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Sentencia AA-74-23 — Registro 19730

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación en relación al incidente de oposición a la liquidación de derivados de la liquidación de salarios dejados de percibir en virtud de la sentencia condenando al reintegro y los salarios dejados de percibir los cuales fueros establecidos y aceptados por las partes. La Sala discrepa de las consideraciones del fallo en lo concerniente al método utilizado por la Alzada para determinar el tiempo y el capital sobre el cual se debe hacer el cálculo de los intereses, el cual debió fundarse en lo que mandan los artículos 96, 98 y 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que, por otra parte, y examinando detenidamente el razonamiento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia, esta Sala discrepa de las consideraciones del fallo en lo concerniente al método utilizado por la Alzada para determinar el tiempo y el capital sobre el cual se debe hacer el cálculo de los intereses, el cual debió fundarse en lo que mandan los artículos 96, 98 y 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (11): Que, aun cuando el amparista no articuló agravio específico respecto del método de cálculo de los intereses, esta Sala, en aplicación del principio iura novit curia, está habilitada para aplicar la normativa pertinente y corregir el error de derecho identificado, a fin de resguardar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (12): Que siendo así, la correcta interpretación constitucional y legal exige que los intereses se determinen sobre el saldo insoluto de la condena, deducidos los pagos parciales efectuados y aplicando sobre dicho saldo la tasa legal del seis por ciento (6%) anual a partir del vencimiento del plazo de doce meses previsto en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (13): Que corresponde a la Corte de Apelaciones, como tribunal ordinario competente, efectuar el cálculo aritmético de los intereses con base en los parámetros señalados, garantizando el respeto al debido proceso y la plena efectividad de los derechos fundamentales que resultan aplicables. CONSIDERANDO (14): Que, en virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que, con la sentencia recurrida, el tribunal de Alzada causó una violación al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al aplicar un método de cálculo de intereses contrario a las normas legales antes citadas, y con ello, inobservó disposiciones legales de obligatoria aplicación. En consecuencia, se impone otorgar el amparo solicitado, a fin de restituir al Consejo Nacional Electoral en el goce de las garantías constitucionales vulneradas, debiéndose ordenar al tribunal ordinario dictar nueva resolución conforme a los parámetros fijados en la presente sentencia.”

Legislación citada

  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 96 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 100 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2295 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2295 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2292 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2295 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCOTULIO COMARLIOTU DURON GODOY, a favor del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en relación al incidente de oposición a la liquidación de intereses promovida por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO en su condición de Representante Procesal del señor MARTIL DE JESUS LIZARDO RUIZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el derecho consignado en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, actuando en su condición de Representante Procesal del señor MARTIL DE JESUS LIZARDO RUIZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL., solicitando liquidación de intereses por un valor de un millón novecientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho lempiras con ochenta y dos centavos (L. 1,928,768.82), derivados de la liquidación de salarios dejados de percibir en virtud de la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), dictada por el citado Juzgado, en la cual declaró procedente la demanda promovida por el señor MARTIL DE JESUS LIZARDO RUIZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL., condenando al reintegro y los salarios dejados de percibir los cuales fueros establecidos y aceptados por las partes los cuales ascendieron a la cantidad de TRES MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 3,003,805.07); siendo confirmada dicha sentencia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, recaídas en el juicio para que se declarara la nulidad de un acto administrativo, incoado por el señor MARTIL DE JESUS LIZARDO RUIZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (Folios 1-7 de la Primera Pieza).2.Que seguido el trámite correspondiente, la parte demandada se opuso a la liquidación presentada por la parte demandante dictando el citado Juzgado Auto Resolutivo en fecha ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en la cual en su parte dispositiva Resolvió: “PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE LA OPOSICION A LA LIQUIDACION DE INTERESES planteada por el demandado, en vista y como se relacionó en los fundamentos de derecho de esta resolución, los intereses debidos se calculan anualmente y no mensualmente, como se había solicitado por él demandante. SEGUNDO: SE PROCEDE A LIQUIDAR LA CANTIDAD DE INTERESES ADEUDADOS en la cantidad de ciento ochenta mil doscientos veintiocho lempiras con treinta centavos (L. 180, 228.30), que resulta la aplicación siguiente formula de intereses legales: (I=C*%/T) donde C= capital, %= interés legal y T= tiempo; con lo cual I= 3,003805.076% anual/1año. TERCERO: Contra la presente Resolución, cabe interponer el Recurso de Apelación, en el plazo y los términos establecidos en la ley”. (Folios 635-637 de la segunda pieza/tomo II de los antecedentes del A-Quo).3.Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ, en condición de Representante Procesal del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil vendidos (2022), mediante la cual Falló: “PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FELIX GERARDO MARTINEZ U, en condición de Representante Procesal del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. SEGUNDO: SE REFORMA la parte resolutiva del fallo recurrido en los numerales PRIMERO y SEGUNDO de fecha ocho de noviembre del 2019⁷ dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, y que corre a folios del número seiscientos treinta y cinco (635) a folio seiscientos treinta y siete (637) de la pieza principal de autos en los numerales PRIMERO y SEGUNDO, debiendo leerse así: SE DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE LA OPOSICIÓN DE LIQUIDACION DE INTERESES planteada por el demandado en el único sentido que en dicha liquidación de intereses planteada por el demandado los intereses generados se calculan por el tiempo dejado de pagar, por ende cada pago realizado genera intereses sobre la cantidad insoluta o cancelada en forma tardía. SEGUNDO: SE PROCEDE A LIQUIDAR LA CANTIDAD DE INTERESES ADEUDADOS en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L. 143,194.38). EL NUMERAL TERCERO DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL FALLO RECURRIDO SE CONFIRMA.4.Que el Abogado MARCOTULIO COMARLIOTU DURON GODOY en su condición de Representante Procesal demandado, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), interponiendo Acción de Amparo a favor a favor del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023). (Folios 1–7 y 33 del presente Recurso)5.Que en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión: “SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 36-41 del presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que como queda ya establecido, se conoce en esta vía, la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado MARCOTULIO COMARLIOTU DURON GODOY, a favor del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, recaída en el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dictado en el procedimiento de liquidación de intereses derivados de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado de Letras de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en contra del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral que fuera entablada por el señor Martil de Jesús Lizardo Ruiz, sentencia que el Amparista denuncia ante esta Sala de ser violatoria de las garantías constitucionales del Derecho de Defensa y Debido Proceso por haber operado la prescripción a favor de su representado. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los antecedentes puede apreciarse lo siguiente: 1. En fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO condenó al TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL a pagar al señor MARTIL DE JESUS LIZARDO RUIZ, salarios dejados de percibir los cuales fueron presentados y aprobados por las partes, los cuales ascendieron a la cantidad de TRES MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 3,003,805.07), al declararse procedente la demanda que promoviera el demandante en contra de la institución demandada. 2.La sentencia antes descrita fue recurrida por el Representante Procesal demandado y fue conocida vía apelación por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, resolviendo por unanimidad de votos, DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Representante Procesal demandado. CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013). 3.En fecha once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el Representante Procesal demandante solicitó ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO liquidación de intereses por un valor de un millón novecientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho lempiras con ochenta y dos centavos (L. 1,928,768.82), derivados de la sentencia condenatoria de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), argumentando el profesional referido que el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) ahora CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) procedió a ordenar más de un año después el cumplimiento de la sentencia. 4.En fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la parte ejecutada presentó oposición a la liquidación de intereses solicitada por el ejecutante, argumentando que la realidad procesal y la situación actual del demandante era de tranquilidad en el cumplimiento de sus asignaciones de reintegrado y habiendo recibido de manera CONFORME los pagos los cuales acompaño a su escrito de oposición. Asimismo, atacó la liquidación de intereses planteada por el Representante Procesal por presentar un cálculo mensual y no anual tal y como lo establece el Código Civil. Y como ultimo alegato enuncia la prescripción de la acción fundamentado en los artículos 2289, 2295 regla 2ª y 2297 del Código Civil. 5. En fecha ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras dictó auto resolutivo declarando parcialmente la oposición planteada y procedió a liquidar la cantidad de intereses adeudados en la cantidad de ciento ochenta mil doscientos veintiocho lempiras con treinta centavos (L. 180,228.30) utilizando la formula siguiente: (I=C%/T) intereses igual a capital L. 3,003,805.07 por 6% anual entre 1 año.6.En fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) el precitado auto resolutivo fue recurrido en apelación por la parte ejecutada ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022) dictó sentencia por unanimidad de votos 1. Declarando parcialmente con lugar el Recurso de Apelación. 2. Reformando la parte resolutiva del fallo recurrido en los numerales primero y segundo debiendo leerse así: Declara con lugar parcialmente la oposición de liquidación de intereses planteada por el demandado en el único sentido que en dicha liquidación de intereses planteada por el demandado los intereses generados se calculan por el tiempo dejado de pagar, por ende, cada pago realizado genera intereses sobre la cantidad insoluta o cancelada en forma tardía. 3. Procedió a liquidar la cantidad de intereses adeudados en la cantidad de ciento cuarenta y tres mil ciento noventa y cuatro lempiras con treinta y ocho centavos (L. 143,194.38), la cual es objeto de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha reiterado que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esto a su vez genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso, ya que no podemos ignorar que el debido proceso está íntimamente ligado con la noción de justicia. CONSIDERANDO (7): Que como lo ha dicho esta Sala de manera reiterada, el derecho a un debido proceso legal y a la tutela judicial efectiva, reconocidos y garantizados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, comprenden no solo el acceso formal a la jurisdicción, sino también el derecho a obtener resoluciones motivadas, congruentes y fundadas en derecho. CONSIDERANDO (8): Que, según criterio del impetrante en el presente recurso, en el caso objeto de estudio operó la prescripción de la acción para liquidar intereses, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 2295 del Código Civil. De acuerdo con sus alegaciones, este hecho, al no haber sido advertido por la Alzada, ocasionó violación al derecho a un debido proceso legal. El Tribunal de Alzada por su parte fue del parecer de que este artículo resultaba inaplicable en el asunto que nos ocupa, al tratarse de un derecho personal derivado de la inejecución inmediata de una sentencia, cuyo incumplimiento genera el pago de intereses legales de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley.CONSIDERANDO (9): Que esta Sala concuerda con la Alzada en este respecto, pues la prescripción alegada por la parte ejecutada con base en el artículo 2295 del Código Civil, efectivamente no resulta aplicable al caso, pues este precepto regula supuestos de prescripción referente a acciones periódicas, y lo que aquí se discute no es un crédito periódico sino el pago de intereses legales derivados del incumplimiento de una sentencia firme que reconoció un derecho personal. Dichos intereses constituyen una obligación accesoria a la condena principal, y, por tanto, se encuentran sujetos al plazo general de prescripción de diez (10) años, previsto en el Artículo 2292 del mismo cuerpo normativo, el cual, al no haber transcurrido, la prescripción invocada carece de sustento jurídico. CONSIDERANDO (10): Que, por otra parte, y examinando detenidamente el razonamiento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia, esta Sala discrepa de las consideraciones del fallo en lo concerniente al método utilizado por la Alzada para determinar el tiempo y el capital sobre el cual se debe hacer el cálculo de los intereses, el cual debió fundarse en lo que mandan los artículos 96, 98 y 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (11): Que, aun cuando el amparista no articuló agravio específico respecto del método de cálculo de los intereses, esta Sala, en aplicación del principio iura novit curia, está habilitada para aplicar la normativa pertinente y corregir el error de derecho identificado, a fin de resguardar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (12): Que siendo así, la correcta interpretación constitucional y legal exige que los intereses se determinen sobre el saldo insoluto de la condena, deducidos los pagos parciales efectuados y aplicando sobre dicho saldo la tasa legal del seis por ciento (6%) anual a partir del vencimiento del plazo de doce meses previsto en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (13): Que corresponde a la Corte de Apelaciones, como tribunal ordinario competente, efectuar el cálculo aritmético de los intereses con base en los parámetros señalados, garantizando el respeto al debido proceso y la plena efectividad de los derechos fundamentales que resultan aplicables. CONSIDERANDO (14): Que, en virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que con la sentencia recurrida, el tribunal de Alzada causó una violación al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al aplicar un método de cálculo de intereses contrario a las normas legales antes citadas, y con ello, inobservó disposiciones legales de obligatoria aplicación. En consecuencia, se impone otorgar el amparo solicitado, a fin de restituir al Consejo Nacional Electoral en el goce de las garantías constitucionales vulneradas, debiéndose ordenar al tribunal ordinario dictar nueva resolución conforme a los parámetros fijados en la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41, 45, 48, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCOTULIO COMARLIOTU DURON GODOY, a favor del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022); SEGUNDO: Ordena a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictar nueva sentencia en la que: a) Descarte la prescripción alegada por improcedente; b) calcule los intereses únicamente sobre el saldo insoluto de la condena principal, deduciendo los pagos parciales efectuados; y c) aplique la tasa de interés legal del seis por ciento (6%) anual a partir del vencimiento del plazo de doce meses establecido en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Y MANDA: Que se dé estricto cumplimiento a los ordenado en esta sentencia y, con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0074-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL