Sentencia RP-90-22 — Registro 18477
Resumen
Revision de sentencia condenatoria por el delito de Lavado de activos en aplicabilidad del Princio de Retroactividad de la Ley en Materia Penal en el presente proceso como responsable penalmente del delito de Lavado de activos en perjuicio de la Economia del estado de Honduras,considerando la Sala Constitucional que conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de la Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal. se impuso a los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR. CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, las penas de siete (7) años seis (6) meses de reclusión y multa de veinticinco millones ciento cincuenta mil doscientos cincuenta lempiras punto sesenta y nueve (L.25.190.250.69): tres (3) años nueve (9) meses de reclusión y multa de ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve lempiras punto treinta y seis (L.155,419.36), cuatrocientos diez mil doscientos veinticinco lempiras punto cuarenta y uno (L.410.225.41), más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Inhabilitación especial; y el comiso de los bienes. respectivamente, por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Para dictar el fallo condenatorio, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia licita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93- 2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados adquirieron bienes inmuebles del señor Marvin Adonay Sánchez y un incremento desde el 2014, y la señora Alemán adquirió dos bienes inmuebles el año 2016. asimismo, establece que la investigación revela que el señor Marvin Sánchez se declaró comerciante individual en el año 2017 con un capital de cinco mil lempiras, la señora Lourdes Alemán se declaró comerciante en el 2018 con un capital de diez mil lempiras y la señora Elsa Sánchez apertura un negocio con un capital de cien mil lempiras. Adquirieron préstamos hipotecarios por un monto de L. 787,900.00, en el año 2018, a la fecha la familia Sánchez adquirió la cantidad de 29 vehículos, en total de vehículos adquiridos por el señor Marvin Adonay Sánchez la cantidad de L. 1,547.877.55, la señora Lourdes Alemán Menjívar la cantidad de L. 568.209.74. la joven Elsa Lourdes Sánchez la cantidad de L. 407,691.89 y el joven Cesar Adonay Sánchez Alemán la cantidad de L.891,366.53, para un total de bienes muebles e inmuebles de L. 4,388,045.71, mas el decomiso en efectivo de L. 265,785.00, el cual no pudieron justificar el origen licito del mismo. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otro lado, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito: por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. De ahí que esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecida en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes: la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación especial y absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Convención de Palermo, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de la Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal. se impuso a los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR. CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, las penas de siete (7) años seis (6) meses de reclusión y multa de veinticinco millones ciento cincuenta mil doscientos cincuenta lempiras punto sesenta y nueve (L.25.190.250.69): tres (3) años nueve (9) meses de reclusión y multa de ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve lempiras punto treinta y seis (L.155,419.36), cuatrocientos diez mil doscientos veinticinco lempiras punto cuarenta y uno (L.410.225.41), más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Inhabilitación especial; y el comiso de los bienes. respectivamente, por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Para dictar el fallo condenatorio, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia licita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93- 2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados adquirieron bienes inmuebles del señor Marvin Adonay Sánchez y un incremento desde el 2014, y la señora Alemán adquirió dos bienes inmuebles el año 2016. asimismo, establece que la investigación revela que el señor Marvin Sánchez se declaró comerciante individual en el año 2017 con un capital de cinco mil lempiras, la señora Lourdes Alemán se declaró comerciante en el 2018 con un capital de diez mil lempiras y la señora Elsa Sánchez apertura un negocio con un capital de cien mil lempiras. Adquirieron préstamos hipotecarios por un monto de L. 787,900.00, en el año 2018, a la fecha la familia Sánchez adquirió la cantidad de 29 vehículos, en total de vehículos adquiridos por el señor Marvin Adonay Sánchez la cantidad de L. 1,547.877.55, la señora Lourdes Alemán Menjívar la cantidad de L. 568.209.74. la joven Elsa Lourdes Sánchez la cantidad de L. 407,691.89 y el joven Cesar Adonay Sánchez Alemán la cantidad de L.891,366.53, para un total de bienes muebles e inmuebles de L. 4,388,045.71, mas el decomiso en efectivo de L. 265,785.00, el cual no pudieron justificar el origen licito del mismo. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otro lado, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito: por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. De ahí que esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecida en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes: la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación especial y absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Fundamentación de la Sala de la Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal. se impuso a los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR. CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, las penas de siete (7) años seis (6) meses de reclusión y multa de veinticinco millones ciento cincuenta mil doscientos cincuenta lempiras punto sesenta y nueve (L.25.190.250.69): tres (3) años nueve (9) meses de reclusión y multa de ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve lempiras punto treinta y seis (L.155,419.36), cuatrocientos diez mil doscientos veinticinco lempiras punto cuarenta y uno (L.410.225.41), más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Inhabilitación especial; y el comiso de los bienes. respectivamente, por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Para dictar el fallo condenatorio, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia licita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93- 2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados adquirieron bienes inmuebles del señor Marvin Adonay Sánchez y un incremento desde el 2014, y la señora Alemán adquirió dos bienes inmuebles el año 2016. asimismo, establece que la investigación revela que el señor Marvin Sánchez se declaró comerciante individual en el año 2017 con un capital de cinco mil lempiras, la señora Lourdes Alemán se declaró comerciante en el 2018 con un capital de diez mil lempiras y la señora Elsa Sánchez apertura un negocio con un capital de cien mil lempiras. Adquirieron préstamos hipotecarios por un monto de L. 787,900.00, en el año 2018, a la fecha la familia Sánchez adquirió la cantidad de 29 vehículos, en total de vehículos adquiridos por el señor Marvin Adonay Sánchez la cantidad de L. 1,547.877.55, la señora Lourdes Alemán Menjívar la cantidad de L. 568.209.74. la joven Elsa Lourdes Sánchez la cantidad de L. 407,691.89 y el joven Cesar Adonay Sánchez Alemán la cantidad de L.891,366.53, para un total de bienes muebles e inmuebles de L. 4,388,045.71, mas el decomiso en efectivo de L. 265,785.00, el cual no pudieron justificar el origen licito del mismo. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otro lado, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito: por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. De ahí que esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecida en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes: la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación especial y absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero de dos mil veinticuatro.VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal. interpuesto por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, a favor de la señora LOURDES ALEMAN MENJIVAR, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), con relación a la causa que se instruyó contra los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR. CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.A N T E C E D E N T E S1. En fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por medio de su Agente de Tribunales Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DIAZ, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando requerimiento fiscal contra los Señores MARVIN ADONAY SANCHEZ alías EL PELON, LOURDES ALEMAN MENJIVAR, CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-09 de la pieza de antecedentes).2. Continuado que fue el proceso, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual Falló: "PRIMERO: CONDENANDO a los señores CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, de generales conocidas en el presente proceso como responsables penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de: LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena concreta de TRES (3) AÑOS NUEVE (9) MESES DERECLUSION, pena que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de Tamara. Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras publicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: CONDENANDO a la señora LOURDES ALEMAN MENJIVAR, de generales conocidas en el presente proceso como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de: LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena concreta de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSION, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara, Francisco Morazán, sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: CONDENAR a los señores CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL por el tiempo que dure la condena. CUARTO: CONDENAR a la señora LOURDES ALEMAN MENJIVAR, a la pena accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. QUINTO: IMPONER UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS PUNTO TREINTA Y SEIS (L.155,419.36 lempiras) AL IMPUTADO CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. IMPONER UNA MULTA DE POR LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS PUNTO CUARENTA Y UNO (L.410,225.41 lempiras) A LA IMPUTADA ELSA LOURDES SANCHES ALEMAN, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- IMPONER UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS PUNTO SESENTA Y NUEVE (L.25,190,250.69 lempiras) A LA IMPUTADA LOURDES ALEMAN MENJIVAR, como responsable penalmente en concepto de AUTOR de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Se declara el comiso de los bines inmuebles inscritos en el Instituto de la Propiedad bajo matrícula 631291 y 895611 a nombre de LOURDES ALEMAN MENJIVAR, así como la anulación de la empresa Novedades Shalom, inscrita bajo matrícula 121701 en el libro de comerciantes individuales de Choloma, Cortés. ..." (Folios 504-510 de la pieza de antecedentes). 3. En fecha catorce de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora LOURDES ALEMAM MENJIVAR, contra la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-08 del recurso).4. Se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, habiendo comparecido el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de apoderado legal de la señora LOURDES ALEMAM MENJIVAR y el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que "el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)...": "...(procede) en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho..."; "...reviste las caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular, rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.", El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, "...en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo...". Así como que "...el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido". CONSIDERANDO (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró el día uno (01) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES en representación de la señora LOURDES ALEMAM MENJIVAR, como revisionista: y, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, funda su petición en el precepto autorizantecontenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna, Arguye en síntesis que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito presentado mediante el cual se solicita la revisión de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y la aplicación retroactiva del decreto 93-2021 en el cual se ha despenalizado la no justificación del dinero de las personas. señala que sus representados se fueron por un procedimiento abreviado. asimismo que actualmente gozan de un beneficio de preliberación pero tienen pendiente la multa, no obstante, expresa que en el presente caso no les fue decomisado un lempiras, sino que existían movimientos bancarios y no tenían documentación para justificarlos, en tal sentido solicita su revisión. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que a los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR, CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN fueron condenados por el delito de Lavado de activos aplicando el artículo 439 numeral 1 del Código Penal Vigente; que a los condenados CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN se les otorgo la Suspensión Condicional de la ejecución de la Pena por un periodo cinco años, quedando subsistente la pena de multa impuesta; por lo que si bien es cierto, la reforma del artículo en comento derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica licita de la procedencia de los activos, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7) del artículo 5 de la convención de Viena, la convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7) y 26; la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2. En razón de ello el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente "que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia", por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador manifiesta presentó ante la Sala de lo constitucional recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por considerar colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18. 63. 232 y 320 de la ley fundamental. Concluyendo que NO SE OTORGE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (3): Dispone el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo. excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente: Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior: y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (4): Podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...”. Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (5): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna a encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: "En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia - uno sobre la base de cada ley-. a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado" Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 у 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (7): Fundamentación de la Sala de la Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal. se impuso a los señores LOURDES ALEMAN MENJIVAR. CESAR ADONAY SANCHEZ ALEMAN Y ELSA LOURDES SANCHEZ ALEMAN, las penas de siete (7) años seis (6) meses de reclusión y multa de veinticinco millones ciento cincuenta mil doscientos cincuenta lempiras punto sesenta y nueve (L.25.190.250.69): tres (3) años nueve (9) meses de reclusión y multa de ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve lempiras punto treinta y seis (L.155,419.36), cuatrocientos diez mil doscientos veinticinco lempiras punto cuarenta y uno (L.410.225.41), más las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Inhabilitación especial; y el comiso de los bienes. respectivamente, por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Para dictar el fallo condenatorio, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia licita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93- 2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados adquirieron bienes inmuebles del señor Marvin Adonay Sánchez y un incremento desde el 2014, y la señora Alemán adquirió dos bienes inmuebles el año 2016. asimismo, establece que la investigación revela que el señor Marvin Sánchez se declaró comerciante individual en el año 2017 con un capital de cinco mil lempiras, la señora Lourdes Alemán se declaró comerciante en el 2018 con un capital de diez mil lempiras y la señora Elsa Sánchez apertura un negocio con un capital de cien mil lempiras. Adquirieron préstamos hipotecarios por un monto de L. 787,900.00, en el año 2018, a la fecha la familia Sánchez adquirió la cantidad de 29 vehículos, en total de vehículos adquiridos por el señor Marvin Adonay Sánchez la cantidad de L. 1,547.877.55, la señora Lourdes Alemán Menjívar la cantidad de L. 568.209.74. la joven Elsa Lourdes Sánchez la cantidad de L. 407,691.89 y el joven Cesar Adonay Sánchez Alemán la cantidad de L.891,366.53, para un total de bienes muebles e inmuebles de L. 4,388,045.71, mas el decomiso en efectivo de L. 265,785.00, el cual no pudieron justificar el origen licito del mismo. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otro lado, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito: por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. De ahí que esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor de los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecida en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes: la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación especial y absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. POR TANTO: Esta Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5. 316 No. 1 de la Constitución de la República: 1.1. 11.2. 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado Oscar Adán Calix Rosales, en favor de los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán. SEGUNDO: Reforma la sentencia definitiva firme dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020). TECERO: Modifica la sentencia revisada, en el sentido dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas contra los señores Lourdes Alemán Menjívar, Cesar Adonay Sánchez Alemán y Elsa Lourdes Sánchez Alemán, por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, ordenando la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación especial y absoluta, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes, Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE.DUBÓN, PADILLA, VALLECILLO, VILLELA, BUSTILLO.