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Sentencia RP-785-23 — Registro 19247

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad en materia penal Contra sentencia por el delito de Evasión, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, la Sala Constitucional considera no se puede hacer una fragmentación de las dos normas aplicándole lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, por lo que se deniega el recurso extraordinario de revisión solicitado a favor del imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

recurso de revisión de la cual se pide la aplicación de la retroactividad de la ley penal por considerar que el nuevo ordenamiento jurídico favorece al imputado, el encausado fue condenado a la pena de cinco (5) años de reclusión con fundamento en el artículo 390 del Código Penal contenido en el decreto 144-1983 que establecía una pena de 5 a 10 años de reclusión para el delito de EVASIÓN, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017 el artículo 526 establece que la pena a imponer por dicho delito denominado Quebrantamiento de condena o medida es de 2 a 4 años de reclusión, el revisionista solicita se le aplique la nueva norma penal a su representado dado que le favorece ello con aplicación al artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia constitucional, esta sala es de la opinión que no procede la aplicación de la retroactividad de la ley penal en virtud que como se lee en el penúltimo párrafo del artículo 622 del nuevo Código Penal: “En los casos en que la pena esté ejecutada aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena” revisando los antecedentes penales del encausado encontramos que fue condenado por la comisión de 3 delitos, dos de robo las cuales ya fueron cumplidas y declaradas extinguidas su responsabilidad penal, no asi la presente cuyo cumplimiento es en fecha 26 de mayo de 2025, además no existe la certeza de como se produjo su evasión a folio ochenta y nueve (89) se aprecia que se dieron cuenta de la evasión solo cuando pasaron lista y no estaba el encausado, en tal virtud se le aplico la pena mínima ya que no consta si durante el acto de la evasión hizo uso de violencia, asimismo consta que durante la audiencia del juicio oral y público la Fiscalía presentó un acuerdo de estricta conformidad, en los hechos probados solo se menciona que fue aprehendido nuevamente en un sector de la ciudad de Comayaguela en posesión de un arma de fuego tipo fusil AK 47 la cual según nuestra legislación vigente es prohibida su portación y tenencia por lo que se presentó requerimiento fiscal por el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida en perjuicio de la seguridad Interior del Estado de Honduras constando en el expediente número 1251-07, sin que conste el resultado de dicho proceso y tampoco el revisionista hace alusión a este nuevo delito cometido por el encausado, en ese orden de ideas no se puede hacer una fragmentación de las dos normas aplicándole lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, por lo que se deniega el recurso extraordinario de revisión solicitado a favor del imputado

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Martha Elisabeth Hernández Trochez, a favor del señor José Astolfo Arguijo Gonzalez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor José Astolfo Arguijo Gonzalez, por haber sido condenado por el delito de Evasión, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1)En fecha veintitrés de octubre de dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado Roger Ludovico Matus Zelaya, presentando requerimiento fiscal en contra el señor José Astolfo Arguijo Gonzalez conocido también como José Astolfo Arguijo Gonzalez, por suponerlo responsable del delito de Evasión, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 2-4 del antecedente)2)Que en fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al Señor JOSE ASTOLFO ARGUIJO GONZALES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito EVASION en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de CINCO (5) AÑOS de RECLUSIÓN, pena a la que deberá computarse descontándose el tiempo en que el imputado ha estado en efectiva prisión por éste caso y que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de ejecución competente. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al Señor JOSE ASTOLFO ARGUIJO GONZALES, como consecuencia de la pena de reclusión que se le ha impuesto a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni-gastos ocasionados por el juicio al acusado JOSE ASTOLFOARGUIJO GONZALES. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del señor JOSE ASTOLFO ARGUIJO GONZALES, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No procede declarar comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de ejecución o convicción alguna. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la-pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 90-94 del antecedente)3) En fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada Martha Elisabeth Hernández Trochez, a favor del señor José Astolfo Arguijo Gonzalez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-3 del recurso de mérito)4) En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Martha Elizabeth Hernández Trochez, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor José Astolfo Arguijo Gonzalez; El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicitan que se revea la Sentencia Condenatoria de fecha 23 de junio 2009, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2) 3) 4) 5) 6) 7, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan Articulo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el su presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... Que al revisar el argumento expuesto por el recurrente y revisado el antecedente mérito, se aprecia que no concurre el motivo de revisión invocado por el censor, al colegirse del Cómputo de Pena de fecha 10 de agosto del 2009, emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que el sentenciado en fecha 28 de noviembre del 2012, cumplió la condena impuesta por el delito supra relacionado, en ese orden de ideas resulta claro que la misma ya fue debidamente ejecutada, por ende limita la pretensión que se otorgue el recurso de revisión planteado al tenor del penúltimo párrafo del artículo 622 de la norma sustantiva vigente, que establece que no serán susceptibles de revisión la pena que se encuentre ejecutada como acontece en el caso que nos ocupa. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 25-27 del recurso de mérito)FUNDAMENTACIÓN II.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . III.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARTA ELIZABETH HERNANDEZ TROCHEZ, en representación de JOSE ASTOLFO ARGUIJO GONZALEZ, como revisionista; y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada MARTA ELIZABETH HERNANDEZ TROCHEZ ratifica el recurso de revisión penal presentado contra la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno emitida por el tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán donde se condenó a su representado a la pena de cinco (5) años de reclusión por el delito de EVASIÓN en perjuicio de la Administración Pública, asi como a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, manifiesta que ratifica la interposición del recurso extraordinario en vista que su representado fue sentenciado con base al artículo 390 del Código Penal contenido en el decreto 144-1983 hoy derogado y que como es de lato conocimiento público la entrada en vigencia del Código Penal en el Decreto 130-2017, considerando que la Constitución de la República, en su artículo 96, nos cita que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado aunado a ello el artículo 9 de la Convención Americana sobre Humanos y en base al artículo 615 del Decreto 130 2017, que refiere sobre la retroactividad penal es por eso que en base al artículo 526, párrafo primero, el delito de evasión dice que debe ser castigado con la pena de 2 a 4 años de reclusión, siendo que esta favorece a mi representado y que él ya lleva mas de dos años, solicita a este honorable Tribunal que se revise la sentencia y que sea favorable a el la petición de cederle 2 años y se pueda solicitar su libertad en base al nuevo Código Penal, seguidamente se le cedió la palabra a la Abogado CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA en su calidad de agente fiscal quien manifiesta que en relación al recurso de revisión extraordinario en comento, manifiesta que efectivamente el encausado fue condenado de conformidad al Código penal derogado y que efectivamente la nueva norma penal le es mas favorable y que según lo establecido en el artículo 98 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquier tiempo de los casos siguientes: 1)…..2)…..3)…..4)…..5)….6)…..7)….,8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser mas benigna”, relacionado con los artículo 615 y 616 del nuevo Código penal que señalan: “RETROACTIVIDAD DE LE LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan mas favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas, y que al revisar el argumento expuesto por el recurrente y revisado el antecedente de mérito, se aprecia que no concurre el motivo de revisión invocado por el censor, al colegirse del cómputo de la pena de fecha 10 de agosto de 2009 emitido, que el sentenciado cumplió su condena 28 de noviembre de 2012, en ese orden de ideas resulta claro que la misma ya fue cumplida, por ende limita la pretensión que se otorgue el recurso de revisión planteado al tenor del penúltimo párrafo del artículo 622 de la norma sustantiva vigente, que establece que no serán susceptibles e revisión la pena que se encuentre ejecutada como acontece en el caso que nos ocupa, por lo que su opinión es que NO SE OTORGUE el recurso solicitado. IV.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. V. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso de revisión de la cual se pide la aplicación de la retroactividad de la ley penal por considerar que el nuevo ordenamiento jurídico favorece al imputado, el encausado fue condenado a la pena de cinco (5) años de reclusión con fundamento en el artículo 390 del Código Penal contenido en el decreto 144-1983 que establecía una pena de 5 a 10 años de reclusión para el delito de EVASIÓN, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017 el artículo 526 establece que la pena a imponer por dicho delito denominado Quebrantamiento de condena o medida es de 2 a 4 años de reclusión, el revisionista solicita se le aplique la nueva norma penal a su representado dado que le favorece ello con aplicación al artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia constitucional, esta sala es de la opinión que no procede la aplicación de la retroactividad de la ley penal en virtud que como se lee en el penúltimo párrafo del artículo 622 del nuevo Código Penal: “En los casos en que la pena esté ejecutada aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena” revisando los antecedentes penales del encausado encontramos que fue condenado por la comisión de 3 delitos, dos de robo las cuales ya fueron cumplidas y declaradas extinguidas su responsabilidad penal, no asi la presente cuyo cumplimiento es en fecha 26 de mayo de 2025, además no existe la certeza de como se produjo su evasión a folio ochenta y nueve (89) se aprecia que se dieron cuenta de la evasión solo cuando pasaron lista y no estaba el encausado, en tal virtud se le aplico la pena mínima ya que no consta si durante el acto de la evasión hizo uso de violencia, asimismo consta que durante la audiencia del juicio oral y público la Fiscalía presentó un acuerdo de estricta conformidad, en los hechos probados solo se menciona que fue aprehendido nuevamente en un sector de la ciudad de Comayaguela en posesión de un arma de fuego tipo fusil AK 47 la cual según nuestra legislación vigente es prohibida su portación y tenencia por lo que se presentó requerimiento fiscal por el delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida en perjuicio de la seguridad Interior del Estado de Honduras constando en el expediente número 1251-07, sin que conste el resultado de dicho proceso y tampoco el revisionista hace alusión a este nuevo delito cometido por el encausado, en ese orden de ideas no se puede hacer una fragmentación de las dos normas aplicándole lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique, por lo que se deniega el recurso extraordinario de revisión solicitado a favor del imputado.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada MARTA ELIZABETH HERNANDEZ TROCHEZ, en favor del señor JOSE ASTOLFO ARGUIJO GONZALEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA. NOTIFIQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0785-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL