Sentencia AA-15-23 — Registro 19657
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra actuaciones del Tribunal Superior de Cuentas, contenidas en el Oficio mediante el cual se solicita que en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, documentar y justificar incumplimiento en el horario por ausencias, llegadas tardías y/o salidas antes de finalizar la jornada de trabajo, en el periodo comprendido del 01 de enero del año 2012 al 30 de junio del año 2018, al recurrente con motivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la Corte Suprema de Justicia. Declarado con lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que en atención a la observancia del artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto a los principios que rigen la sustanciación de la acción de Amparo, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional advierte que al recurrente no se le brindó la oportunidad de ser oído en un proceso interno de verificación por las autoridades correspondientes en el sistema de la Carrera Judicial, encaminados a determinar si el Servidor Judicial incurrió en faltas ante el supuesto incumplimiento de su jornada laboral; la precitada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que el control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior, que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente. Aunado a ello y como bien lo argumenta la recurrente en Amparo, tesis que también comparte la Fiscal del Despacho en su Dictamen, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley Orgánica del Superior de Cuentas, el acto emitido por el TSC a través del Magistrado Presidente, no es susceptible de recurso alguno; de la lectura del artículo citado se colige: “REPOSICIÓN: Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación”. En este contexto y del estudio de las diligencias, al recurrente se le está emplazando a través de un Oficio y según la normativa que rige las actuaciones de la Administración Pública, los actos que emitan sus órganos adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias, situación que no acontece en el caso sub júdice, pues se trata de un Oficio emitido a través del Magistrado Presidente del TSC, a través del cual se está emplazando a documentar en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, supuestos incumplimientos de horarios en la jornada de trabajo y de ausencias del servidor judicial, en un período que comprende del año 2012 al 2018, en relación a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la Corte Suprema de Justicia, vedando con ello la posibilidad al servidor judicial de poder defenderse previamente ante la entidad auditada y conforme al control interno que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece; advierte asimismo este Tribunal de Justicia Constitucional que se está menguando o privando al Servidor Judicial del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley, en atención a los principios que rigen el actuar del ente rector de la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados Inter alia por los Poderes del Estado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que en atención a la observancia del artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto a los principios que rigen la sustanciación de la acción de Amparo, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional advierte que al recurrente no se le brindó la oportunidad de ser oído en un proceso interno de verificación por las autoridades correspondientes en el sistema de la Carrera Judicial, encaminados a determinar si el Servidor Judicial incurrió en faltas ante el supuesto incumplimiento de su jornada laboral; la precitada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que el control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior, que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente. Aunado a ello y como bien lo argumenta la recurrente en Amparo, tesis que también comparte la Fiscal del Despacho en su Dictamen, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley Orgánica del Superior de Cuentas, el acto emitido por el TSC a través del Magistrado Presidente, no es susceptible de recurso alguno; de la lectura del artículo citado se colige: “REPOSICIÓN: Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación”. En este contexto y del estudio de las diligencias, al recurrente se le está emplazando a través de un Oficio y según la normativa que rige las actuaciones de la Administración Pública, los actos que emitan sus órganos adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias, situación que no acontece en el caso sub júdice, pues se trata de un Oficio emitido a través del Magistrado Presidente del TSC, a través del cual se está emplazando a documentar en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, supuestos incumplimientos de horarios en la jornada de trabajo y de ausencias del servidor judicial, en un período que comprende del año 2012 al 2018, en relación a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la Corte Suprema de Justicia, vedando con ello la posibilidad al servidor judicial de poder defenderse previamente ante la entidad auditada y conforme al control interno que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece; advierte asimismo este Tribunal de Justicia Constitucional que se está menguando o privando al Servidor Judicial del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley, en atención a los principios que rigen el actuar del ente rector de la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados Inter alia por los Poderes del Estado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, a favor del señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MURCIA, contra actuaciones del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, contenidas en el Oficio de Presidencia No. 3179-2022-TSC de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), mediante el cual se solicita que en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, documentar y justificar incumplimiento en el horario por ausencias, llegadas tardías y/o salidas antes de finalizar la jornada de trabajo, en el periodo comprendido del 01 de enero del año 2012 al 30 de junio del año 2018, al señor RAFAEL ANTONIO LOPEZ MURCIA, con motivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Considerando la recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se amenaza el derecho genérico al Debido Proceso, Principio de Legalidad, el Principio de Reserva de Ley y la Presunción de inocencia, contenidos en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 89, 90, 95, 222 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de enero del año dos mil veintitrés, mediante correo electrónico, la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acción constitucional de Amparo a favor del señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MURCIA, contra el Oficio Presidencia No. 3179-2022-TSC, de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), emitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS a través del MAGISTRADO PRESIDENTE ROY PINEDA, mediante el cual se solicita al recurrente en Amparo, que en un plazo que no exceda los cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del referido Oficio, documente y justifique el incumplimiento en su horario por ausencias, llegadas tardías y/o salidas antes de finalizar su jornada de trabajo, en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de junio del 2018. (Folios del 1-6 de la pieza de Amparo) 2) La Sala de lo Constitucional, en fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, tuvo por admitido con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida dentro de las veinticuatro horas, a fin de comunicar la medida cautelar decretada y se procesa a suspender temporalmente el acto reclamado en Amparo; asimismo para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 14fv de la pieza de Amparo) 3) Este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha once de abril del año dos mil veintitrés, recibió el Informe Circunstanciado de las actuaciones contenidas en el Oficio de Presidencia No. 3179-2022-TSC, de fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós, solicitado a la autoridad recurrida el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS y objeto de la presente garantía constitucional. (Folios 17 y 18 de la pieza de Amparo) 4) Que mediante providencia de fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés y siguiendo con la sustanciación de la Acción de Amparo de mérito, la Sala ordenó conceder vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente, a efecto que formalizara su petición por escrito. (Folio 21 de los autos) 5) En fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo promovido por la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, asimismo ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folio 31 de la pieza de Amparo) 6) Este Alto Tribunal, en fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque SE OTORGUE, la presente acción de amparo, por existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista. (Folios del 34-37 y 39 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95, 222 y 321 de la Constitución de la República y artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La recurrente al interponer la presente garantía constitucional de Amparo, en atención a la amenaza al Principio de Legalidad en virtud del contenido de los artículos 222 y 321 de la Constitución de la República, el que se concreta a través del Principio de Reserva de Ley, argumenta que los supuestos incumplimientos a que hace referencia el Oficio Presidencia No. 3179-2022-TSC de fecha 02 de diciembre de 2022 y notificada a su representado el 8 de diciembre del 2022, no se sustenta en ninguna Ley previamente establecida, es decir, no existe ningún fundamento legal en el que sustenten los supuestos incumplimientos atribuidos a su representado, quien ha desempeñado sus funciones de forma ética, responsable, e incluso, laborando jornadas extendidas, mayores a las que el resto del personal del Poder Judicial está obligado, de manera que no existe por parte de su representado incumplimiento legal alguno. Lo aseverado anteriormente dice la recurrente lo sustenta en virtud que su representado al ser un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, se rige por la Carrera Judicial, y ésta, no está regulada por ninguna ley en sentido formal, es decir, ley emitida por el Congreso Nacional, ya que la norma jurídica que regula la carrera judicial, es la Ley de la Carrera Judicial que se trata de un Decreto Ley, aprobado por la Junta Militar de Gobierno en Consejo de Ministros el 18 de junio de 1980, por tanto se trata de una norma preconstitucional e infra legal. Evidentemente que, la Junta Militar de Gobierno en Consejo de Ministros no constituye el Poder Legislativo, el cual es el único órgano facultado, de conformidad al Estado Democrático de Derecho para emitir leyes con cuyo procedimiento de formación inviste a éstas de la representación popular, y a su vez, permite que las minorías puedan expresar su voluntad política, y que principalmente constituye un constituye un importante obstáculo para evitar el ejercicio arbitrario del poder. Por otra parte, esta norma infra legal y preconstitucional, Ley de la Carrera Judicial, no contempla, en ninguna parte, la obligación de los funcionarios de la carrera judicial de marcar la hora de entrada y salida. Por lo tanto, al no existir una obligación legalmente prevista en el ordenamiento jurídico su representado no puede incurrir en ninguna falta ante una obligación legalmente inexistente. Además, que su representado ha sido responsable en la asistencia a su trabajo, a desempeñar funciones más allá de la jornada laboral establecida para el resto del personal del Poder Judicial, y al haber prestado sus servicios a cabalidad, no existe perjuicio alguno para el Estado de Honduras. En la continuación de su exposición de vulneración al derecho al Debido Proceso, cita la sentencia emitida por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional con registro de expediente AL 85-2017 de fecha 7 de septiembre del año 2018, asimismo cita el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en atención a la definición que brinda del Principio de Legalidad a saber: “Legalidad: Que toda autoridad esté obligada a dictar sus resoluciones de conformidad a la Constitución de la República, convenciones, leyes y reglamentos que constituyen el ordenamiento jurídico del país y que ninguna autoridad pueda ejercer su poder fuera de estos lineamientos”. De modo dice la recurrente que, es claro que la función fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas debe sujetarse entre otros al principio de legalidad, lo cual no sucedió en el caso de mérito y por esta vía, a su vez se amenaza el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 90 constitucional. En relación a la amenaza del Principio de Presunción de Inocencia, consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la peticionaria de Amparo expone que el propio Tribunal Superior de Cuentas, establece como uno de los Principios Rectores del Control Externo (PRICE), el principio de PRESUNCIÓN DE PROBIDAD, el cual se define así: “Salvo prueba en contrario, en la ejecución del control externo, se considera que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades auditadas, han actuado con apego a la ética y a las normas legales y administrativas pertinentes”. Es así que los auditores del TSC deben ejecutar su trabajo de manera objetiva e imparcial, lo cual implica que no debe haber ningún tipo de predisposición hacia los funcionarios de los entes auditados, es decir que el auditor debe considerar que los auditados han actuado apegados a las normas éticas, legales y administrativas, y por lo tanto, de debe presumir la probidad de dichos funcionarios públicos, salvo que existan indicios racionales o evidencias en contra, en cuyo caso el auditor una vez obtenidas las referidas evidencias debe informar a los entes competente para que lleven a cabo las acciones pertinentes. Concluye la recurrente que, en el caso de mérito, el TSC solicita a su representado, a través del Oficio recurrido, que éste pruebe su “estado de inocencia” asignándole la carga de la prueba, una prueba que su representado no esta obligado a poseer. Por lo que esta siendo considerado como autor de faltas administrativas, cuando en su expediente de personal no cuenta con ninguna tan sola sanción administrativa. Además de lo antes dicho, el TSC debido considerar los elementos siguientes previo a poner en amenaza su estado de inocencia: 1) Que su representado ostenta el cargo de Asistente de Magistrado, un cargo con horarios diferenciados a los asignados al resto del personal del Poder Judicial y en muchas ocasiones con horarios extendidos; 2) Que no existe ninguna Ley que obligue a su representado a marcar, atendiendo al Principio de Legalidad; 3) Que su representado ha desempeñado sus funciones eficientemente, con honestidad, honradez, integridad y rectitud del comportamiento, cumpliendo con sus jornadas laborales a cabalidad; 4) Que la responsabilidad del control interno es del Departamento de Personal de la Corte Suprema de Justicia y no de su representado; y 5) Que su representado no ha entorpecido el cumplimiento de los objetivos y metas previstas de la Corte Suprema de Justicia. -Subrayado y énfasis de la recurrente-CONSIDERANDO (3): Informe Circunstanciado de las actuaciones contenidas en el Oficio de Presidencia No. 3179-2022-TSC de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), emitido por el Tribunal Superior de Cuentas a través del Magistrado Presidente. El Tribunal Superior de Cuentas a través del Secretario General, emitió Informe en fecha once de abril del año dos mil veintitrés, el cual fue recibido en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional en la misma fecha, en relación a la acción de Amparo promovida en el caso sub júdice, en el cual se lee lo que a continuación sigue: (Sic) “El Infrascrito Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas, a la Sala de Lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, INFORMA: El Tribunal Superior de Cuentas está realizando una Auditoría Financiera y de Cumplimiento legal a la Corte Suprema de Justicia por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2018. Como resultado de la misma, se encontró incongruencias en el horario laboral por parte de algunos empleados. En tal sentido, y como parte de los procedimientos de auditoría, se giraron oficios a estos empleados, a fin que documentaran y justificaran las inconsistencias referentes al horario laboral. Uno de las personas consultadas fue el abogado RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MURCIA, quien fungió como Asistente de Magistrado, y se le remitió el Oficio Presidencia No. 3179-2022-TSC del 02 de diciembre de 2022, comunicándole que al revisar los controles de asistencia proporcionados por la Corte Suprema de Justicia se observaron inconsistencias en su horario por ausencias, llegadas tardías y/o salidas antes de finalizar su jornada de trabajo; solicitándole a la vez, que documentara y justificara las situaciones descritas en los cuadros adjuntos del referido oficio. Se informa que la remisión del Oficio Presidencia No.3179.3022-TSC, fue para evaluar la respuesta y aclaraciones del ciudadano López Murcia, para así desvanecer o determinar la procedencia del hallazgo, y de ser así, incluirlo en el informe de la auditoría. La solicitud de información y aclaraciones, es un procedimiento ordinario que se realiza en todas las auditorías que realiza este Ente Contralor. El Tribunal Superior de Cuentas aún no ha finalizado el proceso de la auditoría a la Corte Suprema de Suprema de Justicia, y por ende no ha emitido el informe el cual será notificado posteriormente al sujeto pasivo de acuerdo a lo establecido en nuestra Ley Orgánica. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se remite para los efectos legales consecuentes, Informe Circunstanciado de las principales actuaciones del caso de mérito, siendo todo cuanto se puede informar al respecto. Tegucigalpa M.D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023) …” -Lo subrayado es de la autoridad recurrida-CONSIDERANDO (4): Resumen de la Opinión emitida por el Ministerio Público, en relación al recurso de amparo promovido, a través del cual la Fiscal del Despacho concluye porque se otorgue la presente acción constitucional. El Ministerio Público a través de su agente fiscal Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, emitió Opinión en fecha nueve de noviembre del año dos mil veintitrés, desprendiéndose de su análisis jurídico que: (Sic) “Del examen de la resolución venida en amparo, se aprecia que según Informe emitido por la autoridad recurrida, fundamenta su requerimiento en un Auditoria Financiera y de cumplimiento Legal realizada a la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2018 y dicha solicitud de Información y Aclaraciones, es un procedimiento ordinario que se realiza en todas las auditorias que realiza ese ente contralor. Sin embargo como bien arguye la impetrante, ni la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas ni su Reglamento contempla un medio de Impugnación, con lo que se pueda recurrir este acto administrativo (oficio N°3179-2022-TSC de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) emitido por el Tribunal Superior de Cuentas) ya que cabe únicamente contra resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas o providencias cuando alteren la naturaleza del procedimiento o causen indefensión (artículo 90 de la Ley Orgánica del TSC), considerando además que de concretarse el plazo otorgado se le impondría una multa de L. 5,000.00 a L. 50,000.00 Por lo que al analizar las atribuciones contenidas en los Artículos 222 de la Constitución de la República y, 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se desprende que las auditorías, tienen como fin obtener registros e informes de Bienes Nacionales, tomando en cuenta la estructura de control interno de los bienes adjudicados a los entes auditados con el fin de determinar los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre las operaciones administrativas de los activos fijos examinados y no para opinar sobre procedimientos de control interno de personal de las entidades en su conjunto. En virtud de lo anterior, esta Representación del Ministerio Público, luego de analizadas las funciones que la Constitución le concede al Tribunal Superior de Cuentas y a su Ley y Reglamento Interno, es del parecer que lo solicitado por la impetrante se encuentra apegado a derecho, al constatar que la acción realizada por el Tribunal Superior de Cuentas hoy recurrida, carece de fundamentación jurídica, vulnerando los derechos fundamentales del recurrente…” CONSIDERANDO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por la recurrente en Amparo. Para iniciar este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante definir la naturaleza jurídica del ente denominado “Tribunal Superior de Cuentas”, el cual tiene rango constitucional, cuando el artículo 222 de la Carta Magna lo define como: “El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, será responsable ante el Congreso Nacional de los Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. Para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica”. La Ley a la que se hace referencia en el artículo 222 constitucional, está desarrollada en el Decreto Legislativo Número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Esta Ley en consonancia con los dispuesto en el texto constitucional, determina en el artículo 3 las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, ratificando en consecuencia que el Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba a administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, el de gestión y resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Énfasis añadido-CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con el Oficio Presidencia No. 3179-2022-TSC emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), mediante el cual se emplaza al Servidor Judicial, Abogado Rafael Antonio López Murcia, para que en un plazo que no exceda de cinco (5) días hábiles, documente y justifique las situaciones descritas en los cuadros adjuntos, relacionados al incumplimiento de horario por ausencias, llegadas tardías y/o salidas antes de finalizar su jornada de trabajo; ello con motivo de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la Corte Suprema de Justicia, en el período comprendido del 01 de enero del año 2012 al 30 de junio del año 2018. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos, es menester determinar si el emplazamiento emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas en fecha dos de diembre del año dos mil veintidós, supra referido, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos al Debido Proceso, Principio de Legalidad, Principio de Reserva de Ley y Presunción de Inocencia expuestos como argumentos en sus escritos de interposición y formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (10): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 1 del artículo 8 se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. CONSIDERANDO (11): Que conforme a las facultades y atribuciones constitucionales que le incumben al Tribunal Superior de Cuentas, el artículo 3 de su Ley Orgánica establece que, como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos bienes y recursos administrados inter alia por los poderes del Estado; en el cumplimiento de su función el TSC, deberá realizar el control financiero, el de gestión y resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad. En respeto al Principio de Legalidad de observancia obligatoria por el TSC este Alto Tribunal de Justicia ha dejado establecido en diferentes fallos que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. CONSIDERANDO (12): Que en seguimiento a esta idea de las atribuciones que la Constitución y la Ley le otorga al TSC, el artículo 2 de su ley orgánica define entre otros los siguientes términos: “Control Interno: Es un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión y administración de los bienes nacionales. El control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente”. El sistema de control comprende: 1) El control financiero; 2) El control del desempeño y de resultados; 3) El control de probidad y éticas públicas; y, 4) El control del patrimonio del Estado; asimismo otros que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de control regulados por la Ley. La Ley en comento establece que el control financiero tiene por objeto verificar la correcta percepción de los ingresos y ejecución del gasto corriente y de inversión, de manera tal que se cumplan los principios de legalidad y veracidad. Que en relación a las atribuciones que corresponden al TSC, para el cumplimento de las funciones de control indicadas, corresponde a éste, entre otras atribuciones las de: a) Llevar a cabo auditorias de regularidad que comprendan el control de legalidad y la auditoria financiera; y; b) Supervisar y evaluar la eficacia del control interno, que constituye, la principal fuente de información para el cumplimiento de las funciones del control del Tribunal. CONSIDERANDO (13): Que, en la exposición de los argumentos enunciados por la recurrente en Amparo, en su tesis de vulneración de derechos constitucionales, sostiene que el acto recurrido en esta vía constitucional no se sustenta en ninguna Ley previamente establecida, en el que sustenten los supuestos incumplimientos atribuidos, ello en atención a que su representado se rige por la Carrera Judicial y ésta, no está regulada por ninguna ley en sentido formal, es decir una ley emitida por el Congreso Nacional, ya que la norma jurídica que regula la carrera judicial, es la Ley de la Carrera Judicial que se trata de un Decreto Ley aprobado por la Junta Militar de Gobierno en Consejo de Ministros el 18 de junio del año 1980, por tanto se trata de una norma preconstitucional e infra legal; en respuesta a este argumento es plausible indicar que la Constitución de la República en su artículo 183, establece que el Estado reconoce la garantía de Amparo a efecto de mantener o restituir al agraviado en el goce y disfrute de sus derechos constitucionales, así como los derechos establecidos en los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; asimismo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; estableciendo en consecuencia la norma constitucional, en armonía con el artículo 9 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el ámbito de competencia de este Alto Tribunal de Justicia, para resolver conforme a la garantía constitucional promovida por el recurrente en el caso en estudio. En este orden de ideas es importante referir que mediante Fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), con registro de expediente No. 0696-2012, se declaró la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 219-11 que contenía la Ley del Consejo de la Judicatura, estableciendo el referido fallo en el ordinal decimoprimero lo siguiente: “DECIMOPRIMERO.- La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en su artículo 75, derogó expresamente la Ley de la Carrera Judicial, contenida en el Decreto 953 de fecha 18 de junio de 1980, así como su respectivo Reglamento y el Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ambos de 1988. Por el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, esta debe ser abrogada. Por consiguiente, quedará sin efecto el referido artículo 75 por el cual se había derogado la Ley de la Carrera Judicial, su Reglamento y el Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial. La Ley de la Carrera Judicial, contenida en el Decreto 953 de fecha 18 de junio de 1980, así como su respectivo Reglamento y el Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, ambos de 1988, al quedar sin efecto la norma que los derogaba, y no habiendo una nueva ley que los derogue expresa o tácitamente, vuelven a la plenitud de su vigencia…” CONSIDERANDO (14): Que en atención a la observancia del artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto a los principios que rigen la sustanciación de la acción de Amparo, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional advierte que al recurrente no se le brindó la oportunidad de ser oído en un proceso interno de verificación por las autoridades correspondientes en el sistema de la Carrera Judicial, encaminados a determinar si el Servidor Judicial incurrió en faltas ante el supuesto incumplimiento de su jornada laboral; la precitada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que el control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior, que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente. Aunado a ello y como bien lo argumenta la recurrente en Amparo, tesis que también comparte la Fiscal del Despacho en su Dictamen, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley Orgánica del Superior de Cuentas, el acto emitido por el TSC a través del Magistrado Presidente, no es susceptible de recurso alguno; de la lectura del artículo citado se colige: “REPOSICIÓN: Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación”. En este contexto y del estudio de las diligencias, al recurrente se le está emplazando a través de un Oficio y según la normativa que rige las actuaciones de la Administración Pública, los actos que emitan sus órganos adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias, situación que no acontece en el caso sub júdice, pues se trata de un Oficio emitido a través del Magistrado Presidente del TSC, a través del cual se está emplazando a documentar en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, supuestos incumplimientos de horarios en la jornada de trabajo y de ausencias del servidor judicial, en un período que comprende del año 2012 al 2018, en relación a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal que se está realizando a la Corte Suprema de Justicia, vedando con ello la posibilidad al servidor judicial de poder defenderse previamente ante la entidad auditada y conforme al control interno que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece; advierte asimismo este Tribunal de Justicia Constitucional que se está menguando o privando al Servidor Judicial del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley, en atención a los principios que rigen el actuar del ente rector de la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados Inter alia por los Poderes del Estado. CONSIDERANDO(15): Que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional en cuanto a que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla; del Informe emitido por la autoridad recurrida se colige que el Oficio Presidencia No. 3179-2022-TSC de fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós, emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas y mediante el cual se emplaza al Servidor Judicial Abogado Rafael Antonio López Murcia, no se sustenta en fundamento legal alguno, al referir el informe en forma textual lo siguiente (Sic) “La solicitud de información y aclaraciones, es un procedimiento ordinario que se realiza en todas las auditorias que realiza este Ente Contralor.”; ello sin fundamentar y argumentar en norma jurídica alguna, la autoridad recurrida, ese procedimiento ordinario que dice se realiza en todas las auditorías, en atención que toda la norma legal en que se sustenta la función del Tribunal Superior de Cuentas, se rige por el Principio de Legalidad, invocado como vulnerado por la peticionaria de Amparo; de lo anteriormente relacionado este Alto Tribunal de Justicia Constitucional advierte que se ha inobservado el debido proceso en el emplazamiento dirigido al Servidor Judicial, ante la inaplicabilidad en sede administrativa del control interno que establece la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, ello en atención a la jurisprudencia emanada de esta Alto Tribunal de Justicia Constitucional, como principio de jerarquía normativa, de observancia obligatoria, según disposición contenida en el Artículo 41, relacionado con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a efecto de mantener incólume el debido proceso que engloba en su observancia una serie de derechos y garantías de obligatorio cumplimiento no sólo por los órganos jurisdiccionales, sino también por las entidades de la Administración pública cuyos actos y resoluciones conlleven restricción de derechos fundamentales. Del Oficio emitido por la autoridad recurrida, según el Informe rendido, esta Sala de lo Constitucional advierte que el procedimiento seguido por la Presidencia del Tribunal Superior de Cuentas a efecto de emplazar al Servidor Judicial Abogado Rafael Antonio López Murcia, para que en un plazo que no exceda de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del referido Oficio, documente y justifique supuestos incumplimientos en su horario por ausencias, llegas tardías y/o salidas antes de finalizar su jornada de trabaja, en un período de seis (6) años, ha inobservado lo establecido en la propia Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en atención al Control Interno que debe realizar la entidad sujeta a control, con el fin que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente; teniendo el Tribunal Superior de Cuentas entre las atribuciones contenidas en el artículo 45 numeral 9 de su Ley Orgánica la de supervisar y evaluar la eficacia de este control interno, que constituye la principal fuente de información para el cumplimiento de sus funciones de control; en conclusión se ha vedado al recurrente en Amparo la posibilidad el poder exponer, argumentar, probar y rebatir los supuestos incumplimientos en el horario de trabajo a que alude el Oficio referido, sacrificando con ello el derecho de defensa que asiste al recurrente aun en sede administrativa, al negársele a éste la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante una entidad pública del Estado en igualdad de condiciones, asimismo inobservando el Principio de Legalidad que rige en toda la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (17): Que este Alto Tribunal de Justicia Constitucional reitera que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la Defensa, Debido Proceso y Principio de Legalidad invocados por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa debe traer como efecto o consecuencia que el Acto impugnado sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal Superior de Cuentas debe seguir el proceso que establece la propia Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en cuanto a Control Interno se refiere de la entidad sujeta al control que determine el ente que tiene la función constitucional de la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados Inter alia por los poderes del Estado, con el propósito de restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en Amparo; derechos que vulnera el Oficio que se impugna, al tratarse de un acto que no es susceptible de recurso legal ordinario, al no estar contemplado dicho acto en ninguno de los supuestos que establece el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública; vedando con ello la posibilidad real al recurrente en Amparo, de defender sus argumentos y probar contradictoriamente en sede administrativa y en igualdad de condiciones, si ha incurrido en falta alguna, ante el supuesto incumplimiento de horario en su jornada de trabajo; en consecuencia el Oficio impugnado transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído la Opinión del Ministerio Público y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 222 y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5 y 116 de la Ley General de la Administración Pública; 2, 3, 5, 36, 37, 38, 41, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada ROSANGEL SANDOVAL CARRASCO, a favor del señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MURCIA, contra el OFICIO PRESIDENCIA N°3179-2022-TSC, emitido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022); 2) Que la autoridad recurrida proceda a restituir los derechos constitucionales que le han sido vulnerados al recurrente en Amparo, con la emisión del Oficio y emplazamiento referido, sin fundamentación jurídica alguna, debiendo para ello seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en atención al Control Interno que debe seguir la entidad sujeta a los controles que la propia ley establece, asegurando con ello al Servidor Judicial la posibilidad de poder exponer, argumentar, probar y rebatir contradictoriamente, en sede administrativa, los supuestos incumplimientos en el horario de trabajo a que alude el Oficio impugnado en esta vía constitucional. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia a la autoridad recurrida, se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal de Justicia Constitucional. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0015-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL