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Sentencia RP-945-22 — Registro 19122

Resumen

Revisión de Sentencia condenatoria por el delito de Lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, considerando la Sala Constitucional de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “… , a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma ; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe más, sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Suspensión de la Pena y Libertad Condicional: Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal.Que, en efecto, según lo manifestado en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, por la abogada garantista, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución que le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, por la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello acorde al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución con Competencia Territorial Nacional, en fecha 04 de marzo de dos mil dieciséis (2016); según el cual, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ podría solicitar la Libertad Condicional en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el seis (06) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “… , a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe más, sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por la abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ; por encontrarse éste gozando del beneficio penal de Libertad Condicional. SEGUNDO: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE SU PROCEDENCIA, para cumplimentar los alcances y efectos que rigen la garantía de ejecución penal, con base a lo normado en la Constitución de la República y en el Código Penal presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Suspensión de la Pena y Libertad Condicional: Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal.Que, en efecto, según lo manifestado en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, por la abogada garantista, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución que le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, por la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello acorde al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución con Competencia Territorial Nacional, en fecha 04 de marzo de dos mil dieciséis (2016); según el cual, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ podría solicitar la Libertad Condicional en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el seis (06) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “… , a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe más, sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por la abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ; por encontrarse éste gozando del beneficio penal de Libertad Condicional. SEGUNDO: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE SU PROCEDENCIA, para cumplimentar los alcances y efectos que rigen la garantía de ejecución penal, con base a lo normado en la Constitución de la República y en el Código Penal presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Suspensión de la Pena y Libertad Condicional: Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal.Que, en efecto, según lo manifestado en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, por la abogada garantista, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución que le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, por la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello acorde al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución con Competencia Territorial Nacional, en fecha 04 de marzo de dos mil dieciséis (2016); según el cual, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ podría solicitar la Libertad Condicional en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el seis (06) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “… , a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe más, sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por la abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ; por encontrarse éste gozando del beneficio penal de Libertad Condicional. SEGUNDO: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE SU PROCEDENCIA, para cumplimentar los alcances y efectos que rigen la garantía de ejecución penal, con base a lo normado en la Constitución de la República y en el Código Penal presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE, a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa que se instruyó contra el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, por haber sido condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1)En fecha siete de septiembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Con Competencia Nacional de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogado KENIA CERNA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del ciudadano SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 1-4 del expediente del A-quo).2)Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: CONDENANDO a los imputados CESAR ABEL NIÑO CHITIVA y SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, por haber cometido el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, como pena concreta para cada uno de ONCE (11) años TRES (03) meses de reclusión que deberán cumplir en el Centro Penal de San Pedro Sula, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: Condenar a los señores CESAR ABEL NIÑO CHITIVA Y SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena.TERCERO: No condena en costas personales ni procesales.”. (Folios 91-93 del antecedente).3)En fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, la Abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor de del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito) 4)En fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada ROSAURA FERNANDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE, en su condición de Apoderada Legal del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ; En razón de ello El Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad por VIA DE ACCION POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 93-2021 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NUMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTICULOS 16, 18, 63, 232, y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL, de ahí que se estima lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público, se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”. (Folios ……-…. del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.CONSIDERANDO DOS (2): El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,la que una vez en vigor forma parte del derecho interno de nuestro país.Al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se ha comprometido a respetar los derechos y libertades allí reconocidos. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en audiencia de oposición y presentación de pruebas. Llevada a cabo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, contó con la comparecencia de la Abogada ROSAURA FERNANDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y, de la Abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE, en su condición de Apoderada Legal del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, como revisionista; quien funda su petición en el precepto autorizante del artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, en una sentencia firme, proceda la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye, en síntesis, la letrada garantista, que su representado fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena concreta de ONCE (11) años TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN bajo la égida del Decreto No. 145-99; la cual se acordó por medida alterna de Procedimiento Abreviado, sentencia ahora firme, de conformidad a derecho. Manifiesta, asimismo, la revisionista, que por la reforma suscitada con la entrada en vigencia del Código Penal nuevo (“NCP” Decreto No. 130-2017), se reduce la condena de impuesta a su representado, a una pena abstracta de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, tomando en cuenta que la participación de su representado con un decomiso de $ 150, 000.00 se refleja en el numeral 2) del artículo 439 del Código Penal vigente (“NCP” Decreto No. 130-2017). Ha manifestado también la garantista, que, el beneficiario del recurso, tiene resolución del Juzgado de Ejecución que le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, por lo cual deberá estar en libertad y firmando hasta que dure la pena, es decir, hasta la fecha de 04 de diciembre del año 2026. En tal sentido, pide se declare ha lugar el recurso y se le aplique la nueva norma penal a su representado, al resultarle más favorable, y, que se notifique al Juzgado de Ejecución para la realización de un nuevo cómputo para la aplicación de la ejecución. Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión solicitado; en virtud que, resultó condenado el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ en los términos establecidos por la revisionista. Sin embargo, efectuada la comparación del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 439 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), el cual describe; señala que, si bien es cierto, en la reforma del referido artículo, realizada a través del Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 35, 760, se derogó lo atinente “O que no se tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, debe tomarse en cuenta que ello violenta disposiciones de carácter convencional, al suprimirse dicha causal típica del delito de LAVADO DE ACTIVOS; conforme a lo estipulado en el numeral 7 del artículo 5, y 26 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad; en armonía a lo preceptuado en la Convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7). De allí que, al ser parte el Estado de Honduras de ambos Tratados Internacionales, procede, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2, cumplirlos, conforme al principio Pacta Sunt Servanda. En razón de ello, el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “o que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Asimismo, el Ministerio Público manifiesta que se presentó ante la Sala de lo Constitucional, recurso de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de forma y de contenido contra el Decreto Legislativo Número 93-2021, publicado en el diario oficial la Gaceta Número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de nuestra Ley Fundamental. En tal sentido, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Reglas de ponderación generalmente aplicables. En el supuesto de pena no concursada, bajo ejecución penal, con base a la firmeza de la sentencia y la no suspensión de pena, procedería, en su caso, la comparación de la pena concreta impuesta bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; b. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; c. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP 130-2017; d. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; e. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. f. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP-130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala, previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados, no existiera claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, le consultara la Sala a éste para que señale la ley que estima más le favorece. CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: I. Casos de improcedencia de la garantía de revisión penal. La revisión penal, procede de conformidad, en los términos propios que establece la Ley Penal, existiendo excepciones taxativas, que demarcan los casos de improcedencia. Así, la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), que estipula: “PENAS SUSPENDIDAS. SI el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en libertad condicional”. El artículo 621, siempre del Código Penal vigente (NCP-130-2017), orienta hacia la revisión de sentencias firmes, siempre que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, es decir, se autoriza a la revisión de penas que se encuentren en ejecución, conforme a le legislación vigente; aplicándose la disposición más favorable, considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En el presente caso, si bien la teleología de nuestro Código Penal pareciere omisa en la cuestión, sí resulta ilustrativo lo establecido en la Exposición de Motivos al Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre); el cual sirvió de inspiración, como se sabe, para la promulgación de nuestro Código Penal; donde se señala, a la letra: “En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.”CONSIDERANDO SEIS (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: II. Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal: Suspensión de la Pena y Libertad Condicional. Que, realizado el estudio del expediente y de la sentencia bajo estudio, en garantía de revisión penal, se encuentra la imposición de una pena concreta de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN, al señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; pena concreta, cuya revisión se solicita ante esta Sala de lo Constitucional por la defensa, quien funda su petición en el precepto autorizante del artículo 96 numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional; el cual establece, en principio, la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, en una sentencia firme, proceda la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; con el parecer discordante de la Fiscalía del Ministerio Público, en los términos anteriormente expresados. Asimismo, es importante acotar que, una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estuviese en vigencia. Asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso); siempre y cuando se cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, lo cual no es particularmente el caso, como se verá a continuación. CONSIDERANDO SIETE (7): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Suspensión de la Pena y Libertad Condicional: Causales legales para dictar la improcedencia de la garantía de revisión penal.Que, en efecto, según lo manifestado en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, por la abogada garantista, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, se encuentra condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de resolución del Juzgado de Ejecución que le otorga la figura de LIBERTAD CONDICIONAL, por la cual deberá estar en libertad y firmando durante el periodo de duración de la condena. Examinada la foliada, se encuentra ello acorde al Cómputo de Pena, emitido por el Juzgado de Ejecución con Competencia Territorial Nacional, en fecha 04 de marzo de dos mil dieciséis (2016); según el cual, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ podría solicitar la Libertad Condicional en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021); teniendo como fecha de cumplimiento de la pena de reclusión, el seis (06) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026). En tal virtud, de manera excepcional, señalada en las leyes, y específicamente en la literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), no procederá revisar las PENAS SUSPENDIDAS: “… , a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma (…)”; estableciendo, in fine, que la misma regla se observará si el penado se encuentra en libertad condicional. – Por lo anteriormente motivado, no cabe más, sino dictar improcedencia a la presente garantía de revisión penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por la abogada NURIA PAOLA POSSO ANDRADE a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ; por encontrarse éste gozando del beneficio penal de Libertad Condicional. SEGUNDO: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE SU PROCEDENCIA, para cumplimentar los alcances y efectos que rigen la garantía de ejecución penal, con base a lo normado en la Constitución de la República y en el Código Penal presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-07945-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL