Sentencia AA-794-21 — Registro 20062
Resumen
En virtud de haberse decretado la medida cautelar de Aseguramiento en la causa instruida por Lavado de Activos .La Sala Constitucional es del criterio que el acto de omisión impugnado en esta vía constitucional y que consiste en no dar respuesta por parte del director de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) a la solicitud de reunión realizada por la Federación Indígena Nahuas, no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por recurrente como lo es el derecho al territorio y consulta, derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, En consecuencia, no se vulneran los derechos y garantías que invoca la recurrente, toda vez que no se ha instado ningún procedimiento administrativo o judicial, a efecto de ser oída y proteger el derecho a la tutela judicial, derecho de petición y debido proceso y demás derechos invocados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que, advierte esta Sala que si bien el Estado es el garante del goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, sin obstáculos ni discriminación, tal como lo señala el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el mismo Convenio le da facultad a estos pueblos indígenas, poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Advierte esta Sala, que la solicitud realizada en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, no insta ningún procedimiento, el objetivo de la misma es solicitar una reunión para dialogar sobre bienes (tierras) incautados en el municipio de Catacamas específicamente en el sitio de San Cáliz. Si bien es cierto en la solicitud referida se hace mención a “que las tierras incautadas al señor Moisés Amador les pertenecen y que mediante procedimientos tendrán que ser retornadas a sus respectivos dueños”, revisado el antecedente no se observa una solicitud formal que de inicio a un procedimiento legal específico dentro de las facultades otorgadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que como ya lo señala la ley, esta oficina tiene facultades específicas consistentes en la guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. Por ello considera esta Sala de lo Constitucional, que los solicitantes de la presente garantía de Amparo, deben iniciar los procedimientos legales que consideren procedentes, ante las autoridades competentes, a efecto de que sus derechos sean tutelados, pues la simple solicitud de señalar una reunión para dialogar, sobre temas de interés para la comunidad indígena Nahuas, no basta, sino se utilizan los mecanismos legales a efecto de que el Estado por medio de la autoridad competente pueda tutelar derechos de la Comunidad Indígena Nahuas. Por lo anterior considera esta Sala que la petición del amparista, se aleja de la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que el acto de omisión impugnado en esta vía constitucional y que consiste en no dar respuesta por parte del director de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) a la solicitud de reunión realizada por la Federación Indígena Nahuas, no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el derecho al territorio y consulta, derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, derecho a la protección judicial, debido proceso y petición, el virtud, que como ya se dijo líneas arriba no se ha instado un procedimiento legal administrativo ante la Oficina Administradora de Bienes Incautados, al que según, sus atribuciones legales deba dar respuesta a la pretensión de las partes, pues en relación a la solicitud de reunión, esta oficina (OABI) en el informe remitido a esta Sala, ha manifestado que esa administración no se ha negado a reunirse con la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras, teniendo total anuencia a recibirlos y a dialogar de los temas que deseen en el marco de las competencias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, tampoco se ha instado procedimiento judicial ante los órganos competentes, en consecuencia la Federación Indígena Nahuas de Honduras, debe promover las acciones legales que considere procedente, para que el Estado por medio de la autoridad competente, pueda tutelar derechos y brindar protección judicial. En consecuencia, no se vulneran los derechos y garantías que invoca la recurrente, toda vez que no se ha instado ningún procedimiento administrativo o judicial, a efecto de ser oída y proteger el derecho a la tutela judicial, derecho de petición y debido proceso y demás derechos invocados por la recurrente, por lo que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...": Que, advierte esta Sala que si bien el Estado es el garante del goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, sin obstáculos ni discriminación, tal como lo señala el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el mismo Convenio le da facultad a estos pueblos indígenas, poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Advierte esta Sala, que la solicitud realizada en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, no insta ningún procedimiento, el objetivo de la misma es solicitar una reunión para dialogar sobre bienes (tierras) incautados en el municipio de Catacamas específicamente en el sitio de San Cáliz. Si bien es cierto en la solicitud referida se hace mención a “que las tierras incautadas al señor Moisés Amador les pertenecen y que mediante procedimientos tendrán que ser retornadas a sus respectivos dueños”, revisado el antecedente no se observa una solicitud formal que de inicio a un procedimiento legal específico dentro de las facultades otorgadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que como ya lo señala la ley, esta oficina tiene facultades específicas consistentes en la guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. Por ello considera esta Sala de lo Constitucional, que los solicitantes de la presente garantía de Amparo, deben iniciar los procedimientos legales que consideren procedentes, ante las autoridades competentes, a efecto de que sus derechos sean tutelados, pues la simple solicitud de señalar una reunión para dialogar, sobre temas de interés para la comunidad indígena Nahuas, no basta, sino se utilizan los mecanismos legales a efecto de que el Estado por medio de la autoridad competente pueda tutelar derechos de la Comunidad Indígena Nahuas. Por lo anterior considera esta Sala que la petición del amparista, se aleja de la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que el acto de omisión impugnado en esta vía constitucional y que consiste en no dar respuesta por parte del director de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) a la solicitud de reunión realizada por la Federación Indígena Nahuas, no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el derecho al territorio y consulta, derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, derecho a la protección judicial, debido proceso y petición, el virtud, que como ya se dijo líneas arriba no se ha instado un procedimiento legal administrativo ante la Oficina Administradora de Bienes Incautados, al que según, sus atribuciones legales deba dar respuesta a la pretensión de las partes, pues en relación a la solicitud de reunión, esta oficina (OABI) en el informe remitido a esta Sala, ha manifestado que esa administración no se ha negado a reunirse con la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras, teniendo total anuencia a recibirlos y a dialogar de los temas que deseen en el marco de las competencias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, tampoco se ha instado procedimiento judicial ante los órganos competentes, en consecuencia la Federación Indígena Nahuas de Honduras, debe promover las acciones legales que considere procedente, para que el Estado por medio de la autoridad competente, pueda tutelar derechos y brindar protección judicial. En consecuencia, no se vulneran los derechos y garantías que invoca la recurrente, toda vez que no se ha instado ningún procedimiento administrativo o judicial, a efecto de ser oída y proteger el derecho a la tutela judicial, derecho de petición y debido proceso y demás derechos invocados por la recurrente, por lo que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticinco.- VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yossely Gabriela Girón Salgado, a favor de la señora Zaida María Sánchez Mejía, en su condición de Defensora de Derechos Humanos del Pueblo Nahua, contra actuaciones por omisión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionadas a la falta de respuesta a la solicitud registrada bajo el numero usuarios 857-20219 formulada en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por la Junta Directiva de la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 63, 80, 90 y 103 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S- 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Yossely Gabriela Girón Salgado, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Zaida María Sánchez Mejía, en su condición de Defensora de Derechos Humanos del Pueblo Nahua, contra actuaciones por omisión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionadas a la falta de respuesta a la solicitud registrada bajo el numero usuarios 857-20219 formulada en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por la Junta Directiva de la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH), tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-24 de la pieza de amparo).- 2) Que en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Yossely Gabriela Girón Salgado, a favor de la señora Zaida María Sánchez Mejía, en su condición de Defensora de Derechos Humanos del Pueblo Nahua, asimismo declara sin lugar la solicitud de suspensión del acto reclamado, ordenando se libre comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de tres (3) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 55 de la pieza de Amparo).- 3) Del antecedente remitido a esta Sala se desprende el informe de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Abogado Francisco René Flores Bonilla, en su condición de Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), mediante concluye lo siguiente: “…HECHOS: PRIMERO: La naturaleza jurídica de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) se orienta como órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le son asignados (Véase Artículo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-070-2011 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) aprobado en fecha 01 de noviembre del año 2011 y publicado en la Gaceta en fecha 07 de noviembre del 2011) SEGUNDO: La función de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) es la guarda, custodia y administración de todos los bienes productos o instrumentos del delito o actividad ilícita que la autoridad competente pone a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conversar y mantener su productividad y/o valor. (Véase Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCN 011 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) aprobado en fecha 01 de noviembre del año 2011 y publicado en la Gaceta en fecha 07 de noviembre del 2011). TERCERO: La OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) es el órgano adscrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados que la autoridad competente ponga a su disposición (Véase Artículo 73 del Decreto No. 144-2014 contentivo en la Ley Especial Contra El Lavado de Activos, aprobado en fecha 13 de enero de 2015 y publicada en La Gaceta en fecha 30 de abril del año 2015) CUARTO: Que en fecha veintisiete (27) de octubre del dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal mediante Comunicación Judicial pone a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) los bienes muebles con matrícula 1453163, 1312968, 1312930, 1307539, 1349104, 1296081, 1351488, 1409683, 1449232, 1301923 y 1421739 ubicados en Catacamas, Olancho propiedad de Aguinaldo Amador Lagos e Ilda Godoy Cruz inscritos en el Instituto de la Propiedad de la Circunscripción Registral de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho en virtud de habérsele decretado la medida cautelar de ASEGURAMIENTO en la causa instruida por LAVADO DE ACTIVOS. QUINTO: Que en fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) mediante "Acta de Aplicación de Medida Cautelar Sobre Bien Inmueble" procedió a la Incautación de los inmuebles inscritos con matrícula 1312968, 1312930, 1349104, 1351488, recibiéndolos por ese acto la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su administración, guarda y custodia mediante la respectiva "Acta de Recepción de Bienes Inmuebles" SEXTO: Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) mediante "Acta de Aplicación de Medida Cautelar Sobre Bien Inmueble" procedió a la Incautación de los inmueble inscritos con matrícula 1449232, recibiéndolos por ese acto la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su administración, guarda y custodia mediante la respectiva "Acta de Recepción de Bienes Inmuebles" SEPTIMO: Que en fecha doce (12) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) mediante "Acta de Aplicación de Medida Cautelar Sobre Bien Inmueble" procedió a la Incautación de los inmuebles inscritos con matrícula 1409683, recibiéndolos por ese acto la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su administración, guarda y custodia mediante la respectiva "Acta de Recepción de Bienes Inmuebles" OCTAVO: Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019) la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras presento solicitud con numero de usuario asignado 857-2019 dirigida al entonces Director Ejecutivo de la OABI el Abogado Francisco Ernesto Ruiz Nieto en la cual solicitaban una reunión para dialogar sobre los bienes (tierras) que han sido incautados en el municipio de Catacamas específicamente en el sitio de San Cáliz. NOVENO: Que la actual administración con su Director Ejecutivo el Abogado Francisco Rene Flores Bonilla nombrado mediante acuerdo número ciento diez dos mil diecinueve (110-2019) de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019) tomo posesión de su cargo en la fecha antes citada, creándose un periodo de transición en los últimos meses del año 2019, siendo que la administración del Abogado Flores Bonilla se ha caracterizado por ser diligente, en apego a las disposiciones legales y eficiente en su operatividad, se les indico a los solicitantes la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras en un acto de servicio y de buena fe presentaran la solicitud nuevamente con el nombre de actual Director Ejecutivo haciendo caso omiso la FINAH. DECIMO: Que hay que tomar en consideración que la Pandemia por COVID-19 impacta a nuestro país desde el 16 de marzo de 2020, paralizando la productividad económica así como también la administración pública decretándose inhábil un periodo de tiempo considerable y a su vez siguiendo con los parámetros y políticas de bioseguridad implementados por el Estado de Honduras no se podían realizar reuniones hasta que tuvieran nuevas disposiciones, por lo tanto haciendo un enfoque a la pandemia la cual comenzó a afectarnos en marzo 2020 y es hasta el año 2021 donde se inicia el proceso vacunación y es hasta el mes de Junio 2021 donde se inicia a dar paso a reuniones presenciales por la Dirección Ejecutiva en función de respetar y evitar los contagio de Covid-19. Contabilizando este periodo de tiempo entre la inhabilitación de plazos y la inoculación de la población, agregando a esto la mora laboral que no solo la Oficina Administradora de Bienes Incautados tiene, si no toda dependencia estatal, el tiempo de espera de los amparistas no es mayor a 3 meses. DECIMO PRIMERO: Por lo que esta Administración no se ha negado a reunirse con los Federación de Indígenas Nahuas de Honduras comprobando su buena fe y la obligación como servidores públicos, teniendo total anuencia a recibirlos y dialogar de los temas que estos deseen, siempre en el marco de las competencias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en apego a las leyes que rigen la Administración Pública y lo establecido por esta Honorable Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios 39-44 del expediente de mérito).- 4) En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por la Abogada Yossely Gabriela Girón Salgado, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 84 del recurso de mérito).- 5) Esta Sala, en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición de la acción de Amparo, se desprende que el Amparista acude a esta instancia argumentando que la resolución recurrida ha violentado las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 63, 80, 90 y 103 de la Constitución de la República, al señalar que la Oficina Administradora de Bienes Incautados ha omitido dar respuesta a la solicitud registrada bajo el número USUARIOS 857-2019, presentada en fecha 19 de junio de 2019, por la Junta Directiva de la FINAH, y que la entidad recurrida no puede alegar que no tiene competencia para responder las solicitudes pendientes presentadas cuando estaba a cargo el director, pues se trata de una misma institución, por lo que es su obligación dar continuidad a las solicitudes planteadas antes de haber asumido su cargo. Que del estudio de las diligencias, se aprecia que la actuación reprochada por el recurrente, en cuanto a la omisión por parte de la OABI de dar respuesta a la solicitud presentada para sostener una reunión para conversar sobre los territorios ancestrales ubicados en el sitio de San Cáliz, los cuales fueron incautados a personas involucradas en el delito de narcotráfico. que tal como refiere el amparista en su escrito de amparo, consta en el acta notarial que la funcionaria de la entidad recurrida, Abogada GLENDA MENDEZ, les explico sobre el cambio de director de dicha institución, siendo el entonces director FRANCISCO RENE FLORES BONILLA, quien entró en funciones con posterioridad a la fecha de la solicitud, por lo que les sugirió presentar una nueva petición, haciendo caso omiso la FINAH. Siguiendo este orden de ideas, del informe rendido por el Director de la OABI, se aprecia que dicha entidad no se ha negado a reunirse con los amparistas, para ello explican que el 16 de marzo del 2020 se suspendieron las actividades de la administración pública, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de Honduras, lo cual complicó que pudieran llevar a cabo reuniones como la solicitada, pero están en toda la anuencia de recibirlos y dialogar de los temas que estimen pertinentes; de aquí que se estime que la actuación de la OABI no entraña en ninguna vulneración Constitucional a los amparistas, quienes pueden presentar una nueva solicitud ante el actuar Director de la OABI, como entidad facultada para custodiar, administrar los bienes que le son entregados, siendo menester señalar que sus funciones se encuentran limitadas por la Ley, en las que excluye la facultad de verificar la propiedad de los bienes que le son entregados para su administración. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que dichos bienes inmuebles continúan bajo la administración de la referida oficina estatal, al no haberse realizado ninguna subasta relacionado con los mismo, por lo que dicha entidad se encuentra en disposición de atender al peticionario de la solicitud, sin que se aprecia vulneración a los derechos invocados por el recurrente en su petición de Amparo. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a los derechos invocados por el Amparista como transgredidos…” (Folios 87-91 del recurso).- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. - CONSIDERANDO (2): Que se conoce el recurso de amparo, interpuesto por la Abogada YOSSELY GABRIELA GIRON SALGADO, a favor de la señora ZAIDA MARIA SANCHEZ MEJIA, contra el acto de omisión por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al no dar respuesta a la solicitud registrada bajo el numero USUARIOS 857-2019 presentada en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, por la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras (FINAH).- CONSIDERANDO (3): Que, del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo, así como de su formalización, que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al no dar respuesta a la solicitud registrada bajo el numero USUARIOS 857-2019 presentada en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, por la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras (FINAH), violenta las garantías constitucionales. Que en el desarrollo de los derechos fundamentales la pedidora arguye vulneración a: 1) Al territorio y consulta, sostiene que el derecho a sus territorios y a los bienes naturales existentes en él no pueden ser jurídicamente extinguido o alterado por las autoridades públicas sin que medie la consulta y el consentimiento pleno e informado de la comunidad afectada, este derecho a ser consultado es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias para asegurar que la consulta se constituya en un mecanismo efectivo de prevención de conflictos y violación de derechos humanos, este debe regirse por los principios de buena fe, previa consulta, libertad, información y la consulta debe ser culturalmente adecuada; 2) Derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas. De acuerdo con el título extendido al pueblo Nahua, su presencia indígena en la zona se ha reconocido desde los 1800 y por tanto, anterior a la conformación del Estado de Honduras. Siendo evidente la relación entre territorio y otros derechos de similar valor, de manera que no puede faltar uno sin que falten los otros, por esa razón la vulneración al derecho al territorio implica también la afectación al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales; 3) Derecho a la protección judicial, debido proceso y petición. En relación al derecho de petición, la recurrente sostiene que ha sido vulnerado, pues la Constitución de la República en el artículo 80 establece que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. En este caso, se presentó una solicitud a la OABI desde el diecinueve de junio del dos mil diecinueve por la Junta Directiva de la FINAH y a la fecha no ha habido respuesta ni trámite alguno. Por tanto, la negativa por parte de la Dirección de la OABI de resolver la solicitud planteada por el pueblo Nahua constituye una vulneración al derecho a la protección judicial, al derecho de petición y al debido proceso, en vista que hasta esta fecha no ha sido posible escuchar, y mucho menos, responder a las necesidades planteadas. Lo manifestado verbalmente por la OABI, que consta en instrumento público, con respecto a que el cambio de director imposibilita contestar a su petición, no es una respuesta válida ni aceptada, más bien constituye un retraso de justicia y falta a los deberes de los funcionarios.- CONSIDERANDO (4): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que, al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.- CONSIDERANDO (6): Que el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Artículo 3 dispone: “1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.”; así el Artículo 12 dispone: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”; en ese orden de ideas el Artículo 13 Numeral 1. Reza: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”.- CONSIDERANDO (7): Que de la exposición hecha por la recurrente queda evidenciado que los alegatos planteados en la acción de amparo que es sometida en esta vía constitucional son en virtud de la omisión por parte de la Dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, a la solicitud registrada bajo el numero USUARIOS 857-2019 que en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, realizara la Junta Directiva de la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH), a efecto de solicitar una reunión a efecto de poder dialogar sobre bienes (tierras) que han sido incautadas en el Municipio de Catacamas específicamente en el Sitio de San Cádiz (ver folio 52 de la pieza de amparo). En razón de la solicitud relacionada, para esta Sala se hace necesario señalar las atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y al efecto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) dispone: “Articulo 4. DE LA NATURALEZA DEL ORGANISMO. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le sean asignados”. El Articulo 5 dispone: “DE LAS FUNCIONES. La OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La Creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene coma finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor.”; En iguales términos la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en el artículo 70 párrafo primero dispone: “De la Administración, Guarda y Custodia de Bienes. Los bienes sobre los cuales recaiga medida cautelar o de aseguramiento, serán puestos inmediatamente a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), la cual procederá a su recepción, registro, mantenimiento, administración, guarda y custodia o destrucción cuando sea necesario, conforme a lo establecido en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados.”; Así el artículo 73 del Decreto No. 144-2014 contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, dispone: “OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) Es un Órgano adscrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición.”.- CONSIDERANDO (8): Que, advierte esta Sala que si bien el Estado es el garante del goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, sin obstáculos ni discriminación, tal como lo señala el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el mismo Convenio le da facultad a estos pueblos indígenas, poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Advierte esta Sala, que la solicitud realizada en fecha diecinueve de junio del dos mil diecinueve, no insta ningún procedimiento, el objetivo de la misma es solicitar una reunión para dialogar sobre bienes (tierras) incautados en el municipio de Catacamas específicamente en el sitio de San Cáliz. Si bien es cierto en la solicitud referida se hace mención a “que las tierras incautadas al señor Moisés Amador les pertenecen y que mediante procedimientos tendrán que ser retornadas a sus respectivos dueños”, revisado el antecedente no se observa una solicitud formal que de inicio a un procedimiento legal específico dentro de las facultades otorgadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que como ya lo señala la ley, esta oficina tiene facultades específicas consistentes en la guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. Por ello considera esta Sala de lo Constitucional, que los solicitantes de la presente garantía de Amparo, deben iniciar los procedimientos legales que consideren procedentes, ante las autoridades competentes, a efecto de que sus derechos sean tutelados, pues la simple solicitud de señalar una reunión para dialogar, sobre temas de interés para la comunidad indígena Nahuas, no basta, sino se utilizan los mecanismos legales a efecto de que el Estado por medio de la autoridad competente pueda tutelar derechos de la Comunidad Indígena Nahuas. Por lo anterior considera esta Sala que la petición del amparista, se aleja de la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que el acto de omisión impugnado en esta vía constitucional y que consiste en no dar respuesta por parte del director de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) a la solicitud de reunión realizada por la Federación Indígena Nahuas, no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el derecho al territorio y consulta, derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, derecho a la protección judicial, debido proceso y petición, el virtud, que como ya se dijo líneas arriba no se ha instado un procedimiento legal administrativo ante la Oficina Administradora de Bienes Incautados, al que según, sus atribuciones legales deba dar respuesta a la pretensión de las partes, pues en relación a la solicitud de reunión, esta oficina (OABI) en el informe remitido a esta Sala, ha manifestado que esa administración no se ha negado a reunirse con la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras, teniendo total anuencia a recibirlos y a dialogar de los temas que deseen en el marco de las competencias de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, tampoco se ha instado procedimiento judicial ante los órganos competentes, en consecuencia la Federación Indígena Nahuas de Honduras, debe promover las acciones legales que considere procedente, para que el Estado por medio de la autoridad competente, pueda tutelar derechos y brindar protección judicial. En consecuencia, no se vulneran los derechos y garantías que invoca la recurrente, toda vez que no se ha instado ningún procedimiento administrativo o judicial, a efecto de ser oída y proteger el derecho a la tutela judicial, derecho de petición y debido proceso y demás derechos invocados por la recurrente, por lo que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 64, 80, 90, 94, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 48, 49, 52, 54, 56, 63, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 numeral 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada YOSSELY GABRIELA GIRON SALGADO, a favor de la señora ZAYDA MARIA SANCHEZ MEJIA, contra el acto de omisión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al no dar respuesta a la solicitud de reunión realizada en fecha diecinueve (19) de junio del dos mil diecinueve (2019) por la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras (FINAH). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES -. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha treinta de julio del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Administrativo registrado en este tribunal con el número SCO-0794-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL