Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1479-22 — Registro 20424

Resumen

Denuncia de rechazo de reclamo financiero ineludiblemente debe de iniciar su proceso a través de hoja de reclamación, circunstancia que no acontece en el presente caso de autos, por lo tanto la peticionaria no puede señalar que existe una violación al debido proceso y mucho menos al derecho de defensa, en vista que si bien se le reitera que goza de estos derechos Constitucionales, también los mismos se deben de gozar con las formalidades que establecen las leyes y los reglamentos emitidos por parte de las autoridades competentes, en ese sentido, es claro el manual a que se hace referencia conocido como normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisada, concluye la Sala Constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el presente caso de autos, de la revisión del documento de las normas que ha citado esta Sala que son las que se utilizan para garantizar el derecho a la seguridad del usuario financiero ante las Instituciones Supervisadas, establece tal y como lo apunta la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su resolución que está siendo impugnada en esta sede Constitucional, las definiciones en el artículo 3 numeral 9, un documento conocido como hoja de reclamación, es decir aquel formulario físico o electrónico donde el usuario financiero describe o presenta su reclamo ante la Institución Supervisada y en el caso que proceda posteriormente ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, que el proceso para presentar esta denuncia necesaria e ineludiblemente debe de iniciar su proceso a través de esta hoja de reclamación, circunstancia que no acontece en el presente caso de autos, por lo tanto la peticionaria no puede señalar que existe una violación al debido proceso y mucho menos al derecho de defensa, en vista que si bien se le reitera que goza de estos derechos Constitucionales, también los mismos se deben de gozar con las formalidades que establecen las leyes y los reglamentos emitidos por parte de las autoridades competentes, en ese sentido, es claro el manual a que se hace referencia conocido como normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en que cualquier acto o reclamación debe necesariamente de hacerse con una hoja de reclamación tal y como se ha establecido anteriormente, de no ser así no se le puede dar trámite, si el origen de su petición no lleva la formalidad establecida en dicha normativa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo anterior, esta Sala es del criterio que la opinión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de rechazar la reclamación de la peticionaria ahora recurrente por el incumplimiento del artículo 3 numeral 9 de las normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en efecto tiene un fundamento de derecho y por esa razón no se le ha vulnerado ningún derecho del debido proceso o de defensa cuando ha sido ella quien se ha puesto en esta circunstancia al no seguir las formas pertinentes para establecer su reclamación ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por lo tanto esta Sala es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir ningún Derecho Constitucional vulnerado."

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 y 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 y 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el presente caso de autos, de la revisión del documento de las normas que ha citado esta Sala que son las que se utilizan para garantizar el derecho a la seguridad del usuario financiero ante las Instituciones Supervisadas, establece tal y como lo apunta la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su resolución que está siendo impugnada en esta sede Constitucional, las definiciones en el artículo 3 numeral 9, un documento conocido como hoja de reclamación, es decir aquel formulario físico o electrónico donde el usuario financiero describe o presenta su reclamo ante la Institución Supervisada y en el caso que proceda posteriormente ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, que el proceso para presentar esta denuncia necesaria e ineludiblemente debe de iniciar su proceso a través de esta hoja de reclamación, circunstancia que no acontece en el presente caso de autos, por lo tanto la peticionaria no puede señalar que existe una violación al debido proceso y mucho menos al derecho de defensa, en vista que si bien se le reitera que goza de estos derechos Constitucionales, también los mismos se deben de gozar con las formalidades que establecen las leyes y los reglamentos emitidos por parte de las autoridades competentes, en ese sentido, es claro el manual a que se hace referencia conocido como normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en que cualquier acto o reclamación debe necesariamente de hacerse con una hoja de reclamación tal y como se ha establecido anteriormente, de no ser así no se le puede dar trámite, si el origen de su petición no lleva la formalidad establecida en dicha normativa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo anterior, esta Sala es del criterio que la opinión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de rechazar la reclamación de la peticionaria ahora recurrente por el incumplimiento del artículo 3 numeral 9 de las normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en efecto tiene un fundamento de derecho y por esa razón no se le ha vulnerado ningún derecho del debido proceso o de defensa cuando ha sido ella quien se ha puesto en esta circunstancia al no seguir las formas pertinentes para establecer su reclamación ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por lo tanto esta Sala es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir ningún Derecho Constitucional vulnerado."

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 y 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 y 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha de agosto de dos mil veintidós y su respetiva notificación, que resolvió un reclamo administrativo No. 219/2021, presentado por la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la sociedad mercantil Banco Atlántida S.A. Considerando el recurrente que con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1).- Que en fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la Abogada Karla Patricia García Arita, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha de agosto de dos mil veintidós y su respetiva notificación, que resolvió un reclamo administrativo No. 219/2021, presentado por la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la sociedad mercantil Banco Atlántida S.A., tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-6 vuelto del amparo de mérito). 2).- Esta Sala, en fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folios 44 del recurso de mérito). 3).- En fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, del cual se desprende la resolución de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), disponiendo lo siguiente: “…Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de agosto de dos mil veintidós.-De oficio, vista la opinión GPUIF-ME-225/2022, emitida por el Departamento de Atención de Reclamos del Usuario Financiero, sobre el reclamo promovido por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad DACOTRANS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. contra la Sociedad BANCO ATLÁNTIDA, S.A., identificado como expediente No.219/2021; con fundamento en el Artículo 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas, que en su parte conducente establece: "Reclamo: Sin que tenga carácter limitativo, se considera susceptible de reclamo cualquier hecho en que un Usuario Financiero se vea afectado, ya sea por incumplimiento de los términos del contrato suscrito con la institución supervisada...." y en virtud que la referida opinión concluye que "...el reclamo presentado no reúne las características de un reclamo financiero, según lo establecido en la Resolución GE No. 1768/12-11-2012, contentiva de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera, y Atención al Usuario Financiero de las Instituciones Financieras, sin perjuicio de las acciones que el usuario considere pertinentes ante los órganos jurisdiccionales."; por lo expuesto, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros no está facultada para conocer sobre el mismo.-Archívense sin más trámite las presentes diligencias, haciéndose la observación que contra la presente providencia no cabe recurso alguno.- Artículos 80 de la Constitución de la República; 23, 24, 25, 26, 27, 72, 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas 6 y 13 numerales 1), 4) y 15) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- NOTIFIQUESE.-…". (Folio 107 del antecedente). 4).- Asimismo, se desprende del antecedente, la notificación electrónica de la providencia GPUAL-PV-752/2022, emitida por la Comisión Nacional Bancos y Seguros (CNBS), la que literalmente dice: “…Con fundamento en los Artículos 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo reformados mediante Decreto Legislativo No. 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013. La suscrita Prosecretaria (Gestión de Impulso Procesal PUF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, actuando por delegación procede a notificar electrónicamente a la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad DACOTRANS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L., y al Abogado ANDRÉS ALEJANDRO ALVARADO BUESO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad BANCO ATLÁNTIDA, S.A.; la providencia de fecha 2 de agosto de 2022, la cual establece: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.- Gerencia de Protección al Usuario Financiero. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de agosto de dos mil veintidós.- De oficio, vista la opinión GPUIF-ME-225/2022, emitida por el Departamento de Atención de Reclamos del Usuario Financiero, sobre el reclamo promovido por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad DACOTRANS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. contra la Sociedad BANCO ATLÁNTIDA, S.A.; identificado como expediente No.219/2021; con fundamento en el Articulo 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas, que en su parte conducente establece: "Reclamo: Sin que tenga carácter limitativo, se considera susceptible de reclamo cualquier hecho en que un Usuario Financiero se vea afectado, ya sea por incumplimiento de los términos del contrato suscrito con la institución supervisada....", y en virtud que la referida opinión concluye que "...el reclamo presentado no reúne las características de un reclamo financiero, según lo establecido en la Resolución GE No. 1768/12-11-2012, contentiva de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera, y Atención al Usuario Financiero de las Instituciones Financieras, sin perjuicio de las acciones que el usuario considere pertinentes ante los órganos jurisdiccionales."; por lo expuesto, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros no está facultada para conocer sobre el mismo.- Archívense sin más trámite las presentes diligencias, haciéndose la observación que contra la presente providencia no cabe recurso alguno.-Artículos 80 de la Constitución de la República, 23, 24, 25, 26, 27, 72, 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas 6 y 13 numerales 1), 4) y 15) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- NOTIFIQUESE.- F) Gerente GPUF; Secretaria General.".-El presente ejemplar es una impresión de documento firmado electrónicamente de conformidad a la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Electrónica de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la misma fecha de su firma electrónica cuyos efectos jurídicos se encuentran consignados en el Artículo 51, párrafo primero de la Ley del Sistema Financiero…” (Folios 108-109 del antecedente). 5).- Que en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 49 del recurso de mérito). 6).- En fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Karla Patricia García Arita, en su condición antes indicada, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 57 del recurso de mérito). 7).- En fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del estudio de las diligencias esta Representación Fiscal aprecia que la resolución impugnada la constituye la providencia dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) -GERENCIA DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO en fecha dos (02) de Agosto del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual se resuelve que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), no está facultada para conocer sobre el mismo (reclamo administrativo) y que se archiven sin más trámite las presentes diligencias, haciéndose la observación que contra la presente providencia no cabe recurso alguno, respecto a la cual al examinar dicha resolución se advierte que en efecto la misma no se deriva del análisis de la documentación presentada conjuntamente con el reclamo administrativo, y si bien es cierto, la Opinión Técnica GPUIF-ME-225/2022 emitida por el Departamento de Atención de Reclamos al Usuario Financiero de la CNBS se detalla cómo se efectuaron las transacciones en línea objeto de reclamo, y que sirvió de fundamento para la emisión de la providencia impugnada (dos (2) de agosto del 2022), no menos cierto es, que una opinión técnica no revista la condiciones legales de una resolución que emita un órgano de la administración pública que resuelva un reclamo administrativo y dispone archivar sin más trámite el archivo de las diligencias de mérito, pues todo acto final que ponga fin al trámite administrativo debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales, como ser el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, ya que éste contiene la voluntad de la Administración Pública que declarará si la petición del particular es acogida o no, y tiene el atributo de producir efectos jurídicos que alcanzan directamente a los particulares; contrario a lo acontecido en el caso de autos, pues basta su lectura para apreciar la nula motivación al respecto, ya que se limitó a copiar un extracto de la precitada opinión, sin hacer un correcto razonamiento para emitir una resolución legítima y eficaz, al carecer de ciertos caracteres formales que resulta imprescindibles para la defensa de los administrados, causando con ello una vulneración a la legalidad de los mismos y el respeto de los derechos de los particulares, y a su vez, se les vulnera el derecho de controvertir la resolución, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia u otras acciones que le franquea la ley. Al tenor de lo expuesto, es que se estime que la resolución impugnada, violenta el debido proceso consagrado en el artículo 90 constitucional, al contravenir lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que impone la obligatoriedad de la motivación, entendiéndose por ésta la expresión sucinta de los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable, sin que este auto resolutivo pueda ser sustituido por aquellos actos que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico. Siguiendo este orden de ideas, existe basta jurisprudencia de la honorable Sala de Constitucional, en cuanto señala que todos los actos del procedimiento, sean definitivos o instrumentales, tiene efectos legales únicamente si se manifiesta con apego a las formas y formalidades previstas en la ley. Exigencia que sirve para evitar arbitrariedades y garantizar los derechos a los particulares; condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta en el caso de marras. Asimismo, advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. El Ministerio Público puede determinar que en el caso de autos se han violentado las garantías constitucionales del debido proceso que trae consigo el derecho a la defensa, a las que la recurrente hace referencia en su petición de amparo. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso…” (Folios 60-67 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la presente garantía Constitucional de Amparo es promovida por la Abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha de agosto de dos mil veintidós y su respetiva notificación, que resolvió un reclamo administrativo No. 219/2021, presentado por la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la sociedad mercantil Banco Atlántida S.A. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en su escrito de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el debido proceso, en vista quela Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través de su oficina de Gerencia de Protección del Usuario Financiero se ha negado a dar una resolución a lo planteado sobre hechos que perjudican a su representada. De igual manera aduce que la notificación de la decisión que ahora se impugna no reunió las formalidades que la Ley establece, en vista que nunca les remitieron copia íntegra de la resolución notificada. También argumenta que se le violento el derecho de defensa, al no haberse proporcionado por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, copia íntegra de la resolución que cuestiona, no hemos logrado analizar con la debida profundidad los aspectos en los cuales ha cimentado su decisión el órgano Estatal, coartando de esa manera gravemente el derecho de defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, mediante auto de fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), ha tenido por evacuada la vista concedida al fiscal del despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, en el cual dicho representante del Ministerio Público es del parecer que se otorgue la presente acción de amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión del expediente se desprende que el derecho que la recurrente considera vulnerado a favor de su representada, la Empresa Mercantil DACOTRANS DE CENTROAMERICA S. DE R.L., es el derecho al debido proceso, como lo expone en su escrito de acción de amparo. En ese sentido, señala que se aboco a la Comisión Nacional de Banco y Seguros para formular una reclamación por un supuesto fraude realizado a productos financieros propiedad de su representada procesal.- De la revisión del acto impugnado se desprende que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través de la resolución de fecha dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), denegó el reclamo presentado por no ajustarse a los lineamientos establecidos en las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, contenidas en la resolución GRD767/05-12-2022 de la Comisión de Bancos y Seguros publicado en la Gaceta del diecinueve (19) de diciembre del dos mil veintidós (2022). Si bien es cierto tal y como lo plantea la recurrente el derecho al debido proceso es un derecho que tiene todo ciudadano de la República, bien sea persona natural o jurídica en el sentido de que cualquier petición que formule debe de llevarse a cabo por los procesos establecidos legal y reglamentariamente. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en el presente caso de autos, de la revisión del documento de las normas que ha citado esta Sala que son las que se utilizan para garantizar el derecho a la seguridad del usuario financiero ante las Instituciones Supervisadas, establece tal y como lo apunta la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su resolución que está siendo impugnada en esta sede Constitucional, las definiciones en el artículo 3 numeral 9, un documento conocido como hoja de reclamación, es decir aquel formulario físico o electrónico donde el usuario financiero describe o presenta su reclamo ante la Institución Supervisada y en el caso que proceda posteriormente ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, que el proceso para presentar esta denuncia necesaria e ineludiblemente debe de iniciar su proceso a través de esta hoja de reclamación, circunstancia que no acontece en el presente caso de autos, por lo tanto la peticionaria no puede señalar que existe una violación al debido proceso y mucho menos al derecho de defensa, en vista que si bien se le reitera que goza de estos derechos Constitucionales, también los mismos se deben de gozar con las formalidades que establecen las leyes y los reglamentos emitidos por parte de las autoridades competentes, en ese sentido, es claro el manual a que se hace referencia conocido como normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en que cualquier acto o reclamación debe necesariamente de hacerse con una hoja de reclamación tal y como se ha establecido anteriormente, de no ser así no se le puede dar trámite, si el origen de su petición no lleva la formalidad establecida en dicha normativa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por lo anterior, esta Sala es del criterio que la opinión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de rechazar la reclamación de la peticionaria ahora recurrente por el incumplimiento del artículo 3 numeral 9 de las normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas, en efecto tiene un fundamento de derecho y por esa razón no se le ha vulnerado ningún derecho del debido proceso o de defensa cuando ha sido ella quien se ha puesto en esta circunstancia al no seguir las formas pertinentes para establecer su reclamación ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por lo tanto esta Sala es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir ningún Derecho Constitucional vulnerado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 90 párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las instituciones supervisadas; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41 y 63 de la Ley sobre justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes; Redacto la Magistrada Isbela Bustillo.- NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, certificación de Resolución de fecha veinticinco de agosto del dos veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este tribunal con el número SCO-1479-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL