Sentencia AC-1437-22 — Registro 19298
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto que estimó motivos de oposición de falta de carácter, representación o legitimación del demandado y nulidad del mandamiento; Desestimó motivo de oposición de prescripción o caducidad de la acción y ordenó el archivo de las diligencia; en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por recurrente contra contribuyente; Dicha Corte considera que el recurrente no cumplió los preceptos legales por lo que procede declarar el recurso de mérito sin lugar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
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- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."..."Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado..."..."El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesta por el abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la contribuyente LORENA ALSACIA RIVERA. ANTECEDENTES 1)En fecha siete (07) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, presentando Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA, para que la ejecutada sea obligada a pagarle al ESTADO DE HONDURAS, la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.750,151.93). (Folios 01 al 05 de la pieza de primera instancia) 2) En fecha trece (13) de marzo de dos mil diecinueve, la Abogada MELBA ELOIDINA MURILLO MORALES, actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora LORENA ALSACIA RIVERA compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, presentando oposición a la Ejecución de Título Extra judicial, solicitando se decretara la Falta de Carácter, Representación o Legitimación del Demandado; la Nulidad del Mandamiento por no cumplir el Título Ejecutivo los requisitos legales exigidos, asimismo la prescripción o la caducidad de la pretensión. 3)Seguido el Trámite correspondiente, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió Fallo en la cual resolvió: “…PRIMERO: ESTIMAR los Motivos de Oposición consistentes en FALTA DE CARÁCTER, REPRESENTACIÓN O LEGITIMACIÓN DEL DEMANDADO Y NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR EL TITULO EJECUTIVO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS por las razones antes expuestas. SEGUNDO: DESESTIMAR el Motivo de Oposición consistente en la PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, todos promovidos por la Abogada MELBA ELOIDA MURILLO MORALES en su condición de representante Procesal de la señora LORENA ALSACIA RIVERA por las razones antes expuestas. TERCERO: En consecuencia, procédase al archivo de las presentes diligencias, sin ulterior desarrollo, debiendo la Secretaría del Despacho proceder a entregar los documentos que le interesen al peticionario previo acuse de los mismos. (Folio 65 al 70 de la primera pieza de antecedentes) 3)Conociendo del Recurso de Apelación presentado contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN dictó Resolución en fecha Veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), mediante el cual falló: “…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Octavio José Cálix Portillo, quien actúa en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República (PGR) representante del Estado, SEGUNDO: Se confirma, bajo elementos de este tribunal, la sentencia de oposición dictada en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) en expediente 0801-2017-04746-CPEE….”. (Folios 23 al 28 de la pieza de segunda instancia)4)El Abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós(2022), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés. (Folio 27 del recurso de amparo)5)En fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA y por emitido su dictamen, quien fue del parecer: “que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el impetrante. (Folios 30 al 35 del recurso) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, manifestó principalmente lo siguiente: “La AD-QUEM, desarrolla su fallo nuevamente en la inobservancia de la ley especial, mientras en una parte reconoce los requisitos que debe llevar la certificación de deuda, por otra pasa por alto lo establecido en el artículo 98 del código tributario decreto 22-97 "El Fisco tendrá acción ejecutiva de cobro de los créditos por concepto de tributos, pagos a cuenta intereses multas y contribuciones que resulten de sus resoluciones firmes (Resolución No. DEI-1810-DA-ARCS-G-2012, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de fecha 2 de Julio del año 2012) o de las sentencias también firmes dictadas por tribunales de justicia competente. A tal efecto constituirá título ejecutivo suficiente la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) o la sentencia firme dictada por tribunal de justicia competente" Aunado a ello cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 99 del Código Tributario decreto 22-97 y ejecuta lo preceptuado en el artículo 100.1 de la supra indicada ley especial, así mismo en el numeral SEPTIMO de la sentencia de fecha veintiuno (21) de Julio del año dos mil veintidós (2022) inobserva de manera flagrante la norma sustantiva especial para el presente caso, siendo contradictorio en cuanto al desarrollo de su exposición, ya que es insostenible la tesis planteada para resolver el agravio sufrido por el Estado de Honduras, quien ha cumplido con cada uno de los preceptos establecidos en la ley. Es por lo antes expuesto, que la Sentencia Recurrida dictada en fecha veintiuno (21) de Julio del año dos mil veintidós (2022), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatoria e ilegal en su contenido, pues se puede observar que es violatoria al Derecho al debido proceso, consagrado el mismo en la Constitución de la República, por ende vulnera y lesiona dicha garantía constitucional del DEBIDO PROCESO, a fin de que se restituya el derecho violado a mi Representado el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (4): El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones ha sido suficientemente motivada, ausente de cualquier arbitrariedad en tanto ha dado las razones en las que se ha basado su decisión. Un estudio detenido del caso demuestra que el juzgador de segunda instancia se dio efectivamente a la tarea de verificar los extremos en que se basó la primera instancia y si bien la acción ejecutiva se amparó en una certificación de deuda emitida por la Secretaria del Servicio de Administración de Rentas, no menos cierto es que, el libelo de oposición y la introducción de varios elementos de prueba documentales permiten establecer que la certificación emitida por la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas, tiene su origen en una indagación de oficio que recae sobre la señora LORENA ALSACIA RIVERA, pero en su condición de Representante legal de la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A., fundamentalmente a raíz de un contrato en donde esta Sociedad otorga la venta de un bien inmueble de su propiedad evadiendo la obligación del pago que deriva del impuesto de ganancia de capital, de manera que no fue a título personal que actuó la señora LORENA ALSACIA RIVERA, por consiguiente, resulta demostrado que las formalidades que la ley establece para activar el órgano jurisdiccional serían precisamente accionar contra la Sociedad HORIZONTES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. y no contra la señora LORENA ALSACIA RIVERA a título personal y aun cuando eventualmente pudieran concurrir obligaciones por solidaridad, tal circunstancia debería dimanar del título mismo, lo que no acontece en el caso de marras, razón por la cual, al haberse observado las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado. CONSIDERANDO (6): El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, los que han sido permitido al accionante en igualdad de condiciones, no constatándose en consecuencia violación al derecho de defensa. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la contribuyente LORENA ALSACIA RIVERA. Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, en la acción de amparo interpuesta a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la contribuyente LORENA ALSACIA RIVERA. ANTECEDENTES 1)En fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en la acción de amparo registrada con el número SCO 1437-2022, mediante la cual falló: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la contribuyente LORENA ALSACIA RIVERA. 2)En fecha veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO, en la condición con que actúa, interpuso recurso de reposición contra la resolución dictada en la presente acción de amparo, alegando que, “al fallar resolviendo sin lugar el Recurso de Amparo en mención, violenta de manera directa el derecho al debido proceso que posee mi representado el Estado de Honduras, en virtud que no se le han valorado los medios de prueba aportados en primera ni segunda instancia, si bien es cierto estamos en un proceso ejecutivo, donde no se pretende contar con la declaración, sino ejercer un derecho que la ley le ha concedido de manera expresa. Al desarrollar un exhaustivo estudio de la norma sustantiva contenida en el artículo 98 del código tributario decreto 22-97 concede de manera clara y precisa la fuerza ejecutiva de la certificación presentada por la parte ejecutante, pues la misma por si sola constituye titulo ejecutivo, ya que el código tributario decreto 22-97, establece que ya sea la certificación en que conste la obligación tributaria exigida por la administración tributaria O la sentencia firme dictada por el tribunal de justicia competente. En cuanto a los requisitos procesales establecidos en la norma para que un título sea ejecutable. MANRESA en comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil establece estos requisitos en los siguientes:1) Acreedor o persona con derecho a pedir; 2) deudor cierto; 3) cantidad liquida; 4) plazo vencido v 5) documento que tenga aparejada ejecución. La certificación de deuda emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, detalla con claridad el saldo adeudado por la parte ejecutada, originada por el Impuesto de Ganancia de Capital, concepto: Tasación de Oficio ": Se determina cuando el contribuyente no presentó ni pagó las declaraciones que en base a ley estaba obligado a presentar y pagar y en base al proceso de fiscalización realizado se le determina mediante una tasación el monto total a pagar. El citado artículo 98, en la segunda parte establece "A tal efecto, constituirá título ejecutivo suficiente la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) o la sentencia firme dictada por tribunal de justicia competente."Una vez realizado el análisis del citado artículo 98 del código tributario decreto 22-97 y adecuado al caso particular, se constata que el proceso de cobro ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas SAR, se cuenta con la Resolución No. DEI-1810-DA-ARCS-G-2012, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de fecha 2 de Julio del año 2012, la cual se encuentra firme, misma que no ha sido valorada en ninguna instancia de índole judicial. Hechos facticos trascendentales en el caso en mención que no son tomados en cuenta para la emisión del fallo y coartan el derecho a exigir el pago de impuestos por parte del sujeto activo de la obligación tributaria, donde de forma flagrante se quiere eximir de la responsabilidad al sujeto pasivo de dicha obligación, constatándose de manera directa la vulneración y atropello a preceptos legales contenidos en los artículos: 24,25,26,43 numeral 1 y 170 del código tributario decreto 22-97, con respecto a la ley del impuesto sobre la renta artículos 10,30,50 y 51 y del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta artículos: 31,32,34,36,39,95,96,97 y 98. En efecto La doctrina tributaria indica que existe solidaridad tributaria cuando dos o más sujetos pasivos quedan obligados al cumplimiento total de la misma prestación. El fisco puede exigir indistintamente, a cada uno, la totalidad de la deuda, pero integran una sola relación jurídica tributaria por identidad de objeto. La solidaridad puede ser establecida entre diversas categorías de sujetos pasivos”. FUNDAMENTACIÓN PRIMERO: Conforme lo dispone el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. SEGUNDO: Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera básicamente los argumentos originarios expuestos al momento de incoar la acción de amparo, insistiendo en la naturaleza del título ejecutivo y en la solidaridad del representante de la sociedad, sobre esos argumentos es necesario destacar que cuando se presenta oposición a la ejecución, no solo basta el examen del título ejecutivo acompañado para la ejecución, sino que es importante examinar con igual celo, la prueba aportada para desvirtuar dicho título, es así que se arribó a la conclusión por los juzgadores de instancia de que la ejecutada ostentaba la representación legal de una empresa, la cual no había pagado determinado impuesto, de manera que la carga tributaria lo era para la sociedad mercantil como tal y no para la ejecutada a título personal y si bien es factible la solidaridad en los casos previstos por el artículo 26 del código tributario, tal circunstancia ha de contemplarse literalmente en el título ejecutivo mismo por la claridad necesaria que exige la ley al conformar dicho título en los términos del artículo 99 del Código Tributario, que al ser confrontado con los argumentos y prueba de la oposición pierde su atributo ejecutivo sobre la persona de la ejecutada como persona natural, razón por la cual se considera no se ha producido el quebranto de los derechos constitucionales invocados por el recurrente y es procedente desestimar el recurso de reposición interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado OCTAVIO JOSE CALIX PORTILLO contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, en la acción de amparo interpuesta a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un Recurso de Apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la contribuyente LORENA ALSACIA RIVERA. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro y resolución de fecha dieciséis de septiembre de mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1437-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL