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Sentencia RP-791-22 — Registro 18954

Resumen

Sentencia en revisión condenó a quince (15) años de reclusión, multa pecuniaria a recurrente como autor del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido; con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole la responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos que equivalen a cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta lempiras (L. 424,470.00) y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil., por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido; la conducta por la cual fueron condenado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) y en virtud de haber sido dictada la sentencia en estricta conformidad nos da como resultado una pena de quince (15) años y una multa de cincuenta salarios mínimos. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos que equivalen a cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta lempiras (L. 424,470.00) y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil., por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido; la conducta por la cual fueron condenado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) y en virtud de haber sido dictada la sentencia en estricta conformidad nos da como resultado una pena de quince (15) años y una multa de cincuenta salarios mínimos. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos que equivalen a cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta lempiras (L. 424,470.00) y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil., por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido; la conducta por la cual fueron condenado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) y en virtud de haber sido dictada la sentencia en estricta conformidad nos da como resultado una pena de quince (15) años y una multa de cincuenta salarios mínimos. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, a favor de él mismo, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA en fecha cinco de marzo de dos mil quince, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. Son partes: 1)La Abogada GEMINIS BEATRIZ JUAREZ, en favor de JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES; 2)La Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha cinco de marzo del dos mil trece, aproximadamente una con cincuenta y cinco minutos de la tarde el señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES se presentó con el objeto de recoger el dinero que le iba a ser entregado por el Testigo Protegido en el parqueó del Mall Premier a cambio de no causarle daño a el y a su familia y poder seguir operando en su negocio ubicado en el Mall Premier de Comayagüela, siendo capturado momentos después por miembros de la policía en posesión del paquete que contenía los dos billetes de a 500 que le había entregado al testigo protegido”. ANTECEDENTES 1)Que en fecha seis (06) de marzo de dos mil trece (2013), la Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Delitos Comunes, Abogado ILIAN ROMERO VALLECILLO compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. (Folios 2-6 de la pieza de antecedentes).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, el Tribunal de Sentencia dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al acusado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, cuyas menciones generales de identidad y han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en el centro penal de Támara Francisco Morazán, y una multa de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS, que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República -SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al acusado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional- TERCERO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del condenado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES. CUARTO:….” (Folios 130 al 131 de la pieza de antecedentes).3)Que en fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, presentando recurso de revisión penal a favor de el mismo, contra la sentencia condenatoria de fecha cinco de marzo de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso).4)Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada GEMINIS BEATRIZ JUAREZ ESCOTO, en su condición de apoderada legal del señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables a los sentenciados, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…”. (Folios 32 al 34 del recurso de mérito).Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que: “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión penal, se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada GEMINIS BEATRIZ JUAREZ, en favor de JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, como revisionista; y, la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Géminis Beatriz Juárez, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal, a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el Nuevo Código Penal 130-2017, contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de Extorsión Simple, debiendo aplicarse el Principio de Retroactividad, por ser una norma más favorable para el condenado. Por su parte, la Agente Fiscal del Ministerio Público, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de Revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del Nuevo Código Penal, contenida en el Decreto Legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00).CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos que equivalen a cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta lempiras (L. 424,470.00) y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil., por ser autor penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido; la conducta por la cual fueron condenado JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00) y en virtud de haber sido dictada la sentencia en estricta conformidad nos da como resultado una pena de quince (15) años y una multa de cincuenta salarios mínimos. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el señor JOSE WILMER MUNGUIA COLINDRES a favor de sí mismo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0791-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL