Sentencia AA-1622-23 — Registro 20433
Resumen
La Corte de Apelaciones rechazó de plano acción de amparo por considerar que la decisión del Juzgado de instancia al desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva; además, existe causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad; La Sala de lo Constitucional confirmó la resolución llegada en trámite de consulta obligatoria, ya que se evidencia que los alegatos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional, incurriendo en causal de inadmisibilidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional..."..."La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional..."..."La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño..."..."En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional..."..."Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva...En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de junio dos mil veinticinco (2025).VISTA: En consulta obligatoria la resolución de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante la cual rechazó de plano la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRÍGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha catorce (14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda especial en materia de personal, promovida por la señora EILLIM NYLECOJ FLORES IRACHEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Habiendo estimado el recurrente como violado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), el abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, compareció ante la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Jurisdicción a Nivel Nacional, promoviendo garantía constitucional de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, contra el auto resolutivo de fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en la demanda promovida por la señora EILLIM NYLECOJ FLORES IRACHEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. 2. En fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, dictó resolución mediante la cual, resuelve: “PRIMERO: PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR el abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por existir causa de inadmisibi1idad en el escrito de interposición del presente recurso al alegar violaciones de mera legalidad. SEGUNDO: REMÍTASE las diligencias en CONSULTA OBLIGATORIA de 1a presente resolución ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Artículos 46 numeral 1 y párrafo final, Y 68 párrafo segundo de 1a Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 1etra b de la Ley de 1a Jurisdicción de lo contencioso Administrativo….” 3. Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional recibió para su consulta el recurso de mérito de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO (1): La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. CONSIDERANDO (2): Resumen de la resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante la cual rechaza de plano la garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de rechazar de plano la garantía constitucional de amparo, se sustenta en causal de inadmisibilidad en el escrito de interposición del recurso al alegar violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (3): La Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras establece en su artículo 46 numeral 1 que es inadmisible el recurso de amparo "cuando se aleguen violaciones de mera legalidad". En el presente caso bajo análisis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, correctamente determinó que los alegatos presentados por el impetrante constituyen cuestiones de mera legalidad y no vulneraciones constitucionales sustantivas. Las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que, por no estar referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, no son susceptibles de la garantía de amparo, a menos que constituyan una transgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Al examinar los alegatos del impetrante, se evidencia que estos se circunscriben a asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, pues son de orden infraconstitucional. CONSIDERANDO (4): La jurisprudencia hondureña ha establecido consistentemente que el amparo "no debe convertirse en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria más". La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido el criterio de que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes, no son susceptibles de la Garantía de Amparo. En el presente caso, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, sería llevar a cabo un reexamen más de la resolución, convirtiendo al juez constitucional en una instancia ordinaria adicional. CONSIDERANDO (5): El artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que "en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley". La apreciación y valoración de los hechos que motivaron la incidencia de defensas previas y la resolución del Juzgado de Primera Instancia con respecto al incidente incoado no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho del Debido Proceso ni de defensa. La Corte de Apelaciones actuó dentro del marco de sus competencias al determinar que los alegatos del impetrante constituían cuestiones de mera legalidad, respetando así la independencia de los jueces y tribunales ordinarios en la valoración de asuntos propios de su jurisdicción. Confirmar esta sentencia refuerza el principio de independencia judicial y la separación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, principio fundamental en el sistema jurídico hondureño. CONSIDERANDO (6): El artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece las causales de inadmisibilidad que pueden ser apreciadas de oficio por el juez, incluyendo: "b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa, al tenor del artículo 31". En el caso bajo análisis, el impetrante alegó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no consideró adecuadamente estas causales al desestimar las defensas previas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones correctamente determinó que estos alegatos constituyen cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas en la jurisdicción ordinaria y no mediante amparo. La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de desestimar las defensas previas y considerar que los alegatos sobre la falta de legitimación son cuestiones de fondo que deben resolverse en sentencia definitiva, no constituye una violación constitucional que amerite la intervención del juez constitucional.CONSIDERANDO (7): La Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras (Decreto No. 80-2013) constituye el marco normativo vigente que regula integralmente el servicio exterior hondureño. El artículo 31 de esta ley establece que "el funcionario o servidor que ingrese al Servicio Diplomático y Consular de Carrera y por tanto al Escalafón Diplomático y Consular, se iniciará en el Servicio Interno y rango de Tercer Secretario". El artículo 18 faculta al Presidente de la República para "nombrar a personas no incorporadas en el Escalafón Diplomático y Consular, hasta el veinte por ciento (20%) del total de los Jefes de Misión y del resto del personal". Crucialmente, el artículo 70 dispone que "las personas que desempeñen cargos en el Servicio Exterior, no incorporadas en el Escalafón Diplomático y Consular, gozarán mientras ejerzan el cargo del estatus diplomático o consular, así como de los demás derechos reservados a los funcionarios y servidores del Servicio Diplomático y Consular de Carrera, excepto los expresados en los numerales 1), 2), 3) y 4) del Artículo 64", siendo el numeral 1) relativo a la estabilidad en el servicio. Esta regulación específica establece un régimen jurídico diferenciado que permite la libre remoción de funcionarios no escalafonados, constituyendo un elemento normativo sustantivo cuya interpretación corresponde al juez contencioso administrativo en el proceso principal, no siendo materia de amparo constitucional. La controversia sobre si la demandante original estaba o no protegida por la Ley del Servicio Diplomático y Consular, y si su cargo era de libre nombramiento y remoción, constituye una cuestión de fondo que debe ser resuelta en el proceso principal y no mediante defensas previas. La Corte de Apelaciones acertadamente determinó que estos alegatos no configuran violaciones constitucionales que justifiquen la acción de amparo, sino que son cuestiones de legalidad ordinaria que deben ser resueltas por el juez contencioso administrativo en sentencia definitiva.CONSIDERANDO (8): El artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que "la sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional". En el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional rechazó de plano la acción de amparo por existir causa de inadmisibilidad al alegar violaciones de mera legalidad. Esta decisión debe ser confirmada por esta Sala Constitucional, pues se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos sobre la inadmisibilidad de amparos por violaciones de mera legalidad. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 90, 303, 304 y 316 de la Constitución de la República; 14, 31, 63, 64, 80 literal e), y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Artículos 41 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 31, 64 y 70 de la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, y proferida en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional; mediante la cual fue RECHAZADA DE PLANO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, contra la resolución dictada en fecha catorce (14) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con relación al Auto Resolutivo de la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de mayo del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1622-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL