Sentencia RP-863-22 — Registro 18630
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido en aplicabilidad del Principio de Retroactividad de la Ley en materia penal, considerando la Sala Constitucional que pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JUIO CESAR LAGOS BARAHONA, las penas principales de QUINCE (15) años de reclusión y una multa de CINCUENTA (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple en perjuicio del testigo protegido Ad-287; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 NUMERAL 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JUIO CESAR LAGOS BARAHONA, las penas principales de QUINCE (15) años de reclusión y una multa de CINCUENTA (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple en perjuicio del testigo protegido Ad-287; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 NUMERAL 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos: 1° por el señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA (Reg.No. SCO-863-2022); y, 2° por el Abogado DAVID ALEJANDRO ANARIBA HERNANDEZ (Reg.No.SCO-1360-2022); ambos recursos, a favor del señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, por haber sido condenado por el delito de EXTORSION en perjuicio de Testigo Protegido AD-287. SON PARTES:1.- Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ. Revisionista y representante del señor JULIO CESAR LAGOS. 2.- Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, representante del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION“PRIMERO: Considera este Tribunal que ha quedado plenamente probado, que en fecha diecisiete de julio del año mil quince, un ciudadano que luego fue identificado como TESTIGO PROTEGIDO AD-2287, se presento a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, a interponer una formal denuncia, refiriendo que llegaron a su centro de trabajo, dos personas del sexo masculino, uno de tez trigueño fornido, a quien posteriormente se identifico como ERICK FABRICIO RAMOS alias el mamey (no sometido a este proceso) y otro de tez trigueño, delgado a quien posteriormente fue identificado como JULIO CESAR LAGOS BARAHONA quienes se identificaron como miembros de la Mara MS, exigiéndole el pago de quinientos lempiras semanales, que si no pagaban allí mismo los matarían a él y sus compañeros de trabajo. SEGUNDO: El Agente encargado del caso aconsejo al testigo protegido AD-287, realizar un seriado de dinero, quien proporciono un billete de quinientos lempiras, a fin de sacarle fotocopia y estampar su huella digital en dicha acta de seriado para posteriormente ser entregado a las personas que lo han estado amenazando con dar cada viernes de cada semana quinientos lempiras como producto de las amenazas, en fecha primero de agosto del año dos mil quince en reacción a una llamada telefónica realizada por el testigo protegido AD-287, en la cual ponía en conocimiento que se encontraba en el lugar de trabajo los mismos individuos realizando el cobro semanal, se conformó dos grupos de vigilancia por los agentes los cuales le dieron detención a las personas que anteriormente le habían dado las características el testigo protegido, encontrándole el billete de quinientos lempiras anteriormente seriado al señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, siendo detenido y remitido para trámite legales. ANTECEDENTES1)Que en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos al señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor penalmente responsable de delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-287, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, mas multa de cincuenta saliros mínimos, la que deberá cumplir en Centro Penitenciario ubicado en Morocelí, El Paraíso, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido privado de su libertad desde el momento de su Detención como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar que se le hubiera impuesto por el proceso penal incoado. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara al señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado JULIO CESAR LAGOS BARAHONA. QUINTO: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición de este Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. (Folios 203-309 del antecedente).2)En fechas uno de junio de dos mil veintidós y trece de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, comparecieron ante esta Sala, el señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA y el Abogado DAVID ALEJANDRO ANARIBA HERNANDEZ, interponiendo recurso de Revisión penal a favor del señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). por considerar que es más benigno para sus representados.3)En fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DAVID ALFREDOD AGUILAR LOPEZ, en su condición de Apoderada Legal de los señores JULIO CESAR LAGOS BARAHONA; El Ministerio Público consideró: “…Que en el caso sub -examine las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal, no establecen una pena más favorable al hoy condenado en vista que la pena de prisión es igual a la que fue sentenciado y la pena de Multa es mucho más onerosa, por lo que se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley Penal por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE DECLARE SIN LUGAR la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 17-19 del recurso de mérito).4)Que la Sala, al apreciar que los Recursos registrados bajo los Números 863-2022, interpuesto por el señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA y 360-2022, interpuesto por el Abogado DAVID ALEJANDRO ANARIBA HERNANDEZ, ambos a favor del señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA y que los mismos se dirigen contra la misma sentencia, después de acumular los recursos ambos descritos, para efecto de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en representación de JULIO CESAR LAGOS BARAHONA como revisionista; y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional en Materia de Extorsión de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Potegido AD-287; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley Penal y se imponga a su representado una pena de las establecidas en el Artículo 373 del Decreto No. 130-2017, es la nueva ley y que lleva una condena de diez a quince años de prisión y una multa de 500 a 1000 días multa, en tal sentido amparados en el artículo 96 de la Constitución de la República la nueva penal, sería de diez años de prisión, llevando en este momento ya, al día primero de agosto, 8 años de prisión, pues la nueva pena sería de diez años de prisión y una multa de 500 lempiras de acuerdo al nuevo Código Penal. Por su parte, el Ministerio Público estima, que no es procede la acción de revisión solicitada, en virtud de que el nuevo Código Penal vigente contempla el delito de Extorsión en el artículo 373, con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, no obstante dicha norma fue reformada mediante Decreto No. 93-2021, vigente a partir del 01 de noviembre del presente año, contemplando ahora una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel mas alto. En atención a lo antes expuesto se advierte, que la norma sustantiva vigente no le es favorable, en virtud que contempla una pena igual al que fue sentenciado aunado que la mena de multa supera la cantidad a la que fue sentenciado, pues corresponde aplicar el nivel más alto; es así, que al aplicar el artículo 53 de dicho cuerpo legal, que establece el sistema de días multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, por ende, al efectuar el cálculo aritmético la pena abstracta sería de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps.2,500.000.00) a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 5,000.000.00).CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JUIO CESAR LAGOS BARAHONA, las penas principales de QUINCE (15) años de reclusión y una multa de CINCUENTA (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Simple en perjuicio del testigo protegido Ad-287; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el señor JULIO CESAR LAGOS BARAHONA, en favor de sí mismo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-863 Y 1360-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL