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Sentencia AC-1447-23 — Registro 19354

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que se otorgó la acción de amparo contra la resolución con relación en la demanda de Nulidad Absoluta de un contrato Privado de Compra Venta por la vía del Proceso Ordinario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración al derecho de defensa y al derecho a un debido proceso legal, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XII En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, que se otorgó la acción de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN, representante procesal de la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ, contra la resolución de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca, con relación en la demanda de Nulidad Absoluta de un contrato Privado de Compra Venta por la vía del Proceso Ordinario, promovida por el Abogado ONIL ABRAHAM GUEVARA ZEPEDA, actuando en su condición de Representante Procesar de los señores JACOB GUEVARA GRADIZ Y JOEL ENRIQUE GUEVARA ROMERO, contra la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada el artículo 59, 82 de la Constitución de la República. 1. Que en fecha veintiuno de agosto del dos mil veintitrés, el Abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN, representante procesal de la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ contra la auto de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca, por estimar que la referida resolución viola el artículo 59 y 82 de la Constitución de la República, (Folios 1 al 5 de los antecedentes). 2.Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, decidiendo: “…FALLA: OTORGAR la acción de Amparo presentada por el abogado OSCAR EDGARDO GONZALEZ GUILLEN actuando en su condición de representante procesal de la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veintitrés (2023) en la DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA POR LA VIIA DEL PROCESO ORDINARIO, promovida por el Abogado ONIL ABRAHAM GUEVARA ZEPEDA, actuando en su condición de Representante procesal de la señora DORA ESPERANZA GUEVARA MUÑOZ.- SEGUNDO: SE ORDENA como conducta cumplir, que el A-quo estime el incidente de nulidad planteado por el Abogado Oscar Edgardo González, por causarle indefensión y violación al debido proceso la celebración de la audiencia preliminar el día 25 de octubre del año 20022, sin la presencia de un apoderado legal que represente a la parte demandada. TERCERO: Que se le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificadas a las partes de la presente sentencia, se remita la misma con sus antecedentes en calidad de consulta la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia...”. (Folios 44 al 58 de los antecedentes) 3.Que en fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SENTENCIA EN CONSULTA I.La decisión del A Quo se orientó a la estimación de la garantía de amparo invocada, al advertir violaciones al derecho a un debido proceso legal y al derecho de defensa por parte del juez A-Quo, considerando la Alzada que éste desatendió lo establecido en el Artículo 86.2 del Código Procesal Civil con relación al 177 numeral 1 inciso g y numeral 2º del mismo cuerpo legal, que dispone que el profesional de derecho cesará en su representación por caso fortuito o fuerza mayor, siendo del parecer que el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodriguez tenía justificación para renunciar en la representación de la demandada, y en tal virtud debió estimarse el incidente de nulidad que planteó en su momento el Abogado Oscar Edgardo Gonzales. RAZONAMIENTO DE LA SALA VI. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. VII. Hemos señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. IX. También se ha venido sosteniendo que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. X. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, provocando con ello la indefensión de la parte demandada, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor de la recurrente XI. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración al derecho de defensa y al derecho a un debido proceso legal, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XII En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1447-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL