Sentencia AA-1472-22 — Registro 20065
Resumen
Acción de amparo interpuesta contra negativa de recibir documento denominado personamiento ,en relación a solicitud del recurrente a que se le extienda informe detallado del por qué se le esta investigando por medio de la Unidad Fiscal Especializada en contra Redes de Corrupción del Ministerio Público.a Sala de lo Constitucional observa que los censores no identifican clara y específicamente cual es el daño causado a su poderdante. En su exposición escrita no resulta claro cuáles son los efectos negativos que se originan por el no recibimiento de la solicitud presentada ante la fiscalía y el menoscabo que esto supone a su integridad física, psíquica y moral. Ha sostenido en sus sentencias que no basta citar normas constitucionales o convencionales, tampoco es suficiente el indicar de forma vaga y general la producción de un daño, sino que es una carga procesal exigible, demostrar lo que se denuncia, asimismo argumentar en forma clara, precisa y sobre todo convincente, las razones que motivan la pretensión de amparo, estima procedente denegar la presente garantía constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."al que la dignidad humana es inviolable y este alto tribunal de justicia entiende que dicha norma impone el deber estatal y de sus servidores públicos el garantizar, proteger y respetar por encima de todo, la dignidad de las personas, por ser el fin y razón primordial del Estado. A este respecto, la Sala de lo Constitucional observa que los censores no identifican clara y específicamente cual es el daño causado a su poderdante. En su exposición escrita no resulta claro cuáles son los efectos negativos que se originan por el no recibimiento de la solicitud presentada ante la fiscalía y el menoscabo que esto supone a su integridad física, psíquica y moral. La Sala de lo Constitucional ha sostenido en sus sentencias que no basta citar normas constitucionales o convencionales, tampoco es suficiente el indicar de forma vaga y general la producción de un daño, sino que es una carga procesal exigible, demostrar lo que se denuncia, asimismo argumentar en forma clara, precisa y sobre todo convincente, las razones que motivan la pretensión de amparo. IX. Sin perjuicio que esta Sala de lo Constitucional estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de las razones expuestas, es importante dejar establecido que en caso que los recurrentes decidieran presentar nueva petición ante la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) dependencia del Ministerio Público, deberá este ente recibir y contestar la misma, dentro del plazo razonable, salvo los casos excepcionales dispuestos en razones previstas y bien determinadas por la ley y convenciones antes mencionados, ello con el fin de garantizar los derechos fundamentales del peticionario como ser el derecho de petición y al principio de máxima divulgación, derecho de defensa, igualdad de trato entre otros, al efecto este alto tribunal de justicia exhorta a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) dependencia del Ministerio Público, en cuanto a recibir y resolver las solicitudes de información pública en los Plazos legalmente establecidos en la ley."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintinueve de enero de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los abogados Fernando González Rivera y Mercedes Maribel Varela Mejía, a favor del señor Adolfo López Chávez, contra actuaciones del Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, ante la negativa de recibir un documento denominado personamiento solicitud de copia íntegra de expediente y solicitud de informe de lo que se está investigando, con relación al proceso de investigación instruido contra el señor Adolfo López Chávez. Considerando los recurrentes que, con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representado el derecho consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.En fecha trece de octubre de dos mil veintidós, comparecieron ante esta Sala, los abogados Fernando González Rivera y Mercedes Maribel Varela Mejía, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Adolfo López Chávez, contra actuaciones del Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, debido a la negativa de recibir un documento denominado personamiento solicitud de copia íntegra de expediente y solicitud de informe de lo que se está investigando, con relación al proceso de investigación instruido contra el señor Adolfo López Chávez, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-14 del amparo de mérito). 2.Esta Sala, en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenado librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folios 31-32 del recurso de mérito). 3. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, esta sala tuvo por recibido el informe emitido por la autoridad recurrida, por lo cual en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, sin suspensión del acto reclamado, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 36 y 39 del recurso de mérito).4. Visto el escrito de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, presentado por los abogados Fernando González Rivera y Mercedes Maribel Varela Mejía, se admite el mismo y se tiene por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, omítase la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 54 del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I.Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III. Sobre los alegatos de los garantista denunciando violación del artículo 80 de la Constitución de la República. Los censores al formalizar la presente garantía constitucional de amparo señalan en su escrito que la Unidad Fiscal Especializada (UFERCO), la conculcado en perjuicio de su poderdante, el artículo 80 de la Constitución de la República, ello debido a que en fecha 12 de octubre de 2022, se personó ante la fiscalía antes mencionada a presentar un escrito (personamiento…), a favor del señor Adolfo López Chávez, siendo atendido por la recepcionista, quien le consultó como sabía que el señor López Chávez tenía proceso en esa fiscalía, respondiendo el censor que en el Congreso Nacional le hicieron saber a su representado que su expediente personal laboral había sido secuestrado y llevado a esa fiscalía (UFERCO), después de ello la recepcionista le manifestó que no podía recibir el documento porque no señalaba el número de expediente, a lo que el censor respondió que no sabia cual era el numero de expediente, y luego de insistir en que le recibieran el escrito, la recepcionista le dijo que lo presentara ante la secretaria general y que solicitara una constancia y así determinar si estaba denunciado o no, sin embargo, el censor contestó que eso no era lo que estaba pidiendo, que lo que necesitaba era personarse ante la UFERCO y que no podían coartar el derecho de petición. IV. Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala estima que los amparistas promueven su acción con el declarado propósito de reestablecer su acceso efectivo al derecho de petición y la incolumidad de la garantía de legalidad administrativa que vincula a todos los servidores públicos. Ello debido a que la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO), se negó a recibir un escrito de personamiento y solicitud de copia íntegra de expediente, a favor del señor Adolfo Chávez, lo que considera violación al derecho de petición, derecho de acceso a la información sobre si misma y derecho a la dignidad a su representado. Es menester resaltar que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos, es necesario determinar si la negativa de recibir el personamiento y solicitud supra referida, vulneran en perjuicio del recurrente los derechos de petición, acceso a la información sobre sí misma y a la dignidad expuestos como argumentos en su escrito de formalización de la acción de amparo promovida. V.En ese orden de ideas, es conveniente acotar que el derecho de petición, se reconoce como un derecho humano o fundamental e implica la garantía de que cada petición deberá ser contestada por la autoridad que la reciba. El fundamento internacional de lo anterior es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que desde 1948 establece: “Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, por razones de interés general o privado, y el derecho a obtener una pronta decisión al respecto.” En el caso específico de nuestro país, la propia Constitución en su artículo 80 ordena que “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”. Lo cual hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad administrativa con el fin de exponer un asunto de su interés. Este derecho se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. Evidentemente, este derecho no se reconoce a particulares entre sí, sino en relación con funcionarios y empleados públicos, es decir, esta garantía de libertad consiste en la obligación de las autoridades y servidores públicos de recibir y contestar las peticiones hechas por los particulares. Ahora bien, al verificar los hechos, alegatos y de la lectura imparcial y objetiva de los informes rendidos por la autoridad competente en la presente garantía, esta sala arriba a la convicción de que el presente amparo debe ser denegado, ello, debido a que si bien es cierto, la solicitud presentada por el censor no fue debidamente recibida al momento de su presentación, no es menos cierto, que de los antecedentes se desprende que la autoridad recurrida informa que aun en fecha 25 de julio de 2022, no existe registro de investigación o acusación alguna en contra del señor Adolfo López Chávez, sin perjuicio, que puedan surgir posteriormente, de manera tal, que si el peticionario considera pertinente o necesario presentar nuevamente la solicitud podrá hacerlo, y, consecuentemente, el ente recurrido deberá recibir y contestar dicha petición, en un plazo razonable. VI. En lo relativo al acceso a la información pública es un derecho, porque así lo expresa el artículo 1 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, a la sazón: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. Pues bien, la Sala de lo Constitucional ha dictado varias sentencias mediante las cuales ha reiterado que el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”. En tal sentido, en el caso sub examine, al no existir expediente, investigación o antecedentes tampoco quebranto de acceso a la información, ya que como ha quedado dicho, si bien prevalece el principio de máxima divulgación, es preciso señalar que, se debe tener en cuenta los casos en que se aplique una legítima restricción, ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la convención (lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia. VII. Si bien es cierto en el caso bajo estudio, esta Sala de lo Constitucional, considera denegar la presente garantía de amparo, a manera de obiter dicta, brinda a continuación, algunos lineamientos en relación con tema de acceso a la información. Adicionalmente a lo apuntado la CIDH refiriéndose al acceso a la información ha señalado también que es una herramienta dispuesta para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, así como luchar contra la corrupción y el autoritarismo. En ese sentido reconoce su utilidad para el ejercicio informado de otros derechos, v. gr. los derechos políticos o sociales y económicos. Es por ello que manifiesta el deber del Estado de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, disponiendo como regla general la publicidad de los actos estatales y la privacidad de la información de los individuos. Con relación a los principios rectores del derecho de acceso a la información, resulta destacable, el principio de máxima divulgación, el cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la CADH comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones. Con relación a la jurisprudencia, la Corte interamericana de derechos humanos (Corte IDH) ha expresado en la sentencia dictada en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, que en virtud del principio de máxima divulgación se presume que toda la información en poder del Estado es “pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. La Asamblea general de la OEA, con la adopción de la Ley modelo interamericana sobre acceso a la información, señaló con relación al principio de máxima divulgación, que el régimen de excepciones, que limite el derecho de acceso a la información debe estar “definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”. En definitiva, del principio de máxima divulgación se derivan las consecuencias siguientes: a) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, interpretado de manera restrictiva; b) toda decisión negativa debe ser motivada; c) corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y d) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información. Conforme a lo anteriormente expresado, es claro que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, sino que admite limitaciones, no obstante, éstas son excepciones al principio de máxima divulgación. Dichas limitaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 13.2 de la CADH deben cumplir los requisitos siguientes: a) no son la regla general, sino que son excepciones; b) deben tener configuración legal; c) sus objetivos son legítimos; d) deben responder a una necesidad real; y e) debe haber estricta proporcionalidad. Asimismo, no debe olvidarse que, en cuanto a la temporalidad de la medida, la reserva debe perdurar en tanto exista necesidad de mantener la protección que motiva su declaración. De igual forma sólo abarca lo estrictamente necesario para hacer efectiva la protección. La Corte IDH ha reconocido que existe una presunción de que toda información es accesible, salvo que se prevea legalmente una excepción, que responda a un objetivo permitido por la CADH, y que sea necesaria en una sociedad democrática, o sea que se oriente a la satisfacción de un interés público imperativo”. En complemento al principio de máxima divulgación se encuentra la carga procesal que tiene el Estado de acreditar las limitaciones al derecho de acceso a la información y sus legítimas razones. En ese sentido la jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que el Estado tiene la carga de la prueba con el fin de demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión. Por su parte el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el derecho de acceso a la información”, estableció: “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”. Lo anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al derecho. Sobre la obligación de que las excepciones o limitaciones se encuentren previstas en la ley ha de tomarse en cuenta que es un medio para asegurar que no queden al arbitrio de la administración. El Estado queda comprometido a que sean lo suficientemente claras y precisas, para evitar un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si se divulga o no la información.” VIII. Finalmente, en cuanto a la violación a la dignidad alegada por los recurrentes, dispone el artículo 59 constitucional que la dignidad humana es inviolable y este alto tribunal de justicia entiende que dicha norma impone el deber estatal y de sus servidores públicos el garantizar, proteger y respetar por encima de todo, la dignidad de las personas, por ser el fin y razón primordial del Estado. A este respecto, la Sala de lo Constitucional observa que los censores no identifican clara y específicamente cual es el daño causado a su poderdante. En su exposición escrita no resulta claro cuáles son los efectos negativos que se originan por el no recibimiento de la solicitud presentada ante la fiscalía y el menoscabo que esto supone a su integridad física, psíquica y moral. La Sala de lo Constitucional ha sostenido en sus sentencias que no basta citar normas constitucionales o convencionales, tampoco es suficiente el indicar de forma vaga y general la producción de un daño, sino que es una carga procesal exigible, demostrar lo que se denuncia, asimismo argumentar en forma clara, precisa y sobre todo convincente, las razones que motivan la pretensión de amparo. IX. Sin perjuicio que esta Sala de lo Constitucional estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de las razones expuestas, es importante dejar establecido que en caso que los recurrentes decidieran presentar nueva petición ante la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) dependencia del Ministerio Público, deberá este ente recibir y contestar la misma, dentro del plazo razonable, salvo los casos excepcionales dispuestos en razones previstas y bien determinadas por la ley y convenciones antes mencionados, ello con el fin de garantizar los derechos fundamentales del peticionario como ser el derecho de petición y al principio de máxima divulgación, derecho de defensa, igualdad de trato entre otros, al efecto este alto tribunal de justicia exhorta a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) dependencia del Ministerio Público, en cuanto a recibir y resolver las solicitudes de información pública en los Plazos legalmente establecidos en la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por los abogados Fernando González Rivera y Mercedes Maribel Varela Mejía a favor del señor Adolfo López Chávez, contra actuaciones del Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), ante la omisión de recibir escrito de petición; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil veinticinco. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA contra la sentencia del recurso de amparo de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual falla DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el recurrente a favor del señor ADOLFO LOPEZ CHAVEZ, contra las actuaciones del Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UDERCO), ante la omisión de recibir escrito de petición. I. Conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; notificación que fue efectuada en legal y debida forma en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025). II. El escrito de recurso de reposición contra la resolución de fecha 29 de enero de 2025, literalmente dice: “La presente Acción Constitucional de Amparo se sustentó en los hechos y disposiciones legales siguientes: QUE SE PRESENTO ANTE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCION DE AMPARO, EN CONTRA EL ACTO REALIZADO POR LA UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA CONTRA REDES DE CORRUPCIÓN (UFERCO) MINISTERIO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022. A CAUSA DE NO QUERER RECIBIR DOCUMENTO DENOMINADO PERSONAMIENTO. SE SOLICITA COPIA INTEGRA DEBIDAMENTE FOLIADO DEL EXPEDIENTE DE MÉRITO QUE SE ENCUENTRA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE ESTA FISCALIA. - SE SOLICITA SE EXTIENDA INFORME DETALLADO DE QUE Y POR QUÉ SE LE ESTA INVESTIGANDO. - PETICIÓN A FAVOR DEL CIUDADANO ADOLFO LOPEZ CHAVEZ, ACTO QUE ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE MI REPRESENTADO, CONSIGNADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, TRATADOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR HONDURAS, PARA QUE SE LE RESTITUYA EN EL GOCE DE SUS DERECHOS A PETICIÓN, DERECHO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE SI MISMA DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO LEGITIMO A LA DEFENSA Y DEBIDO PROCESO, DERECHO A IGUALDAD ANTE LA LEY DERECHO AL HONOR, DERECHO A LA IMAGEN, SUSPENSION TOTAL DEL ACTO RECLAMADO. FALLO OTORGANDO AMPARO. POR VIOLENTAR SARANTIAS CONSTITUCIONALES TALES COMO LAS ENMARCADAS EN LOS ARTICULOS 59, 60, 61, 64, 65, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 94, 127, 128, 129, 134, 135 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA; ARTICULO 1, 2, 7, 8, 10, 11 NUMERAL II, ARTICULOS 12, 18, 19, 20, 22, 23, 25 NUMERAL DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ARTICULOS 1, 2, 4, 5, 14, 18, 21, 22, 24 DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, ARTICULOS 1, 8 NUMERAL I, 9, 10, 11, 13 NUMERAL I, II, III, 14, 15, 16 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ARTICULOS 2 NUMERAL II, 3, 6 NUMERAL I, 7, 8 NUMERAL II, III, 11 NUMERAL I DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES ARTICULOS 2 NUMERAL I, II, III, 3, 17 NUMERAL I, II, 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ARTICULOS 1, 2 Y 4 NUMERAL 1 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, HECHOS. FUNDAMENTOS DE DERECHO. SE OLICITA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS INVESTIGACIONES Y QUE EL CIUDADANO ADOLFO LOPEZ CHAVEZ SE INFORMADO DE QUE Y POR QUÉ LO ESTÁN INVESTIGANDO.” III. De la lectura del escrito presentado por el recurrente se desprende que únicamente ha transcrito el encabezado de su escrito de amparo, por lo cual, no resultan de recibo, ya que se le ha dado respuesta en la resolución de fecha veinte de febrero de del año dos mil veintitrés (folios 31 y 32), y en los parágrafos IV, V, VI, VII VIII y IX, de la sentencia objeto del presente recurso de reposición, se han explicado ampliamente las razones que la sala consideró para denegar el amparo. Es oportuno recordar al recurrente que, la Sala de lo Constitucional ha sostenido en sus sentencias que no basta citar normas constitucionales o convencionales, tampoco es suficiente el indicar de forma vaga y general la producción de un daño, sino que es una carga procesal exigible, demostrar lo que se denuncia, asimismo, argumentar en forma clara, precisa y sobre todo convincente, las razones que motivan su recurso. IV. La finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. V.El Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado Fernando Gonzalez Rivera a favor del señor Adolfo López Chávez, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha 29 de enero del año 2025. Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente garantía constitucional de Amparo. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticinco y la Resolución de fecha veinticinco de junio del dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1472-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL