Sentencia AA-373-25 — Registro 20330
Resumen
Los recurrentes alegan que la OABI, disminuye, restringe y tergiversa las garantías constitucionales de sus representados con la emisión de acto reclamado, toda vez que injustificadamente incluyó a sus representados en listado de Compradores Públicos Certificados (CPC) inhabilitados, sin constatar fehacientemente que se ha realizado una actuación irregular para revocar sus certificaciones. Se declara inadmisible la acción de amparo porque se tienen expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, como acontece en este caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que los argumentos de la recurrente versan en que, la autoridad recurrida, disminuye, restringe y tergiversa las garantías constitucionales de sus representados con la emisión de acto reclamado, toda vez que injustificadamente incluyó a sus representados en listado de Compradores Públicos Certificados (CPC) inhabilitados, sin constatar fehacientemente que se ha realizado una actuación irregular para revocar sus certificaciones y estima que se aplica retroactivamente en perjuicio de sus mandantes lo establecido en el artículo 16 del Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), relativo a la vigencia de tres años de la Certificación y de la obligación al proceso de actualización para mantener dicha vigencia, por lo que estima que lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la normativa citada es arbitrario y va en detrimento de los derechos y garantías de sus mandantes. … CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar un acto o resolución injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto reclamado, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar el acto denunciado que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice no aprecia el perjuicio por el que se ataca el acto censurado, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto el acto emitido por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que en relación al alegato de la recurrente consistente en que la aplicación del Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), es arbitraria y va en detrimento de los derechos y garantías de sus mandantes, se le indica a la recurrente que conforme con el Artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa, en este sentido y conforme el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, como acontece en este caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que al no advertirse agravio, no existe la posibilidad material de que este Supremo Tribunal mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos que se alegan como violados por la autoridad denunciada, así como se advierte que la recurrente tiene expedita la vía administrativa para hacer valer sus pretensiones, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser rechazada, por no reunir los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), art. 16 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 30 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de noviembre del año dos mil veinticinco VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor de los ciudadanos: LESBIA MARIA GATORNO SOMARRIBA MAYOR DE EDAD, ISABEL BERENICE LICONA, ALEJANDRA PAOLA DURON JEREZ, LOURDES ARACELY GONZALEZ GONZALES, INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN, CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA, CRISTY MARIA RAUDALES BARAHONA, NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ, y PORFIRIO DIAZ, todos compradores públicos certificados, en contra de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN a través de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), que mediante la Circular STLCC-ONCAE-006-2025, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinticinco, ha inhabilitado sin la debida justificación a sus representados como Compradores Públicos Certificados (CPC). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que los argumentos de la recurrente versan en que, la autoridad recurrida, disminuye, restringe y tergiversa las garantías constitucionales de sus representados con la emisión de acto reclamado, toda vez que injustificadamente incluyó a sus representados en listado de Compradores Públicos Certificados (CPC) inhabilitados, sin constatar fehacientemente que se ha realizado una actuación irregular para revocar sus certificaciones y estima que se aplica retroactivamente en perjuicio de sus mandantes lo establecido en el artículo 16 del Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), relativo a la vigencia de tres años de la Certificación y de la obligación al proceso de actualización para mantener dicha vigencia, por lo que estima que lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la normativa citada es arbitrario y va en detrimento de los derechos y garantías de sus mandantes. CONSIDERANDO: Que en virtud de los alegatos expuestos, esta Sala procedió al estudio del Informe Circunstanciado y documentos que adjuntó el ente denunciado, no logrando concretizar la existencia real de la afectación que señala la actuante, pues el acto reclamado en amparo no declara, otorga, ni deniega derechos, pues este se limita en hacer saber la nómina de los Compradores Públicos Certificados (CPC), que cumplen con los requisitos de acreditación conforme lo establece el Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), con el cual se rigen los interesados en ser certificados como Compradores Públicos Certificados (CPC) o de mantener dicha condición, motivo por el cual no se logra percibir el agravio que denuncia la actuante en contra de los derechos de sus mandantes. CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, en consonancia a lo que establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, al no percibir el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado emitido por el ente denunciado a sus representados, aun cuando esta Sala analizó el acto reclamado no logró advertir las violaciones a los derechos que señala contenidos en la Constitución de la República, resultando por estos motivos procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiesen tener los recurrentes de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar un acto o resolución injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto reclamado, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar el acto denunciado que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice no aprecia el perjuicio por el que se ataca el acto censurado, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto el acto emitido por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que en relación al alegato de la recurrente consistente en que la aplicación del Reglamento para la Certificación de Compradores Públicos Certificados (CPC), es arbitraria y va en detrimento de los derechos y garantías de sus mandantes, se le indica a la recurrente que conforme con el Artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa, en este sentido y conforme el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, como acontece en este caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que al no advertirse agravio, no existe la posibilidad material de que este Supremo Tribunal mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos que se alegan como violados por la autoridad denunciada, así como se advierte que la recurrente tiene expedita la vía administrativa para hacer valer sus pretensiones, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser rechazada, por no reunir los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor de los ciudadanos: LESBIA MARIA GATORNO SOMARRIBA MAYOR DE EDAD, ISABEL BERENICE LICONA, ALEJANDRA PAOLA DURON JEREZ, LOURDES ARACELY GONZALEZ GONZALES, INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN, CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA, CRISTY MARIA RAUDALES BARAHONA, NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ, y PORFIRIO DIAZ, todos compradores públicos certificados, en contra de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN a través de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), en contra de la Circular STLCC-ONCAE-006-2025, de fecha catorce de febrero del año dos mil veinticinco, al apreciar esta Sala que no existe una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de sus representados y apreciar además que la recurrente tiene expedita la vía administrativa para hacer valer sus pretensiones; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintiséis, certificación de la resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-373-2025.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL