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Sentencia AA-1463-24 — Registro 19112

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la resolución de que sobreseyó el recurso de amparo con relación a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acto presunto por silencio negativo. Se confirma fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Hemos señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. II. También se ha venido sosteniendo que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. III. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. IV. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala concuerda con los razonamientos del Tribunal de alzada, por cuanto efectivamente las alegaciones del impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto. Y siendo que el presente asunto correspondía ser resuelto por la justicia ordinaria, lo cual se ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o transgresión alguna a los derechos constitucionales que han sido señalados, por lo que la Sala considera procedente confirmar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sobresee la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Erick Fernando Lezama Laínez, por encontrarse establecida en la causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. V. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la citada Corte de Apelaciones, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil veinticuatro, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), contra la resolución de fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL R CUELLAR Y SUCESORES S.A. DE C.V. contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 15, 18, 20, 82, 90, 303, 304, 1313, 316, 321, 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha diecinueve de noviembre del dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON, en su condición de Apoderada Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL R. CUELLAR & SUCESORES S.A. DE C.V., promoviendo “…DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR CONSISTENTE EN UN ACTO PRESUNTO POR SILENCIO NEGATIVO…” contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por medio de su Representante Legal, el señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, en su condición de Alcalde Municipal del Distrito Central; solicitando el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento y se permita seguir desarrollando el proyecto de Urbanización Residencial Paris de Cuellar y Sucesores, S.A. de C.V., y asimismo se pague en concepto de indemnización la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 463,185,833.71) así como las costas del presente juicio y el interés legal del 7% de la cantidad reclamada. (Folios 1-44 vuelto de la pieza principal del A-quo) 2) Que en fecha once de agosto de dos mil veintitrés, la Abogada ROSA IRENE VILLELA CHINCHILLA, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, interponiendo defensas previas para que se declarara la inadmisibilidad de la demanda de la que se hace relación en el numeral anterior, alegando la falta de agotamiento de la vía administrativa, que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos y que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto. 3) En fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, emitió el auto resolutivo que literalmente dice: “…FALLA: PARTE DISPOSITIVA DESESTIMAR LOS ALEGATOS DE DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA (DEMANDADA), POR INEXISTENTES.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar en legal y debida la presente resolución y se haga constar sus incidencias en la pieza principal de autos para los efectos correspondientes.- Contra la resolución que desestime las defensas previas no cabra recurso alguno.-” (Folio 211-219 de la pieza de Defensas Previas) 4) En fecha veintitrés de agosto del dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ, interponiendo recurso de amparo a favor DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra el auto de fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, tal como se ha dejado relacionado en el numeral anterior. (Folios 1-19 de la pieza del Ad-quem) 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha veinte de noviembre del dos mil veinticuatro, mediante la cual resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo Ponente la Magistrada Propietaria MIRNA ONEYDA MENDEZ y en aplicación de los artículos 82, 90, 129, 303, 304, 313 numeral 3, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 63, 64, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 22, 41, 42, 44, 45, 47, 46 numeral 1) 48, 49, 51, 52, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el abogado promovida por el abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ en su condición de representante procesal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC, acción que fue promovida contra la resolución dictada en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, en el expediente registrado en primera instancia bajo el número 0801-2018-00412, en virtud de la existencia de la causal de inadmisibilidad que se encuentra establecida en el artículo 46 numeral 1) de la ley Sobre Justicia Constitucional, siendo esta: "cuando se aleguen violaciones de mera legalidad". Y MANDA: Que, efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíen los autos en trámite de Consulta Obligatoria de la presente resolución a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” 5) Que en fecha tres de diciembre de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA I. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 14 de junio de 2024, mediante la cual el Juzgado de Letras que conoce de la demanda de mérito, dictó sentencia que en su parte dispositiva dice: “DESESTIMAR LOS ALEGATOS DE DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA (DEMANDADA), POR INEXISTENTES…” Ante esta decisión del A Quo, el recurrente interpuso acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, alegando inter alia violación por parte de dicho juez, del derecho a un debido proceso el derecho de defensa, y el principio de legalidad, alegando el recurrente que existió una omisión por parte del Juez sobre la valoración de la prueba presentada y de manera puntual sobre los medios de prueba practicados en la segunda defensa previa, en la cual el Juez de Primera Instancia, consideró: “…CUARTO: En cuanto al segundo alegato de defensa previa, consistente en que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos: En relación a este alegato y partiendo del hecho que la demanda objeto de esta causa fue presentada ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la cual la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, declara la incompetencia del Tribunal y ordena al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, otorgue un plazo de diez (10) días para que el actor comparezca y adecue su demanda de acuerdo a los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por considerar que es la jurisdicción competente para conocer del caso que hoy nos ocupa, resolución que fue recurrida en amparo, siendo sobreseída por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 18 de junio de 2018, acción que fue interpuesta por la Abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA, a favor de la sociedad denominada R. CUELLAR & SUCESORES, S.A. DE C.V., dejando firme la decisión de la Corte Primera de Apelaciones Civil, pudiéndose deducir que el plazo otorgado por el Juzgado de Letras de lo Civil habilita a la parte demandante a comparecer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que le fue señalado expresamente por el órgano judicial competente, entendiendo que dicho plazo de 10 días inicia a correr desde el momento que el interesado hace expresa manifestación de ese derecho concedido, como es el presentar la demanda ante el Juzgado competente, ya que resulta difícil tener un punto de partida procesal en cuanto al tiempo de inicio de 10 días otorgados, puesto que el Juzgado de Letras Civil al recibir las actuaciones de los órganos superiores, como lo son la Corte de Apelaciones y Sala de lo Constitucional se limita a archivar las actuaciones ordenándose tal diligencia a la Secretaría del Despacho. No obstante, ante tal imprecisión y mala práctica procesal, es evidente que si el fallo de la Sala Constitucional se emitió en fecha 18 de junio del 2018, este expediente tenía que transitar primeramente a la Corte de Apelaciones de lo Civil y luego llegar a su lugar de origen, como ser el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, procediendo hacer las resoluciones que mandó el Tribunal Superior y luego notificar a las partes para los efectos legales pertinentes, entendiendo que la demanda ha sido presentada en tiempo; además dicha práctica enerva el acceso a la justicia, por esa razón también se debe desestimar este alegato de defensa previa” Alega el recurrente que a través de los referidos medios de prueba se acreditó la existencia de la celebración de una audiencia de competencia en el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en el proceso civil; audiencia celebrada con posterioridad a la declaratoria de sobreseimiento del recurso de amparo promovido por R. CUELLAR Y SUCESORES ante la Sala de lo Constitucional, en contra de una sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, bajo el cual se le concedió a la parte demandante el plazo de diez días para que el actor compareciera y adecuara su demanda de acuerdo a los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ese orden de ideas, el amparista estima, que el Juzgado en la resolución recurrida, omitió valorar los medios de prueba para el solo efecto de la admisibilidad de la demanda y, que de la revisión y valoración de dichos medios de prueba, específicamente, el del contenido de la audiencia de fecha 29 de octubre de 2018, deviene la existencia de actuaciones posteriores a la remisión de la Sala de lo Constitucional al momento de determinar sobreseer el recurso de amparo, y ante la existencia de notificación y convocatoria para la celebración de la audiencia de competencia, el juez al conceder la palabra ha determinado dar la oportunidad procesal para que exista mención, pronunciamiento y determinación de remisión de las actuaciones al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, a lo cual la representación procesal de la hoy demandante, abiertamente señaló: “lo acepta y pide que las diligencias no sean remitidas al Juzgado Contencioso Administrativo y que se le devuelvan los documentos, asimismo pido certificación de la presente audiencia. Por lo que según el recurrente, con los medios de prueba, el plazo de los 10 días hábiles concedidos para la presentación de la demanda, efectivamente se pudo haberse materializado, accionarse, iniciarse, y haber hecho uso de dicho derecho, situación que no pudo verificarse en la resolución impugnada, pues según el recurrente dicha resolución desconoce absolutamente el contenido de la audiencia de competencia de fecha 29 de octubre de 2018, incurriendo en violación, puesto que tal acta se basó prácticamente en que es difícil determinar el punto de partida de contabilización del derecho R. Cuellar y Sucesores para presentar su demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. II. En la sentencia emitida por la Alzada en fecha 20 de noviembre de 2024, y que es objeto de examen, se decidió el sobreseimiento de la garantía de amparo pretendida por el quejoso, al considerar la Corte de Apelaciones, entre otras cosas lo siguiente: “…analizados que han sido los hechos alegados que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, los alegatos esgrimidos por el AMPARISTA constituyen alegatos de mera legalidad, en tal sentido la revisión de los hechos que motivan la presente acción de amparo, deducimos que la resolución que dice le causa lesión al impetrante, fue dictada dentro del procedimiento de ley correspondiente, sin irrespetase en ningún momento la garantía del DEBIDO PROCESO, ni demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en lo que corresponde al proceso a través del cual se sustanciaron las defensas previas. Asimismo, consideramos que, al revisar el fondo de la resolución de defensas previas, los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, es llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende el impetrante, al tratar de convertir la acción de amparo y al Juez constitucional en un recurso y una instancia ordinaria más. En tal sentimos colegimos, que la apreciación y valoración de los hechos que motivaron el incidente de defensas previas y la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia respecto al mismo, no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido a través de los derechos al DEBIDO PROCESO y DEFENSA, constituyendo el incidente de defensas previas, asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional.” RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Hemos señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. II. También se ha venido sosteniendo que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. III. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. IV. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala concuerda con los razonamientos del Tribunal de alzada, por cuanto efectivamente las alegaciones del impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto. Y siendo que el presente asunto correspondía ser resuelto por la justicia ordinaria, lo cual se ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o transgresión alguna a los derechos constitucionales que han sido señalados, por lo que la Sala considera procedente confirmar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sobresee la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Erick Fernando Lezama Laínez, por encontrarse establecida en la causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. V. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la citada Corte de Apelaciones, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 30, 42, 43, 63, 64, 80 y 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 146, 147, 148 de la Ley de Procedimiento Administrativo y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numeral 1, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticinco (2025), que decidió CONFIRMAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veinte (20) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024), la cual sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el referido impetrante, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, ello en relación a la demanda ordinaria para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular, misma que fuera promovida ante el precitado juzgado de letras por la Sociedad mercantil R. CUELLAR Y SUCESORES, S.A. DE C.V., contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,(AMDC). CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte que las argumentaciones que presenta el recurrente en su escrito, vienen a ser, en su mayor parte, una reiteración de las alegaciones en las que se fundó el recurso de amparo interpuesto, mismas que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal. CONSIDERANDO: Que mediante la sentencia contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente confirma la sentencia consultada, que determinó el sobreseimiento de la acción constitucional de amparo pretendida por la recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que de las alegaciones del recurrente puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAÍNEZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticinco (2025), de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinticinco, certificación del fallo y resolución de fecha veintiuno de marzo y ocho de mayo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1463-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL