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Sentencia AC-1383-23 — Registro 19290

Resumen

Corte de Apelaciones sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra auto que desestimó excepciones la cosa juzgada formal, pues las partes no interpusieron recurso alguno, por lo que la prueba propuesta para las excepciones, no se valorará en la sentencia; Se consideró que no hay vulneración al principio de inmediación, por lo que se puede continuar con el juicio; El Tribunal de Apelaciones consideró que el juez que conoce del juicio no infringió el principio de inmediación, ni vulneración a los principios de legalidad y debido proceso, por lo que procede sobreseer el recurso de amparo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria…"…"En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente la audiencia preliminar, no encuentra que el Juez Daniel Amaya, quien dirigió dicha audiencia, haya realizado la práctica de los medios de prueba aportados por las partes para ser valorados en la sentencia, pues del acta de audiencia preliminar se observa que no hay pronunciamiento expreso de parte del Juzgador Daniel Amaya que tenga por objeto dar por evacuada la prueba documental que la demandada hace alusión. Lo que efectivamente hizo el sentenciador anterior, tal como se lee a folios 151 y 152, fue admitir e inadmitir la prueba propuesta por las partes. Además, la parte demandante al contestar el traslado, fue consciente que no se evacuó prueba en la audiencia preliminar. Asimismo, el Juez comprende bien el problema central que la demandada plantea, la audiencia probatoria solo tendría por objeto evacuar la prueba de la Contraloría del Notariado, quizás este argumento la demanda lo introduce porque el sentenciador anterior en la audiencia preliminar señala que debe señalar audiencia probatoria porque hay un medio de prueba que evacuar, haciendo referencia al informe u opinión de la Contraloría del Notariado. Pero, no obstante, sobre la evacuación de la otra prueba documental admitida no existe un pronunciamiento expreso de evacuación o práctica -diciendo que se da por evacuada o práctica- como esto es así, entonces, puede el Juzgado presumir (o entender de forma tácita) que la prueba documental propuesta por las partes se dio por evacuada en la audiencia preliminar, tras la admisión ¿aunque no exista pronunciamiento expreso del sentenciador sobre su evacuación o práctica? Al respecto, en atención a las razones que a continuación se exponen, esto no es posible. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 252.1,...En este caso, ni se han leído los documentos ni se han sometido su evacuación a consideración de las partes mediante los mecanismos que suelen emplearse en la práctica, no basta que la prueba documental se encuentre agregada a los autos para estimarla por evacuada, pues como ya se ha visto, no es un acto procesal expreso de práctica de prueba. …Por una parte, la audiencia preliminar concluye con el libramiento de un oficio a la Contraloría del Notariado y el señalamiento de la audiencia probatoria. Con respecto al libramiento de oficio, el Juzgado considera que no constituye un acto de práctica de prueba, pues el oficio es un acto de comunicación, al tenor de lo dispuesto en el art. 135.6 del Código Procesal Civil, que tiene por objeto comunicarle a la Contraloría del Notariado la emisión del informe u opinión; en otras palabras, el oficio es el medio para obtener la prueba propuesta: informe u opinión de la Contraloría del Notariado y dicho informe u opinión será evacuado en la audiencia probatoria -tal como lo reconoce la parte demandad-. Por otra parte, el Juzgador Daniel Amaya, en la audiencia preliminar admitió y práctico prueba para resolver las excepciones que fueron plateadas por la parte demandada; sin embargo, dichas excepciones fueron resueltas en la audiencia preliminar, alcanzando la decisión que desestimó las excepciones la cosa juzgada formal, pues las partes no interpusieron recurso alguno. Así pues, el Juzgado no se pronunciará en la sentencia sobre las excepciones ni valorará la prueba propuesta en relación con ellas. Como se sabe, el principio de Inmediación protege el conocimiento directo que el Juzgador reciba de la prueba con la que entra en contacto y la que después se valorará en la sentencia, en este caso, la prueba propuesta para las excepciones, no se valorará en la sentencia. En conclusión, el juzgador que dirigió la audiencia preliminar, no practicó la prueba que fue propuesta por las partes para sostener sus pretensiones y resistencia y la que luego, debe ser valorada en la sentencia, por esta razón no hay vulneración ni posible vulneración al Principio de Inmediación en el presente caso, que el suscrito continúe con la tramitación de las presentes actuaciones..."..."No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial” esta disposición legal ha sido respetada en el proceso, se colige que en el momento procesal en que se encuentran las diligencias, no ha sido evacuado medio de prueba alguno, pues únicamente se han admitido las pruebas presentadas por ambas partes, sin evacuación y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, sobreseer el recurso de Amparo por encontrarse contentivo en el artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria…"…"En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente la audiencia preliminar, no encuentra que el Juez Daniel Amaya, quien dirigió dicha audiencia, haya realizado la práctica de los medios de prueba aportados por las partes para ser valorados en la sentencia, pues del acta de audiencia preliminar se observa que no hay pronunciamiento expreso de parte del Juzgador Daniel Amaya que tenga por objeto dar por evacuada la prueba documental que la demandada hace alusión. Lo que efectivamente hizo el sentenciador anterior, tal como se lee a folios 151 y 152, fue admitir e inadmitir la prueba propuesta por las partes. Además, la parte demandante al contestar el traslado, fue consciente que no se evacuó prueba en la audiencia preliminar. Asimismo, el Juez comprende bien el problema central que la demandada plantea, la audiencia probatoria solo tendría por objeto evacuar la prueba de la Contraloría del Notariado, quizás este argumento la demanda lo introduce porque el sentenciador anterior en la audiencia preliminar señala que debe señalar audiencia probatoria porque hay un medio de prueba que evacuar, haciendo referencia al informe u opinión de la Contraloría del Notariado. Pero, no obstante, sobre la evacuación de la otra prueba documental admitida no existe un pronunciamiento expreso de evacuación o práctica -diciendo que se da por evacuada o práctica- como esto es así, entonces, puede el Juzgado presumir (o entender de forma tácita) que la prueba documental propuesta por las partes se dio por evacuada en la audiencia preliminar, tras la admisión ¿aunque no exista pronunciamiento expreso del sentenciador sobre su evacuación o práctica? Al respecto, en atención a las razones que a continuación se exponen, esto no es posible. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 252.1,...En este caso, ni se han leído los documentos ni se han sometido su evacuación a consideración de las partes mediante los mecanismos que suelen emplearse en la práctica, no basta que la prueba documental se encuentre agregada a los autos para estimarla por evacuada, pues como ya se ha visto, no es un acto procesal expreso de práctica de prueba. …Por una parte, la audiencia preliminar concluye con el libramiento de un oficio a la Contraloría del Notariado y el señalamiento de la audiencia probatoria. Con respecto al libramiento de oficio, el Juzgado considera que no constituye un acto de práctica de prueba, pues el oficio es un acto de comunicación, al tenor de lo dispuesto en el art. 135.6 del Código Procesal Civil, que tiene por objeto comunicarle a la Contraloría del Notariado la emisión del informe u opinión; en otras palabras, el oficio es el medio para obtener la prueba propuesta: informe u opinión de la Contraloría del Notariado y dicho informe u opinión será evacuado en la audiencia probatoria -tal como lo reconoce la parte demandad-. Por otra parte, el Juzgador Daniel Amaya, en la audiencia preliminar admitió y práctico prueba para resolver las excepciones que fueron plateadas por la parte demandada; sin embargo, dichas excepciones fueron resueltas en la audiencia preliminar, alcanzando la decisión que desestimó las excepciones la cosa juzgada formal, pues las partes no interpusieron recurso alguno. Así pues, el Juzgado no se pronunciará en la sentencia sobre las excepciones ni valorará la prueba propuesta en relación con ellas. Como se sabe, el principio de Inmediación protege el conocimiento directo que el Juzgador reciba de la prueba con la que entra en contacto y la que después se valorará en la sentencia, en este caso, la prueba propuesta para las excepciones, no se valorará en la sentencia. En conclusión, el juzgador que dirigió la audiencia preliminar, no practicó la prueba que fue propuesta por las partes para sostener sus pretensiones y resistencia y la que luego, debe ser valorada en la sentencia, por esta razón no hay vulneración ni posible vulneración al Principio de Inmediación en el presente caso, que el suscrito continúe con la tramitación de las presentes actuaciones..."..."No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial” esta disposición legal ha sido respetada en el proceso, se colige que en el momento procesal en que se encuentran las diligencias, no ha sido evacuado medio de prueba alguno, pues únicamente se han admitido las pruebas presentadas por ambas partes, sin evacuación y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, sobreseer el recurso de Amparo por encontrarse contentivo en el artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen laresolución de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de Amparo presentado por el Abogado Marco Antonio Calix Molina, a favor de los señores Marielena Ulloa de Pineda y Francisco Enrique Pineda Rápalo, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la demanda por la Vía Proceso Declarativo Ordinario para que se Declare la Nulidad de un Instrumento Público. La Nulidad del Testimonio de su primera copia y de su inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés, con acción derivada que se declare la nulidad de un instrumento público, nulidad del testimonio de su primera copia y de la inspección en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortes, interpuesta por las señoras Ester Cárdenas Oyuela y Paola Andino Cárdenas, contra la señora Marielena Ulloa de Pineda y la sociedad mercantil Inversiones Caleb, S.A. de C.V. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Marco Antonio Calix Molina, interponiendo recurso de Amparo a favor de los señores Marielena Ulloa de Pineda y Francisco Enrique Pineda Rápalo, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la demanda ordinaria promovida por las señoras Ester Cárdenas Oyuela y Paola Andino Cárdenas, contra la señora Marielena Ulloa de Pineda y la sociedad mercantil Inversiones Caleb, S.A. de C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 vuelto del antecedente). 2)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la referida Corte, en fechatrece de octubre de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1.-SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO presentada por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO a favor de la Sociedad mercantil INVERSIONES CALEB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el auto de fecha 20 de junio del 2023, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta sección judicial.-2.-Remisión a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para su revisión.3.-Contra esta providencia no cabe recurso alguno…” (Folios 3-4 del antecedente).3)Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO UNO (1): La garantía constitucional de Amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, la acción de Amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) Para que en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar, derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la Consulta obligatoria ante la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de Amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de Amparo que dicten las Cortes de Apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por Jueces de Letras de departamentos o seccionales. Jueces de sentencia, jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo, los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del recurrente denunciando violación de los derechos de Acceso a los Juzgados y Tribunales, el Debido Proceso y el Principio de Legalidad Procesal y formas que se consagran en los artículo 1, 3 y 7 respectivamente del Código Procesal Civil, que desarrollan las garantías de rango constitucional instituidas en los artículos 90 párrafo primero del Debido Proceso y 82 párrafo primero de la Tutela Judicial Efectiva o Derecho de Defensa y la Garantía de Legalidad que propugnan los artículos 311 y 323 de la Constitución de la República. El impetrante, en su condición de Representante de los señores Marielena Ulloa de Pineda y Francisco Enrique Pineda Rápalo, establece que la acción de Amparo deviene de la Demanda por vía del Proceso Declarativo Ordinario para que se declare la Nulidad de un Instrumento Público. La Nulidad del Testimonio de su Primera Copia y de su Inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés, como Acción Derivada que se Declare la Nulidad de un Instrumento Público, la Nulidad del Testimonio de su primera copia y de su Inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, interpuesto ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, por el Abogado Wilfredo Misael García Castillo, actuando en su condición de Apoderado Judicial de Ester Cárdenas Oyuela y Paola Andino Cárdenas, contra Marielena Ulloa de Pineda y la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. Establece que el acto reclamado lo constituye el auto de fecha veinte (20) de junio del dos mil veintitrés (2023) emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se resolvió “…. En cuanto a lo peticionado, se declara NO A LUGAR lo solicitado en el escrito que se tituló “En estricta observancia del principio de inmediación, se solicita que la audiencia probatoria y la sentencia definitiva que debe de emitirse, se realice y profiera ante y por el juez que haya presenciado y dirigido la práctica de la prueba, porque de producirse estos actos procedimentales por un juez distinto, daría lugar la nulidad de actuaciones prescrita por el artículo 16 numeral 1 infine del Código Procesal Civil, que fue presentado por el Abogado Marco Antonio Calix, en su condición de representante procesal de la señora Marielena Ulloa de Pineda y el Abogado Francisco Enrique Pineda Rápalo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3. En uso de las facultades procesales, el Juzgado no observa una posible vulneración al principio de inmediación, por lo que se puede continuar con la tramitación de las presentes actuaciones.” pues estima que a su criterio, el auto de fecha 20 de junio del 2023, dictado, infringe el Derecho de Acceso a los Juzgados y Tribunales, el Debido Proceso, el Principio de la Legalidad Procesal y Formas y el Principio de Inmediación, que se consagran en los artículo 1.1., 3, 7 y 16 respectivamente del Código Procesal Civil, que desarrollan las garantías de rango constitucional instituidas en los artículo 90 párrafo primero del debido Proceso y 82 párrafo primero de la Tutela Judicial Efectiva o Derecho de Defensa, ambos de la Constitución de la República y que resulta además violada la garantía de Legalidad que propugnan los artículo 321 y 232 Constitucional. Que la resolución recurrida transgrede los derechos y garantías que se han invocado como vulnerados, pues han acudido ante los tribunales los agraviados en tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos como lo dispone el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, no se dio curso a su petitorio de que, en observancia al Principio de Inmediación, el Juez que debía citar para la audiencia probatoria, debía ser el mismo que había dirigido y presenciado la práctica de la prueba; en este caso, el Abogado Daniel Amaya, porque de lo contrario se violaría el Principio de Inmediación consagrado en el artículo 16 del Código Procesal Civil, ni se tutelaron los derechos que buscaba ampararse, evitando que el proceso se sustanciaría por Juez distinto al que dirigió la prueba, con lo que se violó directamente el Derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 3 del referido cuerpo legal, que dice que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes Ordinarias, lo que no aconteció en el Tribunal recurrido. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Civil, de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que sirvió de base para su decisión de Sobreseer la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal de Alzada decidió Sobreseer la Acción de Amparo solicitada a favor de los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA Y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, con representación procesal del Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, contra el auto de fecha treinta de mayo del año 2023, el que declara inadmisible a trámite la cuestión incidental Previas presentadas por el Abogado Marco Antonio Calix Molina, en la demanda por la Vía del Proceso Declarativo Ordinario para que se declare la nulidad de un Instrumento Público, la nulidad del Testimonio, de su primera copia y de su inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés, Expediente Número 0501-2022-1994-LCO, interpuesto en el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentado por WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, actuando en su condición de apoderado judicial de ESTER CARDENAS OYUELA Y PAOLA ANINO CARDENAS contra MARIELENA ULLOA DE PINEDA Y LA Sociedad Mercantil INVERSIONES CALEB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL Y VARIABLE, en fecha once de agosto del año 2023. La Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, estima al Sobreseer el Recurso de Amparo en contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil veintitrés (2023), estableciendo que la prueba propuesta en el juicio de nulidad para ambas partes es documental, quedando pendiente un dictamen solicitado a la Contraloría del Notariado. De lo cual se deduce, que deberá celebrarse audiencia de evacuación de prueba. La Práctica de la prueba es la parte del proceso en que se celebra o práctica la prueba que ha sido solicitada por las partes y admitida por el juzgado. En el juicio ordinario, la práctica de la prueba se dirige a comprobar hechos no demostrados por las partes o deshacer las discrepancias que existan entre ellas sobre los mismos. Por todo lo cual considera, que aún no se ha desarrollado la audiencia de evacuación de prueba. La práctica de prueba según el Código Procesal Civil (Art.467) se lleva a cabo una vez que se declara abierto el debate y este se declara abierto cuando se da lectura del acta de la audiencia preliminar en que se fija el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida. Así las cosas, no observamos infracción al principio de Inmediación por parte del juez que actualmente conoce del juicio; consecuentemente, no existe violación alguna a los principios de Legalidad y Debido Proceso. razón por la cual, sobresee el Amparo interpuesto.CONSIDERANDO SEIS (6): La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. I. Antecedente Procesales. Este alto Tribunal constata, que la demanda promovida por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO en representación de Las señoras ESTER CARDENAS OYUELA Y PAOLA NICOLE ANDINO CARDENAS contra los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable, asignándose dicho expediente al Juez Daniel Amaya Álvarez, celebrándose audiencia preliminar bajo la dirección del Juez Daniel Amaya, en fecha 21 de noviembre del 2022, quien admitió la pruebas presentadas por ambas partes. II. En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente la audiencia preliminar, no encuentra que el Juez Daniel Amaya, quien dirigió dicha audiencia, haya realizado la práctica de los medios de prueba aportados por las partes para ser valorados en la sentencia, pues del acta de audiencia preliminar se observa que no hay pronunciamiento expreso de parte del Juzgador Daniel Amaya que tenga por objeto dar por evacuada la prueba documental que la demandada hace alusión. Lo que efectivamente hizo el sentenciador anterior, tal como se lee a folios 151 y 152, fue admitir e inadmitir la prueba propuesta por las partes. Además, la parte demandante al contestar el traslado, fue consciente que no se evacuó prueba en la audiencia preliminar. Asimismo, el Juez comprende bien el problema central que la demandada plantea, la audiencia probatoria solo tendría por objeto evacuar la prueba de la Contraloría del Notariado, quizás este argumento la demanda lo introduce porque el sentenciador anterior en la audiencia preliminar señala que debe señalar audiencia probatoria porque hay un medio de prueba que evacuar, haciendo referencia al informe u opinión de la Contraloría del Notariado. Pero, no obstante, sobre la evacuación de la otra prueba documental admitida no existe un pronunciamiento expreso de evacuación o práctica -diciendo que se da por evacuada o práctica- como esto es así, entonces, puede el Juzgado presumir (o entender de forma tácita) que la prueba documental propuesta por las partes se dio por evacuada en la audiencia preliminar, tras la admisión ¿aunque no exista pronunciamiento expreso del sentenciador sobre su evacuación o práctica? Al respecto, en atención a las razones que a continuación se exponen, esto no es posible. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 252.1, la prueba documental se práctica mediante lectura o como suele hacerse en la práctica por exhibición o teniéndola a la vista, en cuyo caso se requiere siempre un pronunciamiento de parte del decisor y someter la prueba al contradictorio. En este caso, ni se han leído los documentos ni se han sometido su evacuación a consideración de las partes mediante los mecanismos que suelen emplearse en la práctica, no basta que la prueba documental se encuentre agregada a los autos para estimarla por evacuada, pues como ya se ha visto, no es un acto procesal expreso de práctica de prueba. …Por una parte, la audiencia preliminar concluye con el libramiento de un oficio a la Contraloría del Notariado y el señalamiento de la audiencia probatoria. Con respecto al libramiento de oficio, el Juzgado considera que no constituye un acto de práctica de prueba, pues el oficio es un acto de comunicación, al tenor de lo dispuesto en el art. 135.6 del Código Procesal Civil, que tiene por objeto comunicarle a la Contraloría del Notariado la emisión del informe u opinión; en otras palabras, el oficio es el medio para obtener la prueba propuesta: informe u opinión de la Contraloría del Notariado y dicho informe u opinión será evacuado en la audiencia probatoria -tal como lo reconoce la parte demandad-. Por otra parte, el Juzgador Daniel Amaya, en la audiencia preliminar admitió y práctico prueba para resolver las excepciones que fueron plateadas por la parte demandada; sin embargo, dichas excepciones fueron resueltas en la audiencia preliminar, alcanzando la decisión que desestimó las excepciones la cosa juzgada formal, pues las partes no interpusieron recurso alguno. Así pues, el Juzgado no se pronunciará en la sentencia sobre las excepciones ni valorará la prueba propuesta en relación con ellas. Como se sabe, el principio de Inmediación protege el conocimiento directo que el Juzgador reciba de la prueba con la que entra en contacto y la que después se valorará en la sentencia, en este caso, la prueba propuesta para las excepciones, no se valorará en la sentencia. En conclusión, el juzgador que dirigió la audiencia preliminar, no practicó la prueba que fue propuesta por las partes para sostener sus pretensiones y resistencia y la que luego, debe ser valorada en la sentencia, por esta razón no hay vulneración ni posible vulneración al Principio de Inmediación en el presente caso, que el suscrito continúe con la tramitación de las presentes actuaciones. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que si bien el artículo 16 del Código Procesal Civil establece sobre la “INMEDIACION que: 1. El Juez, que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente. 2. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial” esta disposición legal ha sido respetada en el proceso, se colige que en el momento procesal en que se encuentran las diligencias, no ha sido evacuado medio de prueba alguno, pues únicamente se han admitido las pruebas presentadas por ambas partes, sin evacuación y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, sobreseer el recurso de Amparo por encontrarse contentivo en el artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…” POR TANTO. Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitucional de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos: 1, 82, 90, 303 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 76 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA. CONFIRMANDO en CONSULTA OBLIGATORIA la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil veintitrés (2023), proferida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se SOBRESEE la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la señora MARIELENA ULLOA DE PINEDA y el Abogado FRANCISCO ENRIQUE PINEDA representante de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuesto contra el auto recaído en el Expediente 34-23, de fecha veinte de junio del año dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y Manda. Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1383-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL