Sentencia AA-1517-23 — Registro 20066
Resumen
Resolución declaró sin lugar recurso de apelación contra Resolución No. DE-054/17-03-2023 que aprobó la Pensión por Vejez a favor de la solicitante; La Junta Directiva de dicho Instituto confirmó la pertinencia de aplicar el Reglamento General del INPREUNAH publicado el 13 de agosto de 2016 y no el de fecha 21 de marzo de 2006, lo que contraviene el Principio de Progresividad de los derechos fundamentales; La Sala de lo Constitucional determinó que la resolución impugnada fue dictada por una Institución autónoma propia, que pertenece a la Administración Pública sometida al derecho administrativo y siendo agotado el trámite administrativo procede que se concurra ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que la Sala se inhibe de pronunciarse del recurso promovido, ya que concurre causal de inadmisibilidad al tener expeditos recursos o acciones que interponer en la vía Contencioso Administrativo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución impugnada fue dictada por una institución que posee autonomía propia y que pertenece a la administración pública por ende está comprendida dentro del ámbito del derecho Administrativo, y siendo que el trámite administrativo ya fue agotado procede que concurra ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según lo establece el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en consecuencia esta Sala se inhibe de pronunciarse en relación al recurso promovido y ordena su sobreseimiento y archivo de las presentes diligencias..."..."el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dice: “ Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”.- Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.”, El Decreto 170, emitido el 15 de octubre de 1957 por la Junta Militar de Gobierno, es la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este decreto establece la autonomía universitaria, reconociendo la capacidad de la UNAH para gobernarse a sí misma y definir sus propios planes de estudio y organización académica.” Partiendo de este articulado se afianza aún más que en el presente caso la recurrente tiene expedita la vía administrativa para que incoe la demanda correspondiente habiendo agotado la vía administrativa como requisito previo a acudir a la vía correspondiente y ejercite las acciones que considera le asisten y que no está de acuerdo con la resolución emitida contra la cual promovió la presente acción de amparo que ha sido dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual es un apéndice de previsión de dichos empleados una vez que se jubilan de la UNAH.- En tal sentido la recurrente no está desprotegida y está amparada por el artículo 82 de la Constitución de la República que dice: “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, por lo que tiene expedita esta instancia para formular su petición y que sea un juez de esta materia quien dilucide a través del debido proceso lo que en derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución impugnada fue dictada por una institución que posee autonomía propia y que pertenece a la administración pública por ende está comprendida dentro del ámbito del derecho Administrativo, y siendo que el trámite administrativo ya fue agotado procede que concurra ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según lo establece el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en consecuencia esta Sala se inhibe de pronunciarse en relación al recurso promovido y ordena su sobreseimiento y archivo de las presentes diligencias..."..."el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dice: “ Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”.- Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.”, El Decreto 170, emitido el 15 de octubre de 1957 por la Junta Militar de Gobierno, es la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este decreto establece la autonomía universitaria, reconociendo la capacidad de la UNAH para gobernarse a sí misma y definir sus propios planes de estudio y organización académica.” Partiendo de este articulado se afianza aún más que en el presente caso la recurrente tiene expedita la vía administrativa para que incoe la demanda correspondiente habiendo agotado la vía administrativa como requisito previo a acudir a la vía correspondiente y ejercite las acciones que considera le asisten y que no está de acuerdo con la resolución emitida contra la cual promovió la presente acción de amparo que ha sido dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual es un apéndice de previsión de dichos empleados una vez que se jubilan de la UNAH.- En tal sentido la recurrente no está desprotegida y está amparada por el artículo 82 de la Constitución de la República que dice: “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, por lo que tiene expedita esta instancia para formular su petición y que sea un juez de esta materia quien dilucide a través del debido proceso lo que en derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución impugnada fue dictada por una institución que posee autonomía propia y que pertenece a la administración pública por ende está comprendida dentro del ámbito del derecho Administrativo, y siendo que el trámite administrativo ya fue agotado procede que concurra ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según lo establece el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en consecuencia esta Sala se inhibe de pronunciarse en relación al recurso promovido y ordena su sobreseimiento y archivo de las presentes diligencias..."..."el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dice: “ Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”.- Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.”, El Decreto 170, emitido el 15 de octubre de 1957 por la Junta Militar de Gobierno, es la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este decreto establece la autonomía universitaria, reconociendo la capacidad de la UNAH para gobernarse a sí misma y definir sus propios planes de estudio y organización académica.” Partiendo de este articulado se afianza aún más que en el presente caso la recurrente tiene expedita la vía administrativa para que incoe la demanda correspondiente habiendo agotado la vía administrativa como requisito previo a acudir a la vía correspondiente y ejercite las acciones que considera le asisten y que no está de acuerdo con la resolución emitida contra la cual promovió la presente acción de amparo que ha sido dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual es un apéndice de previsión de dichos empleados una vez que se jubilan de la UNAH.- En tal sentido la recurrente no está desprotegida y está amparada por el artículo 82 de la Constitución de la República que dice: “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, por lo que tiene expedita esta instancia para formular su petición y que sea un juez de esta materia quien dilucide a través del debido proceso lo que en derecho corresponda..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Mario Guillermo Montes Montoya, a favor de la señora Claudette Celina Benítez Contreras, contra la resolución No. DE-054/17-03-2023 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras (INPREUNAH), de fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictada por la Dirección Especialista del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras, con relación a la solicitud de pensión ordinaria por vejez promovida por la señora Claudette Celina Benítez Contreras. Considerando el recurrente que con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 63, 64, 80 y 96 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)Que en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Mario Guillermo Montes Montoya, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Claudette Celina Benítez Contreras, contra la resolución No. INPREUNAH-DE-054/17-03-2023 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras (INPREUNAH), de fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictada por la Dirección Especialista del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras, con relación a la solicitud de pensión ordinaria por vejez promovida por la señora Claudette Celina Benítez Contreras, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del amparo de mérito)2)Esta Sala, en fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 15 del recurso de mérito)3)Ésta sala en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida, emitido por el Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), disponiendo lo siguiente: “…Téngase por recibida la presente COMUNICACIÓN de fecha 26 de abril del 2024, proveniente de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual, SE HACE SABER del Recurso de Amparo Administrativo No SCO-1517-2023, interpuesto por Abogado MARIO GUILLERMO MONTES a favor de la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS, contra la resolución No. DE-054/17-03-2023 emitida por el Instituto de Previsión social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH). Y en consecuencia con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y dando cumplimiento a dicha comunicación debidamente cumplimentada, el procurador Legal del Instituto de Previsión social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), remite el siguiente informe: 1.-Que la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS presentó solicitud de Pensión por Vejez ante esta Institución en fecha 07 de febrero de 2023. Misma que fue evacuada mediante la Resolución INPREUNAH DE-054/17-03-2023 emitida por la Dirección Especialista el día 17 de marzo de 2023 la cual declara CON LUGAR el Beneficio de Pensión por Vejez por un monto de L 45,002.17 que corresponde al 70.3542% del último salario sujeto a cotización. 2.- En atención a lo antes señalado y habiendo conocido y manifestándose tácitamente notificado del contenido de la resolución INPREUNAH DE-054/17-03-2023 emitida por la Dirección Especialista el día 17 de marzo de 2023, el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS interpuso recurso de apelación en fecha 21 de abril de 2023, el cual fue admitido el día 19 de mayo de 2023 y notificado el 24 de mayo de 2023. En el presente Recurso el abogado Argumenta en los HECHOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO que su representada comenzó a laborar a partir del 1 de febrero de 1987 como profesora titular III en el departamento de Química, devengando como último salario mensual la cantidad de 1.64,594.15; de cuya lectura fundamenta sus pretensiones en los argumentos siguientes: 3.- Que en fecha 01 de diciembre de 2022 presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando a partir del 01 de febrero de 2023, misma que le fue aceptada. Posteriormente en fecha 07 de febrero de 2023 se presentó Solicitud del beneficio de Pensión por Vejez al INPREUNAH; Por lo que en fecha 17 de marzo de 2023 el INPREUNAH emitió la resolución INPREUNAH DE-054/17-03-2023 en la cual aprobó la Pensión por Vejez a la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS Pensión Ordinaria por Vejez por un valor de L. 45,002.17 con vigencia a partir del 01 de febrero 2023, para lo cual se basaron en el actual Reglamento General del INPREUNAH publicado en La Gaceta en fecha 13 de agosto de 2016 y no en el Reglamento General de fecha 31 de marzo de 2006. Determinación que se emitió en dicho sentido en consideración a todos los derechos que tiene un jubilado con el actúa Reglamento. 4.- Asimismo, En los HECHOS QUINTO, SEXTO, SEPTIMO y OCTAVO establece el Abogado que, el INPREUNAH al aplicarle a su representada el actual Reglamento General, lo hace equivocadamente por la siguiente razón: el ámbito temporal de validez de la norma jurídica se refiere al momento en el cual la norma jurídica adquiere vigencia. La norma Jurídica adquiere vigencia a partir del día siguiente en el que se publica en el Diario Oficial La Gaceta y de acuerdo al Código Civil en su artículo 42 expresa que la Ley puede ser derogada total o parcialmente, dicha derogación podrá ser expresa o tácita, según lo manifieste la Ley derogatoria. En el presente caso la decisión del INPREUNAH de negar otorgar los beneficios dados en una ley ya derogada, para los beneficiarios de la misma, por haber sido sustituidos los requisitos y accesos por otra Ley, que a criterio de la autoridad recurrida se vuelve aplicable en tiempo y espacio, ya la Sala de lo Constitucional de la CSJ se ha pronunciado en este tipo de casos en la sentencia SCO-0299-2018 como parte del acervo jurisprudencial, establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la pensión, puede considerarse un derecho adquirido que se incorpora al patrimonio del pensionista y que desde el momento que los beneficiarios se acogen al régimen de jubilaciones previstos en una ley, adquieren el derecho a que sus pensiones se rijan en los términos y condiciones previstas en dicha ley. La Constitución prevé la no regresividad de los derechos, al establecer en el artículo 64 que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la constitución si los disminuyen, restringen o tergiversan. 5.- Que el Dictamen Técnico 228-2023 emitido por la Gerencia de Previsión Social en fecha 25 de mayo del 2023, establece lo siguiente: Que, para determinar el valor de la Pensión a otorgar se consideró la normativa indicada en el Reglamento General Vigente del INPREUNAH aprobado según Resolución CI INPREUNAH No. 01/28-07-2016 publicado en el diario oficial La Gaceta No.34,111 de fecha 13 de agosto de 2016. Que, el Reglamento General Vigente del INPREUNAH aprobado según resolución CI INPREUNAH No. 01/28-07-2016 publicado en el diario oficial La Gaceta No.34,111 de fecha 13 de agosto de 2016, establece en su artículo 150 párrafo segundo "Derogar el Reglamento General del INPREUNAH publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de marzo de 2006 y sus reformas a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta". Que el artículo 96 de la Constitución de la Republica de Honduras establece que: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. 6.- Que en fecha 20 de junio del del 2023 el departamento de Asesoría Legal emitió opinión legal según MEMORANDUM DL-217-2023, en donde recomienda que se declare sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS, contra la resolución INPREUNAH DE-054-17-03-2023, emitida por la Dirección Especialista en fecha 17 de marzo de 2023. Por tal razón en consideración de la norma jurídica contenida en los artículos 30, 31, y 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo recomendó, se declare la firmeza de la resolución INPREUNAH DE-054-17-03-2023 emitida por dirección especialista en fecha 17 de marzo de 2023. 7.- Que en fecha 28 de septiembre del año 2023 el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), emitió la RESOLUCIÓN JD.INPREUNAH 004/27-07-2023, en donde declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS, contra la resolución antes mencionada, en virtud de que mediante los argumentos planteados por la parte recurrente, no logró acreditar suficientemente en cuanto a derecho se refiere, que la emisión de la misma se hubiere violentado el ordenamiento jurídico. Asimismo, declara FIRME la resolución 8.- Que de acuerdo a lo que establece el CONSIDERANDO (16) de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional número SCO-0299-2018: Que con relación al tema de derechos adquiridos, esta Sala. manifiesta que este tema no presenta ninguna dificultad si se entiende como derecho adquirido, lo que ha entrado ya en nuestro patrimonio y forma parte de él (por ello no es aplicable el caso, sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en dicho caso, los jubilados va habían gozado varios meses de su jubilación, y en consecuencia de la aplicación de una nueva ley, la cantidad ya percibida se le mermo un porcentaje, incidiendo gravemente en su presupuesto para vivir). El problema podría surgir, ante el caso de que no haya entrado aun en nuestro patrimonio, por no haberse reconocido el beneficio y si es así, vale la interrogante, ¿cómo lo debemos considerar?, ¿cómo una simple expectativa? Es decir como una esperanza de adquirir determinado derecho? a estas interrogantes Don Presentación Quezada proporciona como ejemplo el requisito de la edad, y explica que "...una expectativa es la facultad concedida por la lev para adquirir un derecho, dependiendo su adquisición, de las condiciones establecidas por la misma lev más la voluntad de tercero, por ejemplo las herencias; un hijo podría tener la expectativa de heredar a su padre, es una esperanza, más no un derecho, pues depende de la voluntad de aquel. No obstante; un derecho condicionado, se perfeccionará, explica, hasta que se cumplan las condicionantes que plasma el legislador en la ley. Ejemplo los derechos que se adquieren con la mayoría de edad se obtienen hasta cumplido el requisito de haberla obtenido, es decir el día en se cumplen los veintiún años; hasta ese día se adquiere la capacidad legal, un día antes no se ha adquirido aún el derecho. Los derechos condicionados, no pueden ejercerse en cualquier tiempo, sino hasta que se cumple la condición, por ser verdaderos derechos con existencia propia." Asimismo, la Sentencia de la Sala de lo Constitucional número SCO-0299-2018 MANDA: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que va habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes de la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entró en vigencia la nueva ley. Que el Reglamento General del INPREUNAH en su artículo 85 establece cuales son los REQUISITOS para optar a una Pensión Ordinaria por Vejez, siendo los siguientes: 1. Haber cumplido sesenta y cinco años (65) de edad; y, 2. Acreditar un mínimo de veinticinco (25) años de cotización al Instituto. De lo cual podemos observar que la Apelante CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS al momento de solicitar el Beneficio de Pensión por Vejez (solicitud realizada el 07 de febrero de 2023), contaba con un tiempo cotizado de 25 años, 07 meses. Cumpliendo con uno de los requisitos de tener 25 años cotizados apenas hace 8 meses. 9.- Del contenido de los artículos: 47, 48, 51, 52 y 54 de la Ley General de la Administración Pública el INPREUNAH, es una Institución del sector Público Descentralizado, constituido como un Instituto Público y debido a ello todas las actuaciones de sus empleados y funcionarios deberán enmarcarse en el contexto del principio de competencia contenido en el artículo 321 Constitucional conforme al cual estos no tendrán más facultades que aquellas que expresamente les confiere la Ley. Por tal motivo, los actos emitidos por esta Institución deberán adquirir la forma de Acuerdos, Resoluciones o Providencias tal como lo señala el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, siendo estos actos jurídico-administrativos los únicos mediante los cuales se producen efectos directos respecto a la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. En tal sentido, únicamente corresponderá a las providencias, los acuerdos, los decretos y a las resoluciones el crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones estableciendo situaciones jurídicas individualizadas siendo por tal razón únicamente estos los actos jurídico administrativos susceptibles de recurso. 10.- Asimismo, De conformidad con la norma jurídica contenida en el artículo 321 de la Constitución de la Republica los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Ello implica que todo acto que emitan deberá estar sustentado en una norma jurídica que les faculte para realizar tal acción. Por lo expuesto en el párrafo precedente, para que los funcionarios del INPREUNAH emitan una resolución en el sentido de conceder lo solicitado por la señora CLAUDETTE CELINA BENITEZ CONTRERAS, será condición sine qua non que el Reglamento General del INPREUNAH faculte a dicho funcionario para que autorice el entero de dichas cantidades por concepto de aumentos que haya recibido la participante antes mencionada en la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS y no la haya reportado la UNAH, al Instituto…” (Folios 16-20 recurso de mérito)4)Que en fecha ocho de agosto de dos mil veinticuatro, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 23 del recurso de mérito)5)En fecha dos de septiembre de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, presentado por el Abogado Mario Guillermo Montes Montoya, en su condición antes indicada, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 29 del recurso de mérito) 6)En fecha veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zúniga García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Establece el recurrente que en fecha 27 de julio del 2023, la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, resolvió Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 17 de marzo del 2023, dictada por la Dirección Especialista del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Solicitud de Pensión Ordinaria Por Vejez y. confirma la pertinencia de aplicar el actual Reglamento General del INPREUNAH, publicado el 13 de agosto del 2016, y no el Reglamento General de fecha 31 de marzo del 2006, lo que contraviene el principio de Progresividad de los derechos fundamentales contenido en el artículo 63 de la norma constitucional, en vista que la decisión no se sustentan con base a la legislación que responde a la petición de la solicitud presentada, soslayando de esta forma los derecho adquiridos de su poderdante, pues el cálculo de la jubilación no se efectuó con los montos establecidos en la Ley anterior y que es la aplicable, al ser un derecho adquirido. pues desde el momento que los beneficiarios se acogen al régimen de jubilación previsto en una Ley, adquieren el derecho, como ocurre en el proceso de mérito, ya que su representada inició a laborar para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a partir del 01 de febrero de 1987 como docente, trayendo como apoyo jurisprudencial la sentencia dictada por esta Honorable Sala de lo Constitucional en el Exp. SCO-0299-2018, que reconoce el derecho a la jubilación como un derecho adquirido e incorporado a su patrimonio por lo que no pueden ser modificadas. Que al revisar el antecedente de mérito, se advierte que la actuación impugnada deriva de un acto dictado por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de ahí que al ser parte de una institución Autónoma, conforme al artículo 2 inciso b, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se encuentra dentro del engranaje de la Administración Pública, es así, que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la norma supra relacionada, es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo y que al haber agotado la vía administrativa, tiene expedita la vía contencioso administrativa como bien lo dispone el artículo 43 de la norma en comento; de tal manera, concurre la causal de inadmisibilidad dispuesta en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa", correspondiendo sobreseer las diligencias. III. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE SOBRESEAN las diligencias, al concurrir la causal de inadmisibilidad supra relacionada…” (Folios 32-34 del recurso de mérito)FUNDAMENTOS DE DERECHO.CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2).- Que el recurrente en su libelo solicita que se le ampare en su derecho en vista que considera que la resolución INPREUNAH DE-054/17-03-2023 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le causa graves perjuicios ya que constituye una flagrante violación a las garantías constitucionales consignadas en los artículos 63 y 96 de la Constitución de la República, aduce que sus derechos adquiridos de Pensión Ordinaria por vejez deben ser calculados con base al régimen de jubilación que estaba vigente al momento en que la recurrente entró a laborar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un principio de progresividad de los derechos fundamentales contenido en la norma en comento y no con base al nuevo reglamento publicado en fecha 13 de Agosto de 2016 y que derogó el reglamento anterior, siendo que ella entró a laborar en el año 1987 se le debe aplicar el reglamento que estaba vigente al momento de su incorporación para hacer el calculo de su pensión y que al aplicarle el nuevo reglamento le perjudica su derecho adquirido en detrimento económico de su pensión.CONSIDERANDO (3).- Que según la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 numeral 8 dice:” DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….2)…3)…4)…5)…6)…7)… 8) Cuando tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la Vía contencioso administrativo”, 9)…- El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible.- Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad”.- Que la resolución impugnada fue dictada por una institución que posee autonomía propia y que pertenece a la administración pública por ende está comprendida dentro del ámbito del derecho Administrativo, y siendo que el trámite administrativo ya fue agotado procede que concurra ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según lo establece el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en consecuencia esta Sala se inhibe de pronunciarse en relación al recurso promovido y ordena su sobreseimiento y archivo de las presentes diligencias. CONSIDERANDO (4).- Que el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dice: “ Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”.- Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.”, El Decreto 170, emitido el 15 de octubre de 1957 por la Junta Militar de Gobierno, es la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este decreto establece la autonomía universitaria, reconociendo la capacidad de la UNAH para gobernarse a sí misma y definir sus propios planes de estudio y organización académica.” Partiendo de este articulado se afianza aún más que en el presente caso la recurrente tiene expedita la vía administrativa para que incoe la demanda correspondiente habiendo agotado la vía administrativa como requisito previo a acudir a la vía correspondiente y ejercite las acciones que considera le asisten y que no está de acuerdo con la resolución emitida contra la cual promovió la presente acción de amparo que ha sido dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual es un apéndice de previsión de dichos empleados una vez que se jubilan de la UNAH.- En tal sentido la recurrente no está desprotegida y está amparada por el artículo 82 de la Constitución de la República que dice: “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, por lo que tiene expedita esta instancia para formular su petición y que sea un juez de esta materia quien dilucide a través del debido proceso lo que en derecho corresponda.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definido de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, con fundamento en los artículos 82,103, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46 numeral 8, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1, 2 y 43 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. FALLA: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA contra la resolución número INPREUNAH DE-054/17-03-2023 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- Y MANDA: Que con certificación de la presente resolución se notifique al recurrente. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1517-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL