Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-978-23 — Registro 19393

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra el Oficio emitido por la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), refieren los recurrentes que no se le permitió la matricula al estudiante, para poder culminar su carrera universitaria, cimentándose en que este fue expulsado según notificación . Considerando los recurrentes que, con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representado el derecho consagrado en el artículo 183 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (3): Que, la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 2 que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativa, asimismo, dice el mismo artículo que se interpretará y aplicará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales. CONSIDERANDO (4): Que, se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por el General de Brigada Leonel R. Mazzoni Hernández en su condición de Rector y la Mayor Auxiliar de Justicia Militar Karina Y. Rodríguez Betancourt en su condición de Secretaria General de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), en donde se dirigen al agraviado mediante oficio manifestándole la imposibilidad de matrícula para continuar con sus estudios de grado en virtud de la condición de su retiro y la vez informándole que puede continuar sus estudios en otra institución del nivel de educación superior… CONSIDERANDO (6): Que, la educación es un derecho reconocido por la Constitución de la República y la normativa internacional, volviéndolo exigible frente a los poderes públicos, por lo que cualquier acto o resolución que vulnere o anule este derecho, conlleva la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, protección judicial que recoge la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 25 numeral 1., el cual establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. CONSIDERANDO (7): Que, la educación es un derecho humano fundamental para garantizar un desarrollo sostenible, que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, y superar las desigualdades, es importante en sí misma y a menudo es también un derecho humano integral, del mismo modo en que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos, ya que tiene importantes implicaciones para el disfrute de los mismos. Es evidente, entonces, que el derecho a la educación permea de manera transversal con todos los derechos humanos y su ejercicio supone una elevación en la calidad del disfrute de éstos. CONSIDERANDO (8): Que, la Universidad de Defensa de Honduras (UDH) , se rige por la Constitución de la Republica la Ley de Educación Superior, las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior entre otras, siendo un centro de estudios de educación superior estatal, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, dedicada a la formación, capacitación y especialización, que requiera la institución armada y el Estado, en tal sentido desarrollará carreras militares, tecnológicas, ciencias afines y de otras ciencias en niveles de educación técnica, pregrado, posgrado y educación no formal. En ese orden de ideas, tiene la obligación de observar en cada una de sus actuaciones lo preceptuado por la Constitución de la Republica y las demás leyes aplicables; en el caso que nos ocupa podemos observar que el Oficio emitido por las máximas autoridades de la citada Universidad, en contrario a la Constitución de la Republica en virtud que limita el ejercicio y goce del derecho a la educación. “

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 2 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 2 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO (9): Que, al tenor del estudio de las presenten diligencias esta Sala advierte que la autoridad recurrida motivó el proceso disciplinario en contra del señor DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, en una “insubordinación manifiesta”, sin valorar el informe presentado por él como excusa el cual contenía el motivo o justificación que lo imposibilitaba para acudir a formación, determinando las autoridades universitarias la aplicación de la sanción de expulsión, lo que resulta una medida desproporcional ya que no se ajusta a la gravedad de la falta o infracción cometida menoscabando de manera gravosa al estudiante en el ejercicio y acceso a la educación que es un derecho humano y constitucional. CONSIDERANDO (10): Que, si bien es cierto, el Estatuto de la Universidad de Defensa de Honduras al igual que el Reglamento Interno Académico y Disciplinario no establece el órgano ante quien se debe recurrir una sanción, ni tampoco indica el curso de aplicación del procedimiento disciplinario, no se puede obviar que entre las leyes y estatutos que rigen a la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), se encuentran las Normas Académicas de la Educación Superior, las cuales son de obligatorio cumplimiento para los Centros de Educación Superior, sirviendo como marco legal general para regular el proceso académico, bajo una concepción dinámica de los procesos formativos, estableciendo el sistema disciplinario en su artículo 144 mediante el cual regula que cada Centro de Educación Superior debe elaborar y mantener vigente un reglamento que regule la conducta de los estudiantes, el cual definirá un sistema disciplinario, con parámetros de clasificación de faltas según gravedad, clasificación de sanciones aplicables, órganos que deben conocer de los recursos contra las sanciones y el procedimiento de aplicación del sistema disciplinario. CONSIDERANDO (11): Que, esta Sala continuando con el estudio de los antecedentes observa que al señor DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, una vez notificada la sanción no se le designó el órgano ante quien podía interponer los recursos correspondientes contra la sanción impuesta, violentando con ello el derecho a la defensa y al debido proceso derechos constitucionales que a su vez son relacionados en el artículo 144 incisos ch) y d) de las Normas Académicas de la Educación Superior. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resume el derecho de defensa como una garantía procesal que se encuentra íntimamente ligada con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte, se denota indudablemente un nexo entre el debido proceso y el respeto del derecho de defensa, en cualquier tipo de procedimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”. CONSIDERANDO (12): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que las autoridades universitarias han vulnerado diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y de educación, resultando evidenciado en autos lo alegado por los recurrentes, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución, que atenta contra su derecho humano a la educación puesto que se le ha limitado el ejercicio y goce del mismo. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por los amparistas, es violatorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo.”

Legislación citada

  • Normas Académicas de la Educación Superior, art. 144 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados Edy Alexander Tabora Gonzáles y Kenia Veliza Oliva Cardona, a favor del señor Daniel Alejandro Estrada Gonzáles, contra el Oficio emitido por la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), en fecha diecinueve de mayo de dos veintitrés, mediante el que, según refieren los recurrentes no se le permitió la matricula al estudiante Daniel Alejandro Estrada Gonzáles, para poder culminar su carrera universitaria, cimentándose en que este fue expulsado según notificación de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintitrés. Considerando los recurrentes que, con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representado el derecho consagrado en el artículo 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), comparecieron ante esta Sala, los Abogados Edy Alexander Tabora Gonzáles y Kenia Veliza Oliva Cardona, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor Daniel Alejandro Estrada Gonzáles, contra el Oficio emitido por la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), mediante el que, según refieren los recurrentes no se le permitió la matricula al estudiante Daniel Alejandro Estrada Gonzáles, para poder culminar su carrera universitaria, cimentándose en que este fue expulsado según notificación de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintitrés (2023). Tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-11 vuelto del amparo de mérito). 2) Esta Sala, en fecha tres (03) de agosto de dos mil veintitrés (2023), tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 53 del amparo). 3) Ésta sala en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), tuvo por recibido los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, el cual comprendía veinte folios útiles y de los cuales se desprende la resolución de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), emitido por el General de Brigada Leonel R. Mazzoni Hernández en su condición de Rector y la Mayor Auxiliar de Justicia Militar Karina Y. Rodríguez Betancourt en su condición de Secretaria General de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), disponiendo lo siguiente: “Señor Daniel Alejandro Estrada Gonzales, muy cordialmente me dirijo a usted, en virtud de dar respuesta a la solicitud recibida por esta Universidad, donde solicita se le matricule para culminar sus estudios de grado en el nivel de licenciatura. En tal sentido se hace de su conocimiento que basado en las Normas Académicas de Educación Superior articulo 144 y en complemento de las Normas Académicas de la Universidad de Defensa de Honduras, primeramente debe solventar el impase notificado por su Centro de Estudio y Fuerza (su academia), donde expone la condición de su retiro, mismo que imposibilita ser matriculado para continuar los estudios solicitados, en vista que la ley permite la continuación de los mismos, cuando la condición de retiro es por separación y no por otras situaciones. Una vez solventado ese impase le esperamos para ser matriculado y continuar sus estudios correspondientes. Asimismo, se le informa que puede considerar continuar sus estudios en otra institución del nivel de educación superior, ya que la condición de retiro de esta Universidad no afecta para que se pueda matricular en otra, según las Normas de Educación Superior. Esta Universidad se encuentra con toda la disposición de extender la documentación de su registro académico como ser: certificación de estudios, historial académico, silabus u otro según sea el caso, siguiendo los trámites administrativos correspondientes…” (Folios 57-59 del recurso de mérito y 20 de los antecedentes). 4) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), remitidos y estudiados que fueron por la Sala los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. Y estando pendiente de resolver la suspensión del acto reclamado, DECLÁRESE CON LUGAR, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL RECURRENTE. (Folio 59 del recurso de mérito). 5) En fecha treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ésta Sala admitió el escrito presentado por los Abogados Edy Alexander Tabora Gonzales y Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición antes indicada y tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 77 del recurso de mérito). 6) En fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, así como de los antecedentes del caso subjudice, esta Representación Fiscal, procede al examen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa enunciada en su libelo de amparo, de lo cual se desprende que el joven DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, fue expulsado de la Academia Militar de Aviación, centro de estudios de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), a quien le aplicaron el Reglamento Interno Académico y Disciplinario (emitido el 30 de diciembre del 2012, publicado en el diario oficial la Gaceta Nº 33,270 del 5 de noviembre de 2013) específicamente con fundamento en el artículo 23, Causas de Cancelación de Beca, inciso B, Expulsión numeral 7: Insubordinación manifiesta: Sin embargo, advierte esta Representación Fiscal, que a folio numero 6 consta, el informe presentado por el joven DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, en el que expone las razones por las cuales no se presentó a formación el día 22 de marzo del 2023, de lo cual se advierte que el comportamiento o motivo por el cual se sancionó con Expulsión de su Beca al precitado joven, así como la proporcionalidad de lo actuado con la sanción impuesta, resulta muy gravosa o excesiva. Considerando además, que en el caso subjudice, se violenta el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, ya que de la lectura del acta de trabajo N°037-03-2023, en la que consta la celebración de la audiencia en la que se escuchó al Alférez de seguridad de Instalaciones de la Clase 2020-A DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, y en el oficio de notificación de la Decisión del Consejo Disciplinario, no se observa que se le indicara su derecho a impugnar y ante qué autoridad se debía interponer el mismo, así como el término con el que contaba para recurrir la decisión adoptada. De igual forma, aún y cuando se trata de una falta que agravia la Disciplina Militar como un bien valioso para el correcto funcionamiento o desempeño de las Fuerzas Armadas, las conductas que la transgredan deben perseguir un fin legítimo, sin que tenga alcance de sesgar la aplicación de los principios constitucionales. OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo anteriormente expuesto, es de la opinión de que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud de vulnerarse las garantías constitucionales señaladas por los amparistas…” (Folios 84-88 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que, la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 2 que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativa, asimismo, dice el mismo artículo que se interpretará y aplicará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales. CONSIDERANDO (4): Que, se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por el General de Brigada Leonel R. Mazzoni Hernández en su condición de Rector y la Mayor Auxiliar de Justicia Militar Karina Y. Rodríguez Betancourt en su condición de Secretaria General de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), en donde se dirigen al agraviado mediante oficio manifestándole la imposibilidad de matrícula para continuar con sus estudios de grado en virtud de la condición de su retiro y la vez informándole que puede continuar sus estudios en otra institución del nivel de educación superior. CONSIDERANDO (5): Que, la educación es función esencial del Estado, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación, siendo sus objetivos principales: a) Pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, b) Capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y C) El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. CONSIDERANDO (6): Que, la educación es un derecho reconocido por la Constitución de la República y la normativa internacional, volviéndolo exigible frente a los poderes públicos, por lo que cualquier acto o resolución que vulnere o anule este derecho, conlleva la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, protección judicial que recoge la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 25 numeral 1., el cual establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. CONSIDERANDO (7): Que, la educación es un derecho humano fundamental para garantizar un desarrollo sostenible, que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, y superar las desigualdades, es importante en sí misma y a menudo es también un derecho humano integral, del mismo modo en que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos, ya que tiene importantes implicaciones para el disfrute de los mismos. Es evidente, entonces, que el derecho a la educación permea de manera transversal con todos los derechos humanos y su ejercicio supone una elevación en la calidad del disfrute de éstos. CONSIDERANDO (8): Que, la Universidad de Defensa de Honduras (UDH) , se rige por la Constitución de la Republica la Ley de Educación Superior, las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior entre otras, siendo un centro de estudios de educación superior estatal, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, dedicada a la formación, capacitación y especialización, que requiera la institución armada y el Estado, en tal sentido desarrollará carreras militares, tecnológicas, ciencias afines y de otras ciencias en niveles de educación técnica, pregrado, posgrado y educación no formal. En ese orden de ideas, tiene la obligación de observar en cada una de sus actuaciones lo preceptuado por la Constitución de la Republica y las demás leyes aplicables; en el caso que nos ocupa podemos observar que el Oficio emitido por las máximas autoridades de la citada Universidad, en contrario a la Constitución de la Republica en virtud que limita el ejercicio y goce del derecho a la educación. CONSIDERANDO (9): Que, al tenor del estudio de las presenten diligencias esta Sala advierte que la autoridad recurrida motivó el proceso disciplinario en contra del señor DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, en una “insubordinación manifiesta”, sin valorar el informe presentado por él como excusa el cual contenía el motivo o justificación que lo imposibilitaba para acudir a formación, determinando las autoridades universitarias la aplicación de la sanción de expulsión, lo que resulta una medida desproporcional ya que no se ajusta a la gravedad de la falta o infracción cometida menoscabando de manera gravosa al estudiante en el ejercicio y acceso a la educación que es un derecho humano y constitucional. CONSIDERANDO (10): Que, si bien es cierto, el Estatuto de la Universidad de Defensa de Honduras al igual que el Reglamento Interno Académico y Disciplinario no establece el órgano ante quien se debe recurrir una sanción, ni tampoco indica el curso de aplicación del procedimiento disciplinario, no se puede obviar que entre las leyes y estatutos que rigen a la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), se encuentran las Normas Académicas de la Educación Superior, las cuales son de obligatorio cumplimiento para los Centros de Educación Superior, sirviendo como marco legal general para regular el proceso académico, bajo una concepción dinámica de los procesos formativos, estableciendo el sistema disciplinario en su artículo 144 mediante el cual regula que cada Centro de Educación Superior debe elaborar y mantener vigente un reglamento que regule la conducta de los estudiantes, el cual definirá un sistema disciplinario, con parámetros de clasificación de faltas según gravedad, clasificación de sanciones aplicables, órganos que deben conocer de los recursos contra las sanciones y el procedimiento de aplicación del sistema disciplinario. CONSIDERANDO (11): Que, esta Sala continuando con el estudio de los antecedentes observa que al señor DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, una vez notificada la sanción no se le designó el órgano ante quien podía interponer los recursos correspondientes contra la sanción impuesta, violentando con ello el derecho a la defensa y al debido proceso derechos constitucionales que a su vez son relacionados en el artículo 144 incisos ch) y d) de las Normas Académicas de la Educación Superior. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resume el derecho de defensa como una garantía procesal que se encuentra íntimamente ligada con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte, se denota indudablemente un nexo entre el debido proceso y el respeto del derecho de defensa, en cualquier tipo de procedimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”. CONSIDERANDO (12): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que las autoridades universitarias han vulnerado diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y de educación, resultando evidenciado en autos lo alegado por los recurrentes, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución, que atenta contra su derecho humano a la educación puesto que se le ha limitado el ejercicio y goce del mismo. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por los amparistas, es violatorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: PRIMERO: OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta contra las actuaciones de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH); SEGUNDO: El Oficio de fecha 19 de mayo del año 2023, no obliga al agraviado ni le es aplicable por contravenir y disminuir derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la Republica y; TERCERO: La autoridad recurrida deberá darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos del acto impugnado, para que el señor DANIEL ALEJANDRO ESTRADA GONZALEZ, pueda continuar sus estudios universitarios de forma inmediata hasta culminar los mismos.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0978-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL