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Sentencia AA-970-25 — Registro 20285

Resumen

Acción de amparo con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por impetrante contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (C.N.B.S.)para que se declare la ilegalidad y anulación de unos actos administrativos para que haga efectivo el cumplimiento de la Póliza de Seguros.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en razón a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de reposición, se realizó un examen de la resolución dictada por este Tribunal en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, así como de los antecedentes, de los cuales se desprende que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dio cumplimiento a la sentencia dictada en primera instancia de fecha 04 de noviembre de 2014, al anular las resoluciones DAL No.1051/09-07-2012 y DPUF No.886/20-05-2013 emitidas por dicha Comisión e instruir a la Compañía Seguros Bolívar Honduras, S.A., para que haga efectivo el cumplimiento de la Póliza de Seguros suscrito con la Sociedad mercantil denominada Productos Agroquímicos de Centroamérica, S. A. de C.V. (PROAGRO) de la que se ha hecho mérito en los considerando que anteceden, lo cual obra a folios 920 al 927 de la primera pieza de autos. CONSIDERANDO: Que según lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Comisión, basada en normas y prácticas internacionales, ejercerá por medio de las superintendencias, la supervisión, vigilancia y control de las aseguradoras, entre otras, por lo que solicitar la liquidación de una sentencia a este ente del Estado que no fue condenado, es improcedente, pues este únicamente fue instruido para notificar lo resuelto en la ya referida sentencia. CONSIDERANDO: Que la Sala estima que los alegatos del impetrante no son de recibo, ya que la resolución que pide sea revocada se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha intentado.CONSIDERANDO: Que el tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere en derecho"....

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO a favor de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticinco, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de noviembre de dos mil veintidós; con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.), relacionada a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y anulación de unos actos administrativos promovida por la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.). CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el veintidós de mayo de dos mil veinticinco, alegando que ésta viola los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 94, 305, 321 y 323 de la Constitución de la República, ya que los Magistrados de la citada Corte de Apelaciones emitieron una sentencia no conforme a derecho pues no analizaron a fondo los antecedentes para emitir un fallo justo y apegado a derecho. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem estimó declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia definitiva dictada en fecha once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en virtud de que el título ejecutivo que sirve de base para la presentación de la demanda de ejecución forzosa arriba relacionada, establece únicamente la obligación a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de instruir a la Compañía de Seguros DAVIVIENDA, S.A. para que haga efectivo en cumplimiento a la póliza de seguros suscrita, el pago del valor de las 14,867 bolsas de fertilizantes de la sociedad mercantil “Productos Agroquímicos de Centroamérica, S.A. de C.V. (PROAGRO), por lo que no existe ninguna obligación de condena al pago de cantidad alguna por parte de la referida Comisión a la sociedad mercantil PROAGRO, siendo improcedente la solicitud de liquidación presentada en concepto de ejecución.CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, en el que la Sala aprecia que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO a favor de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticinco, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero de dos mil veintiséis. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a favor de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticinco, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de noviembre de dos mil veintidós; con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.), relacionada a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y anulación de unos actos administrativos promovida por la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.).CONSIDERANDO: Que el recurrente al solicitar la reposición aludida, alega que la resolución recurrida le violenta el derecho de defensa, ya no fue dictada conforme a derecho, pues la sentencia dictada en primera instancia de fecha 04 de noviembre de 2014, en su parte resolutiva claramente establece que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), debe instruir a la Compañía Aseguradora HSBC Seguros, S.A., hoy Compañía de Seguros Davivienda Honduras, S.A., para que haga efectivo en cumplimiento de la Póliza de Seguros suscrita el pago de las 14,867 bolsas de fertilizantes de la sociedad mercantil Productos Agroquímicos de Centroamérica, S. A. de C.V. (PROAGRO), y que asciende a la cantidad de L.7,796,020.88, más la indemnización de daños y perjuicios y los intereses que se causaron, no menos cierto es que el artículo 747 numeral 1 del Código Procesal Civil establece que será el Juez competente para conocer la ejecución forzosa de la sentencia de condena el que la hubiere dictado en primera instancia, cualquiera que fuere el Tribunal ante quien quedare firme. Asimismo, la solicitud de liquidación de la sentencia se solicitó ante el Juzgado que la dictó, pues se condena al pago de daños y perjuicios y los intereses que se causen, por lo que una vez hecha la liquidación en su totalidad, la CNBS tendría que comunicarle a la Compañía de Seguros Davivienda Honduras, S.A., hoy Seguros Bolívar de Honduras, S.A., que pague en atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y en caso de que la compañía de seguros no pague, se procedería con la ejecución de sentencias en contra de la Compañía Aseguradora y no contra la Comisión, por lo que se requiere la liquidación de la sentencia para que sirva para la ejecución de título judicial. CONSIDERANDO: Que en razón a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de reposición, se realizó un examen de la resolución dictada por este Tribunal en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, así como de los antecedentes, de los cuales se desprende que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dio cumplimiento a la sentencia dictada en primera instancia de fecha 04 de noviembre de 2014, al anular las resoluciones DAL No.1051/09-07-2012 y DPUF No.886/20-05-2013 emitidas por dicha Comisión e instruir a la Compañía Seguros Bolívar Honduras, S.A., para que haga efectivo el cumplimiento de la Póliza de Seguros suscrito con la Sociedad mercantil denominada Productos Agroquímicos de Centroamérica, S. A. de C.V. (PROAGRO) de la que se ha hecho mérito en los considerando que anteceden, lo cual obra a folios 920 al 927 de la primera pieza de autos. CONSIDERANDO: Que según lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Comisión, basada en normas y prácticas internacionales, ejercerá por medio de las superintendencias, la supervisión, vigilancia y control de las aseguradoras, entre otras, por lo que solicitar la liquidación de una sentencia a este ente del Estado que no fue condenado, es improcedente, pues este únicamente fue instruido para notificar lo resuelto en la ya referida sentencia. CONSIDERANDO: Que la Sala estima que los alegatos del impetrante no son de recibo, ya que la resolución que pide sea revocada se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha intentado.CONSIDERANDO: Que el tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere en derecho. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL en nombre de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 316 de la Constitución de la República; 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CESAR FELIPE REYES CARCAMO, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de las Resoluciones de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, y seis de enero de dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0970-2025.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL