Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-12-23 — Registro 20068

Resumen

Con relación a la solicitud de ejecución de sentencia judicial en virtud de demanda declarativa por vía del proceso ordinario para el pago de cantidad de dinero por servicios hospitalarios ,promovida contra recurrente interponiendo éste oposición por motivo de pluspetición a la ejecución de título judicial ordenado , por considerarse un acto de ejecución excesivo y contradictorio a lo establecido en la sentencia judicial con carácter de firme dictada por la Corte de Apelaciones, la Sala Constitucional concluye resulta improcedente la condena en costas decretada en la sentencia apelada, revocando la misma con el único propósito de eximir el pago de costas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por improcedente no menos cierto es que recurrente al no haber presentado oposición a la ejecución en el momento procesal oportuno, consintió lo dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula al dejar precluir el término de tres días para presentar oposición a la ejecución y de cinco días para presentar declaración jurada de los bienes; quedando evidenciado que no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, toda vez que tuvo los momentos y recursos procesales necesarios para ejercer en los términos establecidos en la normativa procesal vigente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": En ese orden de ideas, vemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 730 del Código Procesal Civil, el objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación; y en el presente caso, el auto recurrido no pone fin al proceso, por tanto, al no ser una resolución apelable, no entra en el reexamen del recurso de queja; puesto que no cumple con la finalidad establecida en el artículo en comento; en consecuencia, la resolución dictada por el Ad-Quem no constituye vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante.CONSIDERANDO (12): Que de igual manera esta Sala observa tanto en la interposición como en la formalización de la presente acción de amparo que el recurrente expone que de acuerdo al articulo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto 266-2013): “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”; lo que aplica para todo tipo de costas y en cualquier etapa del proceso, y que en el presente caso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está exenta de costas al no haber obrado con negligencia, culpa o dolo y que por ello se presentó oposición a la ejecución, por considerar que existe una pluspetición referente al 25% por pago de costas e intereses legales.CONSIDERANDO (13): Que ya la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en su resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós resolvió declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), exponiendo en su motivación fáctica y jurídica que de acuerdo a la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, la ENEE está exenta de todo tipo de costas y que por tanto, resulta improcedente la condena en costas decretada en la sentencia apelada, revocando la misma con el único propósito de eximir el pago de costas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por improcedente (F-315 al 321 de la pieza del Proceso Ordinario). En ese sentido, esta Sala estima oportuno hacer saber al recurrente que ya la referida Corte de Apelaciones si bien, hizo valer su derecho, al dejarle exenta del pago de costas; no menos cierto es que el hoy recurrente al no haber presentado oposición a la ejecución en el momento procesal oportuno, consintió lo dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula al dejar precluir el término de tres días para presentar oposición a la ejecución y de cinco días para presentar declaración jurada de los bienes; quedando evidenciado que no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, toda vez que tuvo los momentos y recursos procesales necesarios para ejercer en los términos establecidos en la normativa procesal vigente. CONSIDERANDO (14): Que se entiende el Derecho al debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En el presente caso, se aprecia que el Derecho de Defensa invocado por el recurrente, no ha sido quebrantado, puesto que las partes, han intervenido activamente acorde a sus pretensiones durante el proceso, así como que ha hecho uso de la acción recursiva, y si sus pretensiones no han sido satisfechas conforme a sus intereses es porque no se enmarcan dentro de las normas de procedimiento invocadas tal como ha quedado evidenciado en el presente fallo, en consecuencia, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula y que hoy es conocida mediante esta acción constitucional de amparo, no vulnera el derecho de Defensa y demás derechos invocados por el recurrente, por tanto resulta procedente la denegatoria del presente recurso. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 730 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve de octubre dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la solicitud de ejecución de una sentencia judicial promovida por la SOCIEDAD MERCANIL INVERSIONES VISTA DEL VALLE S.A. DE C.V. (INVIDELVA), contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 183, 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)Que en fecha once de abril del dos mil diecinueve, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA actuando en su condición de apoderado legal de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES VISTA DEL VALLE S.A. DE C.V. (INVIDELVA), promoviendo demanda declarativa por vía del proceso ordinario para el pago de cantidad de dinero por servicios hospitalarios, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). (Folios 01-40 de la Primera pieza de antecedentes).2)Que, seguido el procedimiento, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós, resolvió: PARTE DISPOSITIVA El Juzgado resuelve: 1) Admítase el escrito con la contestación de oficios que anteceden los cuales se mandan agregar a los autos. 2) Ordenar el embargo de dinero por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.22,888,756.90), que se encuentre en cuentas de cheques, cuenta de ahorro, certificados de depósito o cualquier cantidad de dinero que posea la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, en el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 3) Para la práctica del mismo líbrese atento exhorto al JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, a efecto que proceda a nombrar un ejecutor y que el mismo proceda a dar estricto cumplimiento a la presente resolución judicial, a quien se le deberá hacer saber de su nombramiento para su aceptación y demás efectos de ley, quien al momento del embargo deberá levantar acta de la cuenta bancaria embargada; 4) Así mismo que el tribunal del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, proceda a librar atento oficio a la institución antes mencionada a efecto que brinden la colaboración necesaria al ejecutor nombrado en la práctica del embargo.-NOTIFIQUESE.” (Folio 129 de la pieza de oposición de los antecedentes).3)Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuesto por el abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, en su condición señalada anteriormente, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó fallo en fecha diecinueve de octubre del dos mil veintidós, mediante la cual resolvió: PARTE DISPOSITIVA 1) Admítase el escrito que antecede junto con las copias, el cual se mandan a agregar a los autos. 2) DECLARAR INFUNDADA la queja interpuesta por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA en su condición con que actúa. 3) Se declara firme el auto de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, debiéndosele notificar a las partes y Comunicárselo al órgano judicial inferior por la vía correspondiente. 4) Contra esta providencia no cabe recurso alguno. - NOTIFIQUESE” (Folio 23 de la segunda pieza de los antecedentes). 5)Que el Abogado ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de enero del dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra el fallo de fecha diecinueve de octubre del dos mil veintidós, dictada por la CORTE A DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en 80, 82, 90, 183, 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha dieciséis de octubre del dos mil veintitrés. (Folios 01 al 57 y 85 al 97 del recurso de amparo).5)Que en fecha diez de abril del dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO y por emitido su dictamen, quien concluyó que SE DENIEGUE la presente acción de amparo” (Folios 100 al 107 del recurso de amparo).CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce la Acción de Amparo interpuesta por el abogado ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de octubre dos mil veintidós que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la solicitud de ejecución de una sentencia judicial promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES VISTA DEL VALLE S.A. DE C.V. (INVIDELVA) contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). CONSIDERANDO (4): Que el recurrente sustenta el presente recurso de amparo en que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de octubre dos mil veintidós le causa agravio a su representada al considerar que, al declarar infundado el recurso de queja, se impidió de conocer el asunto jurídico sometido a su consideración y que del estudio de las actuaciones procesales y de las resoluciones de los autos del Juzgado de Letras Civil, emitir una apreciación fáctico jurídica y estimar el auto apelado, si bien es cierto, no es un auto definitivo, pero reviste de esas mismas características al no permitir el curso procesal del juicio, por lo tanto se reviste de la misma categoría y reúne el presupuesto para que sea conocido el fondo del recurso de apelación por la Corte de Apelaciones Civil y darle la prosecución normal del juicio.CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que presentó escrito de oposición por motivo de pluspetición a la ejecución de título judicial ordenado en el auto de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, por considerarse un acto de ejecución excesivo y contradictorio a lo establecido en la sentencia judicial con carácter de firme dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula; ya que la solicitud de ejecución forzosa de titulo judicial se considera inadmisible por ser una actuación ejecutiva que excede y contradice los valores aritméticos en la ejecución de titulo judicial, introduciendo valores que no se encuentran dentro de la parte dispositiva del fallo del Ad-Quem, convirtiéndose la acción incoada por la parte procesal actora en una pluspetición por la falta de aplicación de las normas sustantivas que examinen al Estado y sus entidades al pago de costas procesales y la revisión de valores económicos gravosos que constituyen un motivo de pluspetición en el proceso de ejecución forzosa de título judicial.CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que de la lectura del escrito de interposición, así como de las demás actuaciones, el quejoso desarrolla su escrito en base a que mediante resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, se desestima recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mismo que resuelve la preclusión por el término de tres días para que presentara oposición a la ejecución. Po lo que se observa que el presente recurso de queja que la resolución recurrida no reúne los requisitos establecidos por la norma procesal vigente para interponer contra la misma, recurso de apelación, pues éste no es un auto definitivo que le ponga fin al proceso. Por tanto, este tribunal considera que debe declararse infundada la queja interpuesta y se declara firme el auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula. CONSIDERANDO (7): Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministerio Público emite opinión exponiendo que revisado el antecedente de mérito, se visualiza que el quejoso fundamenta su recurso en el auto de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, el cual inadmite el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual el A-Quo precluyó el término de tres días para que presentara oposición a la ejecución de la sentencia, por lo que al examinar dicho auto vemos que este no pone fin al proceso, ya que no se trata de una sentencia definitiva; motivo por el cual, no puede ser recurrido en apelación de acuerdo a lo establecido en el articulo 707 del Código Procesal Civil que señala que son recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y Juzgados de Letras. Asimismo, debemos señalar que el referido Código en su articulo 730 dispone que el objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación, y en el caso sub judice, el auto recurrido, evidentemente no pone fin al proceso, por ende, al no constituir una resolución apelable, en consecuencia, no entra en el reexamen del recurso de queja, por lo que no se cumple la finalidad pretendida en la norma legal precitada. Por lo que se advierte que la actuación del Ad-Quem se encuentra ajustada a lo dispuesto en la ley y no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el amparista. En consecuencia, debe denegarse el recurso de amparo. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento Cortés de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en donde se declara infundada la queja y se declara firme el auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento Cortés; esta Sala aprecia que la referida Corte de Apelaciones en sus fundamentos de derecho expone que para que un recurso de queja se declare fundado, además de los requisitos de forma que manda la normativa procesal civil vigente sean llenados, debe tratarse de autos definitivos o sentencias que sean recurribles en apelación, indicando el articulo 707 del Código Procesal Civil, cuáles son las resoluciones que puedan ser impugnadas por esta vía; y de la lectura de la interposición y de las actuaciones del quejoso, establece que la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, se desestima el recurso de apelación contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en donde se resuelve la preclusión para la presentación de la oposición a la ejecución; dicha resolución no reúne los requisitos establecidos en la norma procesal vigente para interponer contra la misma el recurso de apelación, por no ser un auto definitivo que le ponga din al proceso. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala estima que el recurrente ha interpuesto un recurso de queja en virtud de haberse desestimado el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós por haber realizado la oposición de manera extemporánea (ya que se le tuvo por precluido el término de tres días para presentar oposición a la ejecución y cinco días para presentar declaración jurada de bienes de la ejecutada, puesto que no la presentó en el momento procesal oportuno concedido por la normativa procesal vigente), por tanto, el auto que se pretendía apelar, era un auto no definitivo, ya que el mismo no resuelve el fondo de la oposición presentada y por tanto, no es aplicable al recurso presentado, puesto que de acuerdo al articulo 707 del Código Procesal Civil, son susceptibles de apelación los autos definitivos que pongan fin al proceso así como las sentencias definitivas; situación que no aconteció en el presente caso.CONSIDERANDO (10): Que el recurrente considera una vulneración al debido proceso y a la legitima defensa el hecho de haber declarado infundada la queja interpuesta contra la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós la cual inadmite el recurso de apelación contra la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula; considerando esta Sala que no son de recibo las alegaciones planteadas por el recurrente, puesto que la resolución de la que pretendió el Recurso de Apelación, no era RECURRIBLE, ya que el artículo 707 lo establece taxativamente que “Serán recurribles en apelación, las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y Juzgados de Letras”.CONSIDERANDO (11): En ese orden de ideas, vemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 730 del Código Procesal Civil, el objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación; y en el presente caso, el auto recurrido no pone fin al proceso, por tanto, al no ser una resolución apelable, no entra en el reexamen del recurso de queja; puesto que no cumple con la finalidad establecida en el artículo en comento; en consecuencia, la resolución dictada por el Ad-Quem no constituye vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el impetrante.CONSIDERANDO (12): Que de igual manera esta Sala observa tanto en la interposición como en la formalización de la presente acción de amparo que el recurrente expone que de acuerdo al articulo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto 266-2013): “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”; lo que aplica para todo tipo de costas y en cualquier etapa del proceso, y que en el presente caso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está exenta de costas al no haber obrado con negligencia, culpa o dolo y que por ello se presentó oposición a la ejecución, por considerar que existe una pluspetición referente al 25% por pago de costas e intereses legales.CONSIDERANDO (13): Que ya la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en su resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós resolvió declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), exponiendo en su motivación fáctica y jurídica que de acuerdo a la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, la ENEE está exenta de todo tipo de costas y que por tanto, resulta improcedente la condena en costas decretada en la sentencia apelada, revocando la misma con el único propósito de eximir el pago de costas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por improcedente (F-315 al 321 de la pieza del Proceso Ordinario). En ese sentido, esta Sala estima oportuno hacer saber al recurrente que ya la referida Corte de Apelaciones si bien, hizo valer su derecho, al dejarle exenta del pago de costas; no menos cierto es que el hoy recurrente al no haber presentado oposición a la ejecución en el momento procesal oportuno, consintió lo dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula al dejar precluir el término de tres días para presentar oposición a la ejecución y de cinco días para presentar declaración jurada de los bienes; quedando evidenciado que no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, toda vez que tuvo los momentos y recursos procesales necesarios para ejercer en los términos establecidos en la normativa procesal vigente. CONSIDERANDO (14): Que se entiende el Derecho al debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En el presente caso, se aprecia que el Derecho de Defensa invocado por el recurrente, no ha sido quebrantado, puesto que las partes, han intervenido activamente acorde a sus pretensiones durante el proceso, así como que ha hecho uso de la acción recursiva, y si sus pretensiones no han sido satisfechas conforme a sus intereses es porque no se enmarcan dentro de las normas de procedimiento invocadas tal como ha quedado evidenciado en el presente fallo, en consecuencia, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula y que hoy es conocida mediante esta acción constitucional de amparo, no vulnera el derecho de Defensa y demás derechos invocados por el recurrente, por tanto resulta procedente la denegatoria del presente recurso. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 707 y 730 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0012-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.