Sentencia AA-1128-24 — Registro 20098
Resumen
Se declaró con lugar la solicitud presentada por la División de Planeamientos Procedimientos Operativos y Mejora Continua, de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, para la reevaluación de Análisis de Riesgo, a favor del recurrente y avalo la ponderación del nivel de riesgo ordinario. En atención a que en el análisis de Riesgo no se identificaron datos suficientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que se constituyan como amenazas de causar daño no requiere intervención especial del Estado con medidas de protección.
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, a favor de SI MISMO, contra la resolución del Recurso de Apelación número DGPN-No.0111-2024 dictada por la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, en fecha veinticuatro de julio del dos mil veinticuatro, que resolvió un recurso de reposición número DNPSE COAR No 19-2024, emitido contra la resolución DNPSE-COAR No 02-2024, emitida también por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE SERVICIOS ESPECIALES, en fecha primero de abril del dos mil veinticuatro, con relación a la implementación de las medidas de protección que surgieron de un análisis de riesgo que establece que el señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA presenta una ponderación de riesgo ordinario y no requiere la intervención especial del Estado. ANTECEDENTES 1)Que en fecha uno (01) de Abril del año dos mil veinticuatro, la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, emitió resolución DNSP-COAR No.02-2024, presentada por la División de Planeamientos, Procedimientos Operativos y Mejora Continua de dicha Dirección con referente a la implementación de medidas de protección establecidas en la Constitución de la República a favor del señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA; en la que RESUELVE: PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud presentada por la División de Planeamientos Procedimientos Operativos y Mejora Continua, de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, para la reevaluación de Análisis de Riesgo, a favor del señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA. SEGUNDO: Avalar la ponderación del nivel de riesgo ORDINARIO al ciudadano EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, el cual es el resultado de la ejecución del procedimiento de Análisis de Riesgo a personas reglamentado mediante el acuerdo No 2037-2018 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 26 de Septiembre del dos mil dieciocho No. 34754.- TERCERO: En atención a que en el análisis de Riesgo no se identificaron datos suficientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que se constituyan como amenazas de causar daño al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA y por otra parte no se evidenciaron hechos reales materializados, específicos e individualizables atentatorios contra la integridad y la vida del funcionario Público, dando como resultado la ponderación del nivel de riesgo en ORDINARIO. Según lo establece el Decreto 323-2013 en su artículo (2) literal e, indicando que dicho nivel de riesgo proviene de manera espontánea, tanto de factores internos y externos a la persona humana y su derivación surge a partir de la convivencia en sociedad y no requiere intervención especial del Estado con medidas de protección.- CUARTO: Notificar la presente resolución del comité de análisis de Riesgo al Señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA.- QUINTO: Ordenar a la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, cancelar la medida de Protección consistente en Escolta Policial de tres funcionarios policiales, retirar mediante nuevo acuerdo interno el personal asignado al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, y se le brinde de manera escrita un listado de medidas de autoprotección.- SEXTO: Informar al solicitante que NO, se aprobó la implementación de medidas de protección en atención al nivel de riesgo ORDINARIO.- SEPTIMO: El presente acto administrativo está sujeto a la reserva y confidencialidad de la información para las dos partes (Peticionario y Policía Nacional).- (folios 41 y 42 de la pieza del recurso) 2) En fecha veinticinco de Abril del dos mil veinticuatro (2024), se dictó resolución del Recurso de Reposición DNPSE- No. 10-2024, contra la resolución de fecha uno de abril del dos mil veinticuatro (2024), que resuelve: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, EL SE INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SE EXPRESAN AGRAVIOS CAUSADOS, DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, presentado por el abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, representante en causa propia, en virtud de no haberse determinado un peligro inminente contra la vida e integridad de su persona.- SEGUNDO: Que el análisis de riesgo establece, no evidenciar la forma de un hecho en contra de su integridad física, u origen de amenazas al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, por lo que no se requiere protección especial del Estado.- TERCERO: Que consta en las presentes diligencias, oficios enviados a varias entidades del Estado, donde se solicita información referente a la integridad del peticionario, lo cual arrojó como nivel de riesgo a ORDINARIO.- CUARTO: Se confirma el contenido de la RESOLUCION DNPSE- COAR No 02-2024, emitida por esta Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales de fecha uno (01) días del mes de abril del 2024, por las razones antes expuestas en la parte motiva de la presente resolución.- QUINTO: Se instruye a la unidad especial de protección de Funcionarios y Exfuncionarios en riesgo Extraordinario, retirar mediante nuevo acuerdo interno el personal asignado al señor, EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, así de manera escrita un listado de medidas de autoprotección.- (Folios 43 al 48 de la pieza del recurso). 3) Que en fecha veinticuatro de Julio del dos mil veinticuatro la Dirección General de la Policía Nacional resuelve el Recurso de Apelación DGPN No 0111-2024, en contra de la resolución DNPSE-COAR- No 02-2024, de fecha uno de abril del 2024; dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, que RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la solicitud planteada por el abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, actuando en causa propia, sobre “SE INTERPONE RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DE RECURSO DE RESPOSICION DNPSE COAR No 19-2024, de fecha 25 de abril del año 2024.- SE EXPRESAN AGRAVIOS”, en virtud de no haber presentado los medios probatorios sobre los cuales alega en el presente Recurso de Apelación, en el término establecido y dejando de utilizar el mismo.- SEGUNDO: Que se realizó Revaluación de Análisis de Riesgo, por parte de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, al Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, donde se llegó a la CONCLUSION: Realizado el Análisis de Riesgo al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO, con la información recolectada en diferentes instituciones del Estado, y sometiendo a evaluación los factores de vulnerabilidad y riesgo, se concluye que la persona evaluada presenta una ponderación de RIESGO ORDINARIO, el cual se enmarca en lo establecido en el artículo 2 inciso C del Decreto 323-2013, bajo reforma Legislativa del Decreto 106-2021, Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario definiendo la situación de vulnerabilidad que tienen los funcionarios, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades y funciones públicas. No requiere la Intervención especial del Estado.- (Ver folios de 8 al 19).-TERCERO: Por con siguiente es improcedente la petición referente a: “ SE INTERPONE RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION DNPSE COAR No 19-2024, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024.- SE EXPRESAN AGRAVIOS, ya que toda la documentación fue examinada detalladamente donde se evidenció que el riesgo del Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, es proveniente de manera espontánea de factores internos como externos a la persona humana y no requiere intervención especial del Estado, según el análisis de riesgo realizado, en virtud, que para que sea objeto de protección especial del Estado, tiene que tener un riesgo extraordinario, mismo que debe versar en un porcentaje de 50% a 80% o un riesgo extremo de 81% a 100% y sobre todo hace uso de las medidas correctamente en la cuales se basa la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, a no constatar a ninguna de las antes mencionadas, no es procedente el recurso de apelación presentado por el Agraviado; siendo que el nivel de riesgo valorado al abogado NAVARRO MORALDA, es el 16%, ponderación de riesgo ORDINARIO.- CUARTO: Confirmar la RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION DNPSE – COAR No 19-2024, emitido por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales con fecha veinticinco (25) del mes de abril del año 2024, por las razones expuestas en la parte motivada de la presente resolución.- QUINTO: Que la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales proceda a retirar la Seguridad al Exfuncionario Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, por las situaciones antes planteadas, por lo cual se le brinde de manera escrita las medidas de autoprotección al señor NAVARRO MIRALDA, aunado a ello que de acuerdo al artículo 17 numeral 2 del Comité de Análisis de Riesgo COAR, bajo el ACUERDO NUMERO 2038-2018, de fecha treinta y uno de agosto del 2018; La Dirección General de la Policía Nacional, es el inmediato superior administrativo o funcional de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, la cual le corresponde resolver el Recurso de Apelación.- SEXTO: Hacer del conocimiento al Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, actuando en causa propia, de la presente resolución y entregar copia íntegra de la misma.- 4) Compareció ante esta Sala, el Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución de Apelación DGPN-No.0111-2024 dictada por la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, en fecha veinticuatro de julio del dos mil veinticuatro, contra la resolución de Recuso de Reposición DNPSE-No. 19-2024 emitida por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE SERVICIOS ESPECIALES, en fecha veinticinco de abril del dos mil veinticuatro, con relación a un análisis de riesgo que concluye que el señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA presenta una ponderación de riesgo ordinario y no requiere la intervención especial del Estado. (Folios 1-6 de la pieza del Recurso de Amparo) 5) Que en fecha veinte de septiembre del dos mil veinticuatro, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo de mérito, con suspensión provisional del acto reclamado en amparo de mérito, bajo la responsabilidad del recurrente, librando comunicación a la autoridad recurrida para que en el término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 66 de la pieza del Recurso de Amparo) 6) Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE SERVICIOS ESPECIALES), rindió el INFORME correspondiente, el cual consigna entre otros lo siguiente: “…CONCLUSIONES: I. Es preciso manifestarle a usted Honorable Presidente de la Sala de lo Constitucional, en referencia la Resolución DNPSE- No. 0111-2024 dictada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en fecha 24 de julio del dos mil veinticuatro, que resolvió un recurso de apelación contra la Resolución DNPSE-No. 19-2024; Se aclara que la Resolución DNPSE- No.0111-2024, no es dictada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, siendo que de acuerdo al Artículo 17 numeral 2 y último párrafo del Acuerdo Numero 2038-2018 del Comité de Análisis de Riesgo (COAR) y su Reglamento, El Recurso de Apelación el ente competente de conocer y resolver el mismo es la Dirección General de la Policía Nacional, por ende dichas diligencias y expedientes de mérito con su informe, así como lo establece la Ley, fueron turnadas a dicha Dirección, donde se le dio el trámite correspondiente, donde se emitió la RESOLUCIÓN DE RECURSO DE APELACION DGPN N° 0111-2024, con fecha veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024). II. Presidente de la Sala de lo Constitucional, es importante mencionar que la Policía Nacional desde el año 2011 le ha implementado un esquema de seguridad al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, con la finalidad de garantizar su vida e integridad física, así como a de su familia. Sin embargo, el riesgo es evolutivo y las medidas de protección no son de carácter vitalicias (a excepción de la seguridad brindada a los tres presidentes de los poderes del Estado legalmente constituidos, que la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario ya lo establece de forma tácita), y en consecuencia de que las condiciones por las cuales se le otorgo seguridad en el año 2011, no persiste en la actualidad, debido a que no existen registros de acontecimientos recientes; como amenazas o atentados contra su vida e integridad física por la que se requiera de que la escolta policial asignada sea necesaria. III. Presidente de la Sala de lo Constitucional, es preciso indicar que la seguridad otorgada en su momento al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, fue en relación a situaciones de conflicto personales, que no tienen relación con el ámbito laboral en el pleno ejercicio de sus funciones como funcionario público, en el sentido de que actualmente la Ley de Protección Especial a Funcionarios y Exfuncionarios con Riesgo Extraordinario establece en su artículo 2 literal f) define al riesgo extraordinario, "como una situación de vulnerabilidad que tienen los funcionarios, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades y funciones públicas". En ese sentido Honorable Presidente es oportuno mencionar de que al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, la institución policial le ha brindado seguridad en un término de trece (13) años, y que se tomó la decisión de suspenderle el esquema de seguridad en apego a la normativa en vigor en materia de análisis de riesgo a personas con riesgo comprobado, debido a que no existen hechos recientes que estén vinculados con el ejercicio de sus funciones públicas cuando el señor NAVARRO MIRALDA, laboraba para el Honorable Poder Judicial de la República, y que ya se ha mencionado que la protección que el Estado dignamente le brinda a un funcionario, por medio de los cuerpos de Seguridad Estatal; requiere que dicha protección sea necesaria para disminuir el riesgo generado por el pleno ejercicio de sus funciones o actividades de Funcionario Público, condiciones que el señor NAVARRO MIRALDA, no ha logrado probar, y que el análisis realizado recientemente demuestra que no existe nexos de riesgos provocados por sus actividades ejercidas en las instituciones públicas. IV. Como también es preciso mencionarle que mediante OFICIO SEDS DDHH- No. 134- 2016, de fecha 25 de febrero del 2016, por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en atención al OFICIO F.E.D.D.H.-204-2016 de fecha 10 de febrero del año 2016 y recibido por esa dirección el 25 de febrero del 2016, donde solicitan a esta la Secretaría de Estado revisar el caso y fortalecer las medidas preventivas de seguridad que goza el ciudadano EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA de lo cual hacemos referencia a lo siguiente:-Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ha venido otorgando las medidas de protección al Abogado EDWARD T. NAVARRO, desde el año 2011, a través del escolta asignado; y proceder a -Previo a revisar el caso el señor NAVARRO MIRALDA, le solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de que nos envíen el avance de las investigaciones por las denuncias interpuesta ante el Ministerio Público, para contar con mayores elementos de juicio de fortalecer la medida de protección del beneficiario. Por lo que dicha Fiscalía hasta en la actualidad no ha dado respuesta al requerimiento que hizo en su momento el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Siendo que dichas investigaciones por las denuncias interpuesta ante el Ministerio Público son de gran relevancia para verificar si el riesgo al que se acontecía el señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA en aquel entonces fueron producto de situaciones personales o en el ejercicio de sus funciones como funcionario público, en base al artículo 2 literal f de la Ley de Protección de funcionarios y Ex funcionarios en Riesgo Extraordinario. Es preciso mencionar que en la actualidad el señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, no ostenta un cargo público en el Estado. V. Como también es importante mencionar que en cumplimiento a la Comunicación de fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), emitido por esa Sala de lo Constitucional, se giró instrucciones por esta Dirección que se continuara con la medida de protección consistente en escolta policial de tres (3) funcionarios policiales, con el grado y nombre siguientes: Agente de Policía Maynor Iván Gómez Zelaya, Agente de Policía Emilson Donulfo Velásquez Amaya y el Agente de Policía Carlos Alfredo Galindo Torres, para brindarle seguridad al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA. Dicha medida fue reasignada en fecha 17 de octubre del 2024 a las 13:00 horas.- VI. Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la Policía Nacional de Honduras a través de esta Dirección, realizo el procedimiento conforme al debido proceso (Asignación de Caso, Entrevista al beneficiario, Solicitud de Investigación a las diferentes Entidades del Estado, trabajo de campo, informe técnico y entre otras diligencias) en cumplimiento a lo que emana La Constitución de la Republica, Ley Orgánica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y Policía Nacional, la Ley de Protección de funcionarios y Ex funcionarios en Riesgo Extraordinario, Acuerdo No. 2037-2018, del Manual de Procedimiento para el Análisis de Riesgo a Personas y Acuerdo Numero 2038-2018, de la creación y aprobación del Comité de Análisis de Riesgo (COAR) y su Reglamentos. Que todas las actuaciones realizadas están enmarcadas en el Debido Proceso y respeto irrestricto a la Ley y la Dignidad Humana reconocida en nuestra Constitución de la Republica en Vigor. (Folios 67 al 84 de la pieza del Recurso) 7) Que en fecha veinticuatro de octubre del dos mil veinticuatro, la Sala tuvo por remitidos los antecedentes del caso y estudiados que fueron los mismos, se concedió vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 282 de la pieza del recurso de mérito) 8) En fecha catorce de noviembre del dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo en forma la acción de mérito, en consecuencia, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente. (Folio 289 de la pieza del recurso de mérito) 9) Que en fecha cuatro de diciembre del dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal Abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL, y de la apreciación jurídica fue de la opinión de que: “SE PROCEDA A OTORGAR EL AMPARO” bajo los términos antes señalados.” (Folio 292 al 298 de la pieza del Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que el acto reclamado en el presente Recurso de Amparo lo constituye la resolución emitida por el Director General de la Policía Nacional, en fecha veinticuatro (24) de Julio del dos mil veinticuatro (2024), para que se le reintegre la Escolta de Seguridad Personal Permanente del cual venía gozando el señor EDWARD NAVARRO MIRALDA Y SU FAMILIA, en la cual se le canceló la medida de protección consistente en Escolta Policial de tres (3) funcionarios policiales; a pesar de que el señor EDWARD NAVARRO MIRALDA, sufrió un atentado de Asesinato en su vida y la de su familia en fecha veintiocho de mayo del 2010, cuando se trasladaba a la Ciudad de la Ceiba, en compañía de su esposa y su hija de dos meses de nacida, en la cual fueron víctimas, de una emboscada, donde hombres fuertemente le dispararon a mansalva; resultando su menor hija con una herida de bala en la cabeza, siendo operada de emergencia teniendo que reconstruirse la membrana que le cubre el cerebro. Y es a partir de esto que el agraviado interpuso denuncia número 703-2010; habiéndose aprobado la seguridad persona de Escoltas Policiales para él y su familia; desde Junio del 2011; ya que corren el riesgo de que vuelvan atentar contra su vida y la de su familia; ocasionándose un segundo hecho en el mes de Agosto del 2010, observándose en la revisión de la documentación del expediente que este hecho fue realizado por el señor HENRY MANUEL MIRALDA ANDINO; acompañado de otras personas, que llegaron a la casa de habitación del agraviado en la Ciudad de Olanchito, con intenciones de quitarle la vida, , en virtud de que el agraviado adquirió por parte de su familia una herencia, en el cual lo convirtieron como Heredero Universal; situación ésta por conflictos personales de herencia con la familia; alega el recurrente en la interposición del Recurso de Amparo que no fue notificado legalmente de la resolución DNPSE- COAR No 02-2024; donde consta la declaración con lugar de la solicitud presentada por la División de Planeamientos Operativos y Mejora Continua de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales para la reevaluación de Análisis de Riesgo a favor del Señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, cancelando la medida de protección de Escolta Policial Personal, que se le había impuesto al agraviado y a su familia, indicando que el agraviado no requiere intervención especial del Estado con medidas de protección; teniendo conocimiento el señor EDWARD NAVARRO, de la cancelación y retiro de su Escolta Personal Policial hasta en fecha en que llegaron a retirar a los policías en fecha diez (10) de Agosto del dos mil veinticuatro (2024); resolución que hasta en esa fecha se le notifica vía Whatsapp del número 97-05-46-08 perteneciente al señor Inspector OYUELA, oficial quién llegó con órdenes del señor Director de la Policía Nacional a retirar la Escolta Policial asignada a su persona y a su núcleo familiar. CONSIDERANDO (4) El presente fallo fue objeto del Recurso de Apelación ante la Dirección General de la Policía Nacional, por lo que dentro de la resolución de fecha veinticuatro (24) de Julio del dos mil veinticuatro (2024), que en su parte dispositiva FALLA: RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la solicitud planteada por el abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, actuando en causa propia, sobre “SE INTERPONE RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DE RECURSO DE RESPOSICION DNPSE COAR No 19-2024, de fecha 25 de abril del año 2024.- SE EXPRESAN AGRAVIOS”, en virtud de no haber presentado los medios probatorios sobre los cuales alega en el presente Recurso de Apelación, en el término establecido y dejando de utilizar el mismo.- SEGUNDO: Que se realizó Revaluación de Análisis de Riesgo, por parte de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, al Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, donde se llegó a la CONCLUSION: Realizado el Análisis de Riesgo al señor EDWARD TERENCIO NAVARRO, con la información recolectada en diferentes instituciones del Estado, y sometiendo a evaluación los factores de vulnerabilidad y riesgo, se concluye que la persona evaluada presenta una ponderación de RIESGO ORDINARIO, el cual se enmarca en lo establecido en el artículo 2 inciso C del Decreto 323-2013, bajo reforma Legislativa del Decreto 106-2021, Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario definiendo la situación de vulnerabilidad que tienen los funcionarios, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades y funciones públicas. No requiere la Intervención especial del Estado.- (Ver folios de 8 al 19).-TERCERO: Por con siguiente es improcedente la petición referente a: “ SE INTERPONE RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION DNPSE COAR No 19-2024, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024.- SE EXPRESAN AGRAVIOS, ya que toda la documentación fue examinada detalladamente donde se evidenció que el riesgo del Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, es proveniente de manera espontánea de factores internos como externos a la persona humana y no requiere intervención especial del Estado, según el análisis de riesgo realizado, en virtud, que para que sea objeto de protección especial del Estado, tiene que tener un riesgo extraordinario, mismo que debe versar en un porcentaje de 50% a 80% o un riesgo extremo de 81% a 100% y sobre todo hace uso de las medidas correctamente en la cuales se basa la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, a no constatar a ninguna de las antes mencionadas, no es procedente el recurso de apelación presentado por el Agraviado; siendo que el nivel de riesgo valorado al abogado NAVARRO MORALDA, es el 16%, ponderación de riesgo ORDINARIO.- CUARTO: Confirmar la RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION DNPSE – COAR No 19-2024, emitido por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales con fecha veinticinco (25) del mes de abril del año 2024, por las razones expuestas en la parte motivada de la presente resolución.- QUINTO: Que la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales proceda a retirar la Seguridad al Exfuncionario Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, por las situaciones antes planteadas, por lo cual se le brinde de manera escrita las medidas de autoprotección al señor NAVARRO MIRALDA, aunado a ello que de acuerdo al artículo 17 numeral 2 del Comité de Análisis de Riesgo COAR, bajo el ACUERDO NUMERO 2038-2018, de fecha treinta y uno de agosto del 2018; La Dirección General de la Policía Nacional, es el inmediato superior administrativo o funcional de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, la cual le corresponde resolver el Recurso de Apelación.- SEXTO: Hacer del conocimiento al Abogado EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, actuando en causa propia, de la presente resolución y entregar copia íntegra de la misma.-CONSIDERANDO (5): Que en el caso sub examine, sostiene el recurrente a favor de sí mismo, habérsele violentado las garantías constitucionales contemplados en los artículos 59, 64 y 90 de la Constitución de la República; en la resolución del Recurso de Apelación DGPN No 0111- 2024; donde el artículo 59 establece que: “La Persona Humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La Dignidad del ser Humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, crease la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”… El artículo 64 establece que: “…No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, sí los disminuyen, restringen y tergiversan”…. El artículo 90 establece que: Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal Competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Ya que con la resolución emitida por la Dirección Nacional de Protección de Servicios Especiales con número 02-2024, donde se ordena la cancelación la medida de protección de Escolta Policial que gozaba el agraviado, ordenando el retiro de los tres policías asignados en la seguridad del señor EDWARD NAVARRO y su núcleo familiar; por lo que después del retiro, le concedieron al agraviado un listado de medidas de protección para que las acate. Resolución que el agraviado considera lesiva, cuando está demostrado y acreditado las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se encuentra el agraviado y su familia; resolución emitida sin realizar una investigación sólida y argumentando que el riesgo ha desaparecido, por lo que sólo persiste en un 16%, en virtud de la cual no amerita escolta. Resolución que pone en peligro inminente su vida y la de su familia, por ser violatoria a los derechos fundamentales. Y es así en ese mismo orden se comprueba que no indagaron a los policías que conformaban la escolta, quienes en reiteradas ocasiones, dichos policías le manifestaron al agraviado la presencia de motocicletas deambular su casa de habitación; así como la presencia de un vehículo que estuvo estacionado cerca de su casa de habitación; en virtud de esto, los policías dispusieron a requerir a dicho vehículo en la cual fue imposible alcanzarlo, y fue en ese momento que el agraviado acudió a la D.P.I. de la Kennedy, a manifestar los dos sucesos que le habían acontecido; y es por esta razón que interpone recurso de Amparo ya que la presencia de los tres policías se sentía con seguridad personal, integridad física y a la vez derecho a la libertad y la vida, ya que sin seguridad policial se mantiene cautivo y en riesgo. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, a criterio del recurrente a favor de sí mismo, Abogado EDWARD NAVARRO, el cumplimiento del debido proceso legal conlleva a que se garantice una conducta gubernamental que asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; así como también es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia; a lo cual contribuye el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. Dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, lo cual no acaece, en el presente caso, al cancelar la Escolta Policial Personal al recurrente por sí mismo y a su núcleo familiar. Por todo lo cual, solicita el garantista se tenga por formalizada la acción de amparo y se otorgue, a efecto sea resuelta la solicitud planteada en tiempo y forma. CONSIDERANDO (7): Que, revisando la foliada del expediente se puede observar que en la resolución DNPSE- COAR No 02- 2024, que obra a folio 41 y 42 del expediente del recurso, nunca le fue notificada al señor Edward Navarro, de que se le había cancelado la escolta personal policial, sino, que hasta cuando llegan en el mes agosto del mismo año, a su casa de habitación a retirarle la a los Policías; resolución que fue emitida por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, solicitada por la División de Planeamientos, Procedimientos Operativos y Mejora Continua de dicha Dirección, basando su resolución en base al Acuerdo No 2037-2018 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, donde se crea y aprueba el manual de Procedimiento para el Análisis de Riesgo a personas, entendido como el estudio especializado de una situación informada como de riesgo o amenaza contra la vida, integridad y libertad de una persona, que permite establecer la situación de riesgo en que se encuentra, determinando el nivel del mismo; Así mismo el acuerdo No 2038-2018 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, crea y aprueba el Comité de Análisis de Riesgo (COAR) y su reglamento; Como un órgano colegiado para la toma de decisiones en materia de medidas de protección a personas y de seguridad a instalaciones, con base en el análisis de riesgo.- CONSIDERANDO (8): En ese mismo orden de ideas, se aplicó al señor Edward Navarro, el procedimiento para análisis de riesgo como ser entrevistas, Trabajo de campo en el lugar de trabajo, y residencia, solicitudes de información a los diferentes entes investigadores del Estado, Informe técnico jurídico, evaluando las amenazas y niveles de vulnerabilidad, de las cuales de verifica que actualmente no existen elementos necesarios para determinar que el evaluado se encuentre en una situación de vulnerabilidad, frente a agentes con la capacidad de causar un daño real en contra de su integridad física y libertad personal, considerando que mediante el informe técnico jurídico y la Matriz de Valoración de riesgo el señor EDWARD TERENCIO NAVARRO MIRALDA, refleja un nivel de riesgo del 16%, y no se han presentado hechos notorios de amenazas y atentado en su contra, y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 323-2013, es considerado un nivel de riesgo Ordinario, no requiriendo Medidas de Protección por parte del Estado. CONSIDERANDO (9): En el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (10): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (11): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”. CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo a lo que se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es; La obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Esta Corte también ha señalado que, además de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, del artículo 1.1. De la Convención derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En esta línea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real inmediato en contra de éstos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo . CONSIDERANDO (13): Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad es responsable de establecer las acciones institucionales para atender de manera oportuna y estandarizada a las personas que por su nivel de riesgo requieren de una protección especial por parte del Estado Hondureño.- El Manual de Atención Integral para la Protección a personas con riesgo comprobado, es un documento estratégico que orienta el camino e indica las acciones en un paso a paso para atender las solicitudes, decisiones u órdenes de implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar las medidas de protección a personas.- Al mismo tiempo tiene por objeto contribuir con el fortalecimiento de la efectividad y eficacia en la implementación, modificación, suspensión y finalización de las medidas de protección a personas, garantizando de manera adecuada la protección del derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas objeto de medidas en razón a su nivel de riesgo. CONSIDERANDO (14): En ese mismo orden de Ideas en el acuerdo 2037-2018 de la Gaceta número 34754 del 26 de Septiembre del 2018, Se crea y aprueba el Manual de Procedimiento para el Análisis de Riesgo en el cual es un documento dirigido al personal que cumple funciones de análisis, el cual contiene el paso a paso, estándares y lineamientos operacionales para establecer sí el riesgo o amenaza puesta en conocimiento tiene una intensidad suficiente como para recibir protección especializada por parte del Estado; así como también tiene un alcance de aplicación en todo el territorio Hondureño, de ejecución por parte del personal que cumple funciones de análisis de riesgo a personas de la Policía Nacional, teniendo por objeto contribuir con el fortalecimiento de la efectividad y eficacia en el análisis de riesgo, mediante la aplicación del procedimiento. CONSIDERANDO (15): En el mismo manual se establece los parámetros para realizar el análisis de riesgo por parte del analista en el cual tiene que verificar datos básicos contenido en el punto 1.2 de dicho acuerdo; en el punto 1.3 se establece que el Analista tiene que contactar a la persona para realizarle la entrevista correspondiente, en el cual dicha entrevista debe ser presencial contenida en el punto 1.6 del mismo acuerdo, escuchando a la persona sobre los hechos que considera que le generan un riesgo o amenaza para su vida e integridad, el analista deberá realizar preguntas puntuales que logren la fijación de los hechos comentados para el solicitante, entre estos las circunstancias de modo, tiempo y lugar, solicitando se informen o presenten las denuncias y otros documentos que soporten las situaciones informadas, esto como insumo para el análisis, datos que deberán registrarse en el formato “Entrevista a beneficiario” de Código 1AR-FR-0004. Extremo que no se realizó ya que nunca entrevistaron al señor EDWARD NAVARRO, ni a su núcleo familiar; así como a su entorno Social. En el análisis de la información contenida en el punto 1.9, recolectada donde el analista de riesgo deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: como ser la confrontación de la información entregada por el beneficiario o evaluado, con la obtenida en el trabajo de campo y datos allegados por entidades públicas o privadas, identificando cuáles características del riesgo y la amenaza se encuentran presentes en el caso registrando los resultados de análisis en el formato. El Informe de Análisis de Riesgo tendrá los siguientes componentes: datos básicos (personal, laboral), servicio de seguridad, lista de chequeo de seguridad a instalaciones, antecedentes, rutas de desplazamiento, auto seguridad, sinopsis de la información (datos de entrevista y otros recolectados), denuncias, procesos judiciales, actividades, análisis de la información, valoración del riesgo (matriz de valoración de riesgo), conclusión; por lo que se puede observar en el Informe del Análisis de Riesgo que dicha información nunca fue confrontada ya que nunca se entrevistó al evaluado, ni tampoco realizaron estudios de campo; solamente realizaron la solicitud de información a las Instituciones. CONSIDERANDO (16) La Corte ha expresado que el Derecho a la vida, juega un papel fundamental en la Convención Americana, por su carácter esencial para la protección de todos los demás derechos consagrados en la misma. Los Estados tienen la Obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. La Observancia del Artículo 4 relacionado con el 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente; sino, que además, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas, bajo su jurisdicción. CONSIDERANDO (17): La obligación de garantizar el derecho a la vida presupone, además, el deber de los Estados de prevenir las violaciones ha dicho derecho. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quién las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho, de que un derecho haya sido violado. Conforme a la Jurisprudencia de este Tribunal, para establecer que se ha producido una violación al derecho a la vida, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios; sino, que es suficientes demostrar que se han verificado acciones u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida. CONSIDERANDO (18): La Corte resalta que, ante la amenaza de muerte sufrida por el señor LUNA LOPEZ, el Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar su vida, entre otros, a través del otorgamiento de medidas de seguridad y protección personal para continuar desarrollando su trabajo, así como realizar las gestiones necesarias para investigar de manera inmediata y efectiva todas las amenazas recibidas Es así que en el presente caso el agraviado ya fue objeto de un riesgo real, como lo sucedido en fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil diez (2010), en el cual sufrió un atentado de muerte resultando herido, junto con su menor hija de dos meses que fue objeto la misma con una herida de bala en su cabeza, reconstruyendo la membrana que le cubre el cerebro, en virtud de una enemistad entre parientes consanguíneos y afines, por una herencia en la cual el agraviado resultó Heredero Ab-intestato Universal. CONSIDERANDO (19): Según la revisión del expediente y de las investigaciones que se realizaron cuando sufrió el atentado de muerte el señor EDWARD NAVARRO, SU ESPOSA Y SU NIÑA de dos meses de edad en aquel momento que sucedieron los hechos; donde se desprende que una de las victimas era una de las hijas del Recurrente , siendo una menor de dos (2) meses en aquel momento; por lo que es una víctima, en el cual se entiende por victima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal Nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. Y el Estado está obligado a adoptar las medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, garantizar su seguridad, así como la de sus familiares, contra todo acto de intimidación y represalia. CONSIDERANDO (20): Que esta sala considera que la resolución del recurso de Apelación No 0111-2024, de fecha 24 de Julio del dos mil veinticuatro (2024), es lesiva y transgrede derechos fundamentales del recurrente a favor de sí mismo y su núcleo familiar al quedar en condiciones de vulnerabilidad, en virtud de la violación de derechos fundamentales como ser la vida; ya que se constató en la revisión del expediente que se evidenciaron hechos reales, materializados, específicos e individualizables atentatorios contra la integridad y la vida del agraviado y su núcleo familiar, sin que la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales de la Secretaría de Seguridad, haya realizado en su análisis de riesgo las ponderación del mismo en cuanto al peligro que corre la vida del recurrente y su familia; ya que el análisis realizado por la Dirección Nacional no cumple con los requisitos que se establecen en el Manual de Procedimiento para análisis de riesgo contemplado en el Considerando 13; sin realizar las entrevistas correspondientes, análisis psicosociales y estudios socioeconómicos en su entorno familiar y social; así mismo fue violentando su derecho de defensa, sin ser notificado por cualquier medio presencial o electrónico de la resolución emitida de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales de fecha uno (01) de Abril del dos mil veinticuatro (2024) de que se le iba a retirar la Escolta Personal Policial. CONSIDERANDO (21): En ese mismo orden de ideas tampoco existe evidencia que indique el cese de la protección personal y la de su familia de parte de la Dirección General de la Policía Nacional en la resolución recurrida, en cuanto a la Escolta Policial personal asignada a su persona y a su familia; la cual dicha medida ha sido efectiva y eficiente ya que no se ha repetido ningún daño y atentado a su vida y a la de su familia. Y es así que la Dirección General de la Policía Nacional en su alegórica argumentación establece que la ponderación del riesgo extraordinario que corría en la vida del agraviado y su familia pasa a ser ordinario, porque ya disminuyeron los riesgos y que no amerita la asignación de la Escolta Policial Personal; sin embargo estas condiciones de riesgos en función de las acciones que en su momento aumentan ya que está en vulnerabilidad por parte del Estado. Sí bien es cierto que actualmente el agraviado no se desempeña como funcionario Público; en el que esto no debe ser motivo de retirarle la Escolta Policial Personal ya que es una persona que peligra su vida y su integridad, que es deber del Estado de protegerla. En virtud de esto la consecuencia del nivel de riesgo aumentaría por su vulnerabilidad y por falta de investigación de los responsables que atentaron contra su vida y la de su familia. CONSIDERANDO (22): Que del Estudio de los antecedentes, esta sala estima que el nivel de peligro contra la vida y seguridad de una persona, no se puede valorar y determinar por un análisis de riesgo; ya que en el presente caso bajo estudio el recurrente a favor de sí mismo no ha sufrido unas simples amenazas, sino, que fue objeto de varios atentados y en uno de ellos casi pierde la vida, o sea ya existiendo un riesgo real, en su vida y en la de su familia, con altas posibilidades de materializar su propósito dañino por lo que persiste el riesgo inminente, ya que los responsables hasta la vez nunca han sido detenidos, ni sometido a un proceso, existiendo una indefensión extrema porque la Dirección Nacional de Protección no valoró de forma objetiva los antecedentes que originaron dicha Escolta Policial Personal, para realizar el informe del análisis de riesgo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 59,64,82 y 90 de la Constitución de la República; 4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 113 del Código del Trabajo; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 6 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, a favor del recurrente y su núcleo familiar.- SEGUNDO: Que se mantenga la medida de Protección consistente en la Escolta Policial que ha venido gozando el recurrente y su núcleo familiar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha ocho de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1128-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL