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Sentencia AC-1064-22 — Registro 20070

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación, estimó la Corte de Apelaciones que los documentos de crédito allegados al proceso, a través de la prueba documental admitida y evacuada en audiencia, consistente en convenio de crédito y fianza solidaria, junto con la certificación del estado de cuenta, constituyen título ejecutivo que reúne los requisitos legales exigidos; al tenor de lo preceptuado en la Ley del Sistema Financiero.Con relación a la demanda de ejecución de títulos extrajudiciales. Se desestimó la oposición planteada por el representante procesal de la parte ejecutada y se ordenó continuar con la tramitación de las actuaciones por la vía directa de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que, examinados los antecedentes del caso y del detenido estudio de la foliada, resulta que el principio de legalidad, imbricado con el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados en garantía de amparo, se han visto aquí respetados; actuando la Corte de Apelaciones referida en observancia a lo preceptuado, inter alia, en el artículo 782 del Código Procesal Civil, con relación pertinente y relevante a lo establecido en la Ley del Sistema Financiero (Decreto No. 129-2004): “ARTÍCULO 166.- TÍTULOS EJECUTIVOS. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos. No se extinguirá la obligación de pago de los deudores de una institución del sistema financiero, cuando sus créditos vencidos hayan sido castigados contra las reservas de valuación. La Certificación extendida por el contador de la institución del sistema financiero en que conste la determinación de los saldos de estos créditos, tendrá la misma condición y validez a la señalada en el párrafo primero de este artículo.”

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Sistema Financiero, art. 166 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que, como queda visto, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones correlativas, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada, en ejercicio de su competencia consultiva, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá; en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.”

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Opinión Consultiva No. 22/16, art. 37 al 70 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ a favor de las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintidós de abril dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda de ejecución de títulos extrajudiciales promovida por la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. (Exp. No. 0801-2021- 00129-CPEE). Estimando la recurrente que, con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 63, 82, 90, 183, 303 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ROBERTO VALDEZ GONZALEZ actuando en su condición apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., promoviendo la demanda de ejecución de titulo extrajudiciales, contra SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. (Folios 01-04 de la Primera pieza de antecedentes). 2) Que, seguido el procedimiento, Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha uno de diciembre del año dos mil veintiuno, resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA Por tanto, esta Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras y en base a lo anteriormente expuesto, FALLA: PRIMERO: SE DESESTIMA la oposición planteada por el representante procesal de la parte ejecutada: SEGUNDO: Continúese con la tramitación de las actuaciones por la vía directa de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada; TERCERO: Con condena en Costas para la parte ejecutada. Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo. Se resuelve hasta la fecha por indisposición sobrevenida al suscrito Juez. - NOTIFIQUESE.” (Folios 216-221 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuesto por la abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ, en su condición señalada anteriormente, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó fallo en fecha veintidós de abril del dos mil veintidós, mediante la cual resolvió: “…PARTE RESOLUTIVA. Por los criterios antes expresados, esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada INGRID EBELINDA MONZÓN LÓPEZ y haciendo aplicación de los artículos 8 numeral 1, 24, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 169 de la Ley del Sistema Financiero; 1, 3, 4, 7,10, 144, 221, 705, 707, 713, 782. 4, 797 del Código Procesal Civil; 55 número 2, 61, 63, 137 y 143 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. -FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación impetrado por la Abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ, en su condición de apoderada legal de las sociedades mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS, S.A DE C.V y CIDCO HONDURAS, S.A DE C.V-SEGUNDO: Se confirma la resolución de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. - TERCERO: CON COSTAS. - Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a las partes y una vez que la misma adquiera carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales. – NOTIFIQUESE”. (Folios 10 al 25 de la segunda pieza de los antecedentes) 4) Que la Abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ, compareció ante este Tribunal en fecha veinte de julio del dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de las sociedades mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS, S.A DE C.V y CIDCO HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el fallo de fecha veintidós de abril del dos mil veintidos, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerarla violatoria a lo dispuesto en los artículos 63, 82, 90, 183, 303, y 304 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés. (Folios 01 al 05 y 58 al 63 del recurso de amparo) 5) Que, en fecha quince de noviembre del dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE y por emitido su dictamen, concluyéndose porque SE SOBRESEA la presente acción de amparo, concurriendo las causales de inadmisibilidad 8 y 9 establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Asimismo, ha manifestado que, de la explicación del motivo, la parte garantista ha desarrollado, en interposición del recurso de amparo, los mismos alegatos que presentó en instancias anteriores, los cuales recaen sobre el fondo del asunto, tales como son: Que los títulos ejecutivos carecen de requisitos para su admisión, que la obligación no es de plazo vencido, que se valoró indebidamente los medios de prueba documentales (consistentes en el convenio de crédito suscrito por las partes y el estado de cuenta que emitió el banco); alegaciones sobre las cuales la autoridad reclamada se pronunció en el fallo dictado, advirtiéndole que de sus mismos argumentos o alegatos se les dio respuesta en su momento procesal. (Folios 71 al 75 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de abril del dos mil veintidós, supradescrita en el Antecedente 3) de la presente sentencia; la cual declaró sin lugar un recurso de apelación presentado por la representación procesal garantista, confirmando, a la vez, la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, con relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. (Exp. No. 0801-2021- 00129-CPEE); resolución que desestima la oposición planteada por la parte apelante, representada en este acto por la abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ, en nombre y representación procesal de las sociedades mercantiles demandadas; señalando, entre los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas vertidas en su fallo que debe confirmarse la sentencia del Juzgado A Quo que desestima la oposición formulada por parte ejecutada / opositora, contra la demanda de ejecución de título extrajudicial, así promovida; en virtud de encontrarse acordada a derecho la resolución apelada, al no resultar fehacientemente acreditado el motivo de oposición esgrimido a su instancia, consistente en la nulidad del mandamiento por no cumplir el título los requisitos exigidos para ostentar la fuerza ejecutiva que la ley otorga, de conformidad al Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que, asimismo, funda la Alzada su propio dispositivo, manifestando que, de la revisión del expediente de mérito, se ha logrado verificar la constancia de los actos de comunicación realizados a las partes ejecutadas, los cuales fueron practicados en estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento. En cuanto a los segundo y tercer agravios, motiva la Corte de Apelaciones respectiva, identidad en sus argumentos o alegatos, desarrollando lo atinente a no existir una obligación vencida de capital, únicamente en el pago de intereses; lo cual se constata por el vencimiento del plazo para el pago del crédito otorgado, con base al convenio de crédito / préstamo a Banca de empresas celebrado en fecha 26 de junio de 2019, específicamente en las cuanto lo estipulado en las cláusulas primera b) y cuarta a), las cuales transcribe; pactando de común acuerdo que la falta de una de las cuotas de capital, intereses, entre otros, permitirá exigir el pago inmediato de lo pactado, por la vía judicial; haciendo factible la acción promovida por la parte ejecutante, al tratarse de una obligación de pagar cantidad liquida y exigible. Derivado de lo anterior, se concluye judicialmente que la certificación de estado de cuenta, extendida por el contador de la institución financiera, hace fe en juicio, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores / ejecutados, quienes incurrieron en mora desde el 26 de diciembre del año 2019; al no haber realizado, a partir de la fecha acordada, el pago semestral de la tasa de interés pactada sobre el saldo total de la deuda. Ha estimado el Ad Quem, en definitiva, que los documentos de crédito allegados al proceso, a través de la prueba documental admitida y evacuada en audiencia, consistente en convenio de crédito y fianza solidaria, junto con la certificación del estado de cuenta, constituyen título ejecutivo que reúne los requisitos legales exigidos; al tenor de lo preceptuado en la Ley del Sistema Financiero. Por todo ello, estimó procedente el Ad Quem declarar sin lugar el recurso de apelación descripto y circunstanciado, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021); con costas para la parte apelante, al verse desestimadas sus pretensiones. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización del recurso comparece la garantista, abogada ANDREA MARIA ZELAYA ALVAREZ, manifestando la relación de los hechos que motivaron su demanda de amparo, a partir del momento en que se emitiera mandamiento de ejecución, sin cumplir con los requisitos legales exigidos, a su juico; habiéndose desestimado la oposición interpuesta mediante una resolución que violenta el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, para la Ejecución de Títulos Extrajudiciales, según motiva el Cuarto Fundamento de Derecho de la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), confirmada por la Alzada, en agravio directo y personal de sus representadas, las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V.; según prescribe el artículo 41 de la ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que, otras consideraciones fácticas y jurídicas esgrimidas por la parte garantista, a favor de su representación procesal, sostienen que el derecho fundamental al debido proceso, que ostentan sus representadas, ha sido vulnerado por la sentencia que se recurre en amparo por infracción del artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, con relación a los artículos 82 y 321, siempre de la Carta Magna, que establece la inviolabilidad del derecho de defensa y el principio de legalidad; así como, en el plano de legalidad, por lo prescrito en los artículos 3, 7, 10, 11, 13, 200, 228, 234, 236, 238, 240, 242, 782 y 784 del Código Procesal Civil; así como el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero. Manifestando la garantista, su desacuerdo con la valoración de los medios de prueba documentales privados hecha por el Juzgado A Quo, en el Cuarto fundamento de Derecho de su resolución, la cual estima en contradicción con las estipulaciones del Convenio de Crédito celebrado en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), el cual transcribe, parcialmente; en discrepancia, a su parecer, con el tenor literal de la Certificación de Estado de Cuenta, en el cual se estaría certificando una obligación que no está vencida y, por lo tanto, no es exigible; al tenor del artículo 1348 del Código Civil. Acepta que, el ejecutado no canceló al ejecutante durante los primeros dos años el pago de los intereses semestrales de capital, sin embargo, según el Convenio de Crédito suscrito y el Cronograma de pago acreditado por el ejecutante en el proceso. No así, que estuviere obligado el ejecutado, durante ese periodo de tiempo, al pago de Capital, con base a la estipulación primera, literal d); de donde devendría la contradicción a lo erróneamente certificado en el estado de cuenta emitido en fecha seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021), por el Contador General de Banco Atlántida. Colige de lo anterior, la parte garantista, que existe desviación del poder otorgado por la Ley a la autoridad juzgadora, en desconexión con la voluntad del ordenamiento, aparejando su descalificación como acto judicial; lo que ameritó por parte de la honorable Sala, la admisión de la presente demanda de amparo. Solicitando que, habiéndose demostrado la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, les sean restituidos a través de un nuevo fallo, justo y motivado a sus representadas; estimando la oposición formulada y declarando la vulneración de los derechos y principios constitucionales en beneficio de sus representadas, las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. Finalmente, que se revoquen las sentencias emitidas en fechas primero de diciembre del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y veintidós de abril del dos mil veintidós, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán; restableciendo a las recurrentes en la integridad de sus derechos. CONSIDERANDO (7): Que, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (8): Que, examinados los antecedentes del caso y del detenido estudio de la foliada, resulta que el principio de legalidad, imbricado con el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados en garantía de amparo, se han visto aquí respetados; actuando la Corte de Apelaciones referida en observancia a lo preceptuado, inter alia, en el artículo 782 del Código Procesal Civil, con relación pertinente y relevante a lo establecido en la Ley del Sistema Financiero (Decreto No. 129-2004): “ARTÍCULO 166.- TÍTULOS EJECUTIVOS. El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos. No se extinguirá la obligación de pago de los deudores de una institución del sistema financiero, cuando sus créditos vencidos hayan sido castigados contra las reservas de valuación. La Certificación extendida por el contador de la institución del sistema financiero en que conste la determinación de los saldos de estos créditos, tendrá la misma condición y validez a la señalada en el párrafo primero de este artículo.” CONSIDERANDO (9): Que, se observa por parte de la Sala de lo Constitucional, la resolución de apelaciones bajo estudio resulta dotada de razón suficiente, al declarar en corolario a fundada motivación, no ha lugar al concepto de agravios informado en el recurso de apelación; en vista a encontrarse cumplidos, por parte de la institución financiera acreedora, con la debida acreditación de los requisitos legales exigidos, para proceder a la ejecución judicial forzosa; habiéndose desestimado la oposición formulada, en fundamentación a lo relacionado en los Considerandos (3) y (4) de la presente sentencia. Se ajusta tal resolución, en definitiva, a las garantías procesales y del marco constitucional que conforman la denominación genérica de debido proceso, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa; el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente; a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución de la República, y en las leyes, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas. Y, a que se dicte, por órgano jurisdiccional regular, una resolución de fondo justa y motivada en derecho, que verse y dirima en congruencia a las pretensiones planteadas en el proceso. CONSIDERANDO (10): Que, no obstante, la denegatoria recaída en la oposición de mérito, cabe mencionar que, al tenor del artículo 798.1 del Código Procesal Civil, relativo a la eficacia, se establece que las sentencias dictadas en los procesos ejecutivos no producirán efecto de cosa juzgada, quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión. Lo cual resulta en compatibilidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia que deniega la acción de amparo. CONSIDERANDO (11): Que, como queda visto, todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones correlativas, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada, en ejercicio de su competencia consultiva, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá; en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” CONSIDERANDO (12): Que de conformidad al artículo 90 de la Constitución de la República, se aprecia de la vista del caso, el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida al tutelar los derechos constitucionales invocados, a favor de las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V., los cuales, en definitiva, no se han visto infringidos por la resolución de Alzada; ajustándose la resolución bajo estudio, a las garantías procesales agrupadas bajo la denominación genérica del debido proceso, según reconocidas en el bloque de constitucionalidad. - Por todo lo cual, se procede a desestimar la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 16, 17, 18, 60, 63, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veinticinco. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ANDREA MARÍA ZELAYA ÁLVAREZ, a favor de las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V., contra la sentencia emitida por esta Sala en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticinco (2025), resolviendo el recurso de amparo promovido por la recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); con relación a la demanda de ejecución de títulos extrajudiciales promovida por la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. (Exp. No. 0801-2021- 00129-CPEE); sentencia que falla DENEGANDO la garantía constitucional de amparo en mención, por considerar la resolución judicial impugnada guarda conformidad respecto al derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; asistiendo legalidad procesal a lo actuado, por las razones legalmente expuestas y motivadas, en el Considerando Ocho (8) de la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes, que la presente acción de Amparo fue interpuesta en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintidós (2022); procediéndose, a la vista del caso, a dictar sentencia, en sentido denegatorio a la pretensión de la amparista, por las razones supramotivadas, en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticinco (2025); por este alto Tribunal, en ejercicio de su competencia constitucional. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establecido en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, en el trámite del caso, según consta a folios ciento catorce (114) y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de parte recurrente, funda su recurso de reposición en discrepancia con la denegatoria de la garantía constitucional de amparo promovida a favor de su representación procesal. Señalando, que no es de recibo el dictamen fiscal que desestima el mérito de su acción constitucional, dado que lejos de participar de alegaciones de origen en la vía contencioso – administrativa, o de tener su propósito en la mera dilación del proceso; ha versado su recurso sobre la legalidad procesal, quebrantada por sendos fallos de instancia, en transgresión del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil para la ejecución de títulos extrajudiciales. Advirtiéndose similar falencia, por parte de la recurrente, en el fallo ahora impugnado en reposición; pues se ha procedido al despacho de la ejecución, sin que, aparentemente, se hayan cumplido los requisitos esenciales para ello; específicamente en lo que concierne a reconocer los atributos de exigibilidad y liquidez de la obligación. CONSIDERANDO (4): Que, finalmente ha referido la recurrente, Abogada ANDREA MARÍA ZELAYA ÁLVAREZ, que la sentencia proferida por la Honorable Sala de lo Constitucional debe reponerse, procediendo a identificar los errores procesales que pudieron haberse cometido en ambas instancias, subsanándolos mediante la concesión del amparo solicitado, mediando el dictado de sentencia, por la cual; se declare con lugar su recurso, restituyendo en el goce de sus derechos y garantías constitucionales a sus representadas, las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V. CONSIDERANDO (5): Que las alegaciones antes expuestas por la recurrente, Abogada ANDREA MARÍA ZELAYA ÁLVAREZ, a favor de de las expresadas Sociedades Mercantiles, no agregan nuevos elementos de juicio, por cuanto sus dichos resultan coincidentes con los expuestos, anteriormente, en trámite del recurso cuya sentencia es objeto del presente recurso de reposición. CONSIDERANDO (6): Que es aquí donde se establecen las argumentaciones por las cuales se observa la vinculación, al principio de legalidad, del fallo jurisdiccional recurrido; dictado en materia procesal civil y fundado en derecho común y usual. No pasa tampoco desapercibido para la Sala, que el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal establece, que en los casos de hipoteca de la totalidad del edificio o de una o varias unidades singulares del mismo, son aplicables, en lo que no desnaturalicen el Régimen de la "Propiedad Horizontal", las disposiciones del Capítulo II, Título XIII, Libro IV del Código Civil; entre las cuales se encuentra el artículo 2138, párrafo primero, el cual prescribe en forma expresa: “La hipoteca garantiza tanto el principal del crédito como los intereses, si estuviesen determinados en la obligación; salvo lo dispuesto en el artículo 2112. (…)”. CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto el cumplimiento del principio - derecho del debido proceso, este se encuentra bien servido respecto a la argumentación jurídica empleada por la Alzada, para refrendar que, las comunicaciones subsidiarias por medio de la entrega de copia de la resolución o de cédula, ha producido todos sus efectos; de conformidad a la recta inteligencia de lo preceptuado en el artículo 144 de la ordenanza procesal; mientras que carecen de todo mérito las alegaciones desarrollados en los agravios planteados respecto a que el título carece de fuerza ejecutiva al no existir una obligación vencida de capital: “… únicamente en el pago de intereses”; lo cual contraría la fundamentación convencional empleada por la institución bancaria demandante para dar por vencido el plazo para el pago del crédito otorgado y por la legalidad misma, según queda de manifiesto en las disposiciones pertinentes del Código Civil; haciendo factible, en definitiva, la acción promovida por la parte ejecutante, al tratarse de una obligación de pago de cantidad liquida y exigible; procediendo también la condena en costas, al ser desestimadas las pretensiones del recurrente. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, consta en el Considerando Diez (10) de la sentencia recurrida y así lo hace saber la Sala de lo Constitucional a través del presente fallo, que la denegatoria de la garantía de amparo deja a salvo las acciones que correspondieren a la parte ejecutada; en virtud del efecto excluyente y de no prejuzgamiento en la sentencia denegatoria, establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (9): Que en tal orden de ideas se estima que la sentencia recurrida, emitida por la Sala de lo Constitucional, se encuentra apegada a derecho; en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, tal lo pedido por la recurrente, en reposición de la sentencia de amparo. CONSIDERANDO (10): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 9, 41, 63, 67, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ANDREA MARÍA ZELAYA ÁLVAREZ, a favor de de las Sociedades Mercantiles SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HONDURAS S. A. DE C.V., y CIDCO HONDURAS S. A. de C. V., contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticinco (2025). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente garantía constitucional de Amparo. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha diez de abril y reposición de fecha veintiocho de julio de dos mil veinticinco, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1064-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL