al agraviado y que se traduce en la imposibilidad de efectuar alegaciones o de probar lo alegado. Esta imposibilidad debe ser material y no meramente procesal. En el caso objeto de examen no se observa que a la recurrente se le haya privado de su derecho a la defensa pues si bien se ha inadmitido su acción, esta fue, una decisión fundamentada y debidamente motivada, no advirtiéndose arbitrariedad de parte de la autoridad jurisdiccional en este respecto, siendo además que, como ya lo referimos antes, se le dio la posibilidad a la accionante de enmendar las omisiones advertidas por el juez y subsanar su escrito de demanda, así como también la de recurrir la decisión de inadmisión ante la Corte de Apelaciones, tal y como ha sido previsto y dispuesto por la ley, y el hecho que la decisión no haya favorecido a la quejosa, esto no implica per se la existencia de las violaciones constitucionales alegadas..."..."esta Sala aprecia en este asunto la inexistencia de vulneración a los derechos de petición y de defensa argumentados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas..."..."se observa que la resolución impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la resolución censurada una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho..."..."esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad de la recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala lo ha establecido en pasadas decisiones, el derecho de petición permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, siendo, por ende, un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los medios más eficaces para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades y exigir a éstas el cumplimiento de sus deberes...esta Sala ha declarado que el derecho de petición tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una pronta respuesta, la que deberá ser efectiva, relativa al fondo y congruente con lo solicitado. En este respecto, la Sala ha coincidido que al derecho de petición se enlazan tres posiciones o elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo; y, (iii) la resolución dentro del término legal con la consecuente notificación de la respuesta al peticionario...con el primer elemento se busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades, sin que estas se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas; el segundo elemento implica que las autoridades públicas y las particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver el fondo de las peticiones interpuestas, es decir, que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; y, el tercer elemento se refiere a dos supuestos: 1. La oportuna, (o pronta resolución) de la petición y, 2. El deber implícito que tiene la autoridad de notificar, o de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos o las acciones que la ley prevé...l"..."a recurrente argumentó que se dio una violación al derecho de petición de su representada ante la inadmisión de su demanda, esta Sala, sin embargo, encuentra infundado este argumento, pues del estudio de los antecedentes se observa que: 1) la supuesta agraviada tuvo la posibilidad cierta y efectiva de presentar—y de hecho presentó—peticiones ante las autoridades jurisdiccionales; 2) la autoridad jurisdiccional dio trámite de ley a las peticiones que le fueron presentadas, resolviendo las mismas dentro de un plazo razonable; y 3) La respuesta de la autoridad fue debidamente notificada a la peticionaria, quien hizo uso de los remedios procesales que le asistían conforme a ley. Adicionalmente, podemos constatar que, al inicio del proceso, en el momento de la presentación de la demanda, el juzgado de instancia, dispuso que previo a su admisión, la demandante debía subsanar omisiones advertidas por el juez en el escrito de demanda, concediéndole el plazo de 10 días para la subsanación de la misma"..."..."En el caso de autos, aunque la demandante presentó un escrito de subsanación en tiempo, el juez consideró que las omisiones no fueron subsanadas, en específico lo referente a la inscripción del inmueble, con ello, determinó que no estaba legitimada para demandar, razón por la que se declaró la inadmisión de la demanda, decisión que, como sabemos, fue recurrida en apelación siendo posteriormente ratificada por el Tribunal de Alzada, el que coincidió con el parecer del A Quo, tal y como lo dejó establecido en la motivación del auto resolutivo que dictó y que hoy es objeto de la presente acción de amparo..."..."esta Sala ha dicho que la indefensión constitucional comporta una prohibición o limitación del derecho de defensa que se produce en virtud de actos jurisdiccionales que suponen una disminución o privación sustancial del derecho de defensa, no imputable al agraviado y que se traduce en la imposibilidad de efectuar alegaciones o de probar lo alegado. Esta imposibilidad debe ser material y no meramente procesal. En el caso objeto de examen no se observa que a la recurrente se le haya privado de su derecho a la defensa pues si bien se ha inadmitido su acción, esta fue, una decisión fundamentada y debidamente motivada, no advirtiéndose arbitrariedad de parte de la autoridad jurisdiccional en este respecto, siendo además que, como ya lo referimos antes, se le dio la posibilidad a la accionante de enmendar las omisiones advertidas por el juez y subsanar su escrito de demanda, así como también la de recurrir la decisión de inadmisión ante la Corte de Apelaciones, tal y como ha sido previsto y dispuesto por la ley, y el hecho que la decisión no haya favorecido a la quejosa, esto no implica per se la existencia de las violaciones constitucionales alegadas..."..."esta Sala aprecia en este asunto la inexistencia de vulneración a los derechos de petición y de defensa argumentados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas..."..."se observa que la resolución impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la resolución censurada una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho..."..."esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad de la recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala lo ha establecido en pasadas decisiones, el derecho de petición permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, siendo, por ende, un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los medios más eficaces para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades y exigir a éstas el cumplimiento de sus deberes...esta Sala ha declarado que el derecho de petición tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una pronta respuesta, la que deberá ser efectiva, relativa al fondo y congruente con lo solicitado. En este respecto, la Sala ha coincidido que al derecho de petición se enlazan tres posiciones o elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo; y, (iii) la resolución dentro del término legal con la consecuente notificación de la respuesta al peticionario...con el primer elemento se busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades, sin que estas se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas; el segundo elemento implica que las autoridades públicas y las particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver el fondo de las peticiones interpuestas, es decir, que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; y, el tercer elemento se refiere a dos supuestos: 1. La oportuna, (o pronta resolución) de la petición y, 2. El deber implícito que tiene la autoridad de notificar, o de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos o las acciones que la ley prevé...l"..."a recurrente argumentó que se dio una violación al derecho de petición de su representada ante la inadmisión de su demanda, esta Sala, sin embargo, encuentra infundado este argumento, pues del estudio de los antecedentes se observa que: 1) la supuesta agraviada tuvo la posibilidad cierta y efectiva de presentar—y de hecho presentó—peticiones ante las autoridades jurisdiccionales; 2) la autoridad jurisdiccional dio trámite de ley a las peticiones que le fueron presentadas, resolviendo las mismas dentro de un plazo razonable; y 3) La respuesta de la autoridad fue debidamente notificada a la peticionaria, quien hizo uso de los remedios procesales que le asistían conforme a ley. Adicionalmente, podemos constatar que, al inicio del proceso, en el momento de la presentación de la demanda, el juzgado de instancia, dispuso que previo a su admisión, la demandante debía subsanar omisiones advertidas por el juez en el escrito de demanda, concediéndole el plazo de 10 días para la subsanación de la misma"..."..."En el caso de autos, aunque la demandante presentó un escrito de subsanación en tiempo, el juez consideró que las omisiones no fueron subsanadas, en específico lo referente a la inscripción del inmueble, con ello, determinó que no estaba legitimada para demandar, razón por la que se declaró la inadmisión de la demanda, decisión que, como sabemos, fue recurrida en apelación siendo posteriormente ratificada por el Tribunal de Alzada, el que coincidió con el parecer del A Quo, tal y como lo dejó establecido en la motivación del auto resolutivo que dictó y que hoy es objeto de la presente acción de amparo..."..."esta Sala ha dicho que la indefensión constitucional comporta una prohibición o limitación del derecho de defensa que se produce en virtud de actos jurisdiccionales que suponen una disminución o privación sustancial del derecho de defensa, no imputable al agraviado y que se traduce en la imposibilidad de efectuar alegaciones o de probar lo alegado. Esta imposibilidad debe ser material y no meramente procesal. En el caso objeto de examen no se observa que a la recurrente se le haya privado de su derecho a la defensa pues si bien se ha inadmitido su acción, esta fue, una decisión fundamentada y debidamente motivada, no advirtiéndose arbitrariedad de parte de la autoridad jurisdiccional en este respecto, siendo además que, como ya lo referimos antes, se le dio la posibilidad a la accionante de enmendar las omisiones advertidas por el juez y subsanar su escrito de demanda, así como también la de recurrir la decisión de inadmisión ante la Corte de Apelaciones, tal y como ha sido previsto y dispuesto por la ley, y el hecho que la decisión no haya favorecido a la quejosa, esto no implica per se la existencia de las violaciones constitucionales alegadas..."..."esta Sala aprecia en este asunto la inexistencia de vulneración a los derechos de petición y de defensa argumentados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas..."..."se observa que la resolución impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la resolución censurada una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho..."..."esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad de la recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, a favor de Sí Misma, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de nulidad de un contrato de compraventa promovida por la Abogada Eva Jamileth Galindo Valeriano, en su condición de Representante Procesal de la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, contra los señores Osmin Atinio Padilla Izaguirre y Karen Edith Padilla Oliva. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. 1.En fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Eva Galindo Valeriano, actuando en su condición de Representante Legal de la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA CONTENIDO EN UN INSTRUMENTO PÚBLICO DE UN BIEN INMUEBLE…”, contra los señores Osmin Atinio Padilla Izaguirre y Karen Edith Padilla Oliva. (Folios 1-2 vuelto de la pieza del A-quo). 2.En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…ÚNICO: INADMITIR A TRAMITE la presente demanda ordinaria promovida por la Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ELVIRA ZELAYA ROMERO, contra los señores OSMIN ATINIO PADILLA IZAGUIRRE y KAREN EDITH PADILLA. -…” (Folio 43 de la pieza del A-quo). 3. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Eva Jamileth Galindo Valeriano, en su condición de Representante Procesal de la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, contra la resolución citada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Se declara sin lugar el recurso de Apelación Interpuesto por la abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO, en su condición de Apoderada Legal de la señora ROSA ELVIRA ZELAYA ROMERO. SEGUNDO: Se confirma la sentencia recurrida. - TERCERO: Sin costas en esta instancia por no existir contraparte- Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se devuelvan al juzgado de su procedencia los respectivos antecedentes junto con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. -NOTIFÍQUESE...” (Folios 9-11 de la pieza del Ad-quem). 4. En fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Misma, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. 5.En fecha siete de junio del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por los Abogados Ricardo Esteban Estrada Iglesias y José Heberto Gómez Fonseca, teniéndose por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 33 del recurso de mérito). 6. En fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Rosana Rodríguez Espinal, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, establece lo siguiente: La interposición de la acción de amparo por la impetrante Rosa Elvira Zelaya Romero, aduciendo la violación a los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República, argumentando que la corte de apelaciones realizó un análisis incongruente y dejo de aplicar la normativa dejándola en indefensión…Empezaremos por señalar, que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, basa su argumento para denegar la petición de la amparista en que ésta no está legitimada para ser parte en el proceso, pues no consta en el título que pide nulidad del contrato de Compraventa, es una postura amparada en el artículo 35 y 37 de la Ley de Propiedad, 705, 706, 707 y 713 del Código Procesal Civil. El derecho de defensa que la amparista asegura se ve lesionado con la resolución antes relacionada, debe apreciarse como una garantía procesal que se encuentra íntimamente ligada con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos entendido como "derecho de defensa procesal", que consiste en "el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera", en tal sentido la amparista ha tenido la oportunidad de hacer sus planteamientos, incorporar los medios de prueba y obtener una resolución, aspectos acontecidos en el caso de estudio, por lo que esta garantía no se ve lesionada. Con relación al debido Proceso, establecido en artículo 90 constitucional este derecho se encuentra en armonía con el contenido del artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos, como ser que la resolución debe apoyarse tanto en el texto literal de la norma como en su espíritu, aspecto también ocurrido en este proceso civil. Las peticiones de la parte no satisfechas a sus pretensiones no deben verse como vulneración al debido proceso, derecho de defensa etc, pues la demandante, amparista ha tenido la oportunidad de recurrir tal y como se aprecia con la interposición de este recurso; por lo que, se aprecia que el fallo emitido por el Ad-quem, se encuentra ajustado a Derecho y no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por la Amparista. IV.- OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se NO SE OTORGUE la Acción de amparo interpuesta por NO -existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista.” (Folios 37-40 del expediente de mérito). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la señora ROSA ELVIRA ZELAYA ROMERO, la precitada sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que fue pronunciada por el precitado Tribunal de Apelaciones, la que decidió declarar no ha lugar un recurso de apelación interpuesto por su representante, contra una resolución que fuera dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de este Departamento y que, determinó la inadmisión a trámite de una demanda ordinaria de nulidad de un contrato de compraventa, promovida por la Abogada Eva Jamileth Galindo Valeriano, representante procesal de la señora Rosa Elvira Zelaya Romero, en contra de los señores Osmin Atinio Padilla Izaguirre y Karen Edith Padilla Oliva. CONSIDERANDO (6): Que en su resolución el Tribunal de Alzada estableció que: “…es totalmente acertada la apreciación de la parte recurrente en cuanto que el matrimonio al ser contraído el régimen de comunidad de bienes, todos los bienes de ambos conyugues adquiridos antes y durante el matrimonio configuran una sola masa patrimonial cuya titularidad corresponde a aquellos en igual proporción; sin embargo, es de aclarar que este régimen en cuanto a los bienes inmuebles sujeto a inscripción al traer aparejado el sistema de propiedad compartida debe ser inscrito en el respectivo Registro de la Propiedad, a fin de que surta los efectos legales ante terceros, caso contrario, únicamente el acta de matrimonio constituye plena prueba entre los cónyuges para el caso de una eventual liquidación del régimen económico…”. En virtud de ello, la Alzada estimó que al no haber acreditado la parte demandante que el bien objeto de la acción intentada que se encontrara inscrito como tal en el registro inmobiliario correspondiente, bajo esos parámetros podía entenderse que el bien inmueble era propiedad exclusiva del demandado, por ende, consideró que, efectivamente, la parte demandante no tenía legitimidad para promover la acción de mérito, decidiendo la confirmatoria de la resolución del A Quo. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (7): Que la postura de la recurrente se orientó a afirmar que el escrito de demanda presentado ante el Juzgado de Letras Civil de este Departamento, para la nulidad de un contrato de compraventa cumplía con todos los requisitos de ley y que constaba en el certificado de matrimonio entre la demandante Rosa Elvira Zelaya Romero y el señor Osmín Atinio Padilla Izaguirre, que contraían matrimonio bajo la figura de bienes mancomunados y que por ende el inmueble que el demandado vendió a su hija, la señora Karen Edith Padilla Oliva, formaba parte de dicha comunidad de bienes. CONSIDERANDO (6): Que la impetrante censuró la decisión de la Corte de Apelaciones de ratificar lo actuado por el A Quo, aduciendo que no le permitió probar lo pertinente en torno a la falta de inscripción del bien, alegando una transgresión al derecho de petición, y argumentando además que tal determinación dejaba indefensa a la demandante porque la demanda se presentó, según dijo, para (sic) “defenderse de una acción reivindicatoria” que la señora Karen Edith Padilla Oliva había presentado en el mismo Juzgado de Letras. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (8): Que la recurrente impetra la existencia de una violación al derecho de petición reconocido por el artículo 80 constitucional, el cual establece: “…Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal…”. CONSIDERANDO (9): Que, como la Sala lo ha establecido en pasadas decisiones, el derecho de petición permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, siendo, por ende, un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los medios más eficaces para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades y exigir a éstas el cumplimiento de sus deberes. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha declarado que el derecho de petición tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una pronta respuesta, la que deberá ser efectiva, relativa al fondo y congruente con lo solicitado. En este respecto, la Sala ha coincidido que al derecho de petición se enlazan tres posiciones o elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo; y, (iii) la resolución dentro del término legal con la consecuente notificación de la respuesta al peticionario. CONSIDERANDO (11): Que hemos concordado también en que, con el primer elemento se busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades, sin que estas se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas; el segundo elemento implica que las autoridades públicas y las particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver el fondo de las peticiones interpuestas, es decir, que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; y, el tercer elemento se refiere a dos supuestos: 1. La oportuna, (o pronta resolución) de la petición y, 2. El deber implícito que tiene la autoridad de notificar, o de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos o las acciones que la ley prevé. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso propio de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y resulta evidente que para la apreciación de estas violaciones mediante el ejercicio de esta acción constitucional, deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. CONSIDERANDO (13): Que en el caso objeto de examen la recurrente argumentó que se dio una violación al derecho de petición de su representada ante la inadmisión de su demanda, esta Sala, sin embargo, encuentra infundado este argumento, pues del estudio de los antecedentes se observa que: 1) la supuesta agraviada tuvo la posibilidad cierta y efectiva de presentar—y de hecho presentó—peticiones ante las autoridades jurisdiccionales; 2) la autoridad jurisdiccional dio trámite de ley a las peticiones que le fueron presentadas, resolviendo las mismas dentro de un plazo razonable; y 3) La respuesta de la autoridad fue debidamente notificada a la peticionaria, quien hizo uso de los remedios procesales que le asistían conforme a ley. Adicionalmente, podemos constatar que, al inicio del proceso, en el momento de la presentación de la demanda, el juzgado de instancia, dispuso que previo a su admisión, la demandante debía subsanar omisiones advertidas por el juez en el escrito de demanda, concediéndole el plazo de 10 días para la subsanación de la misma, ello de conformidad con lo estipulado en el Artículo 426 numeral 3º del Código Procesal Civil que establece: “…El juez comunicará al demandante, por una sola vez, los defectos u omisiones de la demanda para que, si son subsanables, proceda a corregirlos o a completarla en el plazo que se fije al efecto…”. La misma norma dispone que si los defectos no se subsanan en el plazo concedido al efecto, se ordenará el archivo del expediente. En el caso de autos, aunque la demandante presentó un escrito de subsanación en tiempo, el juez consideró que las omisiones no fueron subsanadas, en específico lo referente a la inscripción del inmueble, con ello, determinó que no estaba legitimada para demandar, razón por la que se declaró la inadmisión de la demanda, decisión que, como sabemos, fue recurrida en apelación siendo posteriormente ratificada por el Tribunal de Alzada, el que coincidió con el parecer del A Quo, tal y como lo dejó establecido en la motivación del auto resolutivo que dictó y que hoy es objeto de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (14): Que la recurrente aduce además que la resolución denunciada deja indefensa a su representada, porque la demanda se presentó para (sic) “defenderse de una acción reivindicatoria” que la señora Karen Edith Padilla Oliva, hija de su esposo, había presentado en su contra en el mismo Juzgado de Letras. Este argumento resulta inconsecuente, impropio y además incompatible con nuestra normativa procesal, que establece en su Artículo 2 las clases de pretensiones admitidas en el proceso civil, que son: de condena a determinada prestación; de declaración de existencia de derechos y de situaciones jurídicas, de constitución, modificación o extinción de estas últimas, así como la ejecución, adopción de medidas cautelares de y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. Sabemos además que el derecho de acción está condicionado inter alia a: a) Quien tenga un interés jurídico en el asunto que va a ser resuelto por la autoridad judicial, es decir una condición de legitimación; o b) Para la defensa de sus derechos. Del razonamiento expuesto por la quejosa no se deriva ninguno de estos supuestos, pues resulta evidente para esta Sala que ha malentendido el alcance del derecho a la defensa y del derecho de acción. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha dicho que la indefensión constitucional comporta una prohibición o limitación del derecho de defensa que se produce en virtud de actos jurisdiccionales que suponen una disminución o privación sustancial del derecho de defensa, no imputable al agraviado y que se traduce en la imposibilidad de efectuar alegaciones o de probar lo alegado. Esta imposibilidad debe ser material y no meramente procesal. En el caso objeto de examen no se observa que a la recurrente se le haya privado de su derecho a la defensa pues si bien se ha inadmitido su acción, esta fue, una decisión fundamentada y debidamente motivada, no advirtiéndose arbitrariedad de parte de la autoridad jurisdiccional en este respecto, siendo además que, como ya lo referimos antes, se le dio la posibilidad a la accionante de enmendar las omisiones advertidas por el juez y subsanar su escrito de demanda, así como también la de recurrir la decisión de inadmisión ante la Corte de Apelaciones, tal y como ha sido previsto y dispuesto por la ley, y el hecho que la decisión no haya favorecido a la quejosa, esto no implica per se la existencia de las violaciones constitucionales alegadas. CONSIDERANDO (16): Que por lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia en este asunto la inexistencia de vulneración a los derechos de petición y de defensa argumentados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo se han respetado las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas. CONSIDERANDO (17): Que se observa que la resolución impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la resolución censurada una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. CONSIDERANDO (18): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía a un debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, apreciándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad de la recurrente con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO la garantía de amparo invocada señora Rosa Elvira Zelaya Romero, a favor de Sí Misma, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1694-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL