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Sentencia AA-639-24 — Registro 19155

Resumen

Se constató que sanción administrativa fue emitida sin observarse el Procedimiento que la Ley de Tránsito y la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual establecen respecto a la verificación de un análisis sanguíneo FZS (alcoholemia) del resultado de alcohol en la sangre realizado a recurrente, a través del instrumento de campo denominado alcoholímetro, análisis de sangre que debió realizarse a través de los laboratorios que señala el artículo 3 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual ,en consecuencia, siendo que no se ha respetado en su totalidad el procedimiento establecido respecto a las infracciones impuestas por conducir en estado de ebriedad; se le aplicó correctamente el procedimiento que establece el artículo 19 de la Ley de Tránsito, no así la normativa que se debió aplicar de acuerdo a los artículos 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual, que establece el análisis químico en la sangre para determinar la presencia del alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona, o sea que se debió realizar dicha prueba de manera científica, otorgando el amparo en virtud de que se ha infringido el debido proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que en la sentencia que resolvió el Recurso de Amparo referido, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, fue del parecer porque se otorgue la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, actuando en su condición personal y en causa propia. Asimismo, como consecuencia obligatoria ni le es aplicable al señor Javier Eduardo Armijo Gómez, la resolución número 0130-2023 de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por contravenir, disminuir y tergiversar el debido proceso con respecto al Derecho a la Defensa y el Principio de Legalidad. En su motivación, la Alzada fue categórica en determinar que se constató que la misma fue emitida sin observarse el Procedimiento que la Ley de Tránsito y la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual establecen respecto a la verificación, a través de un análisis sanguíneo FZS (alcoholemia) del resultado de alcohol en la sangre realizado al señor JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, a través del instrumento de campo denominado alcoholímetro, análisis de sangre que debió realizarse a través de los laboratorios que señala el artículo 3 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, procedimiento que constituye una parte fundamental y del obligatorio cumplimiento y que dependiendo del resultado que muestre la misma, podría incidir y ser determinante en la resolución que se emita. En consecuencia, siendo que no se ha respectado en su totalidad el procedimiento establecido respecto para las infracciones impuestas por conducir en estado de ebriedad; en consecuencia, otorgan el Amparo. En virtud de que se ha infringido la garantía del debido proceso.CONSIDERANDO SIETE (07): Que esta Sala, concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, pues la resolución número 0130-2023, dictada en contra del señor Javier Eduardo Armijo Gómez, no fue dictada respectando totalmente el procedimiento que establece la Ley de Tránsito (emitida mediante Decreto 205-2005) en lo que respecta al capítulo que se refiere a las infracciones, conclusión que llega en virtud de que si bien, los hechos acontecidos el dos de julio del año dos mi veintitrés y denunciados por el quejoso, se le aplicó correctamente el procedimiento que establece el artículo 19 de la Ley de Tránsito, no así la normativa que se debió aplicar establecido en los artículo 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual, que establece el análisis químico en la sangre para determinar la presencia del alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona, o sea realizar dicha prueba de manera científica, debió realizarse en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público, o en defecto, en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados Supervisados por Medicina Forense, prueba científica que no le fue realizada al señor Javier Eduardo Armijo Gómez, obviando con el procedimiento establecido en los artículo 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual. CONSIDERANDO OCHO (08): Que, en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional, observa que las consideraciones de la misma, están conforme a derecho y en consecuencia resulta procedente a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en Consulta, ya que efectivamente advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante.

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Tránsito, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Tránsito, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha nueve de mayo del dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que otorgó el Recurso de Amparo presentado contra la resolución emitida por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, OFICINA REGIONA NOR-OCCIDENTAL, DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés, con relación a la demanda promovida por el abogado JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, y 321 de la Constitución de la República. 1) En fecha cinco de febrero del dos mil veinticuatro, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el abogado JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, en su condición personal presentando demanda de Amparo “…CONTRA LA RESOLUCION No. 0130-2023 EMITIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD…”. (Folios 1-24 de la pieza de antecedentes). 2) En fecha cinco de febrero del dos mil veinticuatro, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió el auto en el cual se declara INCOMPETENTE de conocer la presente acción de Amparo, ordenando la remisión del presente expediente a la Honorable Corte de Apelaciones de los Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, (Folio 25 y 26 de la pieza de antecedentes). 3) En fecha nueve de febrero del dos mil veinticuatro, la citada corte de Apelaciones tuvo por recibido el oficio No. 016-2024-SPS con procedencia del Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, mediante el cual remitía las diligencias del recurso de amparo interpuesto contra la resolución no. 0130-2023 emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad. (Folios 31 de la pieza de antecedentes).4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha nueve de mayo del dos mil veinticuatro, mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el abogado JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, actuando en su condición personal y en causa propia. SEGUNDO: No siendo en consecuencia obligatoria, ni le es aplicable al señor JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ la resolución número 0130-2023 de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, de San pedro Sula, departamento de Cortes, por contravenir, disminuir y tergiversar, el debido proceso en lo que respecta al DERECHO A LA DEFENSA y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Y MANDA: Que, efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíen los autos en trámite de Consulta Obligatoria de la presente resolución a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” (folios 102 al 110 de la pieza de antecedentes).5) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (01): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer Recurso de Amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internaciones establecen, y 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (02): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondo públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO TRES (03): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO CUATRO (04): Que es Atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (05): Que, según lo indicado por el propio recurrente, se denuncia como acto reclamado la resolución adoptada en la resolución No. 0130-2023, dictada por la Oficina Nor-Occidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en la que se RESUELVE: PRIMERO: declarar sin lugar la manifestación de inconformidad presentado por el señor Javier Eduardo Armijo Gómez, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1991-18392 y en consecuencia Confirma la falta del artículo 98 numeral 16 de la Ley de Tránsito, por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, aplicándose lo conducente la sanción que establece la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual creada mediante Decreto 100-2000, en virtud que el resultado de la prueba de alcoholemia aplicada en enero del 2023, superó el límite permitido, obteniendo un resultado de 42.4 mg/100ml. SEGUNDO: SUSPENDER la Licencia de conducir del señor JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, con documentos nacional de identificación 0801-1991-18392, por el término de seis meses a partir del 02 de julio del 2023 al 02 de enero del 2024, quien una vez cumplido el tiempo de suspensión deberá hacer efectivo el pago de un (1) salario mínimo de multa, correspondiente al año 2022, en base a lo establecido en la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual, creada mediante Decreto 100-2000, de fecha 28 de julio del año 2000. TERCERO: Se instruye a la Oficina de Infracciones que una vez cumplido el tiempo de suspensión y previo al pago de la multa correspondiente, se le devuelva la Licencia de Conducir al compareciente. CUARTO: Advertirle a JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, con documento Nacional de Identificación número 0801-1991-18392, que en caso de reincidir en la comisión de esta falta se tomarán medidas que hubiere lugar y conforme a la ley, resolución que vulnera los preceptos Constitucionales del Principio de Legalidad y el debido proceso, Derecho a la Defensa, pues se ha omitido en la práctica de prueba científica en que se basa la Sanción, según lo establecido en los artículo 3 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual y el Artículo 116 de la Ley de Tránsito, para imponer la sanción de retención o suspensión de licencia, pues debe realizarse una prueba científica que determine los miligramos del alcohol en la sangre del recurrente, mismo que debe ser realizados por Médicos Forenses calificados, ya sea el Ministerio Público o de Institución acreditada. Asimismo, la violación al proceso y procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues la autoridad impugnada a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Transito), se le ha impuesto una sanción administrativa sin seguir ninguna norma procesal, tanto así que ni siquiera existe procedimiento administrativo o proceso alguno. Pues en la boleta de infracción entregada y en el ticket impreso por el alcoholímetro, no consta el monto de la multa a pagar y tampoco la suspensión de 6 meses de la Licencia de Conducir. Asimismo, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, una actuación administrativa solo puede ser ejecutada y ser eficaz hasta que tenga el carácter de firme, o sea hasta que no quepa recurso o impugnación contra la misma y el afectado haya ejercido su derecho de defensa; también establece que la resolución impugnada no resolvió sobre todos los planteamientos efectos en el escrito de impugnación en instancia administrativa. CONSIDERANDO SEIS (06): Que en la sentencia que resolvió el Recurso de Amparo referido, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, fue del parecer porque se otorgue la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, actuando en su condición personal y en causa propia. Asimismo, como consecuencia obligatoria ni le es aplicable al señor Javier Eduardo Armijo Gómez, la resolución número 0130-2023 de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por contravenir, disminuir y tergiversar el debido proceso con respecto al Derecho a la Defensa y el Principio de Legalidad. En su motivación, la Alzada fue categórica en determinar que se constató que la misma fue emitida sin observarse el Procedimiento que la Ley de Tránsito y la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual establecen respecto a la verificación, a través de un análisis sanguíneo (alcoholemia) del resultado de alcohol en la sangre realizado al señor JAVIER EDUARDO ARMIJO GOMEZ, a través del instrumento de campo denominado alcoholímetro, análisis de sangre que debió realizarse a través de los laboratorios que señala el artículo 3 de la Ley de Penalización de la Embriaguez Habitual, procedimiento que constituye una parte fundamental y del obligatorio cumplimiento y que dependiendo del resultado que muestre la misma, podría incidir y ser determinante en la resolución que se emita. En consecuencia, siendo que no se ha respectado en su totalidad el procedimiento establecido respecto para las infracciones impuestas por conducir en estado de ebriedad; en consecuencia, otorgan el Amparo. En virtud de que se ha infringido la garantía del debido proceso.CONSIDERANDO SIETE (07): Que esta Sala, concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, pues la resolución número 0130-2023, dictada en contra del señor Javier Eduardo Armijo Gómez, no fue dictada respectando totalmente el procedimiento que establece la Ley de Tránsito (emitida mediante Decreto 205-2005) en lo que respecta al capítulo que se refiere a las infracciones, conclusión que llega en virtud de que si bien, los hechos acontecidos el dos de julio del año dos mi veintitrés y denunciados por el quejoso, se le aplicó correctamente el procedimiento que establece el artículo 19 de la Ley de Tránsito, no así la normativa que se debió aplicar establecido en los artículo 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual, que establece el análisis químico en la sangre para determinar la presencia del alcohol y la cantidad presente en el organismo de la persona, o sea realizar dicha prueba de manera científica, debió realizarse en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público, o en defecto, en los Laboratorios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o Centros Privados Supervisados por Medicina Forense, prueba científica que no le fue realizada al señor Javier Eduardo Armijo Gómez, obviando con el procedimiento establecido en los artículo 1 y 3 de la Ley de Penalización de Embriaguez Habitual. CONSIDERANDO OCHO (08): Que, en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional, observa que las consideraciones de la misma, están conforme a derecho y en consecuencia resulta procedente a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en Consulta, ya que efectivamente advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. POR TANTO. LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos: 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5 y 321 de la Constitución de la República, 1 y 78 atribución 5ª. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0639-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL