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Sentencia RP-931-22 — Registro 18308

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por los delitos de robo agravado continuado, portación ilegal de arma, privación injusta de libertad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. De la revisión de la sentencia y del recurso se observa que, se condenó al señor Rony Alexis Hernández Martinez, por los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS, PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD y ATENTADO, no obstante, tanto del escrito del recurso, como de la audiencia de oposición, se desprende que el impetrante únicamente solicita se revise las penas impuestas por los delitos de robo agravado y portación ilegal de armas por considerar que las penas de la ley penal vigente son favorables a su representado. En relación a ello, es importante enfatizar que de acuerdo al artículo 616 del Código Penal vigente no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De ahí que, al momento de realizar una revisión de sentencia se hace en su totalidad, no solo una parte de ella, razón por la cual, en el presente caso se procederá a realizar el análisis y comparativo de ambos Códigos en su totalidad, haciendo una aplicación tanto de delitos como de penas, asimismo, al momento de realizar una revisión, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia y la norma invocada por el revisionista, debiendo tomar en consideración la más benigna, ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine. V. Ahora bien, del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala, verifica que efectivamente en la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de San Pedro Sula, Cortés el penado incurrió en las conductas del tipo penal, comprendidas en los artículos 37, 217, 219, 192, 332-B y 343 del Código Penal decreto 144-83 (derogado). Consecuentemente, se impuso a Rony Alexis Hernández Martinez, por ser autor penalmente responsable de los delitos las penas de, nueve (9) años de reclusión por ROBO AGRAVADO CONTINUADO; tres (3) años de reclusión por PORTACION ILEGAL DE ARMAS; tres (3) años de reclusión por PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD; y, un (1) año de reclusión por ATENTADO, en perjuicio de LIDIA SUYAPA ALVAREZ SANTOS, PAULINA DAMIAN LICONA MANZANARES Y OTROS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, lo que en acumulado equivale a dieciséis (16) años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso: 1. En cuanto al Delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO el Código Penal Decreto 144-1983, derogado establecía un margen abstracto de cinco (5) a nueve (9) años, aumentada en dos tercios (2/3) por considerarse continuado, más un tercio (1/3) por la agravante de ser cometido con ayuda de dos o mas personas, rebajada en un cuarto (1/4) por el sometimiento al procedimiento abreviado, da como resultado una pena abstracta de ocho (8) años cuatro (4) meses a quince (15) años, siendo condenado a nueve (9) años de reclusión; con la nueva norma penal el delito de Robo con violencia la pena de prisión es de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de arma de fuego para que las victimas obedecieran sus instrucciones y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un delito continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados el sentenciado, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses, ahora bien, a esta pena se rebaja en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de prisión; 2. En relación al delito de Portación ilegal de armas, con la norma derogada se castigaba con pena de dos (2) años tres (3) meses a cuatro (4) años seis (6) meses, siendo condenado tres (3) años de reclusión; en cambio con el Código Penal vigente de acuerdo al artículo 580.2 la tenencia o porte ilegal de armas de fuego, es castigado con pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, estar margen debe aumentarse en un tercio (1/3), ello porque el sentenciado portaba arma de fuego sin autorización, lo cual da un nuevo margen abstracto de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, rebajado en un cuatro ¼ por sometimiento al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de tres (3) a cuatro (4) años de prisión; 3. En referencia al delito de Privación injusta de la libertad se encontraba penado de dos (2) años tres (3) meses a cuatro (4) años seis (6) meses de reclusión, el acusado fue sentenciado a tres (3) años; de acuerdo al decreto 130-2017, este delito se encuentra previsto en el artículo 235, establece una pena abstracta de cinco (5) a siete (7) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud que de los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado bajo de la unidad de transporte utilizando a los rehenes para escapar del lugar, la pena antes mencionada debe ser rebajado en un cuatro ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando como nuevo margen abstracto de tres (3) años nueve (9) meses a cinco (5) años; 4. Referente al delito de Atentado de acuerdo a la norma derogada era penado de nueve (9) meses a dos (2) años tres (3) meses, siendo condenado a un (1) año de reclusión; por su parte en el Código Penal vigente se encuentra regulado en el artículo 570, y señala que debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días, este margen abstracto debe ser aumentado un tercio (1/3), ya que según los hechos probados el sentenciado utilizó arma de fuego, por lo que la nueva pena abstracta es de tres (3) a cuatro (4) años de prisión y multa de 300 a 400 días, a esta pena se rebaja en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de dos (2) años tres (3) meses a tres (3) años de prisión. Del análisis y la comparativa anterior nos encontramos que, en cuanto al delito de Robo Agravado Continuado, es patente una benignidad en el rango de la pena abstracta en relación al Código Penal Vigente, en cambio en los delitos de Portación Ilegal de Armas, Privación Injusta de la Libertad y Atentado, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017, no es favorable al encausado, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la penas fueron impuestas en concurso real. De la misma manera, se examina la pena concreta impuesta en instancia (16 años), versus el marco penal imponible acumulado con la nueva legislación (diecisiete (17) años a veintidós (22) años ocho (8) meses), resultando que la pena abstracta del actual Código Penal rebasa la pena impuesta con el Código Penal derogado. Por lo que, se concluye que, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.”

Legislación citada

  • Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, favor del señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil nueve (2009), con relación a la causa que se instruyó contra el señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, por los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, PORTACION ILEGAL DE ARMA, PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de LIDIA SUYAPA ALVAREZ SANTOS, PAULINA DAMIAN LICONA MANZANARES Y OTROS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1.El Ministerio Público, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, presentó requerimiento fiscal contra los señores MARVIN NOE MEJIA RIVAS, CARLOS ORLANDO MEJIA MEJIA, JUAN CARLOS MARTINEZ MEJIA, RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ y CARLA INES RUBIO TURCIOS, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, PORTACION ILEGAL DE ARMA, ATENTADO Y ASOSIACION ILICITA, en perjuicio de LIDIA SUYAPA ALVAREZ SANTOS, PAULINO DAMIAN LICONA MANZANARES, ISELA YOLIVETH ERAZO MEJIA, DORIS CECILIA MEDINA CHAVARRIA Y NORMA LIDIA SEVILLA MALDONADO Y OTROS, DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folio 1 al 4 de la pieza de los antecedentes).2. Seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil nueve (2009), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLÓ: PRIMERO: CONDENAR al señor JUAN CARLOS MARTINEZ MEJIA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente, a título de autor de los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO a la pena principal de NUEVE AÑOS, de reclusión, por el ilícito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS a la pena principal de TRES AÑOS de reclusión, al tratarse de un concurso real se cumplirá una en pos de otra, iniciado por la pena mayor para finalizar con la menor.- SEGUNDO: CONDENAR al señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente, a título de auto de los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO a la pena principal de NUEVE AÑOS de reclusión, por el ilícito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS a la pena principal de TRES AÑOS de reclusión, por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD a la pena principal de TRES AÑOS, por último el tipo penal de ATENTADO a la pena principal de UN AÑO de reclusión, al tratarse de un concurso real se cumplirá una en pos de otra, iniciado por la pena mayor para finalizar con la menor.- TERCERO: CONDENAR a ambos procesados, JUAN CARLOS MARTINEZ MEJIA Y RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ a la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena.- CUARTO: Las penas antes señaladas serán cumplidas en la penitenciaría nacional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, computándose el tiempo que tengan de estar en efectiva prisión preventiva, asimismo realizarán trabajos dentro y fuera del recinto penal conforme lo establece el sistema penitenciario nacional. Y MANDA, SE NOTIFIQUE A LAS PARTES INTERVINIENTES DEL PROCESO EL PRESENTE FALLO.”. (Folios 208 al 210 de la pieza del Juzgado)3.La Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil nueve (2009).4.En fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva, la que se celebró en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RONY ALEXIS MANZANO HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, y la Abogada CLAUDA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien fue de la opinión NO SE OTORGUE, en la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista no está conforme a la Ley. FUNDAMENTACIÓN I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. La audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado ROBERTO MANZANO HERNANDEZ en representación del señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, como revisionista; y, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado ROBERTO MANZANO HERNANDEZ, en síntesis, expuso lo siguiente: ratifica en cada una de sus partes la solicitud de revisión presentado contra la sentencia definitiva condenatoria de procedimiento abreviado de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil nueve (2009), únicamente por los delitos de robo agravado y portación ilegal de armas en perjuicio de Lidia Suyapa Alvarez Santos y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Argumenta que su representado fue condenado a la pena de nueve años por el delito de robo agravado continuado, tres años por el delito de portación ilegal de armas, que para tal efecto se aplicó la norma sustantiva del decreto 144-1983, no obstante, con la entrada en vigencia del Decreto 130-2017, ha resultado un cambio en la norma jurídica para los delitos de robo y portación ilegal de armas en la cual se advierte una disminución de la pena abstracta para estos delitos, para el caso señala que de acuerdo al artículo 361 establece una pena de 4 a 8 años para el delito de robo y el articulo 580 sanciona una pena abstracta de uno a cuatro años de reclusión por el delito de portación ilegal de armas y localización permanente de hasta dos años si se trata de armas y municiones permitidas como en el presente caso, resultando que las penas de los artículos en comento son menores en comparación fueron impuestas a su representado, en tal sentido solicita su revisión. Seguidamente se le cedió la palabra a la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, representante del Ministerio Publico quien de manera resumida manifestó: De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos de ROBO DE AGRAVADO CONTINUADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS, PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD Y ATENTADO, por los cuales se condenó al señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ, 1.- ROBO AGRAVADO CONTINUADO, articulo 217, 218, párrafo segundo, 219, último párrafo y 225 numeral 3 del Código Penal derogado. En el nuevo Código Penal Vigente, encontramos que este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 361: … debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las AGRAVANTES ESPECÍFICAS que enumera el artículo 363, como ser la contenida en el 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. La pena abstracta para este delito es de 8 años a 10 años 8 meses, rebajado en un cuarto por el procedimiento abreviado queda una pena abstracta de 6 a 8 años. Señala que en virtud de haber sido suprimida el concurso medial, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo a la nueva ley. De conformidad a los hechos probados de la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2009, el A quo estimo imponer una pena superior al termino mínimo del establecido para cada uno de los delitos, aplicando la rebaja de un cuarto ¼ por el procedimiento abreviado. El señor Rony Alexis Hernández Martinez fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de ROBO AGRAVADO CONTINUADO cometido contra 12 víctimas, por lo cual resultaría de aplicar en concurso real por cada persona una pena de 6 años por cada delito que a su criterio se produjo 12 veces seria de 72 años de prisión; 2. El delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, se hallaba regulado en el artículo 332-B, de la norma derogada y establecía una pena de 3 a 6 años de reclusión, mientras en el Código Penal vigente se encuentra en el artículo 580 que dispone la TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Se aumenta la pena de prisión de 1/3, a quien porte las anteriores armas sin autorización por lo que la nueva pena abstracta es de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses. Rebajada en ¼ por el procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de tres (3) años a cuatro (4) años; 3. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, regulado en el artículo 193 del Código derogado establecía una pena de 3 a 6 años de reclusión, en el Código Penal vigente se haya regulado en el artículo 235, imponiendo una pena de 5 a 7 años de reclusión, rebajada en un cuarto ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado quedando una pena 3 años 9 meses a 5 años de reclusión; 4. ATENTADO, reglado en los artículos 343 y 344 del Código derogado, disponía una pena de reclusión de 3 años, en tanto el Código vigente en el artículo 570 castiga con una pena de 1 a 3 años, aumentada en 1/3 por el uso de armas quedando una pena de 3 a 4 años de prisión y multa de 300 a 400 días. Con la rebaja de ¼ por aplicación de procedimiento abreviado la pena abstracta seria de 2 años 3 meses a 3 años y multa de 210 a 300 días. Por lo que estima que no le es más beneficiosa la aplicación del Código Penal vigente ya que las penas de prisión y multa resultan más gravosas, en consecuencia, es del parecer que No SE OTORGUE la presente acción de revisión. III.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de concurso real, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. De la revisión de la sentencia y del recurso se observa que, se condenó al señor Rony Alexis Hernández Martinez, por los delitos de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS, PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD y ATENTADO, no obstante, tanto del escrito del recurso, como de la audiencia de oposición, se desprende que el impetrante únicamente solicita se revise las penas impuestas por los delitos de robo agravado y portación ilegal de armas por considerar que las penas de la ley penal vigente son favorables a su representado. En relación a ello, es importante enfatizar que de acuerdo al artículo 616 del Código Penal vigente no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De ahí que, al momento de realizar una revisión de sentencia se hace en su totalidad, no solo una parte de ella, razón por la cual, en el presente caso se procederá a realizar el análisis y comparativo de ambos Códigos en su totalidad, haciendo una aplicación tanto de delitos como de penas, asimismo, al momento de realizar una revisión, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia y la norma invocada por el revisionista, debiendo tomar en consideración la más benigna, ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine. V. Ahora bien, del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala, verifica que efectivamente en la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de San Pedro Sula, Cortés el penado incurrió en las conductas del tipo penal, comprendidas en los artículos 37, 217, 219, 192, 332-B y 343 del Código Penal decreto 144-83 (derogado). Consecuentemente, se impuso a Rony Alexis Hernández Martinez, por ser autor penalmente responsable de los delitos las penas de, nueve (9) años de reclusión por ROBO AGRAVADO CONTINUADO; tres (3) años de reclusión por PORTACION ILEGAL DE ARMAS; tres (3) años de reclusión por PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD; y, un (1) año de reclusión por ATENTADO, en perjuicio de LIDIA SUYAPA ALVAREZ SANTOS, PAULINA DAMIAN LICONA MANZANARES Y OTROS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, lo que en acumulado equivale a dieciséis (16) años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso: 1. En cuanto al Delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO el Código Penal Decreto 144-1983, derogado establecía un margen abstracto de cinco (5) a nueve (9) años, aumentada en dos tercios (2/3) por considerarse continuado, más un tercio (1/3) por la agravante de ser cometido con ayuda de dos o mas personas, rebajada en un cuarto (1/4) por el sometimiento al procedimiento abreviado, da como resultado una pena abstracta de ocho (8) años cuatro (4) meses a quince (15) años, siendo condenado a nueve (9) años de reclusión; con la nueva norma penal el delito de Robo con violencia la pena de prisión es de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de arma de fuego para que las victimas obedecieran sus instrucciones y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un delito continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados el sentenciado, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses, ahora bien, a esta pena se rebaja en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de prisión; 2. En relación al delito de Portación ilegal de armas, con la norma derogada se castigaba con pena de dos (2) años tres (3) meses a cuatro (4) años seis (6) meses, siendo condenado tres (3) años de reclusión; en cambio con el Código Penal vigente de acuerdo al artículo 580.2 la tenencia o porte ilegal de armas de fuego, es castigado con pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, estar margen debe aumentarse en un tercio (1/3), ello porque el sentenciado portaba arma de fuego sin autorización, lo cual da un nuevo margen abstracto de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, rebajado en un cuatro ¼ por sometimiento al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de tres (3) a cuatro (4) años de prisión; 3. En referencia al delito de Privación injusta de la libertad se encontraba penado de dos (2) años tres (3) meses a cuatro (4) años seis (6) meses de reclusión, el acusado fue sentenciado a tres (3) años; de acuerdo al decreto 130-2017, este delito se encuentra previsto en el artículo 235, establece una pena abstracta de cinco (5) a siete (7) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud que de los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado bajo de la unidad de transporte utilizando a los rehenes para escapar del lugar, la pena antes mencionada debe ser rebajado en un cuatro ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando como nuevo margen abstracto de tres (3) años nueve (9) meses a cinco (5) años; 4. Referente al delito de Atentado de acuerdo a la norma derogada era penado de nueve (9) meses a dos (2) años tres (3) meses, siendo condenado a un (1) año de reclusión; por su parte en el Código Penal vigente se encuentra regulado en el artículo 570, y señala que debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días, este margen abstracto debe ser aumentado un tercio (1/3), ya que según los hechos probados el sentenciado utilizó arma de fuego, por lo que la nueva pena abstracta es de tres (3) a cuatro (4) años de prisión y multa de 300 a 400 días, a esta pena se rebaja en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de dos (2) años tres (3) meses a tres (3) años de prisión. Del análisis y la comparativa anterior nos encontramos que, en cuanto al delito de Robo Agravado Continuado, es patente una benignidad en el rango de la pena abstracta en relación al Código Penal Vigente, en cambio en los delitos de Portación Ilegal de Armas, Privación Injusta de la Libertad y Atentado, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017, no es favorable al encausado, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la penas fueron impuestas en concurso real. De la misma manera, se examina la pena concreta impuesta en instancia (16 años), versus el marco penal imponible acumulado con la nueva legislación (diecisiete (17) años a veintidós (22) años ocho (8) meses), resultando que la pena abstracta del actual Código Penal rebasa la pena impuesta con el Código Penal derogado. Por lo que, se concluye que, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, en favor del señor RONY ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0931-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL