Sentencia AC-1668-23 — Registro 19806
Resumen
Corte de Apelaciones otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra varios autos procesales en denuncia de violencia doméstica promovida por denunciante contra denunciada (ahora recurrente); Dicha Corte concluyó que no fue correcta la tramitación del incidente de recusación y no se ha continuado con la denuncia que tiene pendiente la celebración de la audiencia para cumplir un fallo emitido por dicha Corte; observó que el auto emitido por la Juez coordinadora ordenando turnar la causa a la juez subrogada le plasmó la fórmula CUMPLASE incumpliendo la normativa procesal civil y limitando el ejercicio del derecho a los recursos lo que vulnera el derecho del debido proceso y de defensa; Concluyó que las dilaciones en la tramitación fueron producidas desde que el trámite al incidente no fue el correcto, provocando que las partes interpusieran recursos de reposición y de amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones..."..."La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, que otorgó la acción de amparo interpuesto por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra los autos de fecha 05 y 29 de junio, 12 de septiembre, 11 y 15 de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia de violencia doméstica promovida por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, comparecieron ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra el auto de fecha doce de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la referida resolución viola los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, (Folios 1 al 16 de los antecedentes) 2) En fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, comparecieron ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra los autos de fecha cinco (5)de junio, quince (15)de agosto, veintinueve (29) de junio y once (11) de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la referida resolución viola los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, (Folios 97 al 112 de los antecedentes) 2) Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha seis de diciembre del dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por las Abogadas BLANCA INES FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en su condición de apoderadas legales de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra los autos de fecha 05 y 29 de junio, 12 de septiembre, 11 y 15 de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Se ordena a la A-quo proceder a dar trámite a la recusación planteada de conformidad a lo que manda el artículo 54 del Código Procesal Civil; asimismo proceder a dar cumplimiento a la sentencia de amparo mediante la cual se anuló la audiencia de fecha 17 de agosto del año 2021, y se ordenó “desarrollar la audiencia con toda l sutileza técnica y científica que el careo le impone con el objeto de dar respuesta clara y contundente a cada una de las pretensiones de las partes, siempre motivadas Y sustentadas en el ordenamiento jurídico correspondiente” lo anterior tiene como finalidad, garantizar a la parte agraviada el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas al estado constitucional. TERCERO: Que se envíe en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional de la Honorable. (Folios 221 al 223 de los antecedentes) 3) En fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): La resolución pronunciada en la acción de amparo venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual falló otorgando la acción de amparo, fundamentó su fallo en lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, siendo una de ellas la garantía de amparo consignada en el artículo 183 de nuestra Constitución de La República. Desarrollada en el artículo número 41 de la ley secundaria ya mencionada y refiere en consecuencia que toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de Amparo:1) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que La Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y; 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por La Constitución. SEGUNDO: Alega la recurrente que en el recurso de amparo interpuesto en fecha veintidós de septiembre del año en curso, que se le han violentado a su representada los derechos Constitucionales de legalidad, el debido proceso y defensa, al resolver la A-quo mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2023, rechazando de plano la nulidad del auto de fecha 24 de agosto de 2023, donde se ordenó la continuación del proceso e imponiendo multa de dos salarios mínimos a las amparistas; asimismo habiéndose acumulado el expediente del recurso de amparo interpuesto en fecha veintisiete de septiembre del presente año, por las mismas recurrentes alegando que fueron violentadas las mismas garantías constitucionales en los autos dictados en fecha cinco y veintinueve de junio, once y quince de agosto, todos de dos mil veintitrés. Por lo que, analizando en su conjunto lo expuesto en el presente recurso de amparo, se estima que efectivamente se han violentado los derechos constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, puesto que no se ha observado la tramitación legal de la recusación interpuesta en contra de la Jueza identificada como J5, pues como se aprecia en los antecedentes la A-quo desde planteamiento de la recusación debió seguir el procedimiento como lo regula el artículo 54.3.4 del Código Procesal Civil; es decir, que la jueza recusada debió hacer el pronunciamiento correspondiente mediante el cual expresara la aceptación o no de la causal de recusación opuesta por la parte demandante, en el primer caso de considerar como cierta la causa de recusación, debió abstenerse de intervenir en el asunto remitiendo el expediente al juez subrogado -que en este caso debe ser asignado por la Jueza Coordinadora quien lleva el control de las asignaciones- y dado el caso de no haberse aceptado la causal de recusación, se someterá el incidente a conocimiento del juzgado o tribunal que correspondiere, con exclusión de la jueza recusada, quien durante la sustanciación del incidente no podrá intervenir en el procedimiento y será sustituido por aquél a quien corresponda con arreglo a la ley. TERCERO: Que de conformidad a la Constitución de la Republica en sus artículos 82 y 90 que consagran tanto el derecho a la defensa y al debido proceso, nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, en tal sentido, habiendo este Ad-que analizado el presente recurso de amparo, su formalización, el informe y las resoluciones denunciadas, así como el parecer favorable del Ministerio Publico, es preciso recordar, que en la tramitación de los procesos civiles como en los relativos a los casos de violencia doméstica, se debe observar estricto respeto al debido proceso y principio de legalidad, con el fin de garantizar a las partes una tutela judicial efectiva y en concordancia con las disposiciones de la norma procesal vigente, sin la posibilidad de dejar al arbitrio de los órganos jurisdiccionales, la modificación de las formalidades establecidas imperativamente en una norma legal; en ese sentido, se aprecia que no fue correcta la tramitación del proceso de recusación y tampoco se ha continuado con la tramitación de la denuncia de violencia domestica que tiene pendiente la celebración de la audiencia para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por esta Corte, por lo que, la A-quo -sin causar dilaciones en el proceso principal debió remitir directamente el expediente principal y la pieza separada al juez subrogado por medio de la Coordinadora del Juzgado; es decir, que las dilaciones en la tramitación de la causa fueron producidas desde el momento que no se dio la correcta tramitación al incidente de recusación, lo cual provocó que las partes peticionaran e interpusieran recursos de reposición y de amparo, razón por la cual no es meritoria la imposición de la sanción adoptada por la A-quo en el auto de fecha 12 de septiembre de 2023, por cuanto fue provocado por la violación al debido proceso y derecho de defensa como lo manifiesta la amparista.- De igual forma, se aprecia en los antecedentes, el auto de fecha 5 de junio del 2023 mediante el cual la juez coordinadora tuvo por recibido el incidente de recusación, procediendo a resolver en virtud del pronunciamiento efectuado por la jueza recusada, ordenando turnar la causa a la jueza BERTHA ELIZABETH FONSECA, plasmando en dicho auto la fórmula de CUMPLASE, por lo que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136.4 del CPC el cual manda que "Todas las resoluciones judiciales se notificarán en el mismo día o al siguiente de su fecha o publicación" impidiendo y limitando el ejercicio del derecho a los recursos y por consiguiente es violatorio del debido proceso y de defensa; con relación a la resolución de fecha 29 de junio del 2023, donde la jueza subrogada BERTHA ELIZABETH FONSECA, rechazó de plano incidente de recusación interpuesto contra la juez número 5 DELMY MARINA GUTIERREZ COREA, también se violentó el procedimiento dispuesto en el artículo 54 Código Procesal Civil y en contravención a lo ordenado por el Tribunal Superior (Sala de lo Constitucional) mediante el auto de fecha 18 de agosto del 2023 (segunda pieza de recusación) donde se ordenó dar trámite a la recusación interpuesta por las recurrentes; asimismo quedan comprendidas dentro de las violaciones antes señaladas, los autos de fecha 11 y 15 de agosto del año 2023.- CUARTO: Que en atención a lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que no se ha observado el debido proceso, lo cual también implica afectación al derecho de defensa, por cuanto corresponde al Juez la dirección del proceso de conformidad a las facultades que les confiere el Artículo 12 en relación con el 7 del CPC, lo cual implica que ante las evidentes violaciones denunciadas por la recurrente, deben corregirse las actuaciones indebidas que se han practicado tanto en la tramitación de la recusación como en el desarrollo de la causa principal como lo es la denuncia por Violencia doméstica; en tal virtud, la A-quo como directora del proceso en mención, tiene el deber de procurar reducir el tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales con el fin de hacer una correcta aplicación de las normas y por consiguiente brindar tutela judicial efectiva a las partes; por lo que, tomando en consideración que las normas procesales son irrenunciables y que deben cumplirse imperativamente, como se aprecia en los antecedentes, la A-quo no siguió el procedimiento de recusación como lo dispone el CPC, al no hacer el correspondiente pronunciamiento manifestando encontrarse comprendida o no en la causa de recusación que le fue señalada, asimismo debió la A-quo apartarse del conocimiento de la causa, turnando las piezas de recusación y de la causa principal, al juez subrogado que en este caso corresponde a la Coordinadora del Juzgado de Letras de Violencia Domestica, designar el juez subrogado, lo cual es la única función de la Coordinadora en la tramitación del incidente de recusación y sin que tenga facultades para resolver en relación con el incidente de recusación; no obstante, ante la mala dirección del proceso principal donde aún no se ha dado cumplimiento en celebrar nuevamente la audiencia anulada por esta Corte y en la causa de recusación tampoco ha resuelto la jueza recusada de la forma que manda el artículo 54 del CPC, por lo que las infracciones jurídico-procesales son contrarias a la normativa constitucional antes relacionada, por no cumplirse con las disposiciones legales establecidas expresamente, por lo que, constituyen violaciones a la normativa constitucional denunciada por las recurrentes.- QUINTO: Que por las anteriores consideraciones este Tribunal estima que es procedente otorgar el recurso de amparo.” CONSIDERANDO (4): La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones. CONSIDERANDO (5) La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a otorgar la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183 preámbulo y número 1, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1, 3 preámbulo y número 2, 4, 10 preámbulo y número 2 letra a), 41, 45, 46.1, 47, 48, 51, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN venida en consulta, de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, que otorgó la acción de amparo interpuesta por las abogados BLANCA INES FORTIN ALVARENGA Y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor de la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra los autos de fecha 05 y 29 de junio, 12 de septiembre, 11 y 15 de agosto del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia de violencia doméstica promovida por el señor JORGE ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ contra la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1668-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL