Sentencia AA-1444-21 — Registro 19059
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra actuaciones, la aplicación de la medida cautelar precautoria de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, que decretó el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Sin embargo, la OABI ha procedido a ejecutar actos contentivos de procedimientos administrativos referentes a la venta en forma directa el terreno ubicado en la Aldea de Amarateca. El recurrente protesta que, con el acto reclamado en Amparo, se le ha violentado a su representado los derechos consagrados en los Artículos 1, 2, 61, 63, 90, 103, 321 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que las actuaciones recurridas, se encuentran contenidas en la Resolución la Resolución N°.DE-OABI-132-12-2020, de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes, consistente en: “un Bien Inmueble situado en la Aldea Amarateca, Departamento de Francisco Morazán, con Registro Numero 100, tomo 5256 del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Circunscripción Registral de Francisco Morazán/Tegucigalpa, propietario JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNÁNDEZ”. Se pretende justificar esta resolución en virtud de que dicho bien inmueble no se encuentra bajo figura de arrendamiento o comodato y que esos bienes corren riesgo de depreciarse, aunado a que no reciben mantenimiento alguno y con el paso del tiempo corren riesgo de desvalorarse o que se proyectan inservibles; asimismo, causa un costo desproporcionado al Estado su debido mantenimiento, por lo que se procede a venderlos anticipadamente con el objetivo de mantener la productividad de los mismos. En fundamento a los preceptos de la Ley de Lavado de Activos, Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Ejecutivo No. PCM-70-2011, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), normativa relacionada a la Enajenación, Subasta o Venta Anticipada de Bienes, cuando exista el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse; así como la indicación de informes y resoluciones emitidas por otras dependencias de la OABI. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de Amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le disminuya o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones. Por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos, el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que: “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del Artículo 8 se aplican mutatis mutandis, en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida. Sin Embargo, este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. No obstante, las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI- 0132-12-2020, de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020); sobre bienes que forman parte del caso “Operativo Perseo” en razón que la venta solo aplica sobre bienes que corren riesgo de depreciarse o desvalorizarse o que su administración entrañe perjuicio o costo desproporcionado para el Estado al momento de devolverlo en su caso, o que estén inservibles cuando se dicte sentencia. Pese a tales limitaciones se autoriza a la Unidad de Ventas proceder a ejecutar la venta del bien inmueble ubicado en Amarateca, Francisco Morazán, (plantel de Estacionamiento y Oficina) inscrito bajo el Asiento número 100 y Tomo 5256 del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Circunscripción Registral de Francisco Morazán/Tegucigalpa. Esta decisión proyecta una palmaria violación del derecho internacional en materia de Privación de Dominio, puesto que se invaden por una parte las atribuciones de la jurisdicción y se pone a la venta un bien raíz de naturaleza inmueble que no posee las características de un bien perecedero en riesgo de perderse, habida cuenta que con el paso del tiempo los bienes inmuebles aumentan su valor. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, el Derecho a la Propiedad y el Principio de Legalidad y el Debido Proceso. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que siendo evidente que el expediente SP-444-2021, que contiene el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia en donde se ordena el comiso del bien inmueble objeto de este recurso de Amparo, no ha sido todavía resuelto y como consecuencia de ello, el comiso del bien inmueble ubicado en Amarateca, Francisco Morazán, no es firme a la fecha para ser objeto de subasta. Asimismo, no se ha acreditado que el bien inmueble que está bajo la medida de incautación se encuentre en deterioro o que esté firme la sentencia donde se ordena su comiso para ordenar la venta anticipada de este. Con ello se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, el derecho a la Propiedad y el principio de legalidad. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que el otorgamiento del Amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia jurídica que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera, que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)- debe dictar una nueva resolución, en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada del bien inmueble relacionado, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que señalado lo anterior, esta Sala, efectivamente constata que en el caso examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional violenta el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de Amparo interpuesto debe ser OTORGADO.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeanborde, a favor del señor Jorge Alberto Barralaga Hernández, contra actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionados según el recurrente con: “…actos ejecutados por dicha autoridad desde l veintinueve de julio de dos mil diecinueve a la fecha, sobre bienes inmuebles, la aplicación de la medida cautelar precautoria de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, que decretó el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Sin embargo, la OABI ha procedido a ejecutar actos contentivos de procedimientos administrativos referentes a la venta en forma directa el terreno ubicado en la Aldea de Amarateca, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con registro No. 100 tomo 5256…”; lo anterior, con relación a la causa instruida contra el señor Jorge Alberto Barralaga Hernández, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. El recurrente protesta que, con el acto reclamado en Amparo, se le ha violentado a su representado los derechos consagrados en los Artículos 1, 2, 61, 63, 90, 103, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeanborde, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor Jorge Alberto Barralaga Hernández, contra actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionados según el recurrente a: “…actos ejecutados por dicha autoridad desde el veintinueve de julio de dos mil diecinueve a la fecha, sobre bienes inmuebles, sobre la aplicación de la medida cautelar precautoria de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, que decretó el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, sin embargo, la OABI ha procedido a ejecutar actos contentivos de procedimientos administrativos referentes a la venta en forma directa el terreno ubicado en la Aldea de Amarateca, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con registro No. 100 tomo 5256…”; lo anterior, con relación a la causa instruida contra el señor Jorge Alberto Barralaga Hernández, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-14 del Amparo de mérito). 2) Esta Sala, en fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, tuvo por admitido a trámite el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 22 del recurso de mérito). 3) Ésta sala, en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, tuvo por recibidos los informes remitidos por la autoridad recurrente. (Folios 31-33 vuelto/41-42 recurso de mérito). 4) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 44 del recurso de mérito). 5) En fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 61 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional, en consonancia con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo, actuaciones emanadas de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° .DE-OABI-132-12-2020, de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta del bien Inmueble, localizado en la Aldea de Amarateca, Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con Registro Numero 100 tomo 5256, propietario JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNÁNDEZ”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, en relación a la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, el garantista sostiene que en el presente caso, se denuncian las actuaciones de la OABI en el expediente 1444-2021, en perjuicio de JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNÁNDEZ, puesto que en ningún momento se ha respetado las garantía constitucionales del debido proceso, de Legalidad y el Derecho a la Propiedad, al convocar a una subasta del bien inmueble ubicado en la Aldea Amarateca, Francisco Morazán, sin estar firme la sentencia, pues se encuentra todavía en la Sala de lo Penal, pendiente de la resolución del recurso de casación interpuesto y obra bajo expediente número SP-444-2021. En relación a la vulneración al debido proceso, indica el recurrente, que la misma deriva de la indebida aplicación del Artículo 71 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito; del contenido del artículo se aprecian claramente las excepciones para que se autorice la subasta o venta anticipada de un bien, debiendo tratarse exclusivamente de bienes fungibles, de género o bienes muebles, dentro de los cuales no se incluyen bienes inmuebles; los cuales deben encontrarse en riesgo de pérdida o depreciación, cuestión que debe quedar plenamente justificada por la autoridad administrativa, con el objeto de un mejor rendimiento. Concluye que la subasta y venta anticipada no ha sido autorizada por el órgano jurisdiccional mediante solicitud realizada por la OABI. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, en los argumentos expuestos por el garantista, en relación a la vulneración del derechos a la Propiedad, a la legalidad y al debido proceso, señala que se puede constatar que los actos de ventas de bienes muebles e inmuebles ejecutados por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), agravaría aún más la situación del señor Jorge Alberto Barrralaga Hernández, quien corre el riesgo de perder todo su patrimonio familiar, su empresa, su casa de habitación, sus propiedades, sus vehículos. En fin, todo aquello por lo que un ser humano tiene ganas de seguir viviendo en un Estado de Derecho. Así como también los daños colaterales que le están causando esos actos de incautación a terceros, como a sus trabajadores y todas aquellas personas que por años han trabajado con la empresa del núcleo familiar. Que desconoce el comportamiento irregular tanto de las resoluciones como las actuaciones concretas que ha realizado la OABI en perjuicio de su representado, llegando incluso a realizar una convocatoria a subasta de bienes sin que se haya sustanciado el juicio de privación de dominio, en franco quebranto del debido proceso CONSIDERANDO SEIS (6): Que, continuando con su exposición, el pedidor de Amparo sostiene, que la OABI realiza la convocatoria a Subasta para las fechas 25 de noviembre del año dos mil diecinueve, vedando la posibilidad de impugnar por la vía ordinaria, cuando dichos bienes inmuebles se encuentran pendiente de resolución su comisión. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. La OABI, previa resolución o sentencia del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, en su caso, en donde se ordene su devolución, debe cumplirla o ejecutarla, procediendo a la devolución de los activos, productos o instrumentos que se encuentren bajo guarda, custodia o administración, en igual estado en que se encontraban al momento de la intervención, salvo aquellos deterioros ocurridos por el paso del tiempo o que no sean imputables a la OABI. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la OABI, señala que La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le sean asignados. Estará adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. En relación a sus funciones, la OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que las actuaciones recurridas, se encuentran contenidas en la Resolución la Resolución N°.DE-OABI-132-12-2020, de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes, consistente en: “un Bien Inmueble situado en la Aldea Amarateca, Departamento de Francisco Morazán, con Registro Numero 100, tomo 5256 del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Circunscripción Registral de Francisco Morazán/Tegucigalpa, propietario JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNÁNDEZ”. Se pretende justificar esta resolución en virtud de que dicho bien inmueble no se encuentra bajo figura de arrendamiento o comodato y que esos bienes corren riesgo de depreciarse, aunado a que no reciben mantenimiento alguno y con el paso del tiempo corren riesgo de desvalorarse o que se proyectan inservibles; asimismo, causa un costo desproporcionado al Estado su debido mantenimiento, por lo que se procede a venderlos anticipadamente con el objetivo de mantener la productividad de los mismos. En fundamento a los preceptos de la Ley de Lavado de Activos, Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Ejecutivo No. PCM-70-2011, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), normativa relacionada a la Enajenación, Subasta o Venta Anticipada de Bienes, cuando exista el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse; así como la indicación de informes y resoluciones emitidas por otras dependencias de la OABI. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de Amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le disminuya o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones. Por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos, el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que: “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del Artículo 8 se aplican mutatis mutandis, en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida. Sin Embargo, este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. No obstante, las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI- 0132-12-2020, de fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020); sobre bienes que forman parte del caso “Operativo Perseo” en razón que la venta solo aplica sobre bienes que corren riesgo de depreciarse o desvalorizarse o que su administración entrañe perjuicio o costo desproporcionado para el Estado al momento de devolverlo en su caso, o que estén inservibles cuando se dicte sentencia. Pese a tales limitaciones se autoriza a la Unidad de Ventas proceder a ejecutar la venta del bien inmueble ubicado en Amarateca, Francisco Morazán, (plantel de Estacionamiento y Oficina) inscrito bajo el Asiento número 100 y Tomo 5256 del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Circunscripción Registral de Francisco Morazán/Tegucigalpa. Esta decisión proyecta una palmaria violación del derecho internacional en materia de Privación de Dominio, puesto que se invaden por una parte las atribuciones de la jurisdicción y se pone a la venta un bien raíz de naturaleza inmueble que no posee las características de un bien perecedero en riesgo de perderse, habida cuenta que con el paso del tiempo los bienes inmuebles aumentan su valor. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, el Derecho a la Propiedad y el Principio de Legalidad y el Debido Proceso. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que siendo evidente que el expediente SP-444-2021, que contiene el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia en donde se ordena el comiso del bien inmueble objeto de este recurso de Amparo, no ha sido todavía resuelto y como consecuencia de ello, el comiso del bien inmueble ubicado en Amarateca, Francisco Morazán, no es firme a la fecha para ser objeto de subasta. Asimismo, no se ha acreditado que el bien inmueble que está bajo la medida de incautación se encuentre en deterioro o que esté firme la sentencia donde se ordena su comiso para ordenar la venta anticipada de este. Con ello se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, el derecho a la Propiedad y el principio de legalidad. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que el otorgamiento del Amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia jurídica que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera, que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)- debe dictar una nueva resolución, en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada del bien inmueble relacionado, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto; aunado a ello la notificación de dicho acto, conforme lo dispone la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que señalado lo anterior, esta Sala, efectivamente constata que en el caso examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional violenta el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de Amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 24, 25, 26, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 70 y 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la acción de AMPARO interpuesta por el Abogado ANDRÉS WILFREDO URTECHO JEAMBORDE a favor del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNÁNDEZ, contra las actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° DE-OABI-0132-12-2020, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en la Aldea Amarateca, Departamento de Francisco Morazán, con Registro Número 100, Tomo 5256 del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Circunscripción Registral de Francisco Morazán/ Tegucigalpa, propietario JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ”. Y 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, relacionados con el deber de motivar las resoluciones y la notificación de los actos a los interesados, sin olvidar la indicación de si el acto pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiuno de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1444-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL