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Sentencia AC-1199-24 — Registro 19397

Resumen

En este caso se presentaron alegatos de mera legalidad como causal de inadmisibilidad de acción de amparo con relación a la demanda de pago por consignación vía proceso abreviado promovida contra recurrente, La Sala Constitucional considera que no alcanzó a advertir los perjuicios denunciados, apreciando que las cuestiones planteadas por el actuante fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento los derechos constitucionales como las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad."....

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil veinticinco. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ, a favor de SERGIO ARTURO OHARA ESPINAL, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veinticuatro, que resolvió un recurso de apelación presentado en contra de la sentencia definitiva emitida por del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de marzo del año dos mil veinticuatro, con relación a la demanda de pago por consignación vía proceso abreviado promovida por WEIBY KATHERINE FIGUEROA RODRIGUEZ, en contra de SERGIO ARTURO OHARA ESPINAL.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente indica que se lesionan los derechos de sus representado, dejándolo en indefensión con la emisión del acto reclamado al cimentarse la Alzada en interpretaciones erróneas que fueron alegadas pero no estimadas, relativas a los diferentes defectos procesales de los que hizo relación para su apreciación y que señala el compareciente no consintió al denunciar tales vicios en tiempo y forma por lo que dicho pronunciamiento no se apega a derecho. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que el recurrente invoca como vulnerados los derechos establecidos en los artículos 80, 82, 90 entre otros reconocidos en la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que analizados los antecedentes como el acto reclamado en relación a los alegatos formulados por el recurrente, esta Sala no alcanzó a advertir los perjuicios denunciados, apreciando que las cuestiones planteadas por el actuante fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando así los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, se estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente sobreseer la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los recursos son medios de control que la ley le concede a quien estime ha sido agraviado por omisión, acto o resolución por autoridad de orden público para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos y entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que, quien recurre debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, pese a que ésta Sala analizó los motivos por los que fue interpuesta la presente acción, no logró apreciar la transgresión que se relaciona ha sido producida con el acto reclamado, misma que se limitó a dar cumplimiento a normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento los derechos constitucionales como las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Sala Constitucional, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ, a favor de SERGIO ARTURO OHARA ESPINAL, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veinticuatro; al apreciar esta Sala que ya existe pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional competente sobre los argumentos expuestos en la presente acción de amparo, y no advertir la violación alegada concurriendo, enmarcándose los argumentos del recurrente en la causal de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinticinco, certificación de la Resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1199-2024 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONA