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Sentencia AA-1315-24 — Registro 20435

Resumen

Otorgamiento de amparo en consulta interpuesto contra resolución que declara fracasado Proceso de licitación Pública Nacional con relación a demanda especial en materia de licitación promovida por la sociedad mercantil PLAGSA S. de R.L., contra el Estado de Honduras a través de recurrente,La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre Justicia Constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que por lo anterior, de la revisión del expediente de primera instancia se desprende que dicho proceso finalizó con la emisión de una sentencia definitiva el ocho (8) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), dentro de un proceso que respeto de forma irrestricta el debido proceso, es decir, se presentó una demanda judicial por parte de la Empresa PLAGSA S. DE R.L. dentro del término que al efecto señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emplazó al ahora recurrente quien haciendo uso de su derecho a la defensa, alegó oposición a la cuantía y contestó la demanda, se llevaron a cabo las audiencias correspondiente, permitiendo claro está el pronunciamiento del ahora recurrente y su proposición de medios de prueba y se escucharon sus conclusiones, emitiendo el Juzgado de primera instancia la sentencia correspondiente e incluso la resolución de las incidencias presentadas, con lo que queda claro que se ha seguido el debido proceso en dicho asunto. La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre justicia constitucional, ya que el Juez constitucional no puede convertirse en un Juez de instancia ordinaria. Por lo que, tal y como lo resolvió la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo, las incidencias del expediente durante el desarrollo del juicio siguieron el debido proceso contemplado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil en su tramitación, con lo que no se configura la violación alegada por el recurrente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que por lo anterior, de la revisión del expediente de primera instancia se desprende que dicho proceso finalizó con la emisión de una sentencia definitiva el ocho (8) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), dentro de un proceso que respeto de forma irrestricta el debido proceso, es decir, se presentó una demanda judicial por parte de la Empresa PLAGSA S. DE R.L. dentro del término que al efecto señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emplazó al ahora recurrente quien haciendo uso de su derecho a la defensa, alegó oposición a la cuantía y contestó la demanda, se llevaron a cabo las audiencias correspondiente, permitiendo claro está el pronunciamiento del ahora recurrente y su proposición de medios de prueba y se escucharon sus conclusiones, emitiendo el Juzgado de primera instancia la sentencia correspondiente e incluso la resolución de las incidencias presentadas, con lo que queda claro que se ha seguido el debido proceso en dicho asunto. La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre justicia constitucional, ya que el Juez constitucional no puede convertirse en un Juez de instancia ordinaria. Por lo que, tal y como lo resolvió la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo, las incidencias del expediente durante el desarrollo del juicio siguieron el debido proceso contemplado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil en su tramitación, con lo que no se configura la violación alegada por el recurrente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala De Lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de Agosto de dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Manuel Chávez Durón, a favor del Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario, contra la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda especial en materia de licitación promovida por la sociedad mercantil Plagsa, S. de R.L., contra el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1).- En fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, compareció el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Héctor Valohiz Moreno Herrera, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Plagsa, S. de R.L., interponiendo “…DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ESPECIAL DE LICITACIÓN…”, contra el Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario, por medio de su Representante Legal, el señor Manuel Antonio Díaz Gáleas. (Folios 1-9 del tomo I del expediente del A-quo).2).- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por LA SOCIEDAD MERCANTIL PUBLIC PLAGSA S. DE R.L, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución No. 055-INP-DN-2023 del 24 de enero de 2023, donde resolvió: Declarar fracasado el proceso de licitación Pública Nacional No. LPN-INP-GC-001-2023. Por lo tanto lo anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer a favor de la demandante PLAGSA S. DE R.L. la situación jurídica individualizada y que como medida para su pleno restablecimiento se condena al Estado a través del Instituto Nacional Penitenciara al pago a favor de la sociedad mercantil PLAGSA S. DE R.L. de la cantidad de quince millones novecientos ochenta y cuatro mil Lempiras con 47/100 (L. 15,984,156.47), más los intereses previstos en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado desde la fecha de presentación de la demanda 15 de febrero de 2023 hasta que la demandada paga de forma total lo condenado. La liquidación de estos intereses condenados, mismos que se devengaron durante el trámite de este juicio, queda diferido para la etapa de ejecución de la sentencia, pero el pago de quince millones novecientos ochenta y cuatro mil Lempiras con 47/100 (L. 15,984,156.47), debe de realizarse de forma inmediata. TERCERO: Sin costas en esta instancia por haber tenido la demandada motivos racionales para litigar. Y MANDA: Que Contra la Presente sentencia no cabe recurso alguno tal como lo establece el artículo 119 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y para los efectos de su ejecución se libre intenta Comunicación Judicial al Instituto Nacional Penitenciara, para la ejecución de la misma.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE…” (Folios 232-240 vuelto del tomo I del expediente del A-quo).3).- En fecha treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, el Abogado José Manuel Chávez Durón, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-12 del expediente del Ad-quem).4).- Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el abogado JOSE MANUEL CHAVEZ DURON, actuando en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; a) POR EXISTIR CAUSA DE INADMISIBILIDAD EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION, como ser Alegaciones MERA LEGALIDAD tal como lo establece el artículo 46 numeral I de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Centro del trámite se sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. REMÍTASE las diligencias en CONSULTA OBLIGATORIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA…” (Folios 55-56 vuelto del expediente del Ad-quem). 5).- Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Manuel Chávez Durón, a favor del Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario, contra la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda especial en materia de licitación promovida por la sociedad mercantil Plagsa, S. de R.L., contra el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violentó el debido proceso, en vista que en el presente caso en A-Quo emitió un fallo sin reunir las formalidades establecidas en la ley, violentando todo tipo de garantías legalmente prescritas, transgrediendo lo referido en el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en virtud que la sentencia le otorga al hoy demandante derechos inexistentes, condenando a nuestro representado el Estado de Honduras al pago millonario que de manera antojadiza fue proferida en el fallo del ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), sin haber cumplido requisitos para la adjudicación del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-INP-GC-001-2023, y sin haber obtenido nuestro representado beneficio o servicio alguno por parte de la Sociedad Mercantil PLAGSA S. DE R.L., mucho menos un perjuicio que se le haya ocasionado, ya que los oferentes que participan en un proceso de licitación tienen el pleno conocimiento que sino cumplen con los requisitos exigidos quedan automáticamente descalificados para seguir en el proceso, tal como en el caso del hoy demandante que no cumplió con los requisitos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones del formulario de oferta.“De igual manera el recurrente también alega que se le ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva, al señalar que conforme al artículo 2 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a una resolución de fondo justa y motivada, mediante el respeto de los derechos procesales, en igualdad de condiciones y atención a las normas sustantivas y adjetivas dispuestas en el ordenamiento jurídico, así como en la jurisprudencia existente, no obstante el A-Quo emite un fallo que en el fondo es contradictorio, pues por una parte determina en el fundamento PRIMERO del fallo objeto de este amparo que: El “Acto Impugnado” lo configura la nulidad de un acto administrativo, ya que considero que la hoy demandante cumplía con todos los requisitos para adjudicársele el proceso de Licitación Pública número LPN-INP-GC-001-2023, por tener la oferta más baja que no superaba la disponibilidad presupuestaria, siendo contradictorio con el fundamento de derecho segundo en el cual se estableció por el A-Quo, que su representado no plasmo en la resolución No.055-INP-DN-2023 de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veintitrés (2023) que la hoy demandante no cumplía con los tres requisitos no subsanables del formulario de oferta para adjudicársele el proceso de licitación pública, resulta inaudito que un órgano jurisdiccional como el Contencioso haga este tipo de pronunciamientos pues la motivación de los fallos o de cualquier resolución o sentencia debe de estar debidamente motivada, es decir contener congruencia con los elementos de hecho y de derecho a fin de evitar lesionar los derechos de las partes en contienda, sea en el sentido que sea. La motivación del fallo objeto de este recurso, al cual es inconsistente por caer en contradicción conforme el artículo 132 inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, relacionado con el artículo 3 y 12 del Código Procesal Civil como norma supletoria, así como una clara violación 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 63 inciso b) y 80 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por su parte el artículo 17 del Código Civil dispone que no podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador. “Asimismo refiere que se le ha vulnerado el derecho de legítima defensa, al manifestar que no se realizó un análisis exhaustivo sobre el tema de la legitimación desde el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que simplemente ratifico lo alegado por el demandante en sus conclusiones, con el cual se vulnero el derecho de legítima defensa y la tutela judicial efectiva CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), ha Sobreseído la acción de amparo interpuesta por el Abogado José Manuel Chávez Durón, actuando como apoderado legal del Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario por existir causa de inadmisibilidad en el escrito de interposición del presente recurso al alegar violaciones de mera legalidad.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la foliada podemos ver, que se conoce en consulta la acción de amparo impetrada en su momento por el recurrente José Manuel Chávez Durón, en su condición de apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y sobre el cual, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia el veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) declarando sobreseer dicha acción por existir una causa de inadmisibilidad referente a que el recurrente no alega violación de derechos constitucionales sino argumentos de mera legalidad. En ese sentido se reitera que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario a través de la que el recurrente exige el mantenimiento o restitución de derechos establecidos en la Constitución de la República, por lo que para que una acción de amparo sea procedente es necesario entonces que el acto que se recurre en amparo haya vulnerado precisamente uno de los derechos establecidos en la Constitución de la República. En el presente caso, tal y como de forma acertada lo señala la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el recurrente no alega de forma precisa la violación de derechos constitucionales, sino alegatos de mera legalidad, los que dicho sea de paso fueron realizados, conocidos y resueltos por el Juzgado de Primera instancia durante el proceso ordinario de la demanda contraída a solicitar la declaración de ilegalidad y nulidad de un acto impugnado y a manera de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el pago de una indemnización por haber sido excluido en un proceso de licitación. CONSIDERANDO OCHO (8):Que por lo anterior, de la revisión del expediente de primera instancia se desprende que dicho proceso finalizó con la emisión de una sentencia definitiva el ocho (8) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), dentro de un proceso que respeto de forma irrestricta el debido proceso, es decir, se presentó una demanda judicial por parte de la Empresa PLAGSA S. DE R.L. dentro del término que al efecto señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emplazó al ahora recurrente quien haciendo uso de su derecho a la defensa, alegó oposición a la cuantía y contestó la demanda, se llevaron a cabo las audiencias correspondiente, permitiendo claro está el pronunciamiento del ahora recurrente y su proposición de medios de prueba y se escucharon sus conclusiones, emitiendo el Juzgado de primera instancia la sentencia correspondiente e incluso la resolución de las incidencias presentadas, con lo que queda claro que se ha seguido el debido proceso en dicho asunto. La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre justicia constitucional, ya que el Juez constitucional no puede convertirse en un Juez de instancia ordinaria. Por lo que, tal y como lo resolvió la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo, las incidencias del expediente durante el desarrollo del juicio siguieron el debido proceso contemplado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil en su tramitación, con lo que no se configura la violación alegada por el recurrente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que por lo anterior, de la revisión del expediente de primera instancia se desprende que dicho proceso finalizó con la emisión de una sentencia definitiva el ocho (8) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), dentro de un proceso que respeto de forma irrestricta el debido proceso, es decir, se presentó una demanda judicial por parte de la Empresa PLAGSA S. DE R.L. dentro del término que al efecto señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emplazó al ahora recurrente quien haciendo uso de su derecho a la defensa, alegó oposición a la cuantía y contestó la demanda, se llevaron a cabo las audiencias correspondiente, permitiendo claro está el pronunciamiento del ahora recurrente y su proposición de medios de prueba y se escucharon sus conclusiones, emitiendo el Juzgado de primera instancia la sentencia correspondiente e incluso la resolución de las incidencias presentadas, con lo que queda claro que se ha seguido el debido proceso en dicho asunto. La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre justicia constitucional, ya que el Juez constitucional no puede convertirse en un Juez de instancia ordinaria. Por lo que, tal y como lo resolvió la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo, las incidencias del expediente durante el desarrollo del juicio siguieron el debido proceso contemplado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil en su tramitación, con lo que no se configura la violación alegada por el recurrente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sobresee la acción de amparo, ya que su escrito de interposición tiene causa de inadmisibilidad como ser alegatos de mera legalidad, contemplados en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46.1, 49, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLED. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por: JOSE MANUEL CHAVEZ DURON, en su condición de apoderado del Instituto Nacional Penitenciario, en contra de la sentencia dictada por esta Sala en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, que FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del recurso, que en fecha veinte (20) de octubre del dos mil veinticinco (2025), el Abogado JOSE MANUEL CHAVEZ DURON, en su condición de apoderado del Instituto Nacional Penitenciario, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Reposición, en contra de la Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, que falla CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; por no compartir el criterio jurídico expresado, insisten en su argumento que su alegato gravita al rededor del derecho de defensa, legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que de la foliada se desprende, que se resuelve el recurso de reposición planteado por parte del censor contra la sentencia dictada por esta misma Sala el veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinticinco (2025), en ese sentido en dicho fallo que se recurre en reposición, esta Sala fue del criterio de confirmar la sentencia venida en consulta y que fue dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veinticuatro de octubre del dos mil veinticuatro, al señalar que de la revisión del expediente de primera instancia se desprende que dicho proceso finalizó con la emisión de una sentencia definitiva el ocho (8) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), dentro de un proceso que respeto de forma irrestricta el debido proceso, es decir, se presentó una demanda judicial por parte de la Empresa PLAGSA S. DE R.L. dentro del término que al efecto señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se emplazó al ahora recurrente quien haciendo uso de su derecho a la defensa, alegó oposición a la cuantía y contestó la demanda, se llevaron a cabo las audiencias correspondiente, permitiendo claro está el pronunciamiento del ahora recurrente y su proposición de medios de prueba y se escucharon sus conclusiones, emitiendo el Juzgado de primera instancia la sentencia correspondiente e incluso la resolución de las incidencias presentadas, con lo que queda claro que se ha seguido el debido proceso en dicho asunto. La Sala le aclara al recurrente que en todo caso la violación de este derecho constitucional a la legalidad y debido proceso va de la mano con el cumplimiento de los mismos, y no al hecho que habiendo aplicado dichos derechos los argumentos de instancia no hayan sido suficientes para lograr el convencimiento del Juzgado de primera instancia, no pudiendo intentar en el amparo que esos argumentos de mera legalidad sean revisados de nuevo en esta acción por no ser lo legalmente permitido según la Ley sobre justicia constitucional, ya que el Juez constitucional no puede convertirse en un Juez de instancia ordinaria. Por lo que, tal y como lo resolvió la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo, las incidencias del expediente durante el desarrollo del juicio siguieron el debido proceso contemplado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil en su tramitación, con lo que no se configura las violaciones alegadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que en el presente caso, tal y como de forma acertada lo señala la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el recurrente no alega de forma precisa la violación de derechos constitucionales, sino alegatos de mera legalidad, los que dicho sea de paso fueron realizados, conocidos y resueltos por el Juzgado de Primera instancia durante el proceso ordinario de la demanda contraída a solicitar la declaración de ilegalidad y nulidad de un acto impugnado y a manera de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el pago de una indemnización por haber sido excluido en un proceso de licitación, decisión que aún se mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición, tanto en referencia a las violaciones antes mencionadas, como de las demás argumentaciones realizadas por el recurrente.CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 186, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL CHAVEZ DURON, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redacto la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ.- NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLED. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco y Resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta Registrado en este Tribunal con el número SCO-1315-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL