Sentencia AC-1001-24 — Registro 20440
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaro con lugar el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial, el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones alegando que ésta infringe los derechos de igualdad y petición, así como el principio de legalidad pues dicho fallo tergiversa y reduce las garantías que le asisten a su representado, así como el principio de buena fe, ya que su actuar está bajo los parámetros constitucionales en cuanto a la obligación que tiene con sus hijos; además, ha cumplido con su obligación pactada en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2021 a favor de sus hijos, lo que quedó acreditado ante el Juez A-Quo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, estimó procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la resolución que estimó procedente la oposición planteada por la parte ejecutada, ordenando se siga con el procedimiento de ejecución forzosa de título judicial, pues en materia de ejecución forzosa rige el principio de completa satisfacción del ejecutante, según lo dispuesto en el artículo 743 # 2 del Código Procesal Civil, situación que no se acreditó en las diligencias de mérito, pues en el título de ejecución no se estableció que la cantidad de pensión alimenticia sea para las jóvenes mayores de edad hijas del ejecutado y la ejecutante, sino para la señora Rosa Milady Sorto Contreras, quien recibiría la pensión alimenticia de Quince Mil Lempiras el 30 de cada mes en su casa de habitación, y si bien es cierto el pago o cumplimiento de la obligación contenida en el título es un motivo de oposición, empero para que dicho pago libere al ejecutado, debe realizarse conforme lo establece el artículo 1436 del Código Civil, es decir en el lugar que hubiese designado la obligación y que se haga a favor de la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlo en su nombre, situación que no fue debidamente acreditada. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Civil señala en su artículo 743 # 2, en relación al principio de completa satisfacción del ejecutante, que sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante; asimismo el artículo 1436 del Código Civil, establece que el pago de obligaciones deberá ejecutarse en el lugar que se hubiese designado. … .CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, estimó procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la resolución que estimó procedente la oposición planteada por la parte ejecutada, ordenando se siga con el procedimiento de ejecución forzosa de título judicial, pues en materia de ejecución forzosa rige el principio de completa satisfacción del ejecutante, según lo dispuesto en el artículo 743 # 2 del Código Procesal Civil, situación que no se acreditó en las diligencias de mérito, pues en el título de ejecución no se estableció que la cantidad de pensión alimenticia sea para las jóvenes mayores de edad hijas del ejecutado y la ejecutante, sino para la señora Rosa Milady Sorto Contreras, quien recibiría la pensión alimenticia de Quince Mil Lempiras el 30 de cada mes en su casa de habitación, y si bien es cierto el pago o cumplimiento de la obligación contenida en el título es un motivo de oposición, empero para que dicho pago libere al ejecutado, debe realizarse conforme lo establece el artículo 1436 del Código Civil, es decir en el lugar que hubiese designado la obligación y que se haga a favor de la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlo en su nombre, situación que no fue debidamente acreditada… CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Civil señala en su artículo 743 # 2, en relación al principio de completa satisfacción del ejecutante, que sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante; asimismo el artículo 1436 del Código Civil, establece que el pago de obligaciones deberá ejecutarse en el lugar que se hubiese designado.”
Legislación citada
- Código Civil, art. 743 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1436 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de septiembre de dos mil veinticinco. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO MERLOS MUNGUÍA a favor del señor ELVIS ANTONIO GARCÍA CONTRERAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro; con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por la señora ROSA MILADY SORTO DOMINGUEZ, contra el señor ELVIS ANTONIO GARCÍA CONTRERAS. CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, alegando que ésta infringe los derechos de igualdad y petición, así como el principio de legalidad contenidos en los artículos 61, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, pues dicho fallo tergiversa y reduce las garantías que le asisten a su representado, así como el principio de buena fe, ya que su actuar está bajo los parámetros constitucionales en cuanto a la obligación que tiene con sus hijos; además, ha cumplido con su obligación pactada en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2021 a favor de sus hijos, lo que quedó acreditado ante el Juez A-Quo. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, estimó procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la resolución que estimó procedente la oposición planteada por la parte ejecutada, ordenando se siga con el procedimiento de ejecución forzosa de título judicial, pues en materia de ejecución forzosa rige el principio de completa satisfacción del ejecutante, según lo dispuesto en el artículo 743 # 2 del Código Procesal Civil, situación que no se acreditó en las diligencias de mérito, pues en el título de ejecución no se estableció que la cantidad de pensión alimenticia sea para las jóvenes mayores de edad hijas del ejecutado y la ejecutante, sino para la señora Rosa Milady Sorto Contreras, quien recibiría la pensión alimenticia de Quince Mil Lempiras el 30 de cada mes en su casa de habitación, y si bien es cierto el pago o cumplimiento de la obligación contenida en el título es un motivo de oposición, empero para que dicho pago libere al ejecutado, debe realizarse conforme lo establece el artículo 1436 del Código Civil, es decir en el lugar que hubiese designado la obligación y que se haga a favor de la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación u otra autorizada para recibirlo en su nombre, situación que no fue debidamente acreditada. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Civil señala en su artículo 743 # 2, en relación al principio de completa satisfacción del ejecutante, que sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante; asimismo el artículo 1436 del Código Civil, establece que el pago de obligaciones deberá ejecutarse en el lugar que se hubiese designado. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable .CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 707 del Código Procesal Civil; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO MERLOS MUNGUÍA a favor del señor ELVIS ANTONIO GARCÍA CONTRERAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro; toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de mayo de dos mil veintiséis, certificación de la Resolución de fecha ocho de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil(Familia) registrado en este Tribunal con el número SCO-1001-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL