Sentencia AA-280-24 — Registro 20479
Resumen
Resolución No. CI-ASL/238/25-07-2023 declaró sin lugar el reclamo administrativo a favor de los agraviados; La Sala de lo Constitucional advierte que los afectados no cumplían con las exigencias mínimas de edad a la fecha en que el Decreto 1026-1980, fue derogado; por lo que no adquirieron el derecho a ser protegidos bajo dicha norma y por ello no hay transgresión del principio de retroactividad. Además, conforme a la doctrina Constitucional, la legitimación procesal está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protege la normativa constitucional, lo que no sucede en la presente acción. Se concluyó que se alegan violaciones de mera legalidad y el recurso de amparo debe sobreseerse por causal de inadmisibilidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala analizó los antecedentes como la resolución denunciada, advirtiendo que la autoridad denunciada, se ha ceñido a la normativa vigente al emitir el acto reclamado en el que determinó que los afectados, a excepción de la señora BLANCA IRIS CANO MORALES, no reunían las exigencias mínimas de edad a la fecha en que el Decreto 1026-1980, fue derogado, de manera que al no cumplir con el requisito exigido en el Decreto en mención, los solicitantes no adquirieron el derecho que peticionan y por tanto no les resulta aplicable dicha normativa conforme a la interpretación que se desprende de la Sentencia de Amparo SCO-0299-2018, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecinueve, de la que hizo mención el peticionario, motivos estos por los que no se advierte la disminución o quebranto de los derechos que han sido planteados..."..."atendiendo la anterior motivación, no se observa la transgresión del principio de retroactividad, relativo a que, aquellos hechos o derechos que se obtenían bajo el imperio de una ley anterior, no pueden ser afectados por una ley posterior, extremo que, en el caso de estudio, no acontece toda vez que los agraviados al momento de perder vigencia el Decreto 1026-1980, no cumplían con las exigencias que este requería, consecuentemente no adquirieron el derecho a ser protegidos bajo dicha norma, motivo por el que no acontece la transgresión del principio de retroactividad como lo argumenta el recurrente..."..."conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado..."..."esta Sala no alcanza a apreciar que el acto contra el cual se reclama emitido por la autoridad denunciada, vulnere los derechos y garantías establecidos por la ley, resultando del estudio del acto reclamado, que este ha sido dictado en concordancia con la ley. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se evidencia la inexistencia de la violación a las normas constitucionales que han sido citadas por la recurrente..."..."al alegarse violaciones de mera legalidad en materia de Justicia Constitucional, el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, inevitablemente en una violación de rango Constitucional, situación que no ha sido advertida al no concretizarse la misma luego del estudio del citado acto reclamado por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..."..."el artículo cuarenta y seis numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, razón por lo que se impone sobreseer el presente amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala analizó los antecedentes como la resolución denunciada, advirtiendo que la autoridad denunciada, se ha ceñido a la normativa vigente al emitir el acto reclamado en el que determinó que los afectados, a excepción de la señora BLANCA IRIS CANO MORALES, no reunían las exigencias mínimas de edad a la fecha en que el Decreto 1026-1980, fue derogado, de manera que al no cumplir con el requisito exigido en el Decreto en mención, los solicitantes no adquirieron el derecho que peticionan y por tanto no les resulta aplicable dicha normativa conforme a la interpretación que se desprende de la Sentencia de Amparo SCO-0299-2018, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecinueve, de la que hizo mención el peticionario, motivos estos por los que no se advierte la disminución o quebranto de los derechos que han sido planteados..."..."atendiendo la anterior motivación, no se observa la transgresión del principio de retroactividad, relativo a que, aquellos hechos o derechos que se obtenían bajo el imperio de una ley anterior, no pueden ser afectados por una ley posterior, extremo que, en el caso de estudio, no acontece toda vez que los agraviados al momento de perder vigencia el Decreto 1026-1980, no cumplían con las exigencias que este requería, consecuentemente no adquirieron el derecho a ser protegidos bajo dicha norma, motivo por el que no acontece la transgresión del principio de retroactividad como lo argumenta el recurrente..."..."conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado..."..."esta Sala no alcanza a apreciar que el acto contra el cual se reclama emitido por la autoridad denunciada, vulnere los derechos y garantías establecidos por la ley, resultando del estudio del acto reclamado, que este ha sido dictado en concordancia con la ley. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se evidencia la inexistencia de la violación a las normas constitucionales que han sido citadas por la recurrente..."..."al alegarse violaciones de mera legalidad en materia de Justicia Constitucional, el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, inevitablemente en una violación de rango Constitucional, situación que no ha sido advertida al no concretizarse la misma luego del estudio del citado acto reclamado por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..."..."el artículo cuarenta y seis numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, razón por lo que se impone sobreseer el presente amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIIFCACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de febrero del año dos mil veinticinco. VISTO el escrito del recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES a favor de cuarenta y tres (43) ciudadanos: 1. ADELA IZAGUIRRE BONILLA, 2. MAYRA LUVINA RODRIGUEZ ESCOBAR, 3. EDIS MARGARITA CASTRO ZAVALA, 4. ELSA SUYAPA DELCID PAGOADA, 5. MAVIL SIOMARA DELCID PAGOADA, 6. LEDYZ ILANIA DELCID PAGOADA, 7. GLADIS ELVIRA RODRIGUEZ AGUILERA, 8. JOSÉ GUARDADO RIVERA, 9. VITALINA DELCID QUINTANO, 10. NEYDA GAMEZ AGUILAR, 11. XIOMARA ARCENIA GUERRERO HERNÁNDEZ, 12. EDA SIOMARA OCHOA IZAGUIRRE, 13. SARA NATALIA ZELAYA RODRÍGUEZ, 14. ORFILIA ESPERANZA BUSTILLO PAGOADA, 15. MARIBEL ZEPEDA DUEÑAS, 16. NORMA SATURNINA MEDINA MORALES, 17. LESLIE JAQUELINE CASTRO OVANDO, 18. SARA MARLENY GALLEGOS ESCOTO, 19. PEDRO ARMANDO MACHADO ROMERO, 20. BLANCA IRIS CANO MORALES, 21. ANGELA JOVITA MORALES CRUZ, 22. SANTANA MARTINEZ ALCERRO, 23. ALBA ROSA BONILLA CACERES, 24. MAYRA LETICIA ZUNIGA GUARDADO, 25. SANDRA ARELI ROBLES LARA, 26. OLIMPIA RIVERA LOPEZ, 27. ROSIBEL GARCÍA GUTIÉRREZ, 28. JUAN RAMÓN MELGAR LAINEZ, 29. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ BURDETT, 30. DILCIA LOURDES GARCÍA CARRANZA, 31. NELSI JUDITH ZELAYA OCHOA, 32. MARTHA LUZ MALDONADO PEÑA, 33. TERESA FRANCISCA ESPINOZA AGUILAR, 34. MARIXA ARGENTINA VILLANUEVA, 35. IRIS. CONSUELO COREA VILLANUEVA, 36. ELMER NOE MOLINA MOLINA, 37. DILCIA MARINA TORRES RIVAS, 38. VILMA AZUCENA MENDEZ JUAREZ, 39. ANA BELL LAZO, 40. REINA MARÍA REYES LAINEZ, 41. IRIS YOLANDA TAPIA SABILLÓN, 42. NORA ELIZABETH ZELAYA LARA Y 43. CAMILA ARGENTINA RIVERA MALDONADO; en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) que emitió la Resolución No.CI-ASL/238/25-07-2023, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintitrés, que declara sin lugar el reclamo administrativo en favor de mis representados. CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con la emisión del acto reclamado se ha infringido en contra de sus representados los derechos contenidos en los artículos 80 y 96 de la norma primaria, al resolver lo solicitado bajo lo dispuesto en el Decreto Legislativo No.247-2011, contentiva de la Ley del INPREMA vigente, estimando el accionante además, que se quebranta el principio de no retroactividad de la ley, toda vez que este decreto disminuye y tergiversa los derechos constitucionales de sus mandantes, ya que al momento de que estos se afiliaron al INPREMA, se encontraba vigente el Decreto 1026-1980, emitido en fecha quince (15) de julio del año mil novecientos ochenta, por consiguiente, es esta la normativa que corresponde ser aplicada para resolver lo reclamado. CONSIDERANDO: Que esta Sala analizó los antecedentes como la resolución denunciada, advirtiendo que la autoridad denunciada, se ha ceñido a la normativa vigente al emitir el acto reclamado en el que determinó que los afectados, a excepción de la señora BLANCA IRIS CANO MORALES, no reunían las exigencias mínimas de edad a la fecha en que el Decreto 1026-1980, fue derogado, de manera que al no cumplir con el requisito exigido en el Decreto en mención, los solicitantes no adquirieron el derecho que peticionan y por tanto no les resulta aplicable dicha normativa conforme a la interpretación que se desprende de la Sentencia de Amparo SCO-0299-2018, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecinueve, de la que hizo mención el peticionario, motivos estos por los que no se advierte la disminución o quebranto de los derechos que han sido planteados. CONSIDERANDO: Que atendiendo la anterior motivación, no se observa la transgresión del principio de retroactividad, relativo a que, aquellos hechos o derechos que se obtenían bajo el imperio de una ley anterior, no pueden ser afectados por una ley posterior, extremo que, en el caso de estudio, no acontece toda vez que los agraviados al momento de perder vigencia el Decreto 1026-1980, no cumplían con las exigencias que este requería, consecuentemente no adquirieron el derecho a ser protegidos bajo dicha norma, motivo por el que no acontece la transgresión del principio de retroactividad como lo argumenta el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que expuesto lo anterior, esta Sala no alcanza a apreciar que el acto contra el cual se reclama emitido por la autoridad denunciada, vulnere los derechos y garantías establecidos por la ley, resultando del estudio del acto reclamado, que este ha sido dictado en concordancia con la ley. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se evidencia la inexistencia de la violación a las normas constitucionales que han sido citadas por la recurrente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad en materia de Justicia Constitucional, el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, inevitablemente en una violación de rango Constitucional, situación que no ha sido advertida al no concretizarse la misma luego del estudio del citado acto reclamado por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que el artículo cuarenta y seis numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, razón por lo que se impone sobreseer el presente amparo. POR TANTO: Esta Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES a favor de cuarenta ADELA IZAGUIRRE BONILLA, y cuarenta y dos (42) ciudadanos más; en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) que emitió la Resolución No.CI-ASL/238/25-07-2023, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintitrés, al evidenciarse la inexistencia de las violaciones a los derechos constitucionales que han sido citados por el recurrente. Y MANDA: que una vez notificada y firme la presente resolución se archive el amparo de mérito. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES, en contra del sobreseimiento del recurso de amparo dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinticinco, a favor de ADELA IZAGUIRRE BONILLA, y CUARENTA Y DOS (42) AGRAVIADOS MÁS; en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) que emitió la Resolución No.CI-ASL/238/25-07-2023, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintitrés, que declara sin lugar el reclamo administrativo en favor de sus representados. CONSIDERANDO: Que en fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinticuatro, el recurrente interpuso la acción de amparo de mérito, mismo que fue sobreseído mediante resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinticinco. CONSIDERANDO: Que el recurrente en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinticinco, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra el sobreseimiento dictado por este Alto Tribunal en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinticinco, señalando que con la emisión de este se quebrantó lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativa al otorgamiento de la vista para que el recurrente formalice luego de recibido el informe o los antecedentes del caso, así como pide la revocación de dicha resolución en base al principio de progresividad en derechos sociales que descansa en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se continúe con el proceso normal del recurso. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una resolución o providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de reponerlo, enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, cimentada en la función revisora del recurso de reposición, realizó un nuevo análisis de las diligencias y los antecedentes, no advirtiendo la pertinencia de los agravios expuestos por el recurrente toda vez que dicha resolución fue pronunciada por apreciar esta Sala que los argumentos expuestos se ajustan a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto los agravios expuestos no resultan atendibles toda vez que no basta la solo invocación de la vulneración de un derecho, sino que el efecto de dicho quebranto debe ser desarrollado en su escrito de interposición de esta acción. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es de garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas al estado anterior de la infracción, siempre que sea posible; en tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este alto Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 45, 46, 49 numeral 5), 50, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA REYES, en contra del sobreseimiento del recurso de amparo dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinticinco, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la Resolución de fecha doce de febrero del dos mil veinticinco, y la Resolución de fecha veintiséis de mayo del dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0280-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL