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Sentencia AA-414-25 — Registro 20172

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación concerniente a la solicitud de ejecución subsidiaria de sentencia definitiva mediante un equivalente dinerario a través de la indemnización de daño real efectivamente causado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre del año dos mil veinticinco.VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, a favor de la sociedad mercantil denominada NORTHSHORE MARITIME SERVICE AND LOGISTICS HONDURAS, S.A. (NORTHSHORE HONDURAS), en contra de la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinticinco, que resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil veintitrés, concerniente a la solicitud de ejecución subsidiaria de sentencia definitiva mediante un equivalente dinerario a través de la indemnización de daño real efectivamente causado, promovida por la sociedad mercantil denominada NORTHSHORE MARITIME SERVICE AND LOGISTICS HONDURAS, S.A. (NORTHSHORE HONDURAS), en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-CODEFOR), ahora denominado INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición de la acción de mérito se logra advertir que el actuante señala su inconformidad con la resolución proferida por el Ad-quem, alegando la violación a los derechos constitucionales de su representada, como ser la tutela judicial efectiva toda vez que, pese a aceptar que no hubo ejecución de la sentencia, declara improcedente la ejecución subsidiaria que solicita ante el incumplimiento de la Sentencia dictada por el A-quo en fecha siete (07) de septiembre del año dos mil siete, misma que refiere el recurrente, declaró una obligación de hacer, motivo por el que es procedente la ejecución subsidiaria conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, agregando que la autoridad obligada no puede justificar su incumplimiento en el siniestro que destruyó el mobiliario y expedientes de esta, toda vez que desde su firmeza y el evento del indicado percance, trascurrieron 4 años y 5 meses sin cumplirse con lo ordenado, quebrantando así el derecho al debido proceso, principio de legalidad y derecho a la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que revisado el pronunciamiento vertido por la Alzada recurrida, en virtud de los alegatos expuestos por el recurrente, se puede apreciar que esta de manera motivada hace referencia del porque no son atendibles los alegatos de las partes y de manera razonada señala los requisitos, exigencias y solemnidades que exige la ley al caso concreto, misma que no fueron observadas, motivo por el cual no fueron de recibo los argumentos del accionante, decidiendo revocar parcialmente la resolución apelada al no encontrarla sujeta al procedimiento para la ejecución de sentencias que contienen una condena de una obligación de hacer personalísima, que establece el Código Procesal Civil; decisión que aprecia esta Sala se reduce a la aplicación de lo establecido en la ley por lo que no se logró constatar el alegato planteado por el recurrente referente a que la autoridad denunciada quebranta los derechos de su representada. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte del escrito de interposición que el recurrente realiza una amplia exposición de incidencias por las cuales indica interpone la acción de amparo, sin embargo, de las circunstancias que expone no fue posible determinar el perjuicio que denuncia, apreciando que las cuestiones planteadas por el compareciente fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicándose el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, se estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los recursos son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos y entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los actuantes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios expuestos, no se deriva el perjuicio por el que ataca la resolución censurada, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representada, toda vez que aun cuando se ha denunciado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, a favor de la sociedad mercantil denominada NORTHSHORE MARITIME SERVICE AND LOGISTICS HONDURAS, S.A. (NORTHSHORE HONDURAS), en contra de la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONSTENCIOSOS ADMINSITRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinticinco, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del año dos mil veintiséis. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo presentado a favor de la sociedad mercantil denominada NORTHSHORE MARITIME SERVICE AND LOGISTICS HONDURAS, S.A. (NORTHSHORE HONDURAS), en contra de la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONSTENCIOSOS ADMINSITRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinticinco, que resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil veintitrés, concerniente a la solicitud de ejecución subsidiaria de sentencia definitiva mediante un equivalente dinerario a través de la indemnización de daño real efectivamente causado, promovida por la sociedad mercantil denominada NORTHSHORE MARITIME SERVICE AND LOGISTICS HONDURAS, S.A. (NORTHSHORE HONDURAS), en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-CODEFOR), ahora denominado INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO: Que según se aprecia del escrito de interposición, el presente recurso de reposición se dirige en contra de la resolución emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinticinco, mediante la cual se sobresee el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que el accionante estima que el pronunciamiento vertido por este Alto Tribunal debe ser revocado por estimar que los agravios expuestos no se enmarcan en ninguna de las causales de inadmisibilidad al persistir la vulneración a su representada, motivo por el cual se procedió al estudio de la resolución que impugna que corre agregado en autos, misma de la que se aprecia la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional por la cual se denegó la garantía de amparo. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el planteamiento de violación alegada no es de recibo en virtud de lo ya relacionado y al ser la finalidad del recurso de amparo la de garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas al estado anterior de la infracción, siempre que sea posible; en tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinticinco, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o ni de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil veinticinco y reposición de fecha dieciséis de enero de dos mil veintiséis, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-414-2025.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL