Sentencia RP-974-21 — Registro 17912
Resumen
Se interpuso recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, (cocaína) en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de julio del año dos mil quince, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,333,333.34); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dos de julio del año dos mil quince mediante la cual se condenó al ciudadano REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 28 de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. IV- Que en relación a la garantía constitucional de revisión penal promovida a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANCHEZ MORENO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de julio del año dos mil quince, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; también fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. V- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dos de julio del año dos mil quince mediante la cual se condenó al ciudadano EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 28 de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado; el Tribunal sentenciador también aplicó el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo Número 45-2002, estimando que el condenado cometido el delito de Lavado de Activos. VI- Esta Sala aprecia que el caso del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO también se subsume la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor A) REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, las penas principales de: 1) VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; y 2) MULTA consistente en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,333,333.34), con el aumento en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a la agravante contenida en el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por considerar en el presente caso la concurrencia de la participación de dos o mas personas, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por la Defensa, atendiendo a la falta de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y apreciando la falta de antecedentes a favor de los acusados. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, con sus agravantes específicas, previsto en el artículo 312, prevé una pena abstracta de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, por concurrir las circunstancias siguientes, según el factum de la sentencia: 3) El delito se somete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; y 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. La norma prevé que si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión de deben incrementar en un tercio (1/3). Con el incremento de un tercio (1/3) a la pena imponible, nos deja un marco penal abstracto definitivo de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN y una MULTA DE QUINIENTOS (500) A SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS; días multa que tienen un valor no menor de Veinte Lempiras (L. 20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), según lo dispone el artículo 53 del Código Penal vigente. Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Diez Mil Lempiras (L. 10,000.00), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron al condenado las penas mínimas, en consideración a la falta de circunstancias modificativas que agravaran las circunstancias del hecho. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ. B) Que en la misma sentencia también fue condenado el señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO a las mismas penas y en las mismas circunstancias que fue condenado el señor Alvarado Hernández, por consiguiente, es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal a su favor por el delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, resultando conforme a derecho imponer también al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Diez Mil Lempiras (L. 10,000.00). El señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO también fue condenado a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por la Defensa, atendiendo a la falta de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y apreciando la falta de antecedentes a favor de los acusados. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de LAVADO DE ACTIVOS, con el aumento de un cuarto (1/4) a la pena imponible, por presentarse la circunstancia siguiente: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual, contenido en el artículo 439, prevé una pena abstracta de CINCO (5) A OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L 2,000,000.00), lo que nos deja un marco penal abstracto definitivo de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y una MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, la que equivale a CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 101, 816.69), según el cálculo estimado en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada en fecha doce de octubre del año dos mil veintidós y visible a folios del 114-118 de los autos, ello en atención a los hechos probados en la sentencia que se revisa, se le encontró al señor Efrey Felipe Sánchez Moreno la cantidad de ocho mil dólares americanos ($8,000), doscientos (200) bolívares y un millón cien mil pesos colombianos (1,100,000.00), dinero relacionado con el ingreso de droga al país y del cual no justificó su origen, moneda que al realizar la conversión equivalen a: 1) Ocho mil dólares americanos, es equivalente a ciento noventa y seis mil novecientos sesenta lempiras (Lps. 196,960.00); 2) Un millón cien mil pesos colombianos, es equivalente a seis mil cincuenta lempiras (Lps. 6,050.00); y 3) Doscientos bolívares, equivalen a seiscientos veintitrés lempiras, con treinta y siete centavos (Lps. 623.37), haciendo un total de DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 203,633.37). Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, las penas principales de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, la que equivale a CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 101, 816.69), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron al condenado las penas mínimas, en consideración a la falta de circunstancias modificativas que agravaran las circunstancias del hecho. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo Número 45-2002, aun y cuando en la sentencia que se revisa, al condenado no se le impuso la pena de Multa para el delito de Lavado de Activos, las nuevas penas aun y con aplicación de la Multa resultan ser más benignas para el condenado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del año dos mil veinticuatro. VISTOS: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal interpuestos por: 1.- El Abogado MARIO LEONEL MUNGUIA RUIZ, a favor del señor REYNERY EMILIO ALVARADO (Reg. 0974-2021); 2.- El Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO (Reg. 0104-2022); y 3.- Por la Abogada CRISTELA YOSET AYALA PINEDA, a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO (Reg. 0229-2022); Todos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos (2) de julio del año dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra los señores REYNERY EMILIO ALVARADO HERNÁNDEZ y EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, quienes fueron condenados, eTRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. ANTECEDENTES 1) Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos (2) de julio del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló:(Sic)“PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores FRITZ GERALD CAMBRIDGE, EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas anteriormente, como autor responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, (cocaína) en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; debiéndose computar el tiempo que los acusados han permanecido en efectiva prisión como consecuencia de la medida cautelar de la prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución competente. Asimismo, se impone la pena principal de Multa consistente en la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,333,333.34), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSE MOISES AMAYA CARCAMO cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas anteriormente, como cómplice responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, (cocaína) en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRECE AÑOS CUATRO MESES (13 AÑOS 4 MESES) DE RECLUSIÓN; debiéndose computar el tiempo que el acusado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia de la medida cautelar de la prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa, la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional que designe Juez de ejecución competente. Asimismo, se impone la pena principal de Multa consistente en la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS (LPS.888,888.89), multa que deberá enterar en la Tesorería Nacional de la República. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito LAVADO DE ACTIVOS, en Perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, pena que el acusado deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. Esta pena se considera en concurso real por considerarse esta acción independiente de la otra tipificada como Tráfico de Drogas, debiendo por ende cumplir sus penas iniciando por la de mayor sanción. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos, a los acusados FRITZ GERALD CAMBRIDGE, EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ y JOSE MOISES AMAYA CARCAMO como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure su condena, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. QUINTO: Se decreta el comiso de la evidencia puesta a disposición de este Tribunal de los efectos decomisados a Efrey Felipe Sánchez Moreno, consistentes en una mochila de hombre de color negro, un radio portátil de color negro con serie número 05001275-0, una navaja marca Smith y Wesson, un teléfono celular marca Nokia color blanco y azul IMEI 010996/00577957/7, con su sim card color azul una billetera de cuadricula pequeña color azul, un lápiz, un teléfono satelital color negro marca Lirium imei 300015010867230, un teléfono Blackberry curve color negro, con imei 359428037642915, sin batería, con un chip movilnet, un celular color negro franjas azules con imei 26845460606139127 sin chip, un foco para cabeza color verde, tres cargadores para celular, una batería para BlackBerry y ocho mil dólares ($8,000) de diferentes denominaciones, doscientos bolívares, un millón cien mil pesos colombianos (1,100,000.00) un pasaporte, un certificado internacional de vacunación con registro 5272, una cedula de identidad con número 7688997 a nombre de Efrey Felipe Sánchez Moreno de nacionalidad colombiana, una calculadora solar una antena de GPS marca Garmin, dos manojos de llaves, una lupa y una luz de bengala. Así mismo, corresponde decretar el comiso de lo incautado al señor Fritz Gerald Cambridge que incluye un pasaporte, unos mil quinientos veinte dólares ($1,520.00) un par de lentes, una navaja y un foco de cabeza. Toda esa evidencia se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público y la cual deberá ser remitida al juzgado de ejecución competente una vez que esta sentencia adquiera su firmeza. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio los condenados FRITZ GERALD CAMBRIDGE, EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ y JOSE MOISES AMAYA CARCAMO. SEPTIMO: Se declara la responsabilidad civil de los acusados FRITZ GERALD CAMBRIDGE, EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ y JOSE MOISES AMAYA CARCAMO derivada de los delitos por el que han sido condenados, a favor del estado de Honduras. OCTAVO: Se ordena la expulsión de los señores EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO Y FRITZ GERALD CAMBRIDGE del territorio nacional de Honduras, una vez que hayan cumplido la condena que se les ha impuesto. NOVENO: Que debemos absolver como en efecto absolvemos al señor WAYLI HAYLOCK TELA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, del delito TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se le ha acusado. DECIMO: Ordena la inmediata libertad del señor WAYLI HAYLOCK TELA, debiéndose extender la respectiva carta de libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme…” (Folios del 794-849 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado MARIO LEONEL MUNGUIA RUIZ, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor del señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, contra la sentencia de fecha dos de julio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; manifestando el recurrente que promueve el presente recurso, a efecto de que se aplicaran retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República y numeral 8) del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios del 1-10 de los autos) 3) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), el Abogado RAMÓN MATAMOROS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de Revisión Penal a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, contra la sentencia de fecha dos de julio del año dos mil quince, de la que se ha hecho relación anteriormente; manifestando el recurrente que interpone la acción de mérito en atención a la entrada en vigencia de la reforma penal y se aplique en forma retroactiva las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en el artículo 96, numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios del 31-36 de los autos) 4) Que en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintidós (2022), la Abogada CRISTELA YOSET AYALA PINEDA, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de Revisión Penal, también a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, contra la sentencia de fecha dos de julio del año dos mil quince, referida en acápites anteriores; manifestando la recurrente que interpone el presente recurso por cuanto se ha incorporado en efectiva vigencia el nuevo Código Penal y se ha señalado en dicha normativa legal la figura de la Revisión de la condena en base al Principio de Retroactividad de la ley más favorable. (Folios del 120-128 de los autos) 5) Que en fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en el recurso registrado con el número SCO-0974-2021, habiendo comparecido el Abogado MARIO LEONEL MUNGUIA RUIZ, en su condición de apoderado legal del señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que ratifica en todas y cada una de sus partes la solicitud del Recurso de Revisión Penal, en aplicación de los artículos 96 y 186 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, es procedente que se modifique mediante sentencia proferida por la Sala de lo Constitucional; la Fiscal del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de revisión. (Folios del 23-26fv de los autos) 6) Que en fecha doce de octubre del año dos mil veintidos, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en el Recurso de Revisión registrado con el número SCO-0104-2022, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS en su condición de apoderado legal del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que ratifica el Recurso de Revisión Penal; la Fiscal del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de revisión. (Folios del 114-118fv de los autos) 7) Que en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en el recurso registrado con el número SCO-0229-2022, habiendo comparecido la Abogada CRISTELA YOSET AYALA PINEDA en su condición de apoderada legal del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO y la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que el Recurso de Revisión se la sentencia se fundamenta en la aplicación de la pena tipificada en el nuevo Código Penal vigente, tanto para la reclusión como para la multa, ratificando el escrito de interposición de la acción de Revisión Penal; la representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de revisión, por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado a no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis. (Folios 156-163 del recurso) 8) Que del análisis de los recursos de revisión registrados con los números SCO-974-2021, 104 y 229-2022, se advierte que los relacionados recursos fueron presentados contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de julio del año dos mil quince, por lo que la Sala de lo Constitucional, mediante providencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintitrés, dispuso que para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, acumular los recursos antes descritos. (Folio 166fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los garantistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas en sus escritos de interposición de los Recursos señalan que considerando que sus representados fueron sentenciados con el Decreto 144-83 y entró en vigencia el Decreto No. 130-2017, el cual contiene sanciones o penas mas benignas, creando una nueva normativa penal acorde a la evolución y acontecimientos sociales, con el fin de obtener un nuevo código de cumpla con las máximas para las cuales fue creado por el Estado de Honduras. Para tal efecto la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal aplica por ser más favorable al condenado. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas en el expediente con registro número SCO-0974-2021, se celebró en fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, como garantista a favor del señor Reynery Emilio Alvarado Hernández y la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República. Se le cedió la palabra al abogado Mario Leonel Munguía Ruiz, quien expresa que ratifica en todas y cada una de sus partes la solicitud de Revisión Penal, a favor de su representado, por lo que en aplicación de los artículos 96 y 186 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, es procedente se modifique mediante sentencia proferida por la Sala de lo Constitucional, la revisión penal, por ser un derecho que le asiste a su representado en aplicación de la retroactividad de la Ley.-Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículo 18 de la derogada Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 311 y 312 numerales 3), 5), 7) y 9) del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de drogas; expresando que “conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son mas favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea mas favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código, tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta a los sentenciados conforme la legislación derogada, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del Código Penal vigente que prevé una pena para la misma conducta delictiva, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta a los hoy condenados…”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque No se Otorgue la presente acción de revisión a favor del condenado Reynery Emilio Alvarado Hernández.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Abogada Lourdes Elena Barrientos Sahury, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República, quien fue de la opinión que se resuelva conforme a Derecho. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas en el expediente con registro número SCO-0104-2022, se celebró en fecha doce de octubre del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramon Matamoros, como garantista a favor del señor Efrey Felipe Sánchez Moreno y la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra al abogado Ramon Matamoros, quien expresa que ratifica el recurso de revisión de pena a favor de su representado quien fue condenado por el delito de Tráfico de Drogas a una pena de veinte años de reclusión y Multa, asimismo se le impuso una pena de quince años por el delito de Lavado de Activos.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículo 18 de la derogada Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 311 y 312 numerales 3), 5), 7) y 9) del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de drogas; asimismo relaciona los artículos 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, contenida en el Decreto 45-2002 de fecha 5 de marzo del año 2002, 439.1), 3) del nuevo Código Penal, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, expresando que “Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son mas favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 616, ya que en el delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, se aprecia que la pena anterior impuesta al hecho con todas sus circunstancias resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal. Por lo que aun y cuando el delito de Lavado de Activos si resulta más favorable, dicha norma sustantiva señala que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las normas tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudica. De aquí que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado, en virtud que el nuevo Código Penal exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal mas favorable que reconoce el artículo 616, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten mas favorables en su conjunto. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta mas benigna al condenado”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque No se Otorgue la presente acción de revisión a favor del condenado Efrey Felipe Sánchez Moreno. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas en el expediente con registro número SCO-0229-2022, se celebró en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Cristela Yoset Ayala Pineda, como garantista y también a favor del señor Efrey Felipe Sánchez Moreno y la abogada Rosaura Bernárdez Guity, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra a la abogada Cristela Yoset Ayala Pineda, quien expresa que el Recurso de Revisión de la sentencia presentado, lo ha basado en la aplicación de la pena tipificada en el nuevo Código Penal vigente, tanto para la reclusión como para la multa, ratificando el escrito de interposición del recurso de mérito.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Rosaura Bernárdez Guity, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículo 18, relacionado con el artículo 28 de la derogada Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 53, 312 numerales 3), 5) y 7) del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de drogas; asimismo relaciona los artículos 3 de la Ley contra el Lavado de Activos, 439.1),2) del nuevo Código Penal, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, expresando que “En este orden de ideas se puede determinar que, aun y cuando la pena privativa de libertad correspondiente por el delito de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO resulte menor que la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, la condena se agravaría al tener que imponerle la pena principal de multa, que no estaba contemplada en la legislación anterior, aunado al hecho de que, en cuanto al delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO se ha determinado que las penas impuestas RECLUSIÓN Y MULTA hubieran sido imponibles con la aplicación del nuevo Código Penal al encontrarse dentro del rango de la pena abstracta señalada para el delito y siendo que el articulo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la Ley mas favorable de debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completa, no admitiendo como más beneficiosa la aplicación fragmentada de las normas, por lo que en el caso concreto no es mas favorable al condenado la normativa invocada por el revisionista, siendo que de ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta en mayor beneficio”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque No se Otorgue la presente acción de revisión a favor del condenado Efrey Felipe Sánchez Moreno, por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es mas favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, los señores: 1) Reynery Emilio Alvarado Hernández, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha dos de julio del año dos mil quince, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, tipificado en el Artículo 18, relacionado con el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y, 2) Efrey Felipe Sánchez Moreno, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha dos de julio del año dos mil quince, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado y Lavado de Activos, tipificado en el artículo 18, relacionado con el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, y artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, normas que disponían en su orden: Artículo 18 “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.”; Artículo 28 “Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.”; Artículo 3 “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por si o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que prosean directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 “Tráfico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos días (500). Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente.”; el Artículo siguiente 312 dispone “Agravantes Específicas del Tráfico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior de deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) …; 2)…; 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 4)…; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6)…; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8)…; 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3)”. El Artículo 439 dispone “LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o ramas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L 2,000,000.00), de deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (L 2,000,000.00) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (L 5,000,000.00), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (L 5,000,000.00), se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empelado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos de debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión”. (Énfasis y subrayado añadidos) CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de julio del año dos mil quince, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,333,333.34); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dos de julio del año dos mil quince mediante la cual se condenó al ciudadano REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 28 de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. IV- Que en relación a la garantía constitucional de revisión penal promovida a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANCHEZ MORENO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de julio del año dos mil quince, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; también fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. V- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dos de julio del año dos mil quince mediante la cual se condenó al ciudadano EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 28 de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado; el Tribunal sentenciador también aplicó el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo Número 45-2002, estimando que el condenado cometido el delito de Lavado de Activos. VI- Esta Sala aprecia que el caso del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO también se subsume la causal número 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor A) REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, las penas principales de: 1) VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; y 2) MULTA consistente en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,333,333.34), con el aumento en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a la agravante contenida en el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por considerar en el presente caso la concurrencia de la participación de dos o mas personas, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por la Defensa, atendiendo a la falta de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y apreciando la falta de antecedentes a favor de los acusados. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, con sus agravantes específicas, previsto en el artículo 312, prevé una pena abstracta de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, por concurrir las circunstancias siguientes, según el factum de la sentencia: 3) El delito se somete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; y 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. La norma prevé que si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión de deben incrementar en un tercio (1/3). Con el incremento de un tercio (1/3) a la pena imponible, nos deja un marco penal abstracto definitivo de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN y una MULTA DE QUINIENTOS (500) A SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS; días multa que tienen un valor no menor de Veinte Lempiras (L. 20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), según lo dispone el artículo 53 del Código Penal vigente. Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Diez Mil Lempiras (L. 10,000.00), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron al condenado las penas mínimas, en consideración a la falta de circunstancias modificativas que agravaran las circunstancias del hecho. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNANDEZ. B) Que en la misma sentencia también fue condenado el señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO a las mismas penas y en las mismas circunstancias que fue condenado el señor Alvarado Hernández, por consiguiente, es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal a su favor por el delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, resultando conforme a derecho imponer también al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Diez Mil Lempiras (L. 10,000.00). El señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO también fue condenado a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de con Competencia Territorial Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por la Defensa, atendiendo a la falta de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y apreciando la falta de antecedentes a favor de los acusados. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de LAVADO DE ACTIVOS, con el aumento de un cuarto (1/4) a la pena imponible, por presentarse la circunstancia siguiente: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual, contenido en el artículo 439, prevé una pena abstracta de CINCO (5) A OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L 2,000,000.00), lo que nos deja un marco penal abstracto definitivo de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y una MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, la que equivale a CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 101, 816.69), según el cálculo estimado en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada en fecha doce de octubre del año dos mil veintidós y visible a folios del 114-118 de los autos, ello en atención a los hechos probados en la sentencia que se revisa, se le encontró al señor Efrey Felipe Sánchez Moreno la cantidad de ocho mil dólares americanos ($8,000), doscientos (200) bolívares y un millón cien mil pesos colombianos (1,100,000.00), dinero relacionado con el ingreso de droga al país y del cual no justificó su origen, moneda que al realizar la conversión equivalen a: 1) Ocho mil dólares americanos, es equivalente a ciento noventa y seis mil novecientos sesenta lempiras (Lps. 196,960.00); 2) Un millón cien mil pesos colombianos, es equivalente a seis mil cincuenta lempiras (Lps. 6,050.00); y 3) Doscientos bolívares, equivalen a seiscientos veintitrés lempiras, con treinta y siete centavos (Lps. 623.37), haciendo un total de DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 203,633.37). Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, las penas principales de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA IGUAL AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE DICHO VALOR, la que equivale a CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 101, 816.69), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron al condenado las penas mínimas, en consideración a la falta de circunstancias modificativas que agravaran las circunstancias del hecho. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto Legislativo Número 45-2002, aun y cuando en la sentencia que se revisa, al condenado no se le impuso la pena de Multa para el delito de Lavado de Activos, las nuevas penas aun y con aplicación de la Multa resultan ser más benignas para el condenado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 53, 57, 58, 69, 311, 312, 439, 615, 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: UNO: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MARIO LEONEL MUNGIA RUIZ, a favor del señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNADEZ (Reg. No. 0974-2021); II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNADEZ, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor REYNERY EMILIO ALVARADO HERNADEZ, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República… CUARTO: Que debemos condenar y condenamos al acusado REYNERY EMILIO ALVARADO HERNADEZ como consecuencia de la pena de prisión impuesta, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. DOS: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados: A) RAMON MATAMOROS (Reg. No. 0104-2022); y B) CRISTELA YOSET AYALA PINEDA (Reg. No. 0229-2022), a favor del señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República… TERCERO: CONDENANDO al señor EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO, como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la SEGURIDAD SOCIAL, a las penas principales de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 101, 816.69), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos al acusado EFREY FELIPE SANCHEZ MORENO como consecuencia de la pena de prisión impuesta, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-974-2021 y 0104-0229-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL