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Sentencia AA-1005-23 — Registro 20063

Resumen

Resolución Administrativa FGR-316-2022 declaró sin lugar impugnación contra Resolución DGF-270-2022 que ordenó el cierre definitivo y archivo en la Denuncia contra persona natural y Jamar Comercial Industrial S A de C V, por la supuesta comisión de delitos Estafa y otros Fraudes y por el Delito de Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de la Fe Pública; Dicha Autoridad determino que opera la prescripción de la acción penal, una de las formas de extinción de la responsabilidad penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala ha establecido que si bien podría alegarse con cierta razón que con la denuncia se inicia el procedimiento penal—que es el primer acto de la etapa preparatoria—hemos concordado que quien denuncia se limita a poner la noticia criminis en conocimiento de las autoridades competentes para la averiguación y persecución del hecho, pero con este acto solo se insta el procedimiento penal. En este sentido, hemos aceptado que, conforme con la legislación procesal, el procedimiento como tal no existe sino en virtud de un acto judicial, pues hay diferencia entre instar un proceso e iniciarlo. Siendo así, la Sala ha concordado que la acción penal pública se ejerce mediante la presentación del requerimiento fiscal, y que la acción del juez al admitir el mismo, constituye este acto judicial del que hablamos, y es en este momento cuando podemos decir que se ha dirigido formalmente procedimiento contra el culpable o al menos a quien se considera responsable de un delito..."..."debemos acotar que son perfectamente válidos los argumentos de la recurrente en cuanto a que la prescripción, como causa de extinción de la responsabilidad penal está también expuesta a factores extrínsecos o contingentes, como lo puede ser la falta de diligencia del Ministerio Público o el rezago o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la tramitación del proceso, siendo adicionalmente gravoso si estas acciones se derivasen de una conducta intencional o maliciosa..."..."esta Sala no advierte que de las apreciaciones y la ulterior decisión de la autoridad recurrida se evidencie arbitrariedad o desafuero a ley, o que con la resolución denunciada se haya violentado, lesionado o atentado contra el derecho a un debido proceso legal o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La Sala estima que la decisión de mérito se ha ceñido a la normativa aplicable al asunto objeto de examen, y, al no apreciarse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía General de la República, como lo alegó en su momento la impetrante, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe denegarse y así debe declararse..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala ha establecido que si bien podría alegarse con cierta razón que con la denuncia se inicia el procedimiento penal—que es el primer acto de la etapa preparatoria—hemos concordado que quien denuncia se limita a poner la noticia criminis en conocimiento de las autoridades competentes para la averiguación y persecución del hecho, pero con este acto solo se insta el procedimiento penal. En este sentido, hemos aceptado que, conforme con la legislación procesal, el procedimiento como tal no existe sino en virtud de un acto judicial, pues hay diferencia entre instar un proceso e iniciarlo. Siendo así, la Sala ha concordado que la acción penal pública se ejerce mediante la presentación del requerimiento fiscal, y que la acción del juez al admitir el mismo, constituye este acto judicial del que hablamos, y es en este momento cuando podemos decir que se ha dirigido formalmente procedimiento contra el culpable o al menos a quien se considera responsable de un delito..."..."debemos acotar que son perfectamente válidos los argumentos de la recurrente en cuanto a que la prescripción, como causa de extinción de la responsabilidad penal está también expuesta a factores extrínsecos o contingentes, como lo puede ser la falta de diligencia del Ministerio Público o el rezago o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la tramitación del proceso, siendo adicionalmente gravoso si estas acciones se derivasen de una conducta intencional o maliciosa..."..."esta Sala no advierte que de las apreciaciones y la ulterior decisión de la autoridad recurrida se evidencie arbitrariedad o desafuero a ley, o que con la resolución denunciada se haya violentado, lesionado o atentado contra el derecho a un debido proceso legal o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La Sala estima que la decisión de mérito se ha ceñido a la normativa aplicable al asunto objeto de examen, y, al no apreciarse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía General de la República, como lo alegó en su momento la impetrante, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe denegarse y así debe declararse..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Danelia Ferrera Turcios, a favor de la sociedad mercantil Kroko, A.S., contra la resolución FGR-316-2022, dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar una impugnación interpuesta contra la resolución DGF-270-2022 dictada por la Dirección General de Fiscalía, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la denuncia interpuesta en contra de los señores Belfor Jarquin Blandón, Aldo Asfura, Mirna Elisa Martínez Vallecillo, esta última en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada “JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.”, por supuesta comisión de delitos Estafa y Otros Fraudes y por el delito de Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de la Fe Pública. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1.Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, la Abogada Danelia Ferrera Turcios, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Kroko, A.S., contra la resolución FGR-316-2022, dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar una impugnación interpuesta contra la resolución DGF-270-2022 dictada por la Dirección General de Fiscalía, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la denuncia interpuesta en contra de los señores Belfor Jarquin Blandón, Aldo Asfura, Mirna Elisa Martinez Vallecillo, esta última en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil denominada “JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.”, por supuesta comisión de delitos Estafa y Otros Fraudes y por el delito de Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de la Fe Pública, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-19 del amparo de mérito). 2. Esta Sala, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, sin suspensión del acto reclamado ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 21 del recurso de mérito). 3. Asimismo, esta Sala, tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida que contiene la resolución No. FGR-316-2022, de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Fiscalía General de la República, mediante la cual se dispuso: “…1) Declarar SIN LUGAR [la] impugnación interpuesta por la abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, apoderada legal de la sociedad Mercantil KROKOS A.S. 2) Confirmar la Resolución DGF-270-2022 de fecha 10 de mayo de 2022, emitida por la Dirección General de la Fiscalía. 3) Que, a través de la Asistente de esta Fiscalía General de la República, se proceda hacer del conocimiento de la presente Resolución a la Dirección General de Fiscalía. -Y MANDA: Que la Secretaría General del Ministerio Público proceda a notificar en legal forma la presente Resolución a la abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, apoderada legal de la sociedad Mercantil KROKOS A.S.…NOTIFÍQUESE…” (Folio 73-75 del antecedente). 4. Que en fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 35 del recurso de mérito). 5. En fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por admitido el escrito presentado por la Abogada Danelia Ferrera Turcios, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 56 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los referidos agraviados la resolución emitida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante la que decidió declarar SIN LUGAR la impugnación que presentó la abogada DANELIA FERRERA TURCIOS en su condición indicada, confirmando la resolución DGF 270-2022. CONSIDERANDO (6): Que, dentro del trámite iniciado ante las autoridades del Ministerio Público, éstas resolvieron ordenar el cierre definitivo y archivo administrativo del procedimiento instado mediante denuncia 1486484804-17, por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Estafa, en virtud de operar la prescripción de la acción penal, una de las formas de extinción de la responsabilidad penal conforme lo dispone la ley. ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (7): Que la impetrante sostuvo que el proceder del Ministerio Público provocó graves violaciones constitucionales en perjuicio de su representada, derivadas de la falta de diligencia por parte del Ministerio Público en hacer la debida investigación de los hechos denunciados, y sobre todo por ordenar de manera arbitraria e injustificada el cierre y archivo de un proceso penal, cuando no ostenta facultades legales para hacerlo y sin el debido sustento legal, por cuanto para arribar a estas decisiones se valió de una interpretación errónea de disposiciones legales, en específico las relativas a la prescripción de la acción penal, determinando contra legem que la acción penal en este caso estaba prescrita. La impetrante argumentó que en el asunto de mérito el término legal de prescripción fue interrumpido por la presentación de la denuncia, no obstante, el ente fiscal consideró en forma errada e indebida, según la quejosa, que la presentación de la denuncia no interrumpe el plazo legal de prescripción. CONSIDERANDO (8): Que, en esta misma línea, la reclamante argumentó inter alia ante esta Sala de lo Constitucional lo siguiente: “…En suma a lo anterior, el hecho que las dependencias del Ministerio Público tomen en cuenta que la acción penal se interrumpe hasta la presentación del respectivo Requerimiento Fiscal significa una vulneración en general de los derechos de todos los denunciantes que se encuentran en etapa de diligencias investigativas, por el motivo en la que la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente se basa en ser los encargados de practicar diligencias para determinar la existencia del hecho punible y el hecho que no cuenten ellos con un término y un grado de responsabilidad en específico para la finalización de la investigación implica a estos tener una facultad arbitraria, ya que si el término se prescribe en su etapa y sin responsabilidad de su parte, se genera entonces una clara violación al derecho de defensa y el debido o proceso; es necesario destacar que actualmente si la prescripción es ocasionada por uno de estos entes, no se les atribuye ningún grado de responsabilidad, por lo que, se reitera que existe entonces un habitual quebrantamiento de derechos fundamentales con base a la ideología de la prescripción utilizada por el Ministerio Público…”. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (10): Que como ya queda dicho, se alega por parte de la impetrante que la vulneración a los derechos de la agraviada se materializó por parte del Ministerio Público al ordenar de manera arbitraria, ilegal e injustificadamente el cierre y archivo del procedimiento de denuncia e investigación ya antes referido. Se censura una supuesta interpretación errada por parte de dicha autoridad sobre aspectos relacionados con la prescripción de la acción penal, particularmente sobre la interrupción del plazo legal establecido para conformar la misma. CONSIDERANDO (11): Que, no obstante que las apreciaciones relacionadas con la prescripción que se discuten en el caso objeto de examen ya han sido dilucidadas por esta Sala de lo Constitucional en procedimientos anteriores, es importante establecer primeramente el concepto general de la prescripción como modo de extinguir la responsabilidad penal. Como lo hemos dicho en el pasado, esta Sala concuerda en que la prescripción como causa de extinción de la responsabilidad penal se produce cuando un hecho delictivo no es perseguido dentro del espacio de tiempo comprendido entre el momento en que se produce su consumación y el momento en que finaliza el cómputo del plazo correspondiente de prescripción, y concordamos en que la prescripción supone prácticamente, una renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar o el debilitamiento del ius puniendi por la falta de persecución del delito durante un lapso significativo de tiempo. En este sentido, la Sala reconoce que, en el derecho penal, la prescripción consiste esencialmente en la invalidación por el transcurso del tiempo del valor que habían tenido determinadas conductas descritas en la ley penal como delitos. Ese paso del tiempo, en el que se aprecia tal efecto destructor, hace que el desvalor social y jurídico que mereció en su día un hecho, no pueda mantenerse con la misma fuerza perpetuamente. Coincidimos con Roxin en cuanto a que la prescripción de la acción penal responde a razones de seguridad jurídica, paz social y pérdida de interés del Estado en la persecución penal, siendo la interrupción una excepción a ese transcurso continuo del tiempo, la que se justifica si el Estado demuestra su voluntad de ejercer la acción penal, mediante actos procesales concretos. CONSIDERANDO (12): Que, con respecto a la interrupción de la prescripción, sabemos que, conforme con la ley, la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, comenzando de nuevo su cómputo desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia distinta de las que legalmente prevén su suspensión. La disyuntiva aquí ha sido determinar cuándo podemos decir que se dirige el procedimiento contra el culpable, y el debate se ha centrado básicamente en dos posibilidades: el procedimiento se dirige con la presentación de la denuncia ante el ente de investigación o con la presentación del requerimiento fiscal en sede judicial. Al respecto, la Sala ha establecido que si bien podría alegarse con cierta razón que con la denuncia se inicia el procedimiento penal—que es el primer acto de la etapa preparatoria—hemos concordado que quien denuncia se limita a poner la noticia criminis en conocimiento de las autoridades competentes para la averiguación y persecución del hecho, pero con este acto solo se insta el procedimiento penal. En este sentido, hemos aceptado que, conforme con la legislación procesal, el procedimiento como tal no existe sino en virtud de un acto judicial, pues hay diferencia entre instar un proceso e iniciarlo. Siendo así, la Sala ha concordado que la acción penal pública se ejerce mediante la presentación del requerimiento fiscal, y que la acción del juez al admitir el mismo, constituye este acto judicial del que hablamos, y es en este momento cuando podemos decir que se ha dirigido formalmente procedimiento contra el culpable o al menos a quien se considera responsable de un delito. De este modo, coincidimos con Gómez Martín, en cuanto a que lo que debe determinar la interrupción de la prescripción del delito de ninguna manera puede venir representado por el factum de la denuncia o querella, sino por lo dispuesto en una resolución judicial motivada que atribuya razonablemente al hecho denunciado el carácter de un delito concreto. CONSIDERANDO (13): Que dicho lo anterior, debemos acotar que son perfectamente válidos los argumentos de la recurrente en cuanto a que la prescripción, como causa de extinción de la responsabilidad penal está también expuesta a factores extrínsecos o contingentes, como lo puede ser la falta de diligencia del Ministerio Público o el rezago o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la tramitación del proceso, siendo adicionalmente gravoso si estas acciones se derivasen de una conducta intencional o maliciosa. No obstante, en esta temática debemos inclinarnos hacia la postura doctrinal de que estas situaciones son responsabilidad del Estado, y atañen a sus instituciones o representantes y nada tienen que ver con el denunciado o acusado, a quien no le podría ser imputable la indiferencia o desaplicación de un Fiscal o de un Juez en el ejercicio de sus cargos o en el cumplimiento del deber, como no le son tampoco atribuibles los retrasos o el mal funcionamiento del sistema de justicia en general, por lo que, de darse estas circunstancias, las mismas deberán ser confrontadas con los remedios o acciones legales que correspondan. Es indudable que tales situaciones, además de ser jurídicamente posibles, pueden provocar efectos nocivos, no únicamente en el cómputo de plazos, sino en la propia institución de la prescripción, cuya estabilidad resulta esencial para la seguridad jurídica. Con todo, su análisis corresponde únicamente desde una óptica lege ferenda, en tanto el legislador no las ha contemplado expresamente, resultando por ello, al menos de momento, ajenas a nuestro sistema normativo. CONSIDERANDO (14): Que en virtud de todo lo anterior, esta Sala no advierte que de las apreciaciones y la ulterior decisión de la autoridad recurrida se evidencie arbitrariedad o desafuero a ley, o que con la resolución denunciada se haya violentado, lesionado o atentado contra el derecho a un debido proceso legal o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La Sala estima que la decisión de mérito se ha ceñido a la normativa aplicable al asunto objeto de examen, y, al no apreciarse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía General de la República, como lo alegó en su momento la impetrante, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe denegarse y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada Danelia Ferrera Turcios, a favor de la sociedad mercantil Kroko, A.S., contra la resolución FGR-316-2022, dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar una impugnación interpuesta contra la resolución DGF-270-2022 dictada por la Dirección General de Fiscalía, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la MAGISTRADA DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1005-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL