Sentencia AC-1213-24 — Registro 19674
Resumen
Sobreseimiento en consulta en relación a la solicitud de Ejecución de una obligación de Entrega de unos inmuebles adquiridos de buena fe y comprados de contado, donde recurrente en su condición de ejecutado y debate introducido por éste en relación a si era procedente o no la ejecución y lo que era viable era una acción ordinaria, cierto es que impetrante tuvo a su disposición el momento procesal que se le otorgó para alegar lo pertinente en pro de sus derechos y defensa, sin embargo, menospreció esa oportunidad al rehusar hacer uso del plazo para oposición.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5) La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a sobreseer la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (6) Este Tribunal Constitucional estima que, independientemente del debate introducido por el ejecutado en relación a si era procedente o no la ejecución y lo que era viable era una acción ordinaria, cierto es que el ejecutado tuvo a su disposición el momento procesal que se le otorgó para alegar lo pertinente en pro de sus derechos y defensa, con lo cual se le garantizaba el derecho de defensa, igualdad procesal, derecho a aportar pruebas, en suma, el debido proceso, sin embargo, menospreció esa oportunidad al rehusar hacer uso del plazo para oposición; no obstante es claro que aún con la desidia del ejecutado, este tiene expedita vías ordinarias para hacer demandar la tutela de los derechos que considere le asisten sobre los bienes objeto de litigio."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE AUGUSTO AVILA LICONA, actuando en su condición de representante procesal de INVERSIONES ACUARIO, S. DE R.L, contra las resoluciones de fechas seis y ocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con en relación a la solicitud de EJECUCION DE UNA OBLIGACION DE ENTREGA DE UNOS INMUEBLES ADQUIRIDOS DE BUENA FE Y COMPRADOS DE CONTADO promovida por el Señor RICARDO SANTIAGO OSORIO MATA contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES ACUARIO, S. DE R.L. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 61, 63, 64, 80, 82, 90, 94, 103, 110, 127, 319, 321, 322, 323, 326 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós, el abogado DANIEL TORRES HERRERA en representación del señor RICARDO SANTIAGO OSORIO MATA, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN presentando SOLICITUD DE EJECUCION DE UNA OBLIGACION DE ENTREGA DE UNOS INMUEBLES ADQUIRIDOS DE BUENA FE Y COMPRADOS DE CONTADO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES ACUARIO S. DE R.L. (Folios 01-25 de la primera pieza de antecedentes) 2) En fecha quince de junio del dos mil veintitrés el abogado JOSE AUGUSTO AVILA LICONA promovió incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda y habiendo concluido el trámite correspondiente el Juzgado en fecha seis de marzo del dos mil veinticuatro, resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA Este Juzgado, en uso de sus atribuciones y en aplicación de los artículos que se dejan relacionados, RESUELVE: PRIMERO: En base a los fundamentos de derecho y los argumentos esgrimidos anteriormente SIN LUGAR A LA NULIDAD solicitada por el incidentista el abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA LICONA. SEGUNDO: Contra este auto no cabe recurso alguno. NOTIFIQUESE. (Folios 31-33 de la pieza de incidente de nulidad de los antecedentes) 3) En fecha veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el abogado ABELARDO ALBERTO MATAMOROS MURILLO, accionando como apoderado legal del señor RICARDO SANTIAGO OSORIO MATA presentó ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán escrito SOLICITANDO SE PROCEDA DE INMEDIATO Y POR LA VIA DE APREMIO A ORDENAR Y EJECUTAR EL LANZAMIENTO DE TODOS LOS OCUPANTES DE LOS INMUEBLES DEMANDADOS EN VIRTUD DE HABER PERDIDO EL TÉRMINO Y DERECHO A OPONERSE A LA EJECUCIÓN y el juzgado mediante auto de fecha siete de agosto de dos mil veintitrés resolvió que previo a poner en posesión o lanzar a los ocupantes de los inmuebles ubicados en la Colonia Miramontes, que por medio del receptor del despacho se haga constar quienes lo ocupan y bajo que título tal como lo establece el artículo 883.1 del Código Procesal Civil, todo en virtud que los ocupantes notificando en fecha dos de agosto del dos mil veintidós tenían contrato de arrendamiento con vigencia hasta el año dos mil veintidós y, en caso que los inmuebles ubicados en la Colonia Miramontes, se encuentren desocupados, que se proceda a poner en posesión los mismos de la manera inmediata. Contra dicho auto, el abogado JOSE AUGUSTO AVILA LICONA, en fecha quince de agosto de dos mil veintitrés, interpuso recurso de reposición, mismo que fue resuelto mediante auto de fecha ocho de marzo del dos mil veinticuatro, en el cual el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN: en base a lo anterior este Juzgado resuelve: PRIMERO: Por lo anteriormente expuesto se declara SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado AVILA LICONA, en su condición de representante procesal de la sociedad ejecutada contra el auto de fecha 07 de agosto del 2023. NOTIFIQUESE. (Folios 212-213 de la pieza principal de antecedentes) 4) En fecha veintitrés de abril del dos mil veinticuatro, el Abogado JOSE AUGUSTO AVILA LICONA, compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPRTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES ACUARIO S. DE R.L., contra las resoluciones de fechas seis de marzo de dos mil veinticuatro de la pieza de incidente de Nulidad y del auto de fecha ocho de marzo del dos mil veinticuatro de la pieza principal, mediante la cual el referido Juzgado declara sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones y sin lugar el recurso de reposición, respectivamente. Estimando el recurrente que se le violentaron los artículos 61, 63, 64, 80, 82, 90, 94, 103, 110, 127, 319, 321, 322, 323, 326 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 11 de la pieza de amparo) 4) Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha veintinueve de agosto del dos mil veinticuatro, mediante la cual: “PRIMERO: SOBRESEER la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ AUGUSTO ÁVILA LICONA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada "INVERSIONES ACUARIO S. DE R.L.", contra las resoluciones de fecha seis (6) y ocho (8) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), dictadas por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán. - SEGUNDO: Enviar en Consulta Obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. - Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento. - NOTIFIQUESE.” (Folios 61 al 67 de la pieza de amparo) 5) En fecha diez de octubre del dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): La resolución pronunciada en la acción de amparo venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, mediante la cual falló sobreseyendo la acción de amparo, fundamentó su fallo en lo siguiente: (SIC) “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), esta Corte de Apelaciones emitió auto en donde se dio vista al Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO para que emitiera el dictamen correspondiente, por lo que al evacuar la vista, emitió dictamen sobre el recurso impetrado, mismo que es visualizado de los folios cincuenta y uno al cincuenta y seis vuelto (F. 51-56 vlto.) del expediente de mérito, y en cuyo apartado de pronunciamiento del Ministerio Publico establece lo siguiente: "PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Al revisar la resoluciones atacadas mediante esta vía impugnativa, siendo la resolución de fecha 6 y 8 de marzo del año 2024, en la que el impetrante considera se han violentado los derechos constitucionales de su representada, cuando el juzgador estima declarar sin lugar el recurso de reposición impetrado por el censor, a efecto de anular la acción presentada por el ejecutante, por considerar el recurrente que la causa debe ser sometida al procedimiento establecido para la Reivindicación de Dominio, por lo tanto el plazo otorgado para presentar oposición es el equivocado dejando a su representado en indefensión. El artículo 12 del código procesal civil establece entre las facultades de los jueces, la dirección del proceso de conformidad al código procesal civil y la constitución de la Republica; en ese sentido el juzgador ha estimado admitir la presente demanda de acuerdo al contenido del artículo 882 de la norma procesal, por ser el procedimiento aplicable en el caso de Obligaciones de entrega de inmuebles; por ende, el AQuo, admite la demanda e insta al ejecutado a presentar oposición; pero este se abstiene, en consecuencia el juzgador, respetando el debido proceso y de acuerdo al contenido del artículo 791 del CPC, dicta auto para proceder por la vía de apremio, concede al censor 5 días para subsanar y presente oposición pero este no lo hace, desobedeciendo al juzgador y nuevamente se abstiene de presentar oposición desatendiendo el mandato judicial, razón por la cual fue declarado sin lugar el escrito de oposición precluyendo en consecuencia la oportunidad del ejecutado para oponerse a la demanda, en consecuencia el Juez de Letras, en auto de fecha 7 de agosto del año 2023, ordena el alzamiento de bienes conforme lo establece el artículo 883 del CPC; en ese sentido el censor, viendo que dejo vencer el término para la oposición, en fecha 15 de junio del año 2023, interpone incidente de nulidad, a partir del auto de admisión de la demanda, por existir a su juicio violación al debido proceso de acuerdo al contenido del artículo 212.4 del código procesal civil, alega violación a las normas esenciales del procedimiento, circunstancia que a su juicio le produjo indefensión a su representado, ya que la pretensión debió ventilase por un juicio declarativo o una demanda de reivindicación de dominio y no conforme a las obligaciones de dar cosas determinada conforme lo estimo el jugador de acuerdo al artículo 882 del código procesal civil. En relación a los anterior esta unidad fiscal es de opinión que los argumentos del amparista, carecen de fundamento, ya que al revisar los antecedentes se visualiza que al recurrente se le respetaron los derechos y garantías constitucionales, consistentes en el derecho de defensa y el debido proceso, no obstante este insistió en argumentar que no presentaría oposición porque consideraba no era el procedimiento a seguir para que el ejecutado tomara posesión del bien reclamado, dejando voluntariamente precluir el termino para oponerse a la demanda; por eso, somos de la opinión, que las resoluciones que el amparista recurre no violentan derechos fundamentales y solo denotan la intención del quejoso de causar dilataciones innecesarios en el proceso, circunstancia que se evidencia cuando presenta un incidente de nulidad contra el auto de fecha 7 de agosto del año 2023, (mismo en el que se ordena proceder al lanzamiento de los bienes conforme lo establece el artículo 883 el CPC) sobre situaciones que no se encuentran contempladas en la resolución y que el mismo ha provocado al negarse a presentar oposición, e insiste con los mismos argumentos en el escrito de reposición; la infracción legal que argumenta el quejoso, no se encuentra contemplada en el auto de fecha 7 de agosto del año 2023, en consecuencia el juzgado no puede enmendar o pronunciarse sobre una situación que no existe, por lo tanto, se debe continuar con el proceso conforme lo establece el Juez de letras en la resolución que hoy se impetra, ya que las mismas son conforme a derecho y no violentan normas fundamentales. Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho; la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONCLUSION En ese sentido estima el Ministerio Público, que una vez analizados los cargos que hace el Censor a la resolución reclamada, los antecedentes del mismo y los argumentos apuntados; llega a la conclusión que no se han vulnerado los derechos invocados por los amparistas, contemplados en los artículo 82, 90 de la Constitución de la República, razón por la cual esta representante de la sociedad es de la opinión QUE NO SE OTORGUE el amparo solicitado; conforme a lo establecido en el artículo 183 constitucional y articulo 46 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.". CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene la finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que es competencia de las Cortes de Apelaciones conocer y resolver: 1) Del recurso de habeas corpus o exhibición personal; y, 2) Del recurso de amparo, en los casos siguientes: a. Por violaciones de los derechos fundamentales cometidas por los inferiores en el orden jerárquico, según la materia; b. De las violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miembros, inclusive los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares; y, c. De las violaciones cometidas por los empleados que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el censor del fallo en la formalización de su amparo arguye como infringidos los derechos fundamentales de igualdad ante la ley (artículo 60 de la Constitución de la República), de defensa (artículo 82 de la Constitución de la República), la garantía del debido proceso (artículo 90 de la Constitución de la República), y derecho a legalidad de la pena o apremio impuesto (artículo 94 de la Constitución de la República). Derechos y garantía que considera vulnerados con las resoluciones emitidas en fechas seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) y ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. La primera de las resoluciones que refiere el amparista declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta interpuesto contra la resolución de admisión de la demanda de ejecución de título extrajudicial de entregar bienes inmuebles de fecha once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022); y, la segunda, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra el auto de inadmisión de la oposición de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023). CONSIDERANDO OCHO (8): El juicio a que se refiere el recurrente trata de una demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Abogado Daniel Torres Herrera, en su condición de representante procesal del señor Ricardo Santiago Osorio Mata, en contra de la sociedad mercantil denominada "INVERSIONES ACUARIO S. DE R.L.", a efecto de que se entreguen cuatro (4) bienes inmuebles que le compró a la ejecutada y se le ponga en posesión de los mismos. Analizada la causa, se resaltan las siguientes actuaciones: a) La jueza de instancia emitió resolución en fecha cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual resuelve un incidente de nulidad planteado por la parte ejecutante, y que en su parte conducente establece: "...SEGUNDO: Se resuelve el escrito presentado en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós de la siguiente manera: Admítase el escrito que antecede, junto con los documentos que acompaña, los que se mandan a agregar a sus antecedentes. Previo a tener por admitida la oposición presentada, que se subsane en el plazo de tres (3) días lo siguiente: a) Que indique claramente cuál es el motivo de oposición, b) en cuanto a los medios de prueba propuestos, los mismos deben ser claros, indicando, en su caso, las generales de los testigos, el tipo y finalidad del peritaje y los extremos que se deben examinar en el reconocimiento, c) En vista de la nulidad decretada, por considerar que el poder de representación incumple las normas del Código del Notariado, que se proceda a presentar nuevamente un testimonio de poder de representación adecuado o que en su defecto, el señor OSCAR ALFREDO SAGASTUME REINA, en su condición de representante legal de INVERSIONES ACUARIO S. DE R.L. DE C.V. otorgue poder de representación procesal a un nuevo profesional del derecho. D) Que por esta vez se notifique la presente resolución al Abogado JOSÉ AGUSTO ÁVILA LICONA con el único propósito que informe a su representado y puedan cumplir con la presente subsanación haciéndole la advertencia que, de no dar cumplimiento en tiempo y forma, se tendrá por no interpuesta la oposición y se seguirá la ejecución. Asimismo, deberá presentar copia del escrito de subsanación y los documentos que le acompañen...". b) Habiendo sido notificado del auto anterior el Abogado José Augusto Ávila Licona, presentó escrito "SE PRESENTA SUBSANACIÓN. -SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PODER" en fecha quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023), mediante el cual manifiesta de forma sintética que se abstiene de contestar el auto de subsanación por haber interpuesto un recurso de nulidad al considerar que a la demanda interpuesta por la parte ejecutante no se le está dando el procedimiento aplicable. c) El escrito presentado originó la resolución de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se inadmite la oposición planteada por el Abogado José Augusto Ávila Licona, por no haber dado cumplimiento al auto de subsanación y no aclarar el motivo concreto de oposición en que se basa. En consecuencia, ordena el seguimiento de las actuaciones por la vía de apremio…. CONSIDERANDO NUEVE DIEZ (10): A partir de lo expuesto, este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a la garantía del debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad y al derecho de legalidad de la pena o apremio impuesto, por cuanto el juzgado de primera instancia le notificó a la parte ejecutada la existencia de la demanda de ejecución interpuesta en su contra, le concedió el derecho a oponerse a la entrega de los bienes inmuebles y este patentó su negativa a oponerse y remite su defensa al recurso de nulidad planteado contra el auto de admisión de la ejecución. El examen de los antecedentes también revela que tomando como título ejecutivo la primera copia de las escrituras públicas, las cuales se configuran por como título ejecutivo extrajudicial al tenor del artículo 782 del Código Procesal Civil, la jueza expidió mandamiento de ejecución y ha seguido el procedimiento establecido en los artículos 882 y 883 del Código Procesal Civil, ya que consta en autos que se han proporcionado los nombres de las personas (terceros) que ocupan los inmuebles y los títulos en que justifican su ocupación. El citado artículo 883 establece que 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten en el Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o éste fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro más, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá al inmediato lanzamiento. Siendo este el procedimiento seguido por la juez de primera instancia al ordenar que se presenten los títulos en que justifican su ocupación aquellas personas que no dependan del ejecutado y ordenando el seguimiento de la ejecución por la vía de apremio ante la negativa del ejecutado de formular oposición. Por lo antes expuesto, se considera que las resoluciones impugnadas están dictadas conforme a derecho y tomando como sustento jurídico el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se sobresee la presente acción de amparo.” CONSIDERANDO (4): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Dentro de estas garantías deben incluirse entre otras, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes a un proceso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones. CONSIDERANDO (5) La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a sobreseer la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (6) Este Tribunal Constitucional estima que, independientemente del debate introducido por el ejecutado en relación a si era procedente o no la ejecución y lo que era viable era una acción ordinaria, cierto es que el ejecutado tuvo a su disposición el momento procesal que se le otorgó para alegar lo pertinente en pro de sus derechos y defensa, con lo cual se le garantizaba el derecho de defensa, igualdad procesal, derecho a aportar pruebas, en suma, el debido proceso, sin embargo, menospreció esa oportunidad al rehusar hacer uso del plazo para oposición(5) La decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a sobreseer la acción de amparo y dados los hechos narrados y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (6) Este Tribunal Constitucional estima que, independientemente del debate introducido por el ejecutado en relación a si era procedente o no la ejecución y lo que era viable era una acción ordinaria, cierto es que el ejecutado tuvo a su disposición el momento procesal que se le otorgó para alegar lo pertinente en pro de sus derechos y defensa, con lo cual se le garantizaba el derecho de defensa, igualdad procesal, derecho a aportar pruebas, en suma, el debido proceso, sin embargo, menospreció esa oportunidad al rehusar hacer uso del plazo para oposición; no obstante es claro que aún con la desidia del ejecutado, este tiene expedita vías ordinarias para hacer demandar la tutela de los derechos que considere le asisten sobre los bienes objeto de litigio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183 preámbulo y número 1, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1, 3 preámbulo y número 2, 4, 10 preámbulo y número 2 letra a), 41, 45, 46.1, 47, 48, 51, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN venidas en consulta, de fechas veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE AUGUSTO AVILA LICONA, actuando en su condición de representante procesal de INVERSIONES ACUARIO, S. DE R.L, contra las resoluciones de fechas seis y ocho de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con en relación a la solicitud de EJECUCION DE UNA OBLIGACION DE ENTREGA DE UNOS INMUEBLES ADQUIRIDOS DE BUENA FE Y COMPRADOS DE CONTADO promovida por el Señor RICARDO SANTIAGO OSORIO MATA contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES ACUARIO, S. DE R.L.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. -FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha treinta de julio del dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1213-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL