Sentencia AA-1496-23. — Registro 20101
Resumen
Corte de Apelaciones por mayoría de votos declaró fundado recurso de Queja y confirmó auto que inadmitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la demandada, por considerar que el plazo para interponerlo había precluído según la Ley de lo Contencioso Administrativo, por lo que la sentencia es firme; El voto particular manifestó que la salvedad que señala la ley especial sólo es para los plazos fijados por dicha ley, pero en el caso de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, ello en base a los principios de la tutela judicial efectiva; siendo los plazos improrrogables; en consecuencia, el recurso de queja debe declararse infundado. Dicha Corte determinó que el recurso de apelación al presentarse el mismo día en que fue notificado el representante procesal del Estado de Honduras, de la providencia donde se le caduca el término para recurrir, procede admitir dicho recurso en aplicación a la normativa de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso..."..."Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso..."..."Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso..."..."Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso..."..."Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
……del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso..."..."Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado LUIS BANEGAS OYUELA a favor de los Señores CARLA PATRICIA CARIAS AVILA, CESAR AUGUSTO CERRATO CERRATO Y 38 OOTORGANGES MAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró fundada la queja de un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda promovida por los Señores CARLA PATRICIA CARIAS AVILA, CESAR AUGUSTO CERRATO CERRATO Y 38 OTORGANTES MÁS contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS ahora denominada como SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 80, 83, 186 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece de abril del dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo Con Sede En La Ciudad De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán, el Abogado LUIS BANEGAS OYUELA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores CARLA PATRICIA CARIAS AVILA, CESAR AUGUSTO CERRATO CERRATO Y 38 OTORGANTES MÁS, presentando “…DEMANDA DE NULIDAD DE VARIOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR, QUE SE ANULEN LOS MISMOS…”, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora denominada como SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). (Folios 01-294 del antecedente) 2) En fecha diecisiete de agosto del dos mil veintitrés, el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo Con Sede En La Ciudad De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán dictó resolución contra la interposición del recurso de apelación introducido por el Abogado DUVAL ANDRES AMADOR ESCOBER, en su condición de Procurador del Estado de Honduras mediante la cual resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: Tener por presentado el escrito que antecede, junto con los documentos que acompaña, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: INADMITASE a trámite el recurso de apelación en contra de la resolución judicial firme de fecha 17 de abril del 2023 y presentado en fecha 16 de agosto del 2023, por lo motivos los fundamentes de derecho. NOTIFIQUESE.” (Folios 750-751 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de queja interpuesto por el Abogado DUVAL ANDRES AMADOR ESCOBER, en su condición de Procurador del Estado de Honduras, contra la resolución citada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PARTE DISPOSITIVA O FALLO En congruencia con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho en los que se basa este auto, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA DE VOTOS, por haber disentido la magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, en aplicación de los artículos: 89, 132, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; artículo 709, 730, 734 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil POR TANTO: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADA LA QUEJA interpuesta por el Abogado DUVAL ANDRES LOPEZ ESCOBER en su condición de Apoderado Procesal del Estado de Honduras a través de LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS contra el auto de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante el cual se declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por el Quejoso. SEGUNDO: Désele tramite al recuro de apelación interpuesto por el Abogado DUVAL ANDRES LOPEZ ESCOBER, contra la sentencia definitiva de fecha diecisiete (17) de abril del dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. - Artículos 89, 121, 122 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 136, 730, 731, 734 y 913 del Código Procesal Civil, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. - SIN COSTAS. - NOTIFIQUESE.” (Folios 101-102 del antecedente Ad Quem) 4) En fecha diez de noviembre del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal, el Abogado LUIS BANEGAS OYUELA, interponiendo acción de amparo a favor de los señores CARLA PATRICIA CARIAS AVILA, CESAR AUGUSTO CERRATO CERRATO Y 38 OTORGANTES MÁS, contra la acción de inseguridad jurídica del Ad-quem, por considerar el peticionario que es violatorio del derecho consagrado en el artículo 80, 83, 186 de la Constitución de la República. (Folios 1-23 de la pieza de Amparo) 5) En fecha seis de octubre de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al Abogado LUIS BANEGAS OYUELA, dándole la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 52 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha once de noviembre dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por emitido el dictamen de la Fiscal, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…IV. CONCLUSIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto opina que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir vulneraciones Constitucionales invocadas por el amparista…” (Folios 55-61 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Luis Banegas Oyuela a favor de los señores Carla Patricia Carias Ávila, Cesar Augusto Cerrato Cerrato y 38 Otorgantes más, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional en fecha doce (12) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), que declara por mayoría de votos Fundada la Queja interpuesta por el abogado Duval Adres López Escober en su condición de Procurador procesal del Estado de Honduras (DEI) contra auto de fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil veintitrés (2023), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible a trámite el Recurso de Apelación Interpuesto por el Quejoso y ordena darle tramite al recurso de apelación interpuesto por el abogado Duval Andrés López Escober contra la sentencia definitiva de fecha diecisiete (17) de abril del dos mil veintitrés (2023). CONSIDERRANDO (4): Que examinado el auto de fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil vientres (2023) emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y que resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada, cita entre sus antecedentes 1) Que la Secretaria del Despacho en fecha 16 de agosto del 2023, emitió informe indicando que la parte demandada no presentó recurso de apelación dentro del plazo legal concedido y que finalizó en fecha 15 de agosto del 2023, contra la sentencia definitiva de fecha 17 de abril del 2023 que resolvió sobre el fondo del asunto, teniendo por caducado el derecho y por perdido el termino dejado de utilizar al no haber hecho uso del mismo declarando el carácter firme de la sentencia definitiva; 2) Que el 16 de agosto del 2023 se interpuso recurso de apelación con expresión de agravios contra la sentencia definitiva ya señalada (17/08/2023). CONSIDERANDO (5): Que el auto apelado inadmite a trámite el recurso de apelación en base a que la legislación procesal civil, indica que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, Precluyendo en caso contrario (artículo 18 numeral 2 de CPC) por lo cual debe ser declarado inadmisible dicho recurso por incumplimiento de presupuesto procesal del artículo 709 del Código Procesal Civil. Asimismo, establece el juzgador en el numeral OCTAVO: “Sin embargo, del estudio de la actuaciones se puede apreciar que ha sido presentado dentro del día en que fue notificada la providencia de caducidad de plazo para la interposición del recurso, es decir, no si realizo la afirmación concreta que la presentación del recurso es con fundamentado en el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sino simple y llanamente conforme al Código Procesal Civil, el cual como se indicó en el numeral anterior es considerado por el cuerpo legal como inadmisible por haber precluido el término, el cual el suscrito juez lo trae a esta línea para interpretación “articulo 132. Salvo que expresamente se disponga lo contrario en esta Ley, los Tribunales de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo instarán de oficio los tramites que les correspondan, después de interpuesta la demanda. Los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia. Las diligencias ordenadas en esta Ley y que no tengan asignado plazo específico, se entenderá que habrán de practicarse en el pazo de cinco días hábiles”. Dentro de los presupuestos procesal que se debe controlar por el juez se encuentra que el plazo esté fijado en dicha ley, en el presente caso el plazo de diez (10) días hábiles para interponer el recurso no está fijado en esta ley sino en el Código Procesal Civil, por lo cual siempre ha sido inadmitido a trámite dicho recurso de apelación, lo cual vino a cambiar hasta la nueva integración del Tribunal de Alzada en el año 2017 aproximadamente, quien mediante resolución en ocasión de un recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación indico que dicho artículo 132 amplia la salvedad al recurso de apelación por el “en ocasión de su aplicación” ya que el recurso de apelación si está regulado parciamente en el artículo 90 y subsiguientes de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tanto indica que se debe admitir el recurso de apelación que sea presentado el mismo día de la notificación de la resolución que caduca el término dejado de utilizar, como ocurrió en el presente caso, lo cual es un rozamiento valido, sin embargo el suscrito considera que debe darse un paso atrás y tener una mejor vista del panorama, y para ello respetuosamente hago uso del derecho a la independencia del criterio establecida en el Estatuto del Juez Iberoamericano en sentido del “Articulo 1. Principio general de independencia. Como garantía para las justiciables, los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan solo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa” y es por ello que al momento de realizar esta interpretación de la aplicabilidad de la salvedad que establece el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción para dar trámite a un recurso en contra de una resolución firme con carácter de cosa juzgada formal, ello me hace ver que no es procedente su aplicabilidad, puesto que se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso, volviéndose con ello un juicio fenecido, puesto que la palabra fenecido viene de la palabra fenecer, es decir según la Real Academia Española “dicho de una cosa, acabarse o desaparecer” del sinónimo de “fallecer, morir a, perecer, finar, expirar, acabar, terminar”, en todo caso su ejecución es un nuevo subsiguientes de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tanto indica que se debe admitir el recurso de apelación que sea presentado el mismo día de la notificación de la resolución que caduca el término dejado de utilizar, como ocurrió en el presente caso, lo cual es un rozamiento valido, sin embargo el suscrito considera que debe darse un paso atrás y tener una mejor vista del panorama, y para ello respetuosamente hago uso del derecho a la independencia del criterio establecida en el Estatuto del Juez Iberoamericano en sentido del “Articulo 1. Principio general de independencia. Como garantía para las justiciables, los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan solo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa” y es por ello que al momento de realizar esta interpretación de la aplicabilidad de la salvedad que establece el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción para dar trámite a un recurso en contra de una resolución firme con carácter de cosa juzgada formal, ello me hace ver que no es procedente su aplicabilidad, puesto que se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso, volviéndose con ello un juicio fenecido, puesto que la palabra fenecido viene de la palabra fenecer, es decir según la Real Academia Española “dicho de una cosa, acabarse o desaparecer” del sinónimo de “fallecer, morir a, perecer, finar, expirar, acabar, terminar”, en todo caso su ejecución es un nuevo proceso de ejecución, con un numero de entrada en el Juzgado distinto al procedimiento de conocimiento; se trae ello a colación porque la Carta Magna establece claramente “Artículo 186. Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos; salvo en causas juzgada en materia penal o civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio”. Por ello al admitir dicho recurso se estaría abriendo un juicio fenecido, siendo esto una grave infracción procesal y un atentado a la seguridad jurídica, por ello el suscrito juez es del criterio que ante la incompatibilidad entre el artículo 186 de la Constitución de la República y el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se debe aplicar el método difuso de control constitucional reconocido a los jueces de la República en el artículo 320 de la Constitución de la República e inadmitir el recurso de apelación”CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la interposición de la Acción de Amparo se establece que el impetrante tiene por quebrantados los derechos contenidos en los artículos 80, 83 y 186 de la Constitución del a República, aduciendo que la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional en fecha doce (12) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), no está ajustada a derecho al admitir por mayoría de votos, el Recurso de Queja interpuesto, declarando fundada la Queja al relacionar la aplicabilidad del artículo 132 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que faculta a los Tribunales de esta jurisdicción, para admitir el recurso interpuesto fuera del término cuando se cumpla la formidad de presentar el mismo día de la notificación que da por precluido el termino establecido en la ley. Por lo que, ante la grave inseguridad jurídica realizada por la Corte implica la violación a la norma primigenia que es la Constitución del Estado de Honduras en su artículo 186 que dice” ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causa juzgada en materia penal y civil que pueden ser revisados en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de Oficio”.CONSIDERANDO (7): Que se encuentra acreditado en autos que el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo en fecha 1 de agosto del 2023, notifico en legal y debida forma a la parte demandada abogado Alex Geovanny Navas la sentencia de fecha 17 de abril del 2023 y el auto de fecha 20 de julio del 2023 como obra a folio 713 de la pieza principal; posteriormente, a folio 732 se verifica que la Secretaría del Despacho emite informe en el que hace saber al juez que el plazo de diez días hábiles otorgado a la representante de la parte demandada para que presentara el recurso de apelación, contado a partir de la notificación de fecha uno de agosto del 2023 de la sentencia de fecha 17 de abril del 2023 HA PRECLUIDO, por no haber hecho uso del mismo, evidentemente, tal como lo dispone el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la sentencia definitiva había alcanzado su firmeza tal y como lo dispone la ley. En fecha 16 de agosto del 2023 el Procurador Judicial del Estado interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva (17/4/2023) ya firme, razón por la cual el A-Quo inadmite a trámite dicho recuso en fecha 17 de agosto del 2023 como obra a folios 750 de autos pieza principal. CONSIDERNADO (8):Que en fecha doce (12) de septiembre del Dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional dicta sentencia por mayoría de votos y resolvió Declarar fundada la Queja interpuesta por el abogado Duval Andrés López Escober, procurador Judicial del Estado de Honduras a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos contra el auto de fecha 17 de agosto del 2023, que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto por el representante del Estado contra la sentencia definitiva de fecha 17 de abril del 2023. El voto particular entre otros conceptos expresa: Que de la lectura de los documentos se aprecia que emitida la sentencia definitiva (17/4/2023) y notificada al abogado Alex Geovany Navas el primero de agosto del año en curso (2023), notificándole vía correo electrónico al abogado Navas de dicha preclusión el 16 de agosto del mismo año (2023) delegando el poder en el abogado Duval Andrés Lope Escober presentando el respectivo recurso en la misma fecha de la notificación, actuación que en fecha 17 de agosto del mismo año (2023) fuera declarado inadmitido a trámite, notificándose el 18 de agosto del 2023 y presentando el recurso de queja el 28 de agosto del 2023. Primero: Que el artículo 730 del Código Procesal Civil establece que el Recurso de Queja tiene por objeto el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación. Segundo: Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el párrafo segundo establece que los plazos fijado en esta Ley(LJCA) son improrrogables los que una vez transcurridos, se tiene por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse; este mismo párrafo faculta a los tribunales de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo para admitir un pedimento “fuera del término de esta Ley especial”, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por precluido el término establecido en la Ley, por lo que esa posibilidad, solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en este caso de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la Ley Especial, dicho Código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyo el principio de elasticidad y preclusión dejando claro que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, es decir, son improrrogables, por lo que el recurso de queja solicitado por el Procurador Judicial que representa al Estado debe declararse infundado ya que la negativa hecha por la resolución del juez A-Quo esta conforme a derecho ya que el termino dejado de utilizar corresponde a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso y falla: Primero: Declarar Infundado el Recurso de Queja interpuesto por Duval Andrés López Escober Procurador Judicial del Estado de Honduras. Segundo: Confirma el auto de fecha 17 de agosto del 2023 dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa Municipio de Distrito Central” CONSIDERANDO (9): Que el fallo por mayoría de votos emitido por parte de la Corte de Apelaciones impugnada en la parte conducente a los fundamentos de derecho establece en el considerando 2. Que consta en autos la notificación de fecha 16 de agosto del 2023 de la providencia de fecha 16 de agosto del año 2023, realizada al abogado Alex Geovanny Navas en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras, posteriormente el abogado Duval Andrés López Escober en su condición de representante Procesal del Estado de Honduras presento recurso de apelación en fecha 16 de agosto del año 2023. Y según el artículo 132 párrafo segundo de la Ley de La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone “… Los plazos fijados en esta Ley o en ocasión de su ….”; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que notifique la oportuna providencia…” del estudio del caso de autos se desprende que efectivamente, el abogado Duval Andrés López Escober presento su escrito de Recurso de Apelación el mismo día en que fue notificado (se notificó al abogado Alex Geovanny Navas en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras) de la providencia de fecha 16 de agosto del 2023 donde se le caduca el termino para recurrir, siendo procedente la admisión de dicho recurso en aplicación al citado artículo”.CONSIDERANDOO (10): Que del examen de la foliada así como de la resolución recurrida que declara fundado el Recurso de Queja por mayoría de votos, estima este Alto Tribunal de Justicia, que la decisión adoptada por la Alzada no crea un análisis de las normas aplicadas, tanto de la LJCA como de las normas relacionadas, en el caso específico de las contenidas en el Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en cuanto al ámbito de las impugnaciones en lo concerniente a los plazos, como es el caso en comento; la inobservancia de las normas procesales como su incorrecta aplicación, confunde y vulnera derechos fundamentales, como al debido proceso, concebido este, como una institución que persigue una recta administración de justicia, de principios generales y normas especialmente procesales, cuyo fin es obtener la vigencia del derecho sustantivo y una correcta administración de justicia a los ciudadanos contra la inseguridad jurídica. La inobservancia de normas procesales en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello del debido proceso. CONSIDERANDO (11) :Que el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el párrafo segundo establece, que los plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y que una vez transcurridos se tiene por caducado el derecho y perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse sin necesidad de apremio; ese mismo párrafo faculta a los tribunales de esa jurisdicción para admitir un pedimento fuera del término de esta ley especial, cuando se cumpla la formalidad de presentarla el mismo día que se notifique la resolución que da por concluido el término establecido en la ley, por lo que esa posibilidad solo es para los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el caso específico de autos los recursos son desarrollados supletoriamente por el Código Procesal Civil, tal y como lo establece la ley especial, dicho código toma como base los principios que conllevan a una tutela efectiva pronta y segura, tomando como suyos el principio de elasticidad y preclusión, dejando claro, que la actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario, motivación suficiente para que la Alzada declarara el recurso de queja infundado, habida cuenta de la declarada preclusión del mismo (plazo vencido-improrrogable) y remitirse a la decisión adoptada por el Juez A-Quo, pues el principio de preclusión procesal, es fundamental en el derecho procesal, el cual establece, que una vez que ha pasado una etapa procesal, no se puede volver a ella ni reabrirla, dando por sentado que las partes tienen un tiempo determinado y prudencial para realizar ciertos actos procesales, no hacerlo dentro de ese plazo, se pierde la oportunidad, es decir, que la preclusión procesal busca la eficiencia del proceso, la seguridad jurídica y la lealtad procesal, lo que evita que se retrotraigan etapas para reabrir cuestiones ya resueltas, entre estas juicios fenecidos; concluyendo que el término dejado de utilizar por la parte demandada atañe a una ley supletoria y no a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo ha dejado establecido la Sala en sus fallos, en consecuencia, no se comparte la decisión adoptada por la Alzada, con la misma se quebrantan el debido proceso y demás derechos fundamentales, como ha quedado expresado, pero si se acompaña el auto resuelto por el Juez A-Quo y el voto particular pronunciado, por encontrarse ambas resoluciones judiciales apegas al marco normativo aplicable. CONSIDERANDO (12): Que, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, estima procedente otorgar la garantía de Amparo presentada por el abogado Luis Banegas Oyuela a favor de sus representados por encontrar que la resolución recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdiccional Nacional vulnera garantías constitucionales invocadas por el impetrante y que han quedado señaladas en los considerados que anteceden en el presente fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado Luis Banegas Oyuela a favor de: 1) Carla Patricia Carias Ávila, 2) Cesar Augusto Cerrato Cerrato, (3) Cinthia Milagro Talavera Salgado, 4) Elda Maritza Lagos Galo, (5) Diana Judith Ramos Soto, 6) María Elena Bustillo Aguilar, (7) Miguel Ángel Castro Hernández, 8)Nelson Jeovanny Hernández Ríos, 9) Sagrario Argentina Carbajal Espinal, 10) Transito Flores Ortega, 11) Camilo Alberto Reyes Escobar, 12) Reina Isabel Velásquez Cruz, 13) Marien Ibeth Lemus Moreno, 14) Luisa Hernández Zamora, 15) Esperanza Elizabeth Melgar Girón, 16) Selma Gertrudis Osorio, 17) Armando Alcino Gutiérrez Pineda, 18) Carlos Edgardo Aguilar Barahona, 19) Ricardo Américo Guevara, 20)Salvador Avelar Hernández, 21) Carmen Imelda Morales, 22)Arturo Ávila Paz, 23) Elena Guadalupe Mejía Howard, 24) Salomón Alberto Aguilar Velásquez, 25) Lourdes Guadalupe Dubón Reyes, 26) Víctor Salomón Trejo Reyes, 27) Guillermo Ávila Alvarenga, 28)Carmen Lilibeth Vásquez Pérez, 29) Mirna Yolanda Oliva Turcios, 30) Melania Isabel Moradel Barahona,31) Verónica Ivette Bonilla Argueta, 32)Melitina Rivera Méndez, 33) Blanca Isabel Valle González, 34) Carlos Adalberto Cuadra Mendoza,(35) José Francisco Silva Osorio, 36)William Castro López, 37)Santos Martin Mendoza López, 38) Delmy Gisela Amador Rosales, 39) Pastora López, 40)Adela Ramona Valdivieso Medina contra la resolución de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1496-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL