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Sentencia AA-367-23 — Registro 19060

Resumen

Resolución que declara sin lugar Incidente de Oposición a Cuantía de Demanda; en relación a Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida contra recurrente y la inobservancia de rendición de 20% de caución para la admisión de demanda, requisito que alude el recurrente ,no tiene sustento legal, al ser objeto de recurso de Inconstitucionalidad declarado con lugar; El no exigir la caución del 20% establecida en el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vulnera los intereses económicos del Estado, por considerarse que, al no haber una causa justa para demandar por derechos que no corresponden al demandante, el desarrollo del juicio si representa un daño económico para el Estado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que los preceptos legales antes enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de legalidad invocados; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a indicar que el apelante en sus agravios hace manifestaciones de una serie de consideraciones de hechos y de derecho que pertenecen al fondo del asunto, así como que se ha obviado el requisito de la caución que establece el artículo 39 de la LJCA, sin atacar la resolución recurrida o en todo caso realmente oponerse a la cuantía determinada o indeterminada expresada por la parte actora en el escrito de demanda; procediendo la Alzada a confirmar el auto resolutivo emitido en primera instancia que declara sin lugar el Incidente de Oposición a la Cuantía de la Demanda; argumentando el A-quo que el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, NO LIMITA únicamente esas medidas a la solicitud de indemnización de daños reales efectivamente causados, sino cualquier otra medida necesaria para su pleno restablecimiento; en el caso de autos el demandante solicita la nulidad de la Resolución N°SE-019-2020 de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para el pleno restablecimiento de su situación jurídica individualizada. CONSIDERANDO(7): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados al tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (8): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO(9): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Que los preceptos legales antes enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de legalidad invocados; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a indicar que el apelante en sus agravios hace manifestaciones de una serie de consideraciones de hechos y de derecho que pertenecen al fondo del asunto, así como que se ha obviado el requisito de la caución que establece el artículo 39 de la LJCA, sin atacar la resolución recurrida o en todo caso realmente oponerse a la cuantía determinada o indeterminada expresada por la parte actora en el escrito de demanda; procediendo la Alzada a confirmar el auto resolutivo emitido en primera instancia que declara sin lugar el Incidente de Oposición a la Cuantía de la Demanda; argumentando el A-quo que el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, NO LIMITA únicamente esas medidas a la solicitud de indemnización de daños reales efectivamente causados, sino cualquier otra medida necesaria para su pleno restablecimiento; en el caso de autos el demandante solicita la nulidad de la Resolución N°SE-019-2020 de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para el pleno restablecimiento de su situación jurídica individualizada. CONSIDERANDO(7): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados al tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (8): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO(9): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), que resuelve declarar sin lugar el Incidente de Oposición a la Cuantía de la Demanda;en relación a la Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de un Acto Administrativo de carácter particular, promovida por el Abogado DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, a favor de Sí Mismo, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. 1) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiunos, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, actuando en causa propia, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR…”, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). (Folios del 1-10 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el referido JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Doctora en Derecho Lidia Estela Cardona Padilla, en su condición de Procuradora General de la República, presentando Oposición a la Cuantía de una Demanda Ordinaria, argumentando como motivo de Oposición la falta de acreditación de garantía suficiente a favor del Estado, en fundamento al contenido del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Folios del 1-3 de la Pieza Separada de Oposición a la Cuantía, de los antecedentes del A-quo) 3) Conociendo del incidente de oposición a la cuantía de la demanda, interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República (PGR), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar Sin Lugar el Incidente Oposición a la Cuantía de la Demanda, presentado por la abogada Lidia Estela Cardona Padilla en su condición de Procuradora General de la República, por los fundamentos señalados en los fundamentos Legales de la presente resolución. SEGUNDO: Contra el presente auto que resuelve el Incidente de Oposición a la Cuantía, cabe el recurso de Apelación, mismo que deberá ser interpuesto ante este juzgado en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo. TERCERO: Que la Secretaría del despacho notifique en legal y debida forma a las partes el presente Auto y si no se interpone el recurso procedente quede firme el mismo, haciéndose constar en la pieza principal de autos. Hasta esta fecha se resuelve por exceso de actividad jurisdiccional.-NOTIFIQUESE…” (Folios del 28-31 de la Pieza Separada de Oposición a la Cuantía, de los antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, en su condición de Procurador en Juicio en representación del Estado de Honduras, contra la resolución citada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ en su condición de apoderado Legal del Estado de Honduras a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP). SEGUNDO: CONFIRMAR el auto resolutivo de fecha dos (2) de junio del dos mil veintidós (2022), emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2021- 00282, de la demanda promovida el Ciudadano DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES. TERCERO: SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos para litigar…” (Folios del 16-24 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que la misma es violatoria del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-3 de la pieza de Amparo) 6) En fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando la vista de las diligencias al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 41 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA y por emitido su dictamen, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “Arguye el amparista que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones en fecha 13 de diciembre del 2022, transgrede la garantía constitucional del Debido Proceso, al confirmar la denegatoria del incidente de oposición, en relación a la caución del 20%, que debió rendir el demandante para que la demanda le fuera admitida; decisión que contraviene lo dispuesto en el artículo 39 a la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, correspondiendo ser inadmitida la pretensión del demandante al obviar un mandamiento básico como lo es rendir caución suficiente como garantía para proseguir con el proceso, lo que va en detrimento de su representada. En atención a lo expuesto por el recurrente y revisado el antecedente de mérito, se advierte que el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado a través del decreto 266-2023 del 16 de diciembre del 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 33, 33 de fecha 23 de enero del 2014, exigía como requisito para la admisión de la demanda, rendir caución del 20%, en relación a su cuantía, sin embargo dicho artículo fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por vía de excepción y por razón de contenido, ante la Sala de lo Constitucional, el cual fue resuelto el 13 de enero del 2022 (F.10-20 pieza oposición), siendo declarado el mismo con lugar. Es así que el requisito que alude el recurrente previo a ser admitida la demanda, no tiene sustento legal, de ahí que es evidente que la intención del recurrente es dilatar el proceso, concurriendo la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.9 de la Ley sobre Justica Constitucional. III.CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que al concurrir causal de inadmisibilidad corresponde sobreseer las diligencias” (Folios 44-45 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución . Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley .”CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada contra la resolución dictada en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de un Acto Administrativo de carácter particular, promovida por el Abogado DAMIÁN GILBERTO PINEDA REYES, a favor de Sí Mismo, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), emitió el siguiente fallo: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ en su condición de apoderado Legal del Estado de Honduras a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP). SEGUNDO: CONFIRMAR el auto resolutivo de fecha dos (2) de junio del dos mil veintidós (2022), emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2021- 00282, de la demanda promovida el Ciudadano DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES. TERCERO: SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos para litigar…”; lo cual tuvo justificativo en el debido proceso, principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. Refiere la Corte de Apelaciones en sus fundamentos de derecho, que bajo esa delimitación, los agravios expuestos por el apelante, no cumplen la función de convencer a ese Tribunal para tomar una decisión, pues son totalmente inexistentes con respecto a la resolución recurrida del incidente de oposición a la cuantía, al atacar otras cuestiones que no se encuentran plasmadas en el auto resolutivo que se apela y que además se han introducido aspectos que no pertenecen a la finalidad del presente incidente de oposición a la cuantía, sino que han utilizado este incidente para señalar una supuesta falta de un requisito, como ser la caución del 20% que establece el artículo 39 de la LJCA, cuando si la parte demandada ha entendido la falta de dicho requisito debió de haber hecho uso del mecanismo de defensa idóneo para plantear dicha situación, pero no a través de este incidente de oposición a la cuantía. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, muestra su inconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representado el contenido del artículos 90 de la Constitución de la República; para ello plantea sus argumentos indicando que dichos tribunales vulneran el Derecho al Debido Proceso, así como el Principio de Legalidad al permitir que se entable una acción legal en contra del Estado de Honduras a través de su representado el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante una latente falta de acreditación de garantía suficiente a favor del Estado. Dice el peticionario de Amparo que si bien es cierto dicha postura se establece como finalidad del precitado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es importante que esa judicatura también analice la potencial existencia de daños que pueden ser ocasionados a su representado debido a la procedencia de una demanda que debió ser inadmitida por considerarse que el demandante carece de fundamentos legales para proceder con dicha acción. El no exigir la caución del 20% establecida en el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vulnera los intereses económicos del Estado, por considerarse que, al no haber una causa justa para demandar por derechos que no corresponden al demandante, el desarrollo del juicio si representa un daño económico para el Estado a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO(4): Que para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, resulta importante reafirmar su línea jurisprudencial, acorde a la cual el procedimiento administrativo se encuentra, en general sujeto al principio o derecho fundamental del debido proceso, reconocido normativamente en la preceptiva convencional, constitucional y legal del Estado de Honduras; tal el alcance efectivo de la garantía de Amparo para determinar si el fallo proferido por la Corte de Apelaciones vulnera los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO(5): Que como fundamento legal de la resolución en comento, atendiendo las razones por las cuales procedería el dictado de la declaratoria sin lugar del recurso de apelación, por parte del Tribunal de Alzada; recurso de apelación que fuera promovido por la Parte demandada y con ello la ratificación del auto resolutivo decidido por el A-quo, como objeto del cual se recurre en Amparo; se invoca Inter alia el artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: “La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición…”; asimismo el artículo 89 de la misma normativa legal que determina que los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta ley; en ese orden de ideas cita también el Tribunal recurrido el artículo 704 del Código Procesal Civil que a la letra establece: “REGLA GENERAL DE FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS. Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna”. CONSIDERANDO(6): Que los preceptos legales antes enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de legalidad invocados; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a indicar que el apelante en sus agravios hace manifestaciones de una serie de consideraciones de hechos y de derecho que pertenecen al fondo del asunto, así como que se ha obviado el requisito de la caución que establece el artículo 39 de la LJCA, sin atacar la resolución recurrida o en todo caso realmente oponerse a la cuantía determinada o indeterminada expresada por la parte actora en el escrito de demanda; procediendo la Alzada a confirmar el auto resolutivo emitido en primera instancia que declara sin lugar el Incidente de Oposición a la Cuantía de la Demanda; argumentando el A-quo que el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, NO LIMITA únicamente esas medidas a la solicitud de indemnización de daños reales efectivamente causados, sino cualquier otra medida necesaria para su pleno restablecimiento; en el caso de autos el demandante solicita la nulidad de la Resolución N°SE-019-2020 de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para el pleno restablecimiento de su situación jurídica individualizada. CONSIDERANDO(7): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados al tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (8): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO(9): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, oído la opinión del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 35, 39 y 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 3, 22, 701 y 704 del Código Procesal Civil; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41 y 45, 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVÁEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.SE EXTIENDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, CERTIFICACIÓN DEL FALLO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, RECAÍDA EN EL RECURSO DE AMPARO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL CON EL NÚMERO SCO-0367-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL