Sentencia AA-944-24 — Registro 20432
Resumen
Otorgamiento de amparo en consulta únicamente respecto a prueba de Alcoholemia que se impugna, realizada al recurrente sin observar los procesos legales correspondientes; en relación a la resolución impugnada que denegó solicitud de Reconstrucción de Accidente de transito , que consta en la Denuncia Técnica en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, porque esta técnica y legalmente comprobado la responsabilidad de éste en dicho accidente como Participante.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como lo es el debido proceso y el principio de legalidad, en lo que respecta a la prueba denominada alcoholemia, definida en el artículo 4 de la Ley de Tránsito, como “Análisis químico de la sangre para determinar la presencia de alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona”, prueba que se autoriza practicar a la Policía Nacional, tal y como lo manda el artículo 1 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual; no obstante a ello los funcionarios de la Policía Preventiva o de Investigación deberán tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente de determinar el grado de alcohol en el organismo; examen que se verificará en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público o en su defecto en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados, supervisados en todo momento por los servicios de Medicina Forense del Ministerio Público, según lo determina el artículo 3 de la ley en comento, relacionado y en iguales términos en los artículos 116 y 117 de la Ley de Tránsito, prueba científica que no fue practicada al recurrente en amparo, como bien lo relaciona la Corte de Apelaciones que decide sobre el Amparo de mérito; constituyendo ello un acto que ha sido realizado en franca vulneración al debido proceso y principio de legalidad que instituye la Constitución de la República en sus artículos 90 y 321, aunado a ello obviando lo establecido en el artículos relacionados de las leyes ut supra, como bien lo indica la motivación de la sentencia que se revisa, vulnerando con ello el debido proceso de observancia obligatoria por toda autoridad judicial y administrativa al momento de emitir sus resoluciones.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Tránsito, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Tránsito, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como lo es el debido proceso y el principio de legalidad, en lo que respecta a la prueba denominada alcoholemia, definida en el artículo 4 de la Ley de Tránsito, como “Análisis químico de la sangre para determinar la presencia de alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona”, prueba que se autoriza practicar a la Policía Nacional, tal y como lo manda el artículo 1 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual; no obstante a ello los funcionarios de la Policía Preventiva o de Investigación deberán tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente de determinar el grado de alcohol en el organismo; examen que se verificará en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público o en su defecto en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados, supervisados en todo momento por los servicios de Medicina Forense del Ministerio Público, según lo determina el artículo 3 de la ley en comento, relacionado y en iguales términos en los artículos 116 y 117 de la Ley de Tránsito, prueba científica que no fue practicada al recurrente en amparo, como bien lo relaciona la Corte de Apelaciones que decide sobre el Amparo de mérito; constituyendo ello un acto que ha sido realizado en franca vulneración al debido proceso y principio de legalidad que instituye la Constitución de la República en sus artículos 90 y 321, aunado a ello obviando lo establecido en el artículos relacionados de las leyes ut supra, como bien lo indica la motivación de la sentencia que se revisa, vulnerando con ello el debido proceso de observancia obligatoria por toda autoridad judicial y administrativa al momento de emitir sus resoluciones.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Tránsito, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Tránsito, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como lo es el debido proceso y el principio de legalidad, en lo que respecta a la prueba denominada alcoholemia, definida en el artículo 4 de la Ley de Tránsito, como “Análisis químico de la sangre para determinar la presencia de alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona”, prueba que se autoriza practicar a la Policía Nacional, tal y como lo manda el artículo 1 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual; no obstante a ello los funcionarios de la Policía Preventiva o de Investigación deberán tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente de determinar el grado de alcohol en el organismo; examen que se verificará en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público o en su defecto en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados, supervisados en todo momento por los servicios de Medicina Forense del Ministerio Público, según lo determina el artículo 3 de la ley en comento, relacionado y en iguales términos en los artículos 116 y 117 de la Ley de Tránsito, prueba científica que no fue practicada al recurrente en amparo, como bien lo relaciona la Corte de Apelaciones que decide sobre el Amparo de mérito; constituyendo ello un acto que ha sido realizado en franca vulneración al debido proceso y principio de legalidad que instituye la Constitución de la República en sus artículos 90 y 321, aunado a ello obviando lo establecido en el artículos relacionados de las leyes ut supra, como bien lo indica la motivación de la sentencia que se revisa, vulnerando con ello el debido proceso de observancia obligatoria por toda autoridad judicial y administrativa al momento de emitir sus resoluciones.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Tránsito, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Tránsito, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la determinación de la responsabilidad del recurrente debido a su participación en el accidente de tránsito relacionado, los mismos deben ser cuestionados mediante un proceso judicial, en el que las partes puedan presentar todas las pruebas que consideren pertinentes con todas las garantías de ley, siendo improcedente determinar en este proceso la veracidad de los hechos cuestionados por el recurrente, por no ser esta la vía adecuada para tal fin, por lo cual se considera Denegar el amparo."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Tránsito, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Tránsito, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, art. 1 y 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la determinación de la responsabilidad del recurrente debido a su participación en el accidente de tránsito relacionado, los mismos deben ser cuestionados mediante un proceso judicial, en el que las partes puedan presentar todas las pruebas que consideren pertinentes con todas las garantías de ley, siendo improcedente determinar en este proceso la veracidad de los hechos cuestionados por el recurrente, por no ser esta la vía adecuada para tal fin, por lo cual se considera Denegar el amparo."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que resolvió: PRIMERO: OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Juan Ramón David Anariba, a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, únicamente respecto de la prueba de Alcoholemia que se impugna, realizada al recurrente sin observar los procesos legales correspondientes; y, SEGUNDO: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Juan Ramón David Anariba, a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, en relación a la responsabilidad que se le atribuye mediante Denuncia Técnica No. 0011-2024 objeto del presente recurso en referencia a los hechos y a la participación del recurrente en los mismos; Acción de Amparo promovida contra la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL VIALIDAD Y TRANSPORTE #2 DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en su dependencia de la Sección de Conciliación y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, a través del Clase Arquímedes Fajardo, quien celebró Audiencia de Conciliación en fecha 16 de enero del año 2024 y el Inspector Víctor Daniel Cerrato Cruz, Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quien dictó resolución denegando la solicitud de Reconstrucción de Accidente, presentada en fecha 30 de enero del año 2024 y comunicada según el recurrente de forma verbal en fechas 9 y 12 de febrero por la Agente “D. ACOSTA”; en relación al Accidente de Tránsito, que consta en la Denuncia Técnica No. 0011-2024 en la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte, Jefatura Regional Noroccidental de Vialidad y Transporte #2, de San Pedro Sula, con la participación en el referido accidente de los señores MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, EBER MAURICIO ALVARENGA LÓPEZ y DENNIS ROBERTO PADILLA OLIVA.- Estima el recurrente que el acto reclamado es violatorio de los derechos a la igualdad, petición, tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha treinta de enero del año dos mil veinticuatro, compareció ante el Departamento de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, en su condición de apoderado legal del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, solicitando “RECONSTRUCCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO”. (Folios del 10-22 de la pieza de antecedentes de Amparo). 2) En fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Jefatura Regional Noroccidental Vialidad y Transporte #2, de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Resolución mediante el cual resolvió: “Considerando: En consecuencia, de lo anterior se considera que Técnicamente y Legalmente está bien adjudicada la responsabilidad al señor. Melvin Orlando Alejandro Amaya. En virtud de lo antes expuesto desestimar la solicitud de Reconstrucción del Accidente de Tránsito consignado en la Denuncia Técnica No.0011-2024. San Pedro Sula, Cortes porque esta técnica y legalmente comprobado la responsabilidad en el accidente la Participante # 1…” (Folios 85-86 de la pieza de antecedentes de Amparo). 3) En fecha catorce de febrero del año dos mil veinticuatro, el abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Demanda de Amparo a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, contra: a) La Audiencia de Conciliación en las oficinas de la Direccion General de Tránsito y Seguridad Vial, celebrada en fecha 16 de enero de 2024; y, b) La resolución de fecha 9 de febrero de 2024, comunicada de manera verbal, emitida por el señor Inspector Víctor Daniel Cerrato Cruz, Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), en el expediente de Informe Técnico No. 0011-2024, en relación al Accidente de Tránsito suscitado en fecha 23 de diciembre del año 2023, en la ciudad de San Pedro Sula, Colonia Satélite, Calzada Oeste Bulevar del Este, 6 calle, con la participación en el referido accidente de los señores MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, EBER MAURICIO ALVARENGA LÓPEZ y DENNIS ROBERTO PADILLA OLIVA. Estima el recurrente que el acto reclamado es violatorio de los derechos a la igualdad, petición, tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 2-9 de la pieza de antecedentes de Amparo). 4) Que mediante auto de fecha quince de febrero del año dos mil veinticuatro, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “1.- Declararse INCOMPETENTE para conocer de la presente acción de Amparo que ha sido promovida por el abogado Juan Ramon David Anariba actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano Melvin Orlando Alejandro Amaya contra la Oficina Regional Nor Occidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. 2.- Ordénese la REMISIÓN del presente expediente a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán y jurisdicción a nivel nacional quien es competente para conocer y resolver la presente Acción Constitucional de Amparo; remisión que deberá hacerse dentro del trámite de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la presente resolución judicial. 3.- Que el Secretario del despacho en su condición de Director de los Actos de Comunicación, proceda a Notificar este auto en la forma prescrita en la legislación procesal civil vigente y dentro del plazo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional…” (Folios 35-36fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil veinticuatro, se recibió en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, las diligencias que contienen la Demanda de Amparo a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, sin Suspensión del Acto Reclamado. (Folio 44 de la pieza de antecedentes de Amparo). 6) El Ministerio Público en fecha cinco de junio del año dos mil veinticuatro, emitió Opinión sobre el asunto de mérito, en el cual concluye porque NO SE OTORGUE el Amparo solicitado. (Folios del 93-99 de la pieza de antecedentes de Amparo). 7) Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia por unanimidad de votos, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), mediante la cual resolvió: “PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, ÚNICAMENTE RESPETO DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA QUE SE IMPUGNA, REALZIADA AL RECURRENTE SIN OBSERVAR LOS PROCESOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SEGUNDO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD QUE SE LE ATRIBUYE MEDIANTE DENUNCIA TECNICA No.0011-2024 OBJETO DEL PRESENTE RECURSO en referencia a los hechos y a la participación del recurrente en los mismos. Y MANDA: Que, efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíe los autos en trámite de consulta obligatoria de la presente resolución a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE…” (Folios del 102-106 de la pieza de antecedentes de Amparo). 8) Que en fecha seis de agosto del año dos mil veinticuatro, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil veinticuatro. Acción constitucional interpuesta por el Abogado JUAN RAMÓN DAVID ANARIBA, a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, contra actuaciones de la Jefatura Regional Noroccidental de Vialidad y Transporte, consistentes en: a) La Audiencia de Conciliación en las oficinas de la Direccion General de Tránsito y Seguridad Vial, celebrada en fecha 16 de enero de 2024; y, b) La resolución de fecha 9 de febrero de 2024, comunicada de manera verbal, emitida por el señor Inspector Víctor Daniel Cerrato Cruz, Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), en el expediente de Informe Técnico No. 0011-2024, en relación al Accidente de Tránsito suscitado en fecha 23 de diciembre del año 2023, en la ciudad de San Pedro Sula, Colonia Satélite, Calzada Oeste Bulevar del Este, 6 calle, con la participación en el referido accidente de los señores MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, EBER MAURICIO ALVARENGA LÓPEZ y DENNIS ROBERTO PADILLA OLIVA. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente en la acción de amparo promovida, estima, que el acto contra el cual se reclama, de fechas dieciséis (16) de enero y nueve (9) de febrero del año dos mil veinticuatro, emitidos por la JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, vulnera los derechos a la igualdad, petición, tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal b) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en amparo: a) La Audiencia de Conciliación en las oficinas de la Direccion General de Tránsito y Seguridad Vial, celebrada en fecha 16 de enero de 2024; y, b) La resolución de fecha 9 de febrero de 2024, comunicada de manera verbal, emitida por el señor Inspector Víctor Daniel Cerrato Cruz, Jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT); la primera que declara responsable del Accidente de Tránsito suscitado en fecha 23 de diciembre del año 2023, en la ciudad de San Pedro Sula, Colonia Satélite, Calzada Oeste Bulevar del Este, 6 calle, al Participante 1, señor Melvin Orlando y la segunda la Resolución de fecha 16 de febrero del año 2024 (Folios 84, 85 y 86fv de los antecedentes) que resuelve desestimar la solicitud de Reconstrucción del Accidente de Transito consignado en la Denuncia Técnica No. 0011-2024 en atención al Fundamento técnico y Fundamento legal siguiente: “Fundamento técnico. Se determina la responsabilidad del participante (1) en base al lugar de impacto diseño de la vía, maniobra realizada desplazamiento de daños declaración verbal y manuscrito de ambos participantes. Fundamento legal Se fundamenta la responsabilidad del Participante 1 en base a: a) Ley de Tránsito (Decreto 205-2005): Artículo 60#2 73-14-103-104-106… Esta Jefatura Metropolitana N°2 de Vialidad y Transporte, a través de la Sección de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito se pronuncia al respecto de la siguiente manera: Considerando: Que el señor Melvin Orlando Alejandro Amaya. En su solicitud de Reconstrucción no presenta ningún elemento técnico y de juicio capaz de desestimar lo consignado en la denuncia No. 0011-2024, San Pedro Sula. Donde se determina la responsabilidad del señor antes mencionado. Considerando: Que indudablemente la Causa Basal del Accidente de Tránsito es MANIOBRA DE ADELANTAMIENTO POR LA DERECHA. Participante (1) conduce el móvil con sus condiciones motoras reactivas y perspectivas reducidas producto de la ingesta de bebidas alcohólicas con un grado de 66.2mg/100ml, con falta de atención a las condiciones de seguridad y entorno vial, realiza maniobra temeraria e antirreglamentaria de adelantamiento por la derecha sobre la Berma careciendo de toda preferencia para realizar dicha acción ante la presencia del móvil (2) que llegaba al área en conflicto en maniobra de viraje a la derecha con el propósito de incorporarse al flujo vehicular de la 6 calle de la colonia satélite colisionando el móvil (1) con el tercio frontal izquierdo en el tercio posterior lateral derecho del móvil (2) Impacto (A) a raíz del impacto móvil (2) fue desplazado sobre sus ejes posteriores a su costado izquierdo dando 2/4 de vuelta desplazándose en forma de arrastre hasta llegar a colisionar con el tercio inferior medio lateral izquierdo en el tercio frontal izquierdo del móvil (3) que permanecía momentáneamente detenido por enfrentar luz de color rojo del semáforo óptico regulador del tránsito vehicular en los lugares de impacto A y B acotado y señalado en el plano adjunto…” (Folios 85-86 de la pieza de antecedentes de Amparo). CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto por el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, los desarrolla indicando y concluyendo que, en el presente caso, el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa, se conculca así: 1) Al impedir la autoridad competente el acceso al expediente en proceso, a tener acceso a las pruebas, a verificar videos, dictámenes, declaraciones, cualquier otro medio de prueba utilizado por la autoridad para responsabilizar a su parte, acciones realizadas en la audiencia celebrada en fecha 16 de enero del año 2024; 2. Al negársele el recurso promovido, reconstrucción del accidente e impedir con este acto la revisión de la prueba, realizar las adecuadas interpretaciones de la ley y dar las motivaciones técnicas y jurídicas que se solicitan para poder dar responsabilidad a la parte; 3. Impedir el acceso al expedienté y la revisión de la resolución que deniega la solicitud de reconstrucción, impidiendo el acceso a la revisión de fundamentos y motivación que justifiquen tal denegatoria e imposibilitando la interposición de recurso de ley, violentando los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 4. Procurar con sus acciones el error, a fin de que transcurran los plazos de ley y emitir certificación que deduzcan la finalización y firmezas del proceso, sin notificar a la parte solicitante de la resolución de denegatoria de solicitud de reconstrucción, invitando con esta maniobra que el perjudicado pueda recurrir conforme Ley, con la intención de cercenar el derecho a la garantía constitucional de la defensa; y, 5. Al impedir el ejercicio y evacuación de proceso como tal, en clara sospecha de que se actúa en defensa de situaciones o intereses externos y que para realizar esta protección, violentan el interés del cuidado común, quien merece ampliación de la justicia y ley de manera clara, transparente, imparcial y objetiva. CONSIDERANDO 7: Que el Ministerio Público a través de la Fiscal adscrita a la Fiscalía de Impugnaciones, Abogada Tania Leticia Cano Vega, emitió Dictamen en fecha cinco de junio del año dos mil veinticuatro, en el que concluye que NO SE OTORGUE el amparo solicitado; argumenta la Fiscal del Ministerio Púbico inter alia lo siguiente: “Dentro de las acciones realizadas por el amparista, se encuentra la impugnación realizada ante la autoridad competente reflejada en una solicitud de reconstrucción de hechos a la cual se le ha dado el trámite correspondiente entiempo y forma, obteniendo una respuesta sobre la misma a través de la Resolución 0011-24 la cual fue declarada sin lugar, cumpliéndose así lo que establece el artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transito que dice. El conductor que considere que la sanción es arbitraria, podrá recurrir a manifestar por escrito su inconformidad…….. tal como lo realizo el recurrente, sin que la negativa de la autoridad policial, se interprete como violación al derecho de defensa del denunciado. No obstante al haber impugnado la resolución deviene el amparista en la obligación de presentar sus medios de prueba y elementos técnicos y someterlos al contradictorio con los video e información recopilada por los técnicos de tránsito por la realización de la diligencia de Reconstrucción de hechos, pero el recurrente no lo hizo, razón por la cual somos de la opino que no se le han violentado garantías constitucionales. Que si bien es cierto la ley de penalización de la embriaguez habitual establece el procedimiento a considerar para la práctica de la prueba de alcoholemia, señalando entre otros que la escala internacional prohibida estimada, por los organismos de salud, será igual o superior a 0.07 mg de alcohol por 1000, siendo esta escala la adoptada por nuestra legislación y con la que se determina la afectación e incapacidad para la conducción por el participante que visiblemente se mostraba en estado de ebriedad, de allí que no es aplicable al caso concreto un artículo de Internet como lo refiere el amparista, sino la ley de embriaguez habitual, la ley de tránsito y en su caso del código penal, en consecuencia no se ha violentado al recurrente las garantías constitucionales invocadas por este…” CONSIDERANDO 8: Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veinte de junio del año dos mil veinticuatro, dictó sentencia, en relación a la acción constitucional de Amparo ilustrada en este libelo; la Alzada fundamenta su fallo emitido, señalando que se advierte que la resolución conocida en amparo, promovida por el señor Melvin Orlando Alejandro Amaya, no fue dictada respetando totalmente el procedimiento que establece la Ley de Transito (emitida mediante decreto 205.2005), en lo que respecta al capitulo que se refiere a LAS INFRACCIONES, conclusión a la cual arriban en virtud que si bien es cierto, a los hechos acontecidos y denunciados por el quejoso, se le aplicó correctamente el procedimiento que establece el artículo 19 de la Ley de Tránsito, siguiendo puntualmente las etapas que establece dicho precepto legal, se procedió a dictar la resolución correspondiente, no obstante al examinar la normativa legal aplicable al caso, se advierte que aunado a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Tránsito, a las infracciones que se realicen por conducir en estado de embriaguez, de manera obligatoria de debe aplicar el procedimiento establecido en los artículos 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual; por lo que se debió realizar análisis químico de la sangre para determinar la presencia de alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona; dicha prueba científica debió realizarse como lo dispone la ley, en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público o en su defecto en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o en Centros Privados supervisados por Medicina Forense; prueba científica que no le fue realizada al señor Melvin Orlando Alejandro Amaya, por ello es procedente OTORGAR EL AMPARO respecto a la resolución impugnada número 0011-2024 emitida por la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte ubicada en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en virtud que se ha infringido la garantía del debido proceso, en cuanto al Derecho a la Defensa y el Principio de Legalidad, únicamente respecto a valorar la Prueba de Campo denominada “Alcoholemia”, por no reunir los requisitos de ley; en relación a la determinación de la responsabilidad del recurrente debido a su participación en el accidente de tránsito relacionado, los mismos deben ser cuestionados mediante un proceso judicial, en el que las partes puedan presentar todas las pruebas que consideren pertinentes con todas las garantías de ley, siendo improcedente determinar en este proceso la veracidad de los hechos cuestionados por el recurrente, por no ser esta la vía adecuada para tal fin, por lo cual se considera DENEGAR EL AMPARO respecto a la Resolución impugnada número 0011-2024 emitida por la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte ubicada en la ciudad de San Pedro Sula. CONSIDERANDO 9: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente o entidad administrativa, con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO 10: Que del estudio de los autos se observa que la demanda interpuesta fue en contra de la Jefatura Regional Noroccidental de Vialidad y Transporte, por actos realizados en la Audiencia de Conciliación celebrada en fecha 16 de enero del año 2024 y la Resolución dictada en fecha 16 de febrero del año 2024, por el Jefe del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito, Inspector de Policía Víctor Daniel Cerrato Cruz, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que resuelve desestimar la solicitud de Reconstrucción del Accidente de Tránsito consignado en la Denuncia técnica No. 0011-2024, porque esta técnica y legalmente comprobado la responsabilidad en el accidente del Participante #1, el señor Melvin Orlando Alejandro Amaya; procedimiento que fue realizado conforme lo establece el articulo 19 de la Ley de Tránsito, que hace referencia a la sección de infracciones. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en la sentencia emitida en fecha veinte de junio del año dos mil veinticuatro, venida en trámite de Consulta Obligatoria, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como lo es el debido proceso y el principio de legalidad, en lo que respecta a la prueba denominada alcoholemia, definida en el artículo 4 de la Ley de Tránsito, como “Análisis químico de la sangre para determinar la presencia de alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona”, prueba que se autoriza practicar a la Policía Nacional, tal y como lo manda el artículo 1 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual; no obstante a ello los funcionarios de la Policía Preventiva o de Investigación deberán tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente de determinar el grado de alcohol en el organismo; examen que se verificará en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público o en su defecto en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados, supervisados en todo momento por los servicios de Medicina Forense del Ministerio Público, según lo determina el artículo 3 de la ley en comento, relacionado y en iguales términos en los artículos 116 y 117 de la Ley de Tránsito, prueba científica que no fue practicada al recurrente en amparo, como bien lo relaciona la Corte de Apelaciones que decide sobre el Amparo de mérito; constituyendo ello un acto que ha sido realizado en franca vulneración al debido proceso y principio de legalidad que instituye la Constitución de la República en sus artículos 90 y 321, aunado a ello obviando lo establecido en el artículos relacionados de las leyes ut supra, como bien lo indica la motivación de la sentencia que se revisa, vulnerando con ello el debido proceso de observancia obligatoria por toda autoridad judicial y administrativa al momento de emitir sus resoluciones.- En relación a la responsabilidad en el Accidente de Tránsito, cuestionada por el recurrente y derivada de la Denuncia Técnica No. 0011-2024, la Ley de Tránsito establece el procedimiento administrativo a desarrollarse ante el Departamento de Infracciones y Conciliación, contenida en el Capítulo III, artículos 114 y sub siguientes, teniendo el garantista los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo y ante el fracaso de la conciliación y agotado el procedimiento administrativo, tiene el peticionario de Amparo la posibilidad de acudir a las demás instancias de Ley. CONSIDERANDO 12: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a dar respuesta a los argumentos planteados por el recurrente en amparo, ante su desacuerdo por la actuaciones emitidas por la JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, motivación de la Alzada que se encuentra conforme a la Ley de Tránsito y la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual, aplicable al caso en concreto, en respeto irrestricto al debido proceso, implícito el principio de legalidad; en relación al debido proceso, este se ve afectado cuando los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas se apartan o no observan las formas procesales exigidas en la ley, aplicable al caso concreto. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en trámite consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veinte de junio del año dos mil veinticuatro, que falla: PRIMERO: OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Juan Ramón David Anariba, a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, únicamente respecto de la prueba de Alcoholemia que se impugna, realizada al recurrente sin observar los procesos legales correspondientes; y, SEGUNDO: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Juan Ramón David Anariba, a favor del señor MELVIN ORLANDO ALEJANDRO AMAYA, en relación a la responsabilidad que se le atribuye mediante Denuncia Técnica No. 0011-2024 objeto del presente recurso en referencia a los hechos y a la participación del recurrente en los mismos. POR TANTO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 18, 19, 20, 114, 116, 117 y 119 de la Ley de Tránsito; 1 y 3 de la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil veinticuatro (2024). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE.LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este tribunal con el número SCO-0944-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL