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Sentencia AA-577-23 — Registro 19660

Resumen

Corte de Apelaciones declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia que declaró sin lugar incidente de falta de acción porque la causa no debe proseguirse, interpuesta por la defensa privada, por considerar que los hechos alegados ya han sido conocidos en las etapas anteriores y éstos no constituyen hechos nuevos; en relación a la causa contra recurrente por suponerlos responsables de 21 delitos de violación de secretos agravados en perjuicio de la libertad y la seguridad; Dicha Corte resaltó que se alegan los mismos argumentos ya conocidos en audiencias anteriores inclusive en la misma Corte, que el contexto de la participación de los actores en el proceso son identificados como funcionarios públicos por lo que no existe impedimento alguno para que la Fiscalía continúe con la acción penal pública.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, y a la luz del bloque de convencionalidad. Tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria de la descrita excepción por falta de acción, por la cual no deba proseguirse, según planteado por la Defensa Técnica de los imputados. Tal lo resuelto por la Alzada, confirmando el auto desestimatorio emitido por el Tribunal de Sentencia conocedor del caso, respecto a constituir elementos argumentativos previamente esgrimidos por las partes, los cuales habrían sido conocidos y resueltos en Audiencias o etapas anteriores, e inclusive por dicho Ad Quem; además de no allegar hechos o circunstancias nuevas para el proceso, por lo cual debe proseguirse con la presente causa..."..."tal resolución ha sido acordada por la Corte de Apelaciones concernida en observancia a los cánones del derecho constitucional, motivando la inexistencia de impedimento alguno para que la Fiscalía del Ministerio Público continúe en el ejercicio de la acción pública, ante las atribuciones constitucionales que se han expresado; corroborándose, a juicio de la Alzada, el resolutivo incidental denegatorio emitido por el Tribunal de Sentencia, en atención al carácter público de la función y de los bienes jurídicos protegidos, entre otras consideraciones jurídicas; de orden extensivo a la ampliación de la acción pública..."..."la Sala no observa quebrantamiento al derecho constitucional invocado por el amparista, sino, al contrario, una correcta valoración y argumentación jurídica de parte el Tribunal Ad Quem, la cual armoniza ajustadamente al derecho de acceso a la justicia. Por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, es obligado que dicha atribución sea ejercitada, no a ultranza, o en función de un interés privado, sino con absoluta objetividad y debiendo velar por la correcta aplicación de las leyes penales (Artículo 93 del Código Procesal Penal). Asimismo, de conformidad a la finalidad primordial, como es la consecución de una justicia penal pronta y efectiva (Ver artículo 8 del Código Procesal Penal). De acuerdo a aquel principio, los fiscales no sólo tienen la obligación de investigar las circunstancias que comprueben la acusación sino todo aquello que puede eximir de ella, sin poner en riesgo la imparcialidad subjetiva; pues es claro que no actúan en el proceso como postulación, o en nombre de parte privada alguna; sino que en nombre de la sociedad en general y en defensa de sus intereses generales. .."..."aprecia esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino, enervar una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales de bilateralidad y audiencia, las cuales han sido debidamente cumplimentadas en un plazo razonable; así como a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley; habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, al emitir una resolución motivada y justificada, sin desmedro al derecho al debido proceso, el cual no se ve infringido, necesariamente, al no vincularse el pronunciamiento judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales en el caso concreto; particularmente, al ejercitarse el derecho de acción de conformidad a la Constitución de la República y a lo establecido en el Capítulo I, Título II, Libro Primero, del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E). Por todo lo cual, y en consecuencia a lo antes expresado, procede desestimar la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

d

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Penal, Interpuesto por el Abogado MARLON DUARTE AMADOR a favor de los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO y LUIS ALEJANDRO ARRIAGA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto, por la defensa privada, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO y LUIS ALEJANDRO ARRIAGA por suponerles responsables de 21 DELITOS DE VIOLACION DE SECRETOS AGRAVADOS en perjuicio del señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES.(Exp. 573-22). Considerando la parte solicitante de amparo, se le ha violentado a sus representados, los derechos establecidos en los artículos 64, 69, 80, 84, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de junio del dos mil veintidós (2022), el tribunal de sentencia de Tegucigalpa ,francisco Morazán en audiencia de excepciones la cual dicto: debidamente acreditados al haberse interpuestos estas excepciones en lo que es el juzgado de letras y que ya había habido resolución y también por la corte de apelaciones de esta jurisdicción, y que algunos de los presupuestos que hacen ver en su planteamiento también están vinculados tanto de carácter de forma como presupuesto de fondo por cuanto no nos permite la norma procesal penal ya que se planteaban en el contexto que en efecto en el caso que nos ocupa existo o no ese conflicto de leyes. Y por considerar este tribunal que los hechos que han sustentado la excepción por falta de acción por lo cual no debe proseguirse, ya habían sido conocidos en las etapas anteriores y que también por no constituir hechos o circunstancias nuevas se declara sin lugar la excepción por falta de acción por no haber proseguirse en la presente causa y esta es nuestra resolución. SE SEÑALA AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS PARA EL DÍA LUNES 29 DE JULIO DEL AÑO 2022 A LAS 9:00 A.M. Quedan notificadas las partes. (Folio 27 de la pieza de antecedentes) 2) Que el abogado MARLON DUARTE AMADOR en su condición de apoderado legal de los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO , LUIS ALEJANDRO ARRIAGA compareció ante el citado Tribunal , interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede de fecha catorce (14) de junio del dos mil veintidós (2022), Que la corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán en apelación con sus antecedentes dictó resolución en fecha ocho (08) de diciembre del dos mil veintidós (2022), en la cual: Esta Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por la Defensa Privada. 2) CONFIRMAR la resolución apelada. Se resuelve hasta esta fecha por exceso de trabajo. MANDA Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio esta resolución, directamente a las partes personadas, en el día de su fecha o al siguiente de la misma; y no siendo ello posible, por medio de cédula de notificación, en el lugar que hayan designado para dicho propósito. Sentencia que tuvo motivación en que, haciendo una revisión de los antecedentes del proceso, resultaba improcedente la Excepción planteada por la Defensa Privada de falta de acción cuando no pueda proseguirse. Artículo 45 ordinal 2 del Código Procesal Penal, que, como menciona el A Quo, repite los mismos elementos argumentativos del recurrente, los cuales han sido ya resueltos en Audiencias anteriores, inclusive por este Ad Quem; lo cual no constituyen hechos o circunstancias nuevas para el proceso. Asimismo, se debe entender que se mantiene el sustento legal de acuerdo a la concepción del tipo penal imputado, en el contexto de la participación de los actores en el proceso identificados como funcionarios públicos. De allí, la congruencia de la acción penal emprendida por la Fiscalía del Ministerio Público, como ente garantista y protector de los derechos fundamentales, en contra de los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO y LUIS ALEJANDRO ARRIAGA, por imputárseles 21 DELITOS DE VIOLACION Y REVELACIÓN DE SECRETOS AGRAVADOS, en este caso, en perjuicio DE LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD y, particularmente, de la “inviolabilidad y secreto de las comunicaciones”, al tenor de lo estipulado en el artículo 95 del Código Procesal Penal, con relación y amparo a lo normativizado en el artículo 326 de la Constitución de la República, conforme al cual: “Es pública la acción para perseguir a los infractores de derechos y garantías establecidas en la Constitución y se ejercitará sin caución ni formalidad alguna y por simple denuncia”; exégesis que también aplicaría a la Procuraduría General de la República. (Folios 72 al 74 de la pieza de apelaciones) 3) Que en fecha nueve (09) de mayo de dos mil veintitrés (2023), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, el abogado MARLON DUARTE AMADOR, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor MARCELLO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO contra la resolución de fecha ocho (08) de diciembre del dos mil veintidós (2022), solicitando admitir la presente garantía de amparo con suspensión del acto reclamado. (Folios 01 al 07 del presente Recurso) 4) Que en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 53-59 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), notificada el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, contra la resolución de fecha catorce (14) de junio del dos mil veintidós (2022), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a un INCIDENTE DE FALTA DE ACCIÓN PORQUE LA CAUSA NO DEBA PROSEGUIRSE, con estricto fundamento en lo normativizado en el artículo 27, numeral 2) del Código Procesal Penal; en la causa instruida contra los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI CASTRO y LUIS ALEJANDRO ARRIAGA por suponerles responsables de 21 DELITOS DE VIOLACION DE SECRETOS AGRAVADOS en perjuicio del señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES; en la cual, por las consideraciones motivas recogidas en el Antecedente 2) de la presente sentencia, se desestima por la judicatura ordinaria el incidente planteado por la Defensa Técnica de los imputados. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, en su condición expresada, quien ha manifestado que dicha resolución judicial contraviene y disminuye el derecho fundamental a la inviolabilidad de la defensa, el debido proceso y el principio de legalidad penal, salvaguardados en los artículos 64, 69, 80, 84, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. Refiere el solicitante de amparo, que percibe tal infracción por haberse violentado por parte de la jurisdicción tal dispositivo jurídico, al denegarse el incidente planteado por la Defensa Técnica de los imputados, en los términos antes expresados, con especial atención a la improcedencia de la acción penal emprendida por la Fiscalía del Ministerio Público en contra de sus representados, por imputárseles 21 DELITOS DE VIOLACION Y REVELACIÓN DE SECRETOS AGRAVADOS, en perjuicio del señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES; en virtud de lo señalado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, en la cual señala que existe la clasificación de las acciones penales y que las mismas son públicas y privadas. Ya el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal, señala: “serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, todos los delitos, excepto los comprendidos en el artículo 26 y 27 de este código” (Sic.); de donde se desprendería que el delito incoado es de orden estrictamente privado, sin otorgarle legitimación al Ministerio Público para que realice por sí tal acción, con base al derecho expresado; pues al tratarse de delitos sólo perseguidos a instancia de la víctima, mediante la interposición de una querella, como lo ordena el artículo 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412 y 413 (Sic.), por lo cual el Ministerio Público debió, una vez terminada la investigación de los hechos que lo pusieron en conocimiento, y determinándose se trataba de un delito de acción privada; entregándole, finalmente, la investigación al señor JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES, para que este decidiera si entabla una querella contra los supuestos actores del supuesto injusto penal, extremo éste que jamás realizó el Ministerio Público CONSIDERANDO (5): Que ha manifestado el Letrado amparista, que tal actuación judicial representa infracción al derecho del debido proceso de sus representados, al violentarles las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Ley, tanto primarias como secundarias; siendo la excepción de falta de acción planteada cuando no haya debido promoverse, concordante con las formalidades que exige el artículo 90 constitucional, a favor de los ciudadanos; careciendo, además, la resolución emitida por la honorable Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de una motivación clara del porque llega a la conclusión de CONFIRMAR la resolución emitida por el A Quo, limitándose a dar por valido el argumento alejado del derecho esgrimido por el Ministerio Público; particularmente por lo expresado a su instancia, con relación a la supuesta legitimación de actuaciones que le otorga el artículo 326 de la Constitución de la República, conforme al cual: “es pública la acción contra los infractores de derechos garantías constitucionales, establecidas en la Constitución” (Sic.); pretendiendo desconocer la Fiscalía la clasificación entre Normas Operativas y Normas Programáticas, de lo cual se colige que si bien es cierto es pública la acción contra los infractores de normas y garantías constitucionales, no menos cierto es que necesita de una ley secundaria para poder entablar una acción por infracciones constitucionales; la cual se manifiesta en el ordenamiento secundario, a través del Código Procesal Penal, donde se detalla de qué manera el Ministerio Público podrá entablar una acción penal contra cualquier ciudadano. Por todo ello, solicita de la Sala de lo Constitucional, el abogado garantista, tener por formalizada la presente acción constitucional, a fin de evitar una grave e inminente violación a los derechos fundamentales; continuar con el trámite de ley, y, con el mérito de lo actuado, dictar sentencia otorgando el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, y a la luz del bloque de convencionalidad. Tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria de la descrita excepción por falta de acción, por la cual no deba proseguirse, según planteado por la Defensa Técnica de los imputados. Tal lo resuelto por la Alzada, confirmando el auto desestimatorio emitido por el Tribunal de Sentencia conocedor del caso, respecto a constituir elementos argumentativos previamente esgrimidos por las partes, los cuales habrían sido conocidos y resueltos en Audiencias o etapas anteriores, e inclusive por dicho Ad Quem; además de no allegar hechos o circunstancias nuevas para el proceso, por lo cual debe proseguirse con la presente causa. CONSIDERANDO (8): Que, tal resolución ha sido acordada por la Corte de Apelaciones concernida en observancia a los cánones del derecho constitucional, motivando la inexistencia de impedimento alguno para que la Fiscalía del Ministerio Público continúe en el ejercicio de la acción pública, ante las atribuciones constitucionales que se han expresado; corroborándose, a juicio de la Alzada, el resolutivo incidental denegatorio emitido por el Tribunal de Sentencia, en atención al carácter público de la función y de los bienes jurídicos protegidos, entre otras consideraciones jurídicas; de orden extensivo a la ampliación de la acción pública. CONSIDERANDO (9): Que, la Sala no observa quebrantamiento al derecho constitucional invocado por el amparista, sino, al contrario, una correcta valoración y argumentación jurídica de parte el Tribunal Ad Quem, la cual armoniza ajustadamente al derecho de acceso a la justicia. Por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, es obligado que dicha atribución sea ejercitada, no a ultranza, o en función de un interés privado, sino con absoluta objetividad y debiendo velar por la correcta aplicación de las leyes penales (Artículo 93 del Código Procesal Penal). Asimismo, de conformidad a la finalidad primordial, como es la consecución de una justicia penal pronta y efectiva (Ver artículo 8 del Código Procesal Penal). De acuerdo a aquel principio, los fiscales no sólo tienen la obligación de investigar las circunstancias que comprueben la acusación sino todo aquello que puede eximir de ella, sin poner en riesgo la imparcialidad subjetiva; pues es claro que no actúan en el proceso como postulación, o en nombre de parte privada alguna; sino que en nombre de la sociedad en general y en defensa de sus intereses generales. CONSIDERANDO (10): Que, vistos los antecedentes del caso, aprecia esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino, enervar una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales de bilateralidad y audiencia, las cuales han sido debidamente cumplimentadas en un plazo razonable; así como a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley; habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, al emitir una resolución motivada y justificada, sin desmedro al derecho al debido proceso, el cual no se ve infringido, necesariamente, al no vincularse el pronunciamiento judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales en el caso concreto; particularmente, al ejercitarse el derecho de acción de conformidad a la Constitución de la República y a lo establecido en el Capítulo I, Título II, Libro Primero, del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E). Por todo lo cual, y en consecuencia a lo antes expresado, procede desestimar la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323 y 326 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo bajo estudio, y; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-577-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL