Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-935-21 — Registro 18213

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio Retroactividad en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente , por haber sido encontrado culpable de los delitos de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y USO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, la Sala Constitucional después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de una norma vigente que le resulta más benigna

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

En el examen de los hechos probados, contenidos en la sentencia (folio 150 al 164 del expediente del Juzgado de Letras), estos encuadran en los artículos 194, en relación con el artículo 21 inciso b) y 62 del Código Penal Vigente, en relación al delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; en relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial encuadran con los artículos 580 Numeral 1 y último párrafo del Código Penal Vigente. IV. En relación a lo esbozado por la fiscalía, no existe fragmentación de la norma penal, puesto que se está haciendo un análisis global y la aplicación completa del nuevo Código Penal. V. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, en aplicación de las reglas para determinar la pena contenidas en el artículo 70 del Código Penal Vigente, este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguientes penas concretas: 1) Quince (15) años de Prisión por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; 2) cuatro (4) años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta y localización permanente por un año, en el caso del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice computo de una nueva pena.

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada LAURA REBECA ANDRADE, a favor del señor JAMES LIMBERT PINNACE, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha treinta de agosto de dos mil trece, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JAMES LIMBERT PINNACE SCHUBERT, por haber sido encontrado culpable de los delitos de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y USO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la señora DARNILL ANNICY BODDEN BRICE y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) En fecha veintidós de diciembre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, la Abogada Shirlley Navarro, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra James Limbert Pinnace Schubert, por suponerlo responsable de los delitos de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa y Uso Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de Danyll Bodden Brice y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-3 de la primera pieza del A-quo)2) Que en fecha treinta de agosto de dos mil trece, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…Primero: Se debe de condenar y se condena al señor James Limbert Pinnace Shubert, como autor responsable del delito de Parricidio en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de su compañera de hogar, Darnill Annicy Bodden Brice, a una pena principal de Veinte (20) Años de Reclusión; a la que se le restará el tiempo en que el condenado ha estado privado de su libertad ambulatoria por esta causa; y que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Granja Penal "El Porvenir", en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida; sin perjuicio de que sea trasladado a otros centros penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. Segundo: Se debe de condenar y se condena al señor James Limbert Pinnace Limbert, por el delito de Parricidio en su grado de ejecución de Tentativa, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juez de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en el desarrollo de esta sentencia; Tercero: Declarar la responsabilidad civil del condenado James Limbert Pinnace Shubert, por el delito de Parricidio en su grado de ejecución de Tentativa, que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia; Cuarto: Condenar al justiciable James Limbert Pinnace Shubert, como autor responsable penalmente de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena Tres (3) Años de Reclusión; la cual deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de La Ceiba, y sucesivamente al cumplimiento de la pena por el otro delito por el que se le condenó; sin perjuicio de que sea trasladado a otros centros penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. Será computable para efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Quinto: Se debe de condenar y se condena al señor James Limbert Pinnace Limbert, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juez de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento. Sexto: No procede declarar la responsabilidad civil del condenado James Limbert Pinnace Shubert por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Séptimo: Se debe de condenar y se condena al señor James Limbert Pinnace Shubert, como consecuencia de las penas de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para cada una de las penas de. reclusión, conforme lo establece la Ley de Rehabilitación del Delincuente, en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos. Octavo: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Noveno: Se ordena la entrega, a quien acredite su legítima propiedad y autorización para portarla, del arma de fuego tipo Revólver marca Charter Arms, modelo Under Cover, calibre 38 SPL, serie 142289, tambor para cinco cartuchos que se presentó como evidencia, entre tanto se ordena que continue en custodia del Ministerio Público, en depósito provisional. Y MANDA: 1.- Notificar esta sentencia a las partes procesales por Secretaría; una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y al centro penitenciario donde se encuentra recluido el condenado para los efectos pertinentes. 2.- Contra esta Sentencia Definitiva sólo podrá interponerse recurso de casación, dentro de los veinte días hábiles después de su notificación. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos:.” (Folios 150-164 del antecedente) 3) En fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de revisión penal interpuesto, por la Abogada Laura Rebeca Andrade a favor del señor James Limbert Pinnace, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado, pues el delito de Parricidio conlleva una pena de 20 a 25 años de prisión, valorando que se trata de una tentativa acabada se le debe hacer una rebaja de ¼ según el artículo 21 del Código Penal, al realizar la operación aritmética corresponde una pena de 15 años de prisión; en cuanto al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego comercial, regulada en el artículo 580 del nuevo Código Penal debe sancionarse con las penas de 1 a 4 años de prisión y localización permanente de hasta 2 años, y siendo que en aquel momento se le condenó a la pena mínima, es congruente que se modifique la pena y se imponga la pena de 1 año de prisión, por lo anterior solicita se revise la sentencia con base al principio de retroactividad de la ley. (Folios 12-13 del recurso de mérito) 4) En fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y al Abogado Miguel Ángel Sandoval Zelaya, en su condición de Apoderado Legal del señor James Limbert Pinnace; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica el recurso de revisión en base al artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, básicamente en su numeral 8 donde dice que procede la aplicación retroactiva de una ley penal que sea más favorable, siendo que al señor James Limbert Pinnace fue condenado por los delitos de tentativa de parricidio de acuerdo al artículo 118 del Código Penal y también por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial de acuerdo al artículo 332-B del Código Penal ya derogado. Actualmente el Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017 en su artículo 194 contempla el delito de tentativa de parricidio e impone la pena de 20 a 25 años de reclusión y valorando de que se trata de una tentativa acabada de acuerdo al artículo 21-A del Código Penal, establece una reducción de la pena en una cuarta parte, resultando una pena de quince años por el delito de tentativa de parricidio y por el delito de portación ilegal de arma de fuego, el artículo 580 establece una pena de 1 a 4 años y localización permanente hasta dos años, quedando en una pena de un año de reclusión, la cual debe suspenderse. No encontrando ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, y haciendo un análisis de ambas leyes, se observa que el nuevo código penal le es más favorable a su representado, pues la pena de tentativa de parricidio le quedaría en 15 años y 1 año por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego comercial, por lo cual, en base al principio de retroactividad, solicita sea revisada la sentencia.” El Ministerio Público manifestó lo siguiente: “…Que, al realizar un análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de PARRICIDIO en su artículo 118, que señalaba: "Es reo de parricidio, quien, de muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o la persona con quien hace vida marital y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión". Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) tipifica el delito de PARRICIDIO, que establece: "Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable, de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta un tercio (1/3) cuando la muerte a que se hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato" Tipo penal que debe ser analizado en su contexto de tentativa según lo dispuesto en el Código Penal Vigente en su ARTÍCULO 21 que señala: TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo. De ahí que la PENA PARA LA TENTATIVA se encuentra regulada en el ARTÍCULO 62 que señala: A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada; De lo anterior se concluye que siendo que en el presente caso concurre una tentativa acabada la pena del delito de PARRICIDIO debe rebajarse en un cuarto (1/4), por lo que resulta una pena a imponer de quince (15) años a veinte (20) años de reclusión. Respecto al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, por el cual fue condenado el señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, se advierte que el Código Penal Vigente lo regula en el artículo 580 numeral 1 con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, no menos cierto es, que el Nuevo Código Penal exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable que reconoce el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Dicho lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que la sanción aplicable al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida se ve incrementada en una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, en comparación a los tres (3) de reclusión a los que fue condenado el encausado, conforme a la legislación penal derogada. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior.” (Folios 32-35 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Argumenta que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables, en virtud que se condenó bajo el Código Penal Decreto 144-83 al señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, a una pena de veinte (20) años de prisión y por el delito de PORTTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, a una pena de tres (3) años de prisión, tipificados en los artículos 118 y 332-B del Código Penal. En base al artículo 96 de la Constitución de la República, solicita la revisión de la sentencia respecto de las penas impuestas, y en consonancia con el Decreto 130-2017, ya que los tipos penales actuales, que en su orden el delito de Parricidio en su grado de Ejecución de Tentativa, se sanciona con pena de 20 a 25 años de prisión, valorando que se trata de una tentativa inacabada, conforme el contexto de la sentencia definitiva, y conforme el artículo 21 del Código Penal Vigente conlleva una reducción de pena de ¼, por lo que al hacer la operación aritmética, le corresponde una pena de 15 años de prisión. En relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, contenida en el artículo 580 del Código Penal se sanciona con una pena de 1 a 4 años de prisión y localización permanente hasta de 2 años si se trata de armas o moniciones permitidas, correspondería aplicar la pena de 1 año de prisión, por lo que es procedente se revise la sentencia en base al principio de retroactividad de la Ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado MIGUEL ANGEL SANDOVAL ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal del señor JAMES LIMBERT PINNACE, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el recurso de revisión en base al artículo 96 de la Constitución de la República básicamente en su numeral 8 donde dice que procede la aplicación retroactiva de una ley penal que sea más favorable, siendo que al señor James Limbert Pinnace fue condenado por los delitos de tentativa de parricidio de acuerdo al artículo 118 del Código Penal y también por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial de acuerdo al artículo 332-B del Código Penal ya derogado. Actualmente el Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017 en su artículo 194 contempla el delito de tentativa de parricidio e impone la pena de 20 a 25 años de reclusión y valorando de que se trata de una tentativa acabada de acuerdo al artículo 21-A del Código Penal, establece una reducción de la pena en una cuarta parte, resultando una pena de quince años por el delito de tentativa de parricidio y por el delito de portación ilegal de arma de fuego, el artículo 580 establece una pena de 1 a 4 años y localización permanente hasta dos años, quedando en una pena de un año de reclusión, la cual debe suspenderse. No encontrando ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, y haciendo una análisis de ambas leyes, se observa que el nuevo código penal le es más favorable a su representado, pues la pena de tentativa de parricidio le quedaría en 15 años y 1 año por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego comercial, por lo cual en base al principio de retroactividad, solicita sea revisada la sentencia.” La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “Que al realizar un análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de PARRICIDIO en su artículo 118, que señalaba: "Es reo de parricidio, quien de muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o la persona con quien hace vida marital y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión". Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) tipifica el delito de PARRICIDIO, que establece: "Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable, de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta un tercio (1/3) cuando la muerte a que se hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato" Tipo penal que debe ser analizado en su contexto de tentativa según lo dispuesto en el Código Penal Vigente en su ARTÍCULO 21 que señala: TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo. De ahí que la PENA PARA LA TENTATIVA se encuentra regulada en el ARTÍCULO 62 que señala: A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada; De lo anterior se concluye que siendo que en el presente caso concurre una tentativa acabada la pena del delito de PARRICIDIO debe rebajarse en un cuarto (1/4), por lo que resulta una pena a imponer de quince (15) años a veinte (20) años de reclusión. Respecto al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, por el cual fue condenado el señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, se advierte que el Código Penal Vigente lo regula en el artículo 580 numeral 1 con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, no menos cierto es, que el Nuevo Código Penal exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable que reconoce el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Dicho lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que la sanción aplicable al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida se ve incrementada en una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, en comparación a los tres (3) de reclusión a los que fue condenado el encausado, conforme a la legislación penal derogada. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior.”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, la peticionaria abogada LAURA REBECA ANDRADE, compareció ante el Juzgado de Ejecución Seccional de la Ceiba, en fecha tres de julio del dos mil veintiuno, y recibido en este Alto Tribunal en fecha uno de septiembre del dos mil veintiuno. La recurrente comparece presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley, en consideración a que el señor James Limbert Pinnace Schubert, fue condenado por los delitos de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa y Uso Ilegal de Arma de Fuego, a una pena de 20 años de reclusión por el delito de Tentativa de Parricidio y 3 años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial y con la entrada en vigencia del nuevo código penal decreto 130- 2017 corresponde al delito de tentativa de Parricidio una pena de 15 años por considerarse una tentativa acabada, y por el delito de portación Ilegal de Arma de Fuego corresponde una pena de 1 año de prisión, por lo que solicita se revise la sentencia en base al principio de retroactividad. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JAMES LIMBERT PINNACE SCHUBERT, fue condenado por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de Darill Annicy Bodden Brice y a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor JAMES LIMBERT PINNACE SCHUBERT, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 118 en relación al artículo 15 y 66 del CÓDIGO PENAL, en relación al delito de Parricidio en su grado de Ejecución de Tentativa y en relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, aplicó lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JAMES LIMBERT PINNACE SCHUBERT, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y TRES AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 194 dispone: “Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su conyugue o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato.” Tipo penal que debe ser analizado en su contexto de tentativa según lo dispuesto en el Código Penal Vigente en su Artículo 21 que señala: TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.” De ahí que la PENA PARA LA TENTATIVA se encuentra regulada en el ARTÍCULO 62 que señala: A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada; De los hechos probados plasmados en la sentencia que se revisa (ver folio 30 vuelto de la pieza del recurso) se concluye que en el presente caso concurre una tentativa acabada, por ello la pena del delito de PARRICIDIO debe rebajarse en un cuarto (1/4), por lo que resulta una pena a imponer de quince (15) años a veinte (20) años de reclusión. Respecto al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, por el cual fue condenado el señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, el Código Penal Vigente lo regula en el artículo 580 numeral 1 con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. II. La ponderación que se debe hacer en este caso, tiene que llevarse a cabo de manera global, puesto que se trata de un concurso real. El artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 indica: En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. Bajo esta premisa, ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. III. En el examen de los hechos probados, contenidos en la sentencia (folio 150 al 164 del expediente del Juzgado de Letras), estos encuadran en los artículos 194, en relación con el artículo 21 inciso b) y 62 del Código Penal Vigente, en relación al delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; en relación al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial encuadran con los artículos 580 Numeral 1 y último párrafo del Código Penal Vigente. IV. En relación a lo esbozado por la fiscalía, no existe fragmentación de la norma penal, puesto que se está haciendo un análisis global y la aplicación completa del nuevo Código Penal. V. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, en aplicación de las reglas para determinar la pena contenidas en el artículo 70 del Código Penal Vigente, este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguientes penas concretas: 1) Quince (15) años de Prisión por el delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; 2) cuatro (4) años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta y localización permanente por un año, en el caso del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada LAURA REBECA ANDRADE, a favor del señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, por el delito PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA a la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JAMES LIMBERT PINNACE SHUBERT, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias de localización permanente por un año. Penas impuestas en concurso real. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-935-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL