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Sentencia AA-888-23 — Registro 19582

Resumen

Resolución declaró inadmisible la impugnación contra el aviso de cobro No. 6420-508554 como acto reclamado por considerar que el recurso de reposición se interpone contra las Resoluciones, pero dicho acto no tiene tal categoría y no es susceptible de recursos, dicho aviso constituye la notificación de deudas de plazo vencido para que sean pagadas en el término legal, se ordenó archivar las diligencias.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional al examinar los antecedentes observa que en la resolución objeto del presente amparo, la autoridad recurrida argumenta que el Recurso de Reposición se interpone en contra de las Resoluciones y que el acto que se impugno no corresponde a dicha categoría, y por lo tanto no es susceptible de interposición de recursos, ordenando el archivo de las diligencias bajo la premisa “Contra dicha providencia no cabe recurso alguno”, es evidente que este acto de la Administración Pública, limitó el derecho que tenía el agraviado de recurrir el acto que consideró le causaba directamente un perjuicio, al respecto el artículo 8 de la Ley de la Administración Pública, reza:..."..."queda evidenciado en autos lo alegado por el recurrente, en virtud que la autoridad recurrida realizó el cobro de una cantidad líquida contenida en la resolución que no estaba firme, por lo tanto no era exigible ya que la misma fue objeto de un Recurso de Apelación que al momento del requerimiento se encontraba pendiente de resolución, asimismo, al ordenar el archivo de las diligencias, y al negarle la autoridad el derecho a recurrir la providencia supra mencionada, actúo al margen de la ley lo que lo convierte en un acto arbitrario, que no le permitió a la agraviada defenderse adecuadamente, en clara inobservancia del artículo 169 del Código Tributario (Decreto 170-2016), el cual reza: “… "Los obligados tributarios, los intervinientes en un proceso, así como los terceros a los que un acto o resolución le cause directamente un perjuicio, tienen derecho a recurrirla en los términos establecidos en este Código…”, violentando el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución de la República, por lo que es procedente amparar a la agraviada, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución, que atenta contra sus derechos antes mencionados, puesto que se le ha limitado el ejercicio y goce de los mismos.- CONSIDERANDO (7): Que, por todas las razones antes expuestas y observando el dictamen de la Fiscal, el cual fue relacionado en el numeral siete de los antecedentes de este libelo, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el Amparista, es violatorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90, de la Constitución de la República, por lo que procede OTORGAR la presente Acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL, a favor de la sociedad mercantil FARMACIA DEL AHORRO PROGRESO S.A., contra la providencia emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual resuelve la impugnación interpuesta en contra del Aviso de Cobro No. 6420-508554 de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, donde resolvió declarar improcedente el escrito de impugnación, considerando el recurrente que con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representada los derechos de defensa y debido proceso.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023), compareció ante está Sala, el recurrente interponiendo Acción de Amparo contra la resolución anteriormente relacionada, argumentando que la misma violenta derechos constitucionales, debido a que la autoridad recurrida ha pretendido cobrar cantidades de dinero que todavía no son exigibles, puesto que se derivan de una resolución que no está firme y que esta siendo impugnada ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN). (Folios 1 al 7 del recurso de mérito).- 2) Esta Sala, en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintitrés (2023), tuvo por admitido el recurso de mérito, sin suspensión del acto reclamado, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folios 60 y 61 del recurso de mérito).- 3) En fecha uno (1) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, del cual se desprende la resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, objeto del presente recurso, mediante la cual se dispuso: “Habiéndose revisado los documentos presentados en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número 16289, concernientes a Impugnar el Aviso No. 6420-508554, realizado a su representada, la sociedad mercantil FARMACIA DEL AHORRO/PROGRESO S A con RTN número 08019006014621, en fecha diez (10) de marzo del 2023; Declárese inadmisible por improcedente la Impugnación interpuesta por el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES, en vista que según lo establecido en el artículo 172 del Código Tributario contenido en el Decreto No. 170-2016, el Recurso de Reposición se interpone en contra de las Resoluciones y siendo que el acto que se pretende impugnar no corresponde a dicha categoría, no es susceptible de interposición de recursos, asimismo un Aviso de Cobro constituye la notificación de deudas de plazo vencido para que sean pagadas en el término legal que corresponde con la obligación material y formal, según sea el caso; en consecuencia, remítanse las presentes diligencias contenidas en el Expediente No. 322-23-10901-7175 a la COORDINACIÓN DE ARCHIVO sin más trámite. Contra dicha providencia no cabe recurso alguno. Consta de un (1) tomo con treinta y cinco (35) folios. Artículos 2 numeral 14), 12, 168 numeral 2), 169 numeral 5) y 172 del Código Tributario; 116 y 121 de la Ley General de la Administración Pública. NOTIFIQUESE…". (Folio 109 del recurso de mérito). - 4) En fecha nueve (9) de enero de dos mil veinticuatro (2024), remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 113 del recurso de mérito).- 5) En fecha catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, presentado por el Abogado HENRY JOSUÉ OCHOA HERNÁNDEZ, en su condición antes indicada, ordenándose la apertura del periodo probatorio por ocho días hábiles, comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 122 del recurso de mérito). - 6) En fecha diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por propuestos y evacuados los medios de prueba, cerrando el periodo probatorio y ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 128 frente y vuelto del recurso de mérito).- 7) En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), esta Sala, tuvo por evacuada la vista y por emitido el dictamen de la Fiscal, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, desprendiéndose de su ANÁLISIS JURÍDICO lo siguiente: “…Del examen de la resolución impetrada esta Representación Fiscal aprecia de la foliada, que el Amparista recurre actuaciones de del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), y argumenta que con la providencia de fecha 16 de marzo de 2023, además de declarar Inadmisible el escrito de Impugnación contra el aviso de cobro número 6420-508554, ha señalado que contra la misma no cabe recurso alguno y manda archivar el expediente de mérito, dejando a su representada, la sociedad FARMACIA EL AHORRO PROGRESO S.A. en un estado de indefensión. Que si bien es cierto, el aviso de cobro número 6420-508554, contiene la determinación de un crédito fiscal, pues tal carácter le es otorgado por la propia normatividad correspondiente, lo que evidentemente lesiona la esfera jurídica del destinatario del acto, al atribuírsele el carácter de deudor de un monto cuyo pago se pretende parte de la autoridad (pago de una multa, no estableciendo claramente la causal de la misma, ya que en una parte de la resolución expresa que la misma es por no haber notificado ante esa institución el llevar la contabilidad por medios electrónicos, y en otra parte que la multa es por no haber presentado los libros contables), resulta claro que el adeudo establecido en el aviso de cobro impugnado posee el carácter de crédito fiscal, por lo que impedir al censor, a que ejerza su derecho de defensa cuando la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de Derechos, es una vulneración a los Derechos fundamentales, que toda persona tiene durante un procedimiento administrativo, el derecho de defenderse adecuadamente de cualquier alegato o prueba que se establezca contra sí mismo o la que persona que representa. Por lo que del análisis de lo establecido en el artículo 164 del Código Tributario (decreto 170-2016) que establece que previo a la emisión dicho aviso de cobro se deben cumplir primero ciertos supuestos y por lo cual indica que: "la sanción de suspensión del Registro Tributario Nacional (RTN) debe aplicarse cuando un obligado tributario no se encuentre solvente en el cumplimiento de obligaciones materiales, ya se producto de una autoliquidación o liquidación de oficio, siempre y cuando e hayan agotado todos los recursos en vía administrativa y la obligación haya adquirido el carácter de firme, liquida y exigible", el Ministerio Público, estima que en el caso de autos las actuaciones de las instituciones señaladas vulneran las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista…”. (Folios 131-134 del recurso de mérito).- CONSIDERANDO (1): Que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la acción de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3.2, 5, 7, 8 y 9.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que, la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinaria, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que, se conoce en esta vía constitucional la providencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Sistema de Recaudación de Rentas (SAR), mediante la cual se declaró inadmisible por improcedente la impugnación interpuesta por el Abogado GARY GEOVANNY ÁVILA MORALES, contra el aviso de cobro enviado a su representada, arguyendo el recurrente que la providencia antes relacionada violenta el derecho de defensa y el debido proceso en perjuicio de su representada, en virtud que la autoridad recurrida realizó gestiones de cobro incluyendo cantidades y valores de periodos fiscales que fueron impugnados vía Recurso de Reposición ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y posteriormente fueron impugnados a través de un Recurso de Apelación ante la Secretaria de Finanzas (SEFIN), del cual hasta la fecha de interposición del presente recurso no tenía resolución, por lo tanto las cantidades de dinero no eran exigibles. CONSIDERANDO (4): Que, esta Sala de lo Constitucional al examinar los antecedentes observa que en la resolución objeto del presente amparo, la autoridad recurrida argumenta que el Recurso de Reposición se interpone en contra de las Resoluciones y que el acto que se impugno no corresponde a dicha categoría, y por lo tanto no es susceptible de interposición de recursos, ordenando el archivo de las diligencias bajo la premisa “Contra dicha providencia no cabe recurso alguno”, es evidente que este acto de la Administración Pública, limitó el derecho que tenía el agraviado de recurrir el acto que consideró le causaba directamente un perjuicio, al respecto el artículo 8 de la Ley de la Administración Pública, reza: “Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: 1…, 2…, 3. Reconocer, declarar, o limitar derechos de los particulares, sino tienen atribuidas por Ley tales potestades; y 4. Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República”. CONSIDERANDO (5): Que, es objeto de la Administración Pública el fortalecimiento del Estado de Derecho, procurando el equilibrio entre su actuación y los derechos e intereses legítimos de los particulares, en ese sentido las resoluciones y providencias emanadas de la autoridad administrativa deben estar en armonía con la ley. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resume el derecho de defensa como una garantía procesal que se encuentra íntimamente ligada con el debido proceso, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte, se denota indudablemente un nexo entre el debido proceso y el respeto del derecho de defensa, en cualquier tipo de procedimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”. - CONSIDERANDO (6): Que, queda evidenciado en autos lo alegado por el recurrente, en virtud que la autoridad recurrida realizó el cobro de una cantidad líquida contenida en la resolución que no estaba firme, por lo tanto no era exigible ya que la misma fue objeto de un Recurso de Apelación que al momento del requerimiento se encontraba pendiente de resolución, asimismo, al ordenar el archivo de las diligencias, y al negarle la autoridad el derecho a recurrir la providencia supra mencionada, actúo al margen de la ley lo que lo convierte en un acto arbitrario, que no le permitió a la agraviada defenderse adecuadamente, en clara inobservancia del artículo 169 del Código Tributario (Decreto 170-2016), el cual reza: “… Los obligados tributarios, los intervinientes en un proceso, así como los terceros a los que un acto o resolución le cause directamente un perjuicio, tienen derecho a recurrirla en los términos establecidos en este Código…”, violentando el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución de la República, por lo que es procedente amparar a la agraviada, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución, que atenta contra sus derechos antes mencionados, puesto que se le ha limitado el ejercicio y goce de los mismos.- CONSIDERANDO (7): Que, por todas las razones antes expuestas y observando el dictamen de la Fiscal, el cual fue relacionado en el numeral siete de los antecedentes de este libelo, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el Amparista, es violatorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90, de la Constitución de la República, por lo que procede OTORGAR la presente Acción de Amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos: 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8, 24, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1, 2, 5, 8, 116, y 121 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2.14, 8 y 169 del Código Tributario (Decreto 170-2016), entre otras normas. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta contra las actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR); SEGUNDO: La providencia de fecha 16 de marzo de 2023, no obliga al agraviado ni le es aplicable por contravenir y disminuir derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y; TERCERO: La autoridad recurrida deberá darle el debido cumplimiento a la presente sentencia, suspendiendo la ejecución del acto administrativo impugnado, entre tanto la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN), dicte la resolución y con ello poder determinar la cantidad firme y exigible, susceptible de cobro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Administrativo registrado en este tribunal con el número SCO-0888-2023. _____________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL