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Sentencia AA-1055-23 — Registro 20097

Resumen

La resolución número 110/14-04-2023 declaró sin lugar reclamo administrativo promovido por la reclamante contra Banco Lafise S A; La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); además, declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto; Dicha Comisión consideró que el Banco dio evidencias con el histórico de transacciones de cuentas de ahorro en dólares y en lempiras a nombre de la reclamante, que las tres (3) transacciones fueron efectuadas por ésta a través de la plataforma BankingWeb, tomando en cuenta que ella aceptó hacer los servicios electrónicos de conformidad al Contrato de Prestación de Servicios Bancarios y conforme a los mecanismos de seguridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo..."..."Esta Sala Constitucional considera, que no se han cumplido las garantías de un debido proceso, al no tener acceso la reclamante a las interioridades técnicas de como se llevan a cabo los bloqueos de la banca en línea, quedando vulnerable y tener que aceptar solo lo manifestado por el banco emisor y de perder confianza en cuanto a la protección de valores que están obligados a brindar a sus usuarios, por lo que concluye que en efecto a la amparista se le debe reconocer su alegato de haberse violentado su derecho a la defensa en igualdad de condiciones para protección de su dinero que es confiado a instituciones financieras y no verse nuevamente en el futuro sorprendida de que sus ahorros han desaparecido y trasladados a otra cuenta sin que haya mediado de su parte la voluntad de hacerlo, antes bien, que sean borrados y que nadie se haga responsable de su resarcimiento y lo que es peor, que no se haga un hilo conductor de su destino, ya que como alega el recurrido, fue una transferencia de una cuenta bancaria a otra, habida cuenta de poder rastrear el destino del dinero y poder dar una explicación a la recurrente y que no quede solo como una mera transacción no hecha por la titular de la banca en línea, que no tenía acceso a la misma cuando se llevaron a cabo las mismas y que desaparezca el dinero de sus cuentas bancarias..."..."del estudio de los autos se establece, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha violentando los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce..."..."se concluye, que la resolución recurrida viola las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada sin las observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que, a criterio de esta Sala procede declarar ha lugar el recurso interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo..."..."Esta Sala Constitucional considera, que no se han cumplido las garantías de un debido proceso, al no tener acceso la reclamante a las interioridades técnicas de como se llevan a cabo los bloqueos de la banca en línea, quedando vulnerable y tener que aceptar solo lo manifestado por el banco emisor y de perder confianza en cuanto a la protección de valores que están obligados a brindar a sus usuarios, por lo que concluye que en efecto a la amparista se le debe reconocer su alegato de haberse violentado su derecho a la defensa en igualdad de condiciones para protección de su dinero que es confiado a instituciones financieras y no verse nuevamente en el futuro sorprendida de que sus ahorros han desaparecido y trasladados a otra cuenta sin que haya mediado de su parte la voluntad de hacerlo, antes bien, que sean borrados y que nadie se haga responsable de su resarcimiento y lo que es peor, que no se haga un hilo conductor de su destino, ya que como alega el recurrido, fue una transferencia de una cuenta bancaria a otra, habida cuenta de poder rastrear el destino del dinero y poder dar una explicación a la recurrente y que no quede solo como una mera transacción no hecha por la titular de la banca en línea, que no tenía acceso a la misma cuando se llevaron a cabo las mismas y que desaparezca el dinero de sus cuentas bancarias..."..."del estudio de los autos se establece, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha violentando los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce..."..."se concluye, que la resolución recurrida viola las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada sin las observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que, a criterio de esta Sala procede declarar ha lugar el recurso interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo..."..."Esta Sala Constitucional considera, que no se han cumplido las garantías de un debido proceso, al no tener acceso la reclamante a las interioridades técnicas de como se llevan a cabo los bloqueos de la banca en línea, quedando vulnerable y tener que aceptar solo lo manifestado por el banco emisor y de perder confianza en cuanto a la protección de valores que están obligados a brindar a sus usuarios, por lo que concluye que en efecto a la amparista se le debe reconocer su alegato de haberse violentado su derecho a la defensa en igualdad de condiciones para protección de su dinero que es confiado a instituciones financieras y no verse nuevamente en el futuro sorprendida de que sus ahorros han desaparecido y trasladados a otra cuenta sin que haya mediado de su parte la voluntad de hacerlo, antes bien, que sean borrados y que nadie se haga responsable de su resarcimiento y lo que es peor, que no se haga un hilo conductor de su destino, ya que como alega el recurrido, fue una transferencia de una cuenta bancaria a otra, habida cuenta de poder rastrear el destino del dinero y poder dar una explicación a la recurrente y que no quede solo como una mera transacción no hecha por la titular de la banca en línea, que no tenía acceso a la misma cuando se llevaron a cabo las mismas y que desaparezca el dinero de sus cuentas bancarias..."..."del estudio de los autos se establece, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha violentando los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce..."..."se concluye, que la resolución recurrida viola las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada sin las observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que, a criterio de esta Sala procede declarar ha lugar el recurso interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo..."..."Esta Sala Constitucional considera, que no se han cumplido las garantías de un debido proceso, al no tener acceso la reclamante a las interioridades técnicas de como se llevan a cabo los bloqueos de la banca en línea, quedando vulnerable y tener que aceptar solo lo manifestado por el banco emisor y de perder confianza en cuanto a la protección de valores que están obligados a brindar a sus usuarios, por lo que concluye que en efecto a la amparista se le debe reconocer su alegato de haberse violentado su derecho a la defensa en igualdad de condiciones para protección de su dinero que es confiado a instituciones financieras y no verse nuevamente en el futuro sorprendida de que sus ahorros han desaparecido y trasladados a otra cuenta sin que haya mediado de su parte la voluntad de hacerlo, antes bien, que sean borrados y que nadie se haga responsable de su resarcimiento y lo que es peor, que no se haga un hilo conductor de su destino, ya que como alega el recurrido, fue una transferencia de una cuenta bancaria a otra, habida cuenta de poder rastrear el destino del dinero y poder dar una explicación a la recurrente y que no quede solo como una mera transacción no hecha por la titular de la banca en línea, que no tenía acceso a la misma cuando se llevaron a cabo las mismas y que desaparezca el dinero de sus cuentas bancarias..."..."del estudio de los autos se establece, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha violentando los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce..."..."se concluye, que la resolución recurrida viola las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada sin las observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que, a criterio de esta Sala procede declarar ha lugar el recurso interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto el Abogado Marco Antonio Rodríguez Mejía, a favor de la señora Lilia Janina Estrada Lagos, contra la resolución GPU.110/14-04-2023, dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el reclamo administrativo, promovido por la señora Lilia Janina Estrada Lagos, contra la sociedad mercantil Banco Lafise (Honduras), S.A. Considerando el recurrente que con el acto reclamado en Amparo, se le han violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Marco Antonio Rodríguez Mejía, interponiendo recurso de Amparo a favor de la señora Lilia Janina Estrada Lagos, contra la resolución GPU.110/14-04-2023, dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el reclamo administrativo, promovido por la señora Lilia Janina Estrada Lagos, contra la sociedad mercantil Banco Lafise (Honduras) S.A., tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 del amparo de mérito). 2) Que esta Sala, en fecha veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folios 16 vuelto del recurso de mérito). 3) Esta sala, en fecha veinte de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, del cual se desprende la resolución GPU.110/14-04-2023, objeto del presente recurso, de fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), disponiendo lo siguiente: “…RESUELVE: 1. Declarar SIN LUGAR el reclamo interpuesto por la señora LILIA JANINA ESTRADA LAGOS contra BANCO LAFISE (HONDURAS), S.A., en virtud que el Banco evidenció, mediante impresiones de pantalla "Histórico de Transacciones", que las transferencias realizadas desde la cuenta de ahorro en dólares No. 103604000003 y las cuentas de ahorro en lempiras No. 106504002093 y No. 137504002071, a nombre de la señora Estrada Lagos que totalizan $5,000.000 y L. 102,000.00; se efectuaron con el usuario 6051401, creado el 17 de mayo de 2019, al cual ingresó a través de la plataforma "BankingWeb", logrando dos ingresos exitosos "LogOn ValidateUser a las 13:00 y 13:50 horas, desde las direcciones IP 186.77.197.115 y 190.212.56.36, respectivamente, y ejecutando las tres (3) transferencias objeto de reclamo entre las 13:24 y 14:10 horas; además, el Banco presentó el detalle de los códigos OTP enviados al número de celular 99856248, como dispositivo de seguridad y que corresponde al registrado en el Banco por la señora Estrada Lagos, con los cuales se realizaron dichas transferencias; además, de conformidad al Contrato de Prestación de Servicios Bancarios, la reclamante aceptó que para hacer uso de los referidos servicios electrónicos debería utilizar un USUARIO y un CODIGO DE ACCESO o PIN secreto, o cualquier otro mecanismo de seguridad o identificación; además, el Código de Acceso o PIN o cualquier mecanismo de seguridad o, identificación será registrado personalmente por el Cliente, o en su defecto, por las personas a las que el Cliente haya designado ante el Banco como Oficiales de Seguridad; Asimismo, el reclamante reconoció el carácter intransferible de su Usuario y de su Código de Acceso o PIN, o cualquier otro mecanismo de seguridad, o de identificación que establezca el Banco, obligándose con la referida institución, bajo cualquier circunstancia, a no permitir el uso u obtención de estos por parte de terceros no autorizados, haciéndose responsable de cualquier daño que ocasione a su patrimonio o al de terceros, eximiendo de toda responsabilidad al Banco. 2. Notificar lo resuelto en legal y debida forma a la señora LILIA JANINA ESTRADA LAGOS, en su condición de reclamante, y al Abogado Héctor Gerardo Sánchez Betancourth, en su condición de Apoderado Legal de BANCO LAFISE (HONDURAS), S.A., para los efectos legales correspondientes. 3. La presente Resolución es de ejecución inmediata. F) BÁRBARA ISABEL GONZALES, GERENTE DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO, BRENDA P. RODRÍGUEZ PASTRANA, JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL USUARIO FINANCIERO…" (Folios 108-113 del expediente del mérito). 4) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente, para que formalizara su petición por escrito. Y estando pendiente la solicitud de suspensión del acto reclamado, declárese la misma sin lugar. (Folio 23 del recurso de mérito). 5) En fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, presentado por el Abogado MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA, en su condición antes indicada, ordenándose apertura del periodo probatorio por ocho días hábiles comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 30 del recurso de mérito). 6) En fecha diez de abril del año dos mil veinticuatro, se tuvo por propuestas las pruebas presentadas y habiendo vencido el término probatorio, se decretó cerrado el mismo y se ordenó dar vista de los autos por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen en el presente asunto. 7) En fecha treinta de mayo de dos mil veinticuatro, esta Sala, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación fiscal comparte los argumentos expuestos por el amparista, en cuanto señala que la entidad recurrida tomo en consideración únicamente la información proporcionada por BANCO LAFISE, dejando de valorar la documentación adjuntada en el reclamo administrativo presentado por la señora LILIANA JANINA ESTRADA LAGOS. Se estima lo anterior, en virtud de constar en autos copia del correo electrónico enviado por BANCO LAFISE a (janinaestrada@hotmail.com), en fecha 21 de marzo del año 2022, mediante el cual le informan lo siguiente: "Estimado Usuario: Por motivos de seguridad, debido a intentos excesivos el 20-marzo-22 a las 12:50 a.m. tu usuario fue bloqueado temporalmente en Banca en Línea y Banca Móvil..." (F.11), de igual manera consta un segundo correo electrónico, de fecha 25 de marzo del 2022, enviado por el banco a la señora LILIANA JANINA ESTRADA LAGOS, mediante el cual le notifica el aviso de nueva contraseña; de aquí que se confirme el reclamo señalado por la señora ESTRADA LAGOS, en cuando afirma que ella no realizó ninguna de las transacciones denunciadas, ya que tampoco podía entrar en banca en línea, esto así debido a que su usuario fue bloqueado desde el 20 de marzo del 2022, por lo que sí el mismo banco le bloqueó temporalmente a la señora Estrada su acceso a Banca en Línea y Banca Móvil, resulta evidente que ella no pudo haber realizado las 3 transacciones cuestionadas (21-marzo-2022), ya que el aviso de su nueva contraseña se realizó días después (25-marzo-2022). De lo anterior se evidencia que el sistema de banca electrónica utilizado por la entidad bancaria, no ofrece elementos de seguridad para garantizar la certeza de las operaciones, ni que el misma sea infalible, aun y cuando el banco argumenta que las transferencias se llevaron a cabo utilizando el mecanismo de autenticación que fuera otorgado al usuario y las electrónicas de recursos, por parte de un usuario bloqueado temporalmente por la institución Bancaria para la utilización de su plataforma digital, sin que haya significado una actividad sospechosa para el mismo banco que bloqueó dicho usuario un día antes. De aquí que se estime que las operaciones cuestionadas que se realizaron no fueron hechas por su persona, por lo que el Banco debió haber detectado anomalías en las mismas, teniendo el Banco la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar los servicios que prestan a sus clientes y usuarios, para prevenir la comisión de ilícitos, y por consiguiente la resolución que hoy nos ocupa, NO se encuentra dictada conforme a Derecho, por lo que se visualiza violación a los Derechos Constitucionales señaladas por el Amparista. Siguiendo este orden de ideas, existe basta jurisprudencia de la honorable Sala de Constitucional, en cuanto señala que todos los actos del procedimiento, sean definitivos o instrumentales, tiene efectos legales únicamente si se manifiesta con apego a las formas y formalidades previstas en la ley. Exigencia que sirve para evitar arbitrariedades y garantizar los derechos a los particulares; condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta en el caso de marras. Asimismo, advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por constar en el expediente examinado la vulneración a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, de acuerdo a las motivaciones que preceden…” (Folios 50-55 del recurso de mérito). FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado reconoce la Garantía de Amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente en la formalización del recurso funda su petitorio donde aduce que se le ha violentado EL DERECHO DE PETICIÓN CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA Constitución de la República, pues la existencia de una grave vulneración del derecho a la defensa y al de petición en el caso, ya que las entidades del Estado en vez de deducir responsabilidades a la Institución Bancaria Lafise, ha hecho una verdadera colusión con ella y contra la cual no ha podido defenderse su representada, convirtiéndose en una batalla desigual, pues la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no le permitió el acceso a la información que como usuaria de Banco Lafise, tiene derecho, extremo que este acreditado en el Reclamo Administrativo y Resolución, emitidas por la Comisión Nacional de Banco y Seguros, dejando en total indefensión a su representada al no permitirle ni el acceso a la información mucho menos a aportar prueba, vulnerando así el principio de acceso a la información y a la igualdad de armas y medios probatorios y al valorar únicamente la información y prueba proporcionada por la Institución Bancaria. Asimismo, tomando en cuenta que cualquier decisión adoptada por autoridad competente sea administrativo o judicial, requieren obligatoriamente, conforme a la normativa nacional e internacional, la participación de toda persona que se considere afectada en su derecho por una institución llámese esta público o privada, la observancia de la Constitución, de las leyes y reglamentos, dados los intereses sociales y públicos en juicio, por lo que deviene obligadas las autoridades a ser cautelosas en la aplicación del tipo normativo a aplicar. Pues la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, vulnera esa garantía al dejar claro en su resolución que da como validado y cierto únicamente lo expresado por el Banco Lafise, siendo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el Ente fiscalizador y garante de los derechos de los usuarios financieros quien debe garantizar el acceso tanto del ente financiero como el del usuario a todos los elementos de prueba que se consideren necesarios para aplicar una justicia real y verdadera en materia bancaria, que en el caso que nos ocupa su representada se le ha negado ese derecho. Esta institución, no solo vulnera el derecho de defensa sino además el debido proceso. Asimismo, expone que en el curso del reclamo administrativo contra la institución financiera denominada BANCO LAFISE, S.A., tiene su origen en el reclamo interpuesto por su representada ante el banco, por unas transferencias efectuadas en línea y que el Banco Lafise argumenta que fueron realizadas por su representada y de las cuales se les negó el acceso a toda la información que les permitiera defender lo manifestado por su representada contra lo afirmado por la institución bancaria, vulnerando a su representado los derechos antes señalados. CONSIDERANDO CUATRO 4): En la resolución emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) número 110/14-04-2023, declaró sin lugar la petición de la reclamante, por lo que presentó recurso de reposición contra la misma, siendo este declarada sin lugar, basando la misma en un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, suscrito por la cuentahabiente y BANCO LAFISE, S.A. y señala específicamente el capítulo V, cláusula tercera, que en su letra dice: “Asimismo, el cliente reconoce el carácter intransferible de su usuario y su código de acceso o PIN, o cualquier otro mecanismo de seguridad o identificación que establezca el Banco, obligándose con el Banco bajo cualquier circunstancia a no permitir el uso u obtención de los mismos por parte de terceros no autorizados, haciéndose responsable de cualquier daño que se ocasione a su patrimonio o al de terceros, eximiendo de toda responsabilidad al Banco. La recurrente manifiesta que dicho contrato presentado por la institución financiera, no es un medio de prueba con el que la institución financiera compruebe que la cuentahabiente haya compartido sus código de acceso o PIN, solo es una presunción por que se llevaron a cabo las transferencias, pero no se ha comprobado tal circunstancia y el contrato firmado no es prueba de tal hecho, la amparista manifiesta que no tuvo acceso a los medios probatorios presentados por el Banco Lafise, S.A. y al tenerlos a la vista se comprueba que a folio 0000011, de fecha 21 de marzo de 2022, el mismo Banco manifiesta, que en fecha 20 de marzo de 2022, por motivos de seguridad y debido a intentos excesivos el usuario fue bloqueado temporalmente, la banca en línea y banca móvil y le pide que debe verificarlo para su habilitación, dicha información fue remitida a la dirección de correo Janinaestrada@hotmail.com, misma que fue indicada por la cuentahabiente cuando apertura su banca en línea, con este medio probatorio se constata que la recurrente entre los días 20 al 26 de marzo del año 2022, no tuvo acceso para hacer movimientos en sus cuentas bancarias por estar bloqueada la misma, consta a folio 0000009, un estado de cuenta presentado por la institución financiera, en la cual se aprecia que en fecha 21 de marzo de 2022, siendo la 13:24:31, se realizó la transacción denominada pago construcción de vivienda por valor de $5,000.00, de la cuenta # 103604000003, en moneda de dólares y siendo que su banca en línea estaba bloqueada, no es posible que la usuaria haya accedido a la misma para llevar a cabo dicha transacción, en igualdad de condiciones se aprecia, la transacción por valor de L 53,000.00, de su cuenta en moneda de lempiras #137504002071, a la 13:29.24 y de L. 49,000.00 de la # 106504002093, a la 13:30:09 del mismo día 21 de marzo, con márgenes de tiempo de minutos entre las 3 transacciones y como se puede apreciar, en ese tiempo su usuario de banca en línea estaba deshabilitada para que la usuaria pudiera utilizarla. CONSIDERANDO CINCO (5): Esta Sala Constitucional considera, que no se han cumplido las garantías de un debido proceso, al no tener acceso la reclamante a las interioridades técnicas de como se llevan a cabo los bloqueos de la banca en línea, quedando vulnerable y tener que aceptar solo lo manifestado por el banco emisor y de perder confianza en cuanto a la protección de valores que están obligados a brindar a sus usuarios, por lo que concluye que en efecto a la amparista se le debe reconocer su alegato de haberse violentado su derecho a la defensa en igualdad de condiciones para protección de su dinero que es confiado a instituciones financieras y no verse nuevamente en el futuro sorprendida de que sus ahorros han desaparecido y trasladados a otra cuenta sin que haya mediado de su parte la voluntad de hacerlo, antes bien, que sean borrados y que nadie se haga responsable de su resarcimiento y lo que es peor, que no se haga un hilo conductor de su destino, ya que como alega el recurrido, fue una transferencia de una cuenta bancaria a otra, habida cuenta de poder rastrear el destino del dinero y poder dar una explicación a la recurrente y que no quede solo como una mera transacción no hecha por la titular de la banca en línea, que no tenía acceso a la misma cuando se llevaron a cabo las mismas y que desaparezca el dinero de sus cuentas bancarias. CONSIDERANDO SEIS (6): Asimismo, del estudio de los autos se establece, que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha violentando los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, como lo expresa el recurrente en su escrito de interposición del Recurso de Amparo que se conoce, como se ha dejado establecido en el considerando anterior, al momento de resolver la solicitud presentada por el recurrente. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de las anteriores apreciaciones se concluye, que la resolución recurrida viola las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada sin las observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que, a criterio de esta Sala procede declarar ha lugar el recurso interpuesto. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos: 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 43, 44, 46 Nº 4 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEJÍA, en su condición de representante procesal de la señora LILIA JANINA ESTRADA LAGOS, contra la resolución dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) número 110/14-04-2023, por medio de la cual se declara sin ligar el recurso de reposición interpuesto en el reclamo administrativo. Y MANDA: que una vez firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1055-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL