Sentencia RP-963-21 — Registro 17641
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia por el delito de Posesión Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; asimismo se ordena a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a la venta en pública subasta de los bienes declarados en comiso, en los términos descritos en el artículo 23 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, debiendo distribuir el producto de la venta y el dinero incautado en la forma establecida en el mismo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En el caso actual, se verifica que el señor Víctor Manuel Carías Ortega, fue condenado de conformidad con la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto Legislativo No. 45-2002), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), a la pena de quince (15) años de prisión, por ser autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, en fecha diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, presentando recurso de revisión penal a favor de Víctor Manuel Carías Ortega, arguyendo en síntesis que de conformidad con el NCP 130-2017 le corresponde la imposición de una pena privativa de la libertad más benévola a la impuesta en instancia. Al analizar el fáctum de la sentencia venida en revisión y confrontándolo con el contenido del artículo 439 del NCP 130-2017 (la interposición del recurso de revisión fue antes de la vigencia temporal del decreto legislativo 93-2021), corresponde cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a dos millones de lempiras (L.2,000,000), las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor. Por tanto, se determina que sí corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Ahora bien, según la individualización de pena realizada en la sentencia venida en revisión, y de conformidad con los artículos 31, 32 y 70 del NCP 130-2017, corresponde al sentenciado la imposición de las penas en su límite inferior. "
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 32 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE REVISIÓN PENAL En la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0963-2021, promovido por el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor de Víctor Manuel Carías Ortega, contra la sentencia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Primero: Absolvió a Víctor Manuel Carías Ortega, por el delito de Posesión Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a Víctor Manuel Carías Ortega, a la pena de quince (15) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, o en el Centro Penal que al efecto designe el Juez de Ejecución, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, y debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión preventiva por la presente causa. Tercero: Condenó a Víctor Manuel Carías Ortega, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena de reclusión. Cuarto: Declaró a Víctor Manuel Carías Ortega, responsable civilmente del delito por el cual es condenado. Quinto: Decretó el comiso de ciento diecinueve piezas de joyas color amarillo, un reloj, dos anillos color blanco, dos relojes de puño, un total de setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72, 211.00) y treinta dólares ($ 30.00) en efectivo, así como de un paquete de bolsas plásticas de 4x8 y bandas elásticas para enrollar billetes; de una casa en construcción con cinco habitaciones, propiedad de Víctor Carías, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de Puerto Cortés, en la misma propiedad registrada a nombre de Luis Carías y de un vehículo marca Nissan, modelo Patrol, color rojo, año 1988, tipo camioneta, placa PAD 1662; asimismo se ordena a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a la venta en pública subasta de los bienes declarados en comiso, en los términos descritos en el artículo 23 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, debiendo distribuir el producto de la venta y el dinero incautado en la forma establecida en el mismo. Sexto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes: 1) El Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor de Víctor Manuel Carías Ortega, como revisionista; 2) La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El veinticinco de julio del año dos mil cinco, en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNIC), se recibió información anónima de que dos personas se dedicaban a la venta de drogas, específicamente cocaína, en el interior del Instituto de la Base Naval de la ciudad de Puerto Cortés y que las mismas podían ser ubicadas en un billar que funcionaba en las cercanías; que las drogas se las proporcionaba a los jóvenes un señor gordo, trigueño, de nombre Víctor Carías, que andaba en un vehículo rojo, que vivía en Pueblo Nuevo, Puerto Cortés, en la segunda entrada, por las dos torres; por tal informe, los Agentes de la DNIC realizaron varias vigilancias los días ocho, nueve y diez de agosto de dos mil cinco, identificando a los dos jóvenes mencionados, que introducían droga en dicha base naval; igualmente, al darle seguimiento al señor Víctor Manuel Carías, después de haberle visto platicando con ambos jóvenes, los Agentes se apercibieron que llegaba hasta una pulpería denominada “Chela”, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, en un solar donde habían tres casas (incluida una en la que funcionaba la pulpería), a la cual ingresaban varias personas y se marchaban rápidamente del lugar, sin llevar nada en sus manos, de alguna compra efectuada, lo que les pareció sospechoso de que en el lugar se efectuaban actividades ilícitas. SEGUNDO: El día doce de agosto del año dos mil cinco, se realizaron sendos allanamientos en las tres viviendas ubicadas en el barrio Pueblo Nuevo. Una de estas viviendas, en construcción, era propiedad del señor Víctor Manuel Carías Ortega y al ser registrada, se encontró en su interior, recipientes conteniendo ciento diecinueve piezas de joyas color amarillo, un reloj, un total de setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72,211.00) y treinta dólares ($ 30.00) en efectivo, así como de un paquete de bolsas plásticas de 4x8 y bandas elásticas para enrollar billetes, todo ello distribuido en diferentes partes de la casa, además, se decomisó un vehículo marca Nissan Patrol, color rojo, de cuatro puertas, placas PAD 1662, que era conducido por éste y una arma de fuego tipo pistola, Smith & Wesson, serie VCK7985, calibre 9mm, registrada por el señor Luis Alonso Carías Ortega. En el registro de las demás viviendas, la del señor Luis Alonso Carías Ortega (hermano del señor Víctor Manuel Carías Ortega) y de la pulpería “Chela” (administrada por Lesly Suyapa García, cuñada de Víctor Carías), la Policía encontró e incautó igualmente, entre otros, varia documentación de vehículos, uno de los cuales, identificado con las características: marca Nissan Patrol, color rojo, de cuatro puertas, placas PAD 1662, que había sido obtenido por Víctor Manuel Carías; una arma de fuego, dinero en efectivo (en Lempiras y Dólares), un celular y varias joyas, habiéndose encontrado el dinero en diferentes partes de la vivienda, lo mismo sucedió en la pulpería la “Chela”, en la que se encontraron varios celulares, dinero en efectivo (en Lempiras y Dólares), libretas de banco con distintos saldos y varios instrumentos para preparar y pesar droga. TERCERO: El señor Víctor Manuel Carías, no tenía actividad personal que le permitiera tener los bienes de que tenía en su casa, ni para la construcción de la esta o para la adquisición del vehículo en que usualmente se transportaba, ni su familia tenía actividad que le generara ingresos suficientes para avalarse a sí misma o a Víctor, la lícita procedencia de los mismos.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha trece (13) de agosto de dos mil cinco (2005), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el Abogado Walter Leonel Ramírez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Víctor Manuel Carías Ortega y otros, por considerarle responsable penalmente del delito de lavado de activos y posesión ilegal de armas, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), mediante la cual falló condenar a Víctor Manuel Carías Ortega, por ser autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, a la pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en representación de Víctor Manuel Carías Ortega, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) (f. 42). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en representación de Víctor Manuel Carías Ortega, como revisionista; la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que su representado fue condenado a una pena de quince (15) años de reclusión por el delito de lavado de activos y con el NCP 130-2017 le corresponde una pena abstracta de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, solicita se le imponga la pena mínima de cinco (5) años en virtud que el dinero decomisado fue únicamente de setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72,211.00) y treinta dólares ($ 30.00). Por su parte, el Ministerio Público manifestó que según el artículo 439 del NCP 130-2017 le corresponde una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa que debe incluir los siguientes valores: i. setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72,211.00) y treinta dólares ($ 30.00) encontrados en su casa de habitación; ii. El valor de un vehículo marca Nissan, modelo Patrol, color rojo, año 1988, tipo camioneta que asciende a cuatrocientos cincuenta mil lempiras (L 450,000.00). Valores que en su totalidad ascienden a quinientos veintidós mil novecientos sesenta y un lempiras (L 522,961.00) y que aumentados en un 50% suman setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras (L 784,441.00). De conformidad a lo expuesto, considera que no procede la retroactividad del NCP 130-2017 porque si bien es cierto disminuye la pena de privativa de la libertad, pero sí le corresponde la pena de multa antes enunciada. Por otra parte, expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionado el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en representación de Víctor Manuel Carías Ortega, como revisionista; la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que, su representado fue condenado a una pena de quince (15) años de reclusión por el delito de lavado de activos y con el NCP 130-2017 le corresponde una pena abstracta de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, solicita se le imponga la pena mínima de cinco (5) años en virtud que el dinero decomisado fue únicamente de setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72,211.00) y treinta dólares ($ 30.00). Por su parte, el Ministerio Público manifestó que según el artículo 439 del NCP 130-2017 le corresponde una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa que debe incluir los siguientes valores: i. setenta y dos mil doscientos once lempiras (L 72,211.00) y treinta dólares ($ 30.00) encontrados en su casa de habitación; ii. El valor de un vehículo marca Nissan, modelo Patrol, color rojo, año 1988, tipo camioneta que asciende a cuatrocientos cincuenta mil lempiras (L 450,000.00). Valores que en su totalidad ascienden a quinientos veintidós mil novecientos sesenta y un lempiras (L 522,961.00) y que aumentados en un 50% suman setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras (L 784,441.00). De conformidad a lo expuesto, considera que no procede la retroactividad del NCP 130-2017 porque si bien es cierto disminuye la pena de privativa de la libertad, pero sí le corresponde la pena de multa antes enunciada. Por otra parte, expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionado el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En el caso actual, se verifica que el señor Víctor Manuel Carías Ortega, fue condenado de conformidad con la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto Legislativo No. 45-2002), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), a la pena de quince (15) años de prisión, por ser autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, en fecha diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, presentando recurso de revisión penal a favor de Víctor Manuel Carías Ortega, arguyendo en síntesis que de conformidad con el NCP 130-2017 le corresponde la imposición de una pena privativa de la libertad más benévola a la impuesta en instancia. Al analizar el fáctum de la sentencia venida en revisión y confrontándolo con el contenido del artículo 439 del NCP 130-2017 (la interposición del recurso de revisión fue antes de la vigencia temporal del decreto legislativo 93-2021), corresponde cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a dos millones de lempiras (L.2,000,000), las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor. Por tanto, se determina que sí corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Ahora bien, según la individualización de pena realizada en la sentencia venida en revisión, y de conformidad con los artículos 31, 32 y 70 del NCP 130-2017, corresponde al sentenciado la imposición de las penas en su límite inferior. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: 1. Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor de Víctor Manuel Carías Ortega. 2. Reforma la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diez (2010), en relación a las penas impuestas al señor Víctor Manuel Carías Ortega, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Manuel Carías Ortega, por ser autor responsable penalmente del delito Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Cinco (5) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa del cincuenta por ciento (50%) del valor objeto de lo lavado. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Víctor Manuel Carías Ortega, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” 3. Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-963-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL