Sentencia RP-964-21 — Registro 19253
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a pena de once (11) años, tres (3) meses de reclusión, como autor del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo protegido AX; a multa pecuniaria con penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto a la cantidad de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Heber Rolando Reyes Garmendia, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AX; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal. La conducta por la cual fue condenado Heber Rolando Reyes Garmendia, está prevista en el artículo 222 del Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica del artículo 374 numeral 1) del CP 130-2017, cuando el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado era integrante de la pandilla 18 y realizó la conducta de extorsión para beneficio del grupo delictivo, lo que ofrece un nuevo marco penal de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión, y multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres días (1333.33) que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Estas penas a su vez deben ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), lo que nos da como resultado una pena de quince (15) años de prisión y una multa de seiscientos sesenta y seis (666) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un margen mínimo de pena de multa de tres millones trescientos treinta mil lempiras (L 3,330,000.00). Se verifica que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa impuesta en instancia, se encuentran por debajo de la pena que corresponden con el CP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Heber Rolando Reyes Garmendia, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AX; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal. La conducta por la cual fue condenado Heber Rolando Reyes Garmendia, está prevista en el artículo 222 del Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica del artículo 374 numeral 1) del CP 130-2017, cuando el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado era integrante de la pandilla 18 y realizó la conducta de extorsión para beneficio del grupo delictivo, lo que ofrece un nuevo marco penal de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión, y multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres días (1333.33) que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Estas penas a su vez deben ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), lo que nos da como resultado una pena de quince (15) años de prisión y una multa de seiscientos sesenta y seis (666) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un margen mínimo de pena de multa de tres millones trescientos treinta mil lempiras (L 3,330,000.00). Se verifica que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa impuesta en instancia, se encuentran por debajo de la pena que corresponden con el CP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Heber Rolando Reyes Garmendia, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AX; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal. La conducta por la cual fue condenado Heber Rolando Reyes Garmendia, está prevista en el artículo 222 del Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica del artículo 374 numeral 1) del CP 130-2017, cuando el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado era integrante de la pandilla 18 y realizó la conducta de extorsión para beneficio del grupo delictivo, lo que ofrece un nuevo marco penal de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión, y multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres días (1333.33) que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Estas penas a su vez deben ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), lo que nos da como resultado una pena de quince (15) años de prisión y una multa de seiscientos sesenta y seis (666) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un margen mínimo de pena de multa de tres millones trescientos treinta mil lempiras (L 3,330,000.00). Se verifica que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa impuesta en instancia, se encuentran por debajo de la pena que corresponden con el CP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón Villeda, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-964-2021, promovido por el Abogado RONY ALFREDO LANZA CRUZ, a favor del señor HEBER ROLANDO REYES GARMENDIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), con relación a la causa que se instruyó contra el señor HEBER ROLANDO REYES GARMENDIA, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AX", imponiéndole las penas de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, como autor del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AX", dicha pena la deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de la Aldea de Tamara del Distrito Central de este Departamento, y al pago de una multa por la cantidad de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, misma que se hará efectiva en la Institución que la Secretaría del Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin, misma que será tasada en la etapa de la Ejecución del presente fallo. SEGUNDO: Se condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL; asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PÚBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL por el tiempo que dure 1a condena principal y además a realizar trabajos de obras públicas dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.-TERCERO: Se mantiene la medida cautelar de la prisión preventiva hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de Firme.- CUARTO: No procede la condena en costas procesales, ni personales y gastos ocasionados en el juicio.Son partes:1) El Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación de Heber Rolando Reyes Garmendia, como revisionista;2)La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: Que el día seis de Julio del año dos mil trece, a eso de la una y veintiséis de la tarde, él testigo protegido "AX" recibió una llamada telefónica del número 9983-6812 de la compañía TIGO de una persona del sexo masculino, quien se identificó como miembro activo de la pandilla 18,exigiéndole que tenía que entregar la cantidad de VEINTE MIL (L. 20,000.00)LEMPIRAS mensuales como pago de impuesto de guerra y que si no le entregaba el dinero exigido, mataría a un miembro de la familia o a uno de los empleados, manifestándole el testigo protegido AX que no tenía el dinero, por lo que se le exigió que pagara la cantidad de DIEZ MIL (L.10,000.00) LEMPIRAS, logrando pactar que el dinero se lo entregaría el día martes 16 de Julio del mismo año, en el supermercado La Colonia del Pedregal. SEGUNDO: El martes dieciséis de Julio del dos mil trece, el testigo protegido AX, a eso de las 09;10 se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión en donde se procedió a realizar un acta de seriado de dinero y un paquete que contenía dos billetes de quinientos (L. 500.00) con las siguientes series T9641610 y W4411346 y varios recortes de papel periódico, estando aún el testigo protegido AX en dichas oficinas, recibió varias llamadas telefónicas de los números 99836812 y 88035313, para confirmar el lugar, la hora y que el dinero lo quería después de las 12:00 PM y que lo llamaría a esa hora. TERCERO: Ese mismo día siendo las 12:10, se formaron tres equipos por miembros de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, con el objetivo de realizar una entrega controlada en la Colonia El Pedregal, saliendo de las oficinas con el testigo protegido AX, a eso de las 12:35, llegando a dicho lugar a eso de las 13:00 ubicándose en puntos estratégicos para no ser identificados por las personas que estaban exigiéndole al testigo protegido los L. 10,000.00, a eso de las 13:0 aproximadamente, observaron a un joven sospechoso quien vestía calzoneta negra con dos rayas blancas a cada lado, camiseta negra y tenis blancos quien entró al estacionamiento del supermercado La Colonia, miró de manera sospechosa al testigo protegido, luego regreso y salió con destino hacia afuera tres minutos después entro nuevamente al estacionamiento, se acercó de manera sospechosa al testigo protegido AX, quien converso aproximadamente un minuto con la víctima y le paso el celular para hablar con otra persona, luego el testigo protegido AX le entregó el paquete al sujeto antes descrito, posteriormente el joven se retiró del lugar con dirección hacia afuera del estacionamiento llevando el paquete en la mano, en ese momento fue requerido por el agente Josué Sánchez de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, al realizarle el correspondiente registro y decomiso al señor HEBER ROLANDO REYES GARMENDIA, se le encontró un sobre blanco conteniendo dos billetes de quinientos (L. 500.00) lempiras con serie T9641610 y W4411346 y varios recortes de papel periódico y un teléfono celular marca Samsung, color negro con franjas rojas, con IMEI358728047617737.” Antecedentes PRIMERO: De la sentencia condenatoria. el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló:(SIC): "PRIMERO: CONDENAR al encausado HEBER ROLANDO REYES GAMENDIA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a las penas principales de ONCE ANOS, TRES MESES DE RECLUSION, como autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AX", dicha pena la deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de la Aldea de Tamara del Distrito Central de este Departamento, y al pago de una multa por la cantidad de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5)SALARIOS MINIMOS, misma que se hará efectiva en la Institución que la Secretaría del Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin, misma que será tasada en la etapa de la Ejecución del presente fallo. SEGUNDO: Se condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; asimismo a TRABAJADORES EN OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL por el tiempo que dure 1a condena principal y además a realizar trabajos de obras públicas dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.-TERCERO: Se mantiene la medida cautelar de la prisión preventiva hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de Firme.- CUARTO: No procede la condena en costas procesales, ni personales y gastos ocasionados en el juicio. SEGUNDO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz en representación de Heber Rolando Reyes Garmendia, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).TERCERO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 25), habiendo comparecido el Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación de Heber Rolando Reyes Garmendia, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que estima procedente la solicitud planteada de la aplicación de la retroactividad penal siendo pues que su representado fue condenado bajo la modalidad del decreto 144-83 que ya se encuentra derogada y así mismo siendo que el nuevo código el decreto 130-2017 en su artículo 373 contempla una pena más benévola para el delito de extorsión es así que solicita que se modifique, que se anule parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Penal en su momento y se modifique la misma imponiéndosela a su representado a una pena de diez (10) años menos la disminución hecha siendo que el mismo fue sometido a un procedimiento abreviado menos un cuarto (1/4) tal y como lo contempla el artículo 403 de nuestro código procesal penal y asimismo se aplique una pena de 75 días a razón de 20 lempiras por día siendo que ya el artículo 53 del código penal contempla cuales son las designaciones y cuáles son las circunstancias que debe analizar el órgano jurisdiccional competente al momento de imponer la pena de días multa. siendo esta nuestra solicitud deseamos añadir que la misma tiene su asidero legal en los artículos 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional y artículo 1 párrafo cuarto del nuevo código penal en cuanto al principio de retroactividad penal; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de EXTORSIÓN, por lo que a criterio del revisionista es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)....3)..., 4)..., 5)..., 6) .., 7).., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,..." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal.- El recurrente solicita se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna, que se establezca la nueva pena tomando en cuenta que su representado fue condenado mediante la figura del procedimiento abreviado.- De lo expuesto por el revisionista, y del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual dispone lo siguiente: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20)años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados".- El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de EXTORSIÓN en el Artículo 373reformado que señala: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nive1 más alto...".-En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000).- De las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal contempla para el delito de Extorsión una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la agravante contenida en el numeral 1) del artículo 374, siendo que de los hechos declarados como probados en la sentencia de mérito se establece que el encausado es miembro activo de la pandilla 18, quedando en una pena de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses, rebajada en 1/4 por la figura del procedimiento abreviado, por lo que la nueva pena abstracta es de 15 a 20 años de prisión.- A1 examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, con relación a dicha condena de multa, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo rebajarse en un cuarto 1/4 por, por lo que correspondería imponer de 375 a 750 días que, conforma al precitado artículo 373 reformado, debe ser impuesta al nivel más alto de cinco mil lempiras (L.5000.00).- Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: "Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal"; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.".- De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula e1 principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación de Heber Rolando Reyes Garmendia, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Rony Alfredo Lanza Cruz funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, imponiendo a su representada las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de multa de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Heber Rolando Reyes Garmendia, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AX; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal. La conducta por la cual fue condenado Heber Rolando Reyes Garmendia, está prevista en el artículo 222 del Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse en un tercio (1/3) por concurrir la agravante específica del artículo 374 numeral 1) del CP 130-2017, cuando el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Según los hechos probados de la sentencia, el sentenciado era integrante de la pandilla 18 y realizó la conducta de extorsión para beneficio del grupo delictivo, lo que ofrece un nuevo marco penal de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión, y multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres días (1333.33) que equivalen de cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) a seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta lempiras (L 6,666,650.00). Estas penas a su vez deben ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), lo que nos da como resultado una pena de quince (15) años de prisión y una multa de seiscientos sesenta y seis (666) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un margen mínimo de pena de multa de tres millones trescientos treinta mil lempiras (L 3,330,000.00). Se verifica que tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa impuesta en instancia, se encuentran por debajo de la pena que corresponden con el CP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en favor del señor Heber Rolando Reyes Garmendia. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de Fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0964-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL