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Sentencia RP-79-22 — Registro 18507

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal número SCO0079- 2022 contra la sentencia condenatoria, con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido BB-131

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5)salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido“BB-131” más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “ el día miércoles 20 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el testigo protegido “BB-131”, interpuso denuncia en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (F.N.A.M,P.) manifestando que el día sábado dieciséis de febrero del año dos mil diecinueve , a su centro de trabajo llegaron dos jóvenes del sexo masculino, identificándose como miembros de la padilla “18”, solicitando el pago semanal de trescientos lempiras (lps 300.00), los que debía pagar los días martes; siendo asesorado por el agente de investigación asignado a la causa, en realizar un acta de seriado de dinero con dos billetes de cien lempiras con series CJ8302690, CJ665593, para ser entregados al momento de cobrar el dinero exigido.- El día martes diecinueve de marzo del años dos mil diecinueve (2019) Agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Anti maras y Pandillas se trasladaron a la ciudad de Comayaguela, después de varios minutos observaron a dos personas del sexo masculino y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba del testigo protegido BB-13, quien les hace entrega del dinero, se reparten el mismo y se marchan del lugar, posteriormente fueron requeridos por los agentes de investigación, identificando al señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, a quien le encontraron en su poder la cantidad de cuatrocientos lempiras (lps. 400.00) entre ellos un billete que previamente había sido seriado y un teléfono celular, mientras que a su acompañante quien era menor de edad se le encontró la cantidad de seiscientos lempiras (lps 600.00) dentro de los billetes decomisados se encontraba uno que había sido seriado y un teléfono celular. Como hecho probado también se verificó que el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dió su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose conforme con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y la multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal."

Legislación citada

  • Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5)salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido“BB-131” más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “ el día miércoles 20 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el testigo protegido “BB-131”, interpuso denuncia en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (F.N.A.M,P.) manifestando que el día sábado dieciséis de febrero del año dos mil diecinueve , a su centro de trabajo llegaron dos jóvenes del sexo masculino, identificándose como miembros de la padilla “18”, solicitando el pago semanal de trescientos lempiras (lps 300.00), los que debía pagar los días martes; siendo asesorado por el agente de investigación asignado a la causa, en realizar un acta de seriado de dinero con dos billetes de cien lempiras con series CJ8302690, CJ665593, para ser entregados al momento de cobrar el dinero exigido.- El día martes diecinueve de marzo del años dos mil diecinueve (2019) Agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Anti maras y Pandillas se trasladaron a la ciudad de Comayaguela, después de varios minutos observaron a dos personas del sexo masculino y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba del testigo protegido BB-13, quien les hace entrega del dinero, se reparten el mismo y se marchan del lugar, posteriormente fueron requeridos por los agentes de investigación, identificando al señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, a quien le encontraron en su poder la cantidad de cuatrocientos lempiras (lps. 400.00) entre ellos un billete que previamente había sido seriado y un teléfono celular, mientras que a su acompañante quien era menor de edad se le encontró la cantidad de seiscientos lempiras (lps 600.00) dentro de los billetes decomisados se encontraba uno que había sido seriado y un teléfono celular. Como hecho probado también se verificó que el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dió su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose conforme con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y la multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal."

Legislación citada

  • Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal número SCO0079- 2022, interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETNCIA NACIONAL E MATERIA DE EXTORSION , en fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-131 A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de marzo del dos mil diecinueve, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, Abogada IDALIA YADIRA FLORES, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA por suponerlo responsables del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO BB131. (Folios 02 al 07 de la pieza de Antecedentes.) 2) Que continuado el proceso, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en la cual Falló: “PRIMERO: CONDENANDO al imputado OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA ,por haber cometido el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB131” a las penas principales de ONCE (11) AÑOS TRES(03) MESES de reclusión y a una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, pena penas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Valle Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras Publicas en labores de establecimiento de Conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario SEGUNDO: CONDENANDO al imputado OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena...” (Folios49 -51 de los antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha trece (13) de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS , presentando recurso de revisión penal a favor del señor OVET EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA , contra la sentencia de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 del recurso) 4) Que en fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los antecedentes de la causa, y ordenar en su oportunidad la respectiva audiencia. (Folio 9 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, y la Abogada NELLIE JEANNETH VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que estimo, que las disposiciones del nuevo Código Penal no le es más favorable al sentenciado, respecto a la Pena de multa, por ser esta más gravosa en la nueva Legislación, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley. (Folios 20 al 23 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II. Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)se llevo a cabo la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de OVETH EZEQUIEL ALVAREZ SIERRA, como revisionista; y la Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DÍAZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público acreditada ante este Tribunal quien comparece para los efectos de efectuar la oposición del ente acusador en el presente asunto, habiéndose comprobado la inexistencia de un abogado acusador privado, el magistrado que preside le cedió la palabra al abogado RAMON MATAMOROS apoderado legal del señor OVETH EZEQUIEL ALVAREZ SIERRA a efecto de que haga uso de réplica y que presente las pruebas que estime convenientes, quien manifiesta: se ratifica el contenido de la solicitud del recurso de Revisión en la sentencia Condenatoria, que fue presentada en fecha 13 de enero de 2022 ante la Sala de lo Constitucional. Se aplique el principio de la retroactividad de la Ley Penal al señor OVETH EZEQUIEL ALVAREZ SIERRA, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de testigo protegido Clave BB-131, a una pena de 11 años con 3 meses de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito de extorsión la pena es de 10-15 años una multa de 500 a 1000 días. Posteriormente se realizó una reforma al Código Penal Vigente, específicamente en el artículo 373 del mismo cuerpo legal en donde se establece que para el delito de extorsión, su nueva pena sería de 15 años a 20 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días. Que los mas beneficioso para los intereses personales del acusado en la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 10 años y una multa de 500 días que razón de 20, equivalente a 10,000 Lps. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos.- Seguidamente el Ministerio Público a través de su agente fiscal NELLIE JEANNETTE VALLEJO DÍAZ, refiriéndose al Recurso Extraordinaria de Revisión Penal de la sentencia dictada expone su apreciación jurídica: el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en vista que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222 el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel mas alto, mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el artículo 373 reformado mediante Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre de 2021 y vigente a partir del día siguiente a su publicación, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinaria de Revisión Penal (13 de enero de 2022), el artículo 373 ya había sido reformado el cual señala: Debe ser castigado con la pena de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel mas alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de veinte Lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L. 5,000.00). De las normas transcritas, se extrae que el nuevo Código Penal Vigente contempla la misma pena de 15 a 20 años de prisión para el delito de EXTORSIÓN, misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal de procedimiento abreviado quedando en una pena de 11 años y 3 meses a 15 años de prisión. Asimismo se aprecia que también se condenó al procesado a la pena de quinientos (500) a mil (1000) días, y al ser rebajados en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado resulta una pena de 375 a 500 días que aplicado en su nivel mas bajo corresponde imponer una multa de L 1,875,000.00 de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son mas favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponérsele conforme a la norma sustantiva vigente, sumado a que la pena de multa a imponer resulta mas onerosa, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista con se encuentra conforme a ley, tal y como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser mas benigna al condenado. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. La sentencia venida en revisión penal, se impuso a OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5)salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido“BB-131” más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito (conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal derogado). Asimismo, quedó establecido como hechos probados lo siguiente: “ el día miércoles 20 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el testigo protegido “BB-131”, interpuso denuncia en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (F.N.A.M,P.) manifestando que el día sábado dieciséis de febrero del año dos mil diecinueve , a su centro de trabajo llegaron dos jóvenes del sexo masculino, identificándose como miembros de la padilla “18”, solicitando el pago semanal de trescientos lempiras (lps 300.00), los que debía pagar los días martes; siendo asesorado por el agente de investigación asignado a la causa, en realizar un acta de seriado de dinero con dos billetes de cien lempiras con series CJ8302690, CJ665593, para ser entregados al momento de cobrar el dinero exigido.- El día martes diecinueve de marzo del años dos mil diecinueve (2019) Agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Anti maras y Pandillas se trasladaron a la ciudad de Comayaguela, después de varios minutos observaron a dos personas del sexo masculino y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba del testigo protegido BB-13, quien les hace entrega del dinero, se reparten el mismo y se marchan del lugar, posteriormente fueron requeridos por los agentes de investigación, identificando al señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, a quien le encontraron en su poder la cantidad de cuatrocientos lempiras (lps. 400.00) entre ellos un billete que previamente había sido seriado y un teléfono celular, mientras que a su acompañante quien era menor de edad se le encontró la cantidad de seiscientos lempiras (lps 600.00) dentro de los billetes decomisados se encontraba uno que había sido seriado y un teléfono celular. Como hecho probado también se verificó que el acusado se sometió al proceso abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública y que el Juez comprobó que el imputado dió su consentimiento para acogerse a tal procedimiento estando consciente de los alcances de la misma, manifestándose conforme con la pena de once (11) años tres (3) meses, solicitada por el Fiscal peticionando se le imponga a su representado la pena mínima de once (11) años tres meses (3) de reclusión y la multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos. La conducta antes relacionada y por la cual fue condenado OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 373 como delito de extorsión, precepto reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, que establece “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”, de lo anterior se observa que penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal, nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor OVETH EXEQUIEL ALVAREZ SIERRA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0079-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL