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Sentencia AA-978-22 — Registro 20283

Resumen

Resolución declaró sin lugar reclamo administrativo contra acuerdo No. 050 contentivo a la sanción de cancelación por despido impuesta por la Presidencia del Poder Judicial a un Miembro de Seguridad y Vigilancia del Departamento de Servicios Generales de dicho Poder del Estado. La Sala advirtió que el acto de cancelación se produce cuando el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y carta de libertad provisional; Además, la sanción se aplicó cuando ya había operado la prescripción al superar el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para la aplicación de dicha sanción, pues la misma se aplicó al transcurrir un lapso de tiempo de 2 años, 3 meses y 6 días.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en un primer motivo el Amparista desarrolla la violación del principio de legalidad arguyendo que el mismo se perpetró cuando la autoridad recurrida aplicó la sanción de cancelación invocando dos causales no aplicables a su caso, en virtud que el agraviado no estuvo privado de su libertad por más de seis meses al decretársele medidas sustitutivas diferentes a la prisión y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial, advirtiendo esta Sala que a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y con carta de libertad provisional, ambos hechos de pleno conocimiento de la autoridad recurrida desde el 12 de abril de 2019 por ser aportados como medio de prueba en la audiencia de descargo que al efecto le fue celebrada al empleado judicial..."..."en un segundo motivo el Amparista alega la prescripción, al relacionar que la cancelación se aplicó cuando la acción ya estaba prescrita, al respecto este Alto Tribunal al examinar los antecedentes advierte que entre la fecha que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la supuesta infracción y la fecha del acuerdo de cancelación transcurrió un lapso de tiempo de 2 años 3 meses y 6 días, el cual superó el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para aplicar cualquier sanción según lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que al momento de aplicar la sanción ya había operado la prescripción..."..."examinando los antecedentes entre ellos la resolución objeto de amparo, se observa que la misma no fue dictada bajo una correcta motivación y fundamentación jurídica en relación con la prescripción alegada por el agraviado como motivo de impugnación del Acuerdo de cancelación número 050, sino que la autoridad recurrida se limitó a rechazarla consignando el contenido de los artículos 64 literal b) y 187 literal b), sin emitir pronunciamiento sobre lo planteado por el agraviado..."..."las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que componen el debido proceso; consignando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados, en ese sentido tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."esta Sala concluye que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del presente recurso, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las omisiones y falta de argumentación lógico jurídica, al no proporcionar la resolución adoptada respuesta a los alegatos expuestos, en atención de la impugnación administrativa; es decir, que no se concretó a resolver sobre los términos de prescripción de la acción de despido los cuales estaban caducados, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en un primer motivo el Amparista desarrolla la violación del principio de legalidad arguyendo que el mismo se perpetró cuando la autoridad recurrida aplicó la sanción de cancelación invocando dos causales no aplicables a su caso, en virtud que el agraviado no estuvo privado de su libertad por más de seis meses al decretársele medidas sustitutivas diferentes a la prisión y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial, advirtiendo esta Sala que a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y con carta de libertad provisional, ambos hechos de pleno conocimiento de la autoridad recurrida desde el 12 de abril de 2019 por ser aportados como medio de prueba en la audiencia de descargo que al efecto le fue celebrada al empleado judicial..."..."en un segundo motivo el Amparista alega la prescripción, al relacionar que la cancelación se aplicó cuando la acción ya estaba prescrita, al respecto este Alto Tribunal al examinar los antecedentes advierte que entre la fecha que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la supuesta infracción y la fecha del acuerdo de cancelación transcurrió un lapso de tiempo de 2 años 3 meses y 6 días, el cual superó el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para aplicar cualquier sanción según lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que al momento de aplicar la sanción ya había operado la prescripción..."..."examinando los antecedentes entre ellos la resolución objeto de amparo, se observa que la misma no fue dictada bajo una correcta motivación y fundamentación jurídica en relación con la prescripción alegada por el agraviado como motivo de impugnación del Acuerdo de cancelación número 050, sino que la autoridad recurrida se limitó a rechazarla consignando el contenido de los artículos 64 literal b) y 187 literal b), sin emitir pronunciamiento sobre lo planteado por el agraviado..."..."las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que componen el debido proceso; consignando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados, en ese sentido tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."esta Sala concluye que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del presente recurso, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las omisiones y falta de argumentación lógico jurídica, al no proporcionar la resolución adoptada respuesta a los alegatos expuestos, en atención de la impugnación administrativa; es decir, que no se concretó a resolver sobre los términos de prescripción de la acción de despido los cuales estaban caducados, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en un primer motivo el Amparista desarrolla la violación del principio de legalidad arguyendo que el mismo se perpetró cuando la autoridad recurrida aplicó la sanción de cancelación invocando dos causales no aplicables a su caso, en virtud que el agraviado no estuvo privado de su libertad por más de seis meses al decretársele medidas sustitutivas diferentes a la prisión y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial, advirtiendo esta Sala que a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y con carta de libertad provisional, ambos hechos de pleno conocimiento de la autoridad recurrida desde el 12 de abril de 2019 por ser aportados como medio de prueba en la audiencia de descargo que al efecto le fue celebrada al empleado judicial..."..."en un segundo motivo el Amparista alega la prescripción, al relacionar que la cancelación se aplicó cuando la acción ya estaba prescrita, al respecto este Alto Tribunal al examinar los antecedentes advierte que entre la fecha que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la supuesta infracción y la fecha del acuerdo de cancelación transcurrió un lapso de tiempo de 2 años 3 meses y 6 días, el cual superó el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para aplicar cualquier sanción según lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que al momento de aplicar la sanción ya había operado la prescripción..."..."examinando los antecedentes entre ellos la resolución objeto de amparo, se observa que la misma no fue dictada bajo una correcta motivación y fundamentación jurídica en relación con la prescripción alegada por el agraviado como motivo de impugnación del Acuerdo de cancelación número 050, sino que la autoridad recurrida se limitó a rechazarla consignando el contenido de los artículos 64 literal b) y 187 literal b), sin emitir pronunciamiento sobre lo planteado por el agraviado..."..."las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que componen el debido proceso; consignando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados, en ese sentido tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."esta Sala concluye que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del presente recurso, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las omisiones y falta de argumentación lógico jurídica, al no proporcionar la resolución adoptada respuesta a los alegatos expuestos, en atención de la impugnación administrativa; es decir, que no se concretó a resolver sobre los términos de prescripción de la acción de despido los cuales estaban caducados, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en un primer motivo el Amparista desarrolla la violación del principio de legalidad arguyendo que el mismo se perpetró cuando la autoridad recurrida aplicó la sanción de cancelación invocando dos causales no aplicables a su caso, en virtud que el agraviado no estuvo privado de su libertad por más de seis meses al decretársele medidas sustitutivas diferentes a la prisión y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial, advirtiendo esta Sala que a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y con carta de libertad provisional, ambos hechos de pleno conocimiento de la autoridad recurrida desde el 12 de abril de 2019 por ser aportados como medio de prueba en la audiencia de descargo que al efecto le fue celebrada al empleado judicial..."..."en un segundo motivo el Amparista alega la prescripción, al relacionar que la cancelación se aplicó cuando la acción ya estaba prescrita, al respecto este Alto Tribunal al examinar los antecedentes advierte que entre la fecha que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la supuesta infracción y la fecha del acuerdo de cancelación transcurrió un lapso de tiempo de 2 años 3 meses y 6 días, el cual superó el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para aplicar cualquier sanción según lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que al momento de aplicar la sanción ya había operado la prescripción..."..."examinando los antecedentes entre ellos la resolución objeto de amparo, se observa que la misma no fue dictada bajo una correcta motivación y fundamentación jurídica en relación con la prescripción alegada por el agraviado como motivo de impugnación del Acuerdo de cancelación número 050, sino que la autoridad recurrida se limitó a rechazarla consignando el contenido de los artículos 64 literal b) y 187 literal b), sin emitir pronunciamiento sobre lo planteado por el agraviado..."..."las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que componen el debido proceso; consignando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados, en ese sentido tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."esta Sala concluye que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del presente recurso, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las omisiones y falta de argumentación lógico jurídica, al no proporcionar la resolución adoptada respuesta a los alegatos expuestos, en atención de la impugnación administrativa; es decir, que no se concretó a resolver sobre los términos de prescripción de la acción de despido los cuales estaban caducados, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Carlos Arturo Cruz Amador, a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un reclamo administrativo interpuesto contra el acuerdo No. 050 del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual despidió al señor Carlos Arturo Cruz Amador del cargo de Miembro de Seguridad y Vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 72, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022), el recurrente compareció ante esta Sala, interponiendo acción de Amparo contra la resolución anteriormente relacionada, arguyendo que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio, el derecho de defensa, al debido proceso, y a la legalidad. (Folios 1-3 del amparo de mérito). 2) En fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de tres (3) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 23 del recurso). 3) Esta sala, tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, objeto del presente recurso, emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente:(Sic) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el reclamo presentado por el servidor judicial CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, contraído a pedir que se declare sin valor y efecto la sanción de CANCELACION POR DESPIDO, impuesta por la Presidencia del Poder Judicial. SEGUNDO: A la presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno. Y MANDA: 1) Que se notifique personalmente la presente resolución a las partes y de no ser posible que la Secretaria del Consejo lo haga a través de la Tabla de Avisos.- 2) Que una vez firme esta resolución se libre atento oficio con la certificación de estilo a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y a la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales correspondientes y se proceda al archivo de las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE…” (Folio 48-54 del recurso). 4) En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023), estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó conceder vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 28 del recurso de mérito). 5) En fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 35 del recurso de mérito). 6) Esta Sala, en fecha uno (1) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), tuvo por evacuada la vista y por emitido el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente:“…De conformidad al artículo 31 último párrafo del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, establece: Contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario: de lo cual se colige que, en atención a la literalidad de esta norma, más allá de la interposición del recurso extraordinario de amparo como acontece en el caso examinado, al haberse rechazado la impugnación presentada y, por ende, confirmado la cancelación del nombramiento como servidor judicial del señor CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR, en cuyo escrito de reclamo administrativo solicita reintegro inmediato y reintegro de sueldo, el amparista tiene expeditas las acciones legales en la vía Contencioso Administrativo, tal como lo prescribe el literal c) del Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como jurisdicción competente de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo y también para conocer de la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegro o el pago de indemnizaciones. Lo anterior en relación con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto señala que las sentencias son firmes o ejecutorias, cuando no cabe contra ellas recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes; no obstante, en el caso sub judice tiene expeditos los recursos en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público opina que SE SOBRESEAN la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 38-45 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la acción de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3.2, 5, 7, 8 y 9.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinaria, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que, se conoce en esta vía constitucional la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial la cual ha venido siendo relacionada en el presente libelo, mediante la cual declara sin lugar el reclamo presentado por el servidor judicial CARLOS ARTURO CRUZ AMADOR contraído a pedir que se declare sin valor y efecto la sanción de CANCELACIÓN POR DESPIDO impuesta por la Presidencia del Poder Judicial. CONSIDERANDO (4): Que, el recurrente arguye en su escrito de amparo que existe una vulneración al principio constitucional del derecho de defensa, al debido proceso, y el principio de legalidad, en su perjuicio; en vista a que el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la citada resolución, le violentó los derechos consagrados en los artículos 72, 304 y 321 de la Constitución de la República, al aplicarle de forma ilegal el precepto contenido en el artículo 64 literales b) y c) de la Ley de la Carrera Judicial, los cuales hacen referencia a que los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos cuando haya auto de prisión decretado en su contra por crimen o simple delito, y que la sentencia no se produjere dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos delictivos el despido surtirá sus efectos de pleno derecho, el cual se relacionó con la inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo. CONSIDERANDO (5): Que, en un primer motivo el Amparista desarrolla la violación del principio de legalidad arguyendo que el mismo se perpetró cuando la autoridad recurrida aplicó la sanción de cancelación invocando dos causales no aplicables a su caso, en virtud que el agraviado no estuvo privado de su libertad por más de seis meses al decretársele medidas sustitutivas diferentes a la prisión y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial, advirtiendo esta Sala que a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, el agraviado se encontraba con medidas sustitutivas y con carta de libertad provisional, ambos hechos de pleno conocimiento de la autoridad recurrida desde el 12 de abril de 2019 por ser aportados como medio de prueba en la audiencia de descargo que al efecto le fue celebrada al empleado judicial. CONSIDERANDO (6): Que, en un segundo motivo el Amparista alega la prescripción, al relacionar que la cancelación se aplicó cuando la acción ya estaba prescrita, al respecto este Alto Tribunal al examinar los antecedentes advierte que entre la fecha que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la supuesta infracción y la fecha del acuerdo de cancelación transcurrió un lapso de tiempo de 2 años 3 meses y 6 días, el cual superó el tiempo de 60 días que tenía la autoridad judicial para aplicar cualquier sanción según lo preceptuado en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que al momento de aplicar la sanción ya había operado la prescripción. CONSIDERANDO (7): Que, al continuar examinando los antecedentes entre ellos la resolución objeto de amparo, se observa que la misma no fue dictada bajo una correcta motivación y fundamentación jurídica en relación con la prescripción alegada por el agraviado como motivo de impugnación del Acuerdo de cancelación número 050, sino que la autoridad recurrida se limitó a rechazarla consignando el contenido de los artículos 64 literal b) y 187 literal b), sin emitir pronunciamiento sobre lo planteado por el agraviado. CONSIDERANDO (8): Que, las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que componen el debido proceso; consignando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados, en ese sentido tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que, el debido proceso es una garantía reconocida por la Constitución de la República y la normativa internacional, por lo que cualquier acto o resolución que vulnere o anule este derecho, conlleva la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, protección judicial que recoge la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 25 numeral 1., el cual establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. CONSIDERANDO (10): Que, por todo lo expresado, esta Sala concluye que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del presente recurso, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las omisiones y falta de argumentación lógico jurídica, al no proporcionar la resolución adoptada respuesta a los alegatos expuestos, en atención de la impugnación administrativa; es decir, que no se concretó a resolver sobre los términos de prescripción de la acción de despido los cuales estaban caducados, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros; haciendo aplicación de los artículos 1 y 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales que se han relacionado en la presente sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha once de diciembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0978-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL