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Sentencia RP-761-22 — Registro 18324

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente por el Delito de Robo de Vehículo automotriz en perjuicio de afectados; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE ROBO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 219 relacionados con el articulo 36 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron el delito de Robo Agravado de Vehículo en concurso ideal con el delito de robo. III- Esta Sala considera que el caso puesto en revisión no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto la pena establecida en el nuevo Código Penal para el delito cometido por el encausado, no representa una pena más benigna, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA la pena principal de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haberlos sido encontrado penalmente responsables a título de autores del delito ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE ROBO en perjuicio de la Empresa de Transporte MÁRQUEZ HERRERA, la Empresa GMC Honduras, S.A., Testigo Protegido TIGRE y EDUARDO YOHAN MALDONADO; I. En relación al Robo de Vehículo Agravado, se desprende que haciendo el respectivo análisis del mismo, este se encuadra en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Agregando el artículo 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) Se producen perjuicios de especial consideración; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Tal como sucedió en el caso de autos, por lo que al existir la concurrencia de dos circunstancias; conlleva al aumento de la pena en 2/3; resultando una pena abstracta de ocho años a trece años con ocho meses. De igual manera, el delito de robo es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, la cual deberá ser aumentada en 1/3 por la concurrencia del concurso ideal establecido en el articulo 67 del Código Penal vigente, quedando una pena abstracta de trece (13) años a diecisiete (17) años nueve (9) meses de prisión. II. Haciendo la comparativa de ambas normas, nos encontramos que las penas establecidas en el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) no resultan más favorables para los referidos señores, puesto que la pena abstracta a imponer se encuentra dentro del mismo rango de pena que la impuesta bajo el decreto 144-83. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó el aumento de 2/3 por la concurrencia de dos agravantes así como el aumento de 1/3 por concurso ideal, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que la pena abstracta a imponer seria de trece(13) años a diecisiete (17) años nueve (9) meses de prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no resulta procedente la aplicación retroactiva de una norma vigente en favor de los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA por no resultar más benigna..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA, a favor de SI MISMOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA, por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ, en perjuicio del señor EDUARDO YOHAN MALDONADO PEREZ, LA EMPRESA DE TRANSPORTES MARQUEZ HERRERA y TESTIGO PROTEGIDO TIGRE. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil quince, el Ministerio Público, a través de Fiscal Auxiliar la Abogada MARLEN JANET RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, presentando Requerimiento Fiscal en contra los señores KERWIN ANDONIE CHINCHILLA GALDAMEZ, JOEL ISAAC BUESO NUÑEZ, SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA, KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA, CRISTIAN DAVID REYES Y BAYRON ASDRUAL REYES AYALA, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO Y ROBO DE VEHICULO en perjuicio de LA EMPRESA DE TRANSPORTE TRAMBER; ASESINATO en perjuicio de EDUAR YOJAN MALDONADO PEREZ; y ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2-6 de los antecedentes). 2) Que continuado el proceso, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENAR, al señor KERWIN ANDONIE CHINCHILLA GALDALMEZ… SEGUNDO: CONDENAR, al señor KERWIN ANDONIE CHINCHILLA GALDALMEZ… TERCERO: CONDENAR, al señor CRISTIAN DAVID REYES… CUARTO: CONDENAR, al señor CRISTIAN DAVID REYES… QUINTO: CONDENAR, al señor KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA de generales ya mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título AUTOR de un delito consumado de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE agravado en concurso ideal con el delito de ROBO en perjuicio de la Empresa DE Transporte MÁRQUEZ HERRERA, la Empresa GMC Honduras, S.A., Testigo Protegido TIGRE y EDUARDO YOHAN MALDONADO, la pena de DIECISEIS (16) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Santa Rosa de Copán, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según la ley que regula el sistema penitenciario, debiendo tomarse en cuenta el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa; como consecuencia de esta pena se le CONDENA también a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión. SEXTO: CONDENAR, al señor SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA de generales ya mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título AUTOR de un delito consumado de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE agravado en concurso ideal con el delito de ROBO en perjuicio de la Empresa DE Transporte MÁRQUEZ HERRERA, la Empresa GMC Honduras, S.A., Testigo Protegido TIGRE y EDUARDO YOHAN MALDONADO, la pena de DIECISEIS (16) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Santa Rosa de Copán, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según la ley que regula el sistema penitenciario, debiendo tomarse en cuenta el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa; como consecuencia de esta pena se le CONDENA también a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión. …” (Folios 370 al 384 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA, presentaron ante este Tribunal, recurso de revisión penal a favor de SI MISMOS, contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente. (Folio 01 del recurso de mérito). 4) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA; habiéndosele cedido la palabra al representante legal de los recurrentes, quien manifestó que ratifica la acción constitucional de revisión penal a favor de sus representados y solicitando la revisión de la sentencia condenatoria en el sentido de aplicar la retroactividad de la Ley penal más favorable. Posteriormente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien fue de la OPINIÓN: porque “SE DENIEGUE la presente acción de revisión…” al concluir que las penas establecidas en el nuevo Código Penal no son las más favorables a los condenados. (Folios 11-13 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Fundamentos de los Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que les resulta más benigna. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en representación de los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA , como revisionistas; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado David Alfredo Aguilar López funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que sus representados fueron sentenciados con el decreto 144-83 a una pena de dieciséis años ocho meses de prisión y que el Código Penal vigente en su artículo 264 establece una pena de dos a cuatro años; sin embargo, si se establece la diferencia, la nueva ley les beneficia de manera considerable, en tal sentido, se considera que la pena debería estar enmarcada dentro de los dos a cuatro años; por lo que se solicita que se acceda a lo solicitado en beneficio de mis representados de acuerdo a la retroactividad de la ley que lo establece nuestra Constitución en su artículo 96. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que de los hechos probados se aprecia que las penas fueron impuestas en aplicación del concurso ideal que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena mas grave aumentada en 1/3; que en este caso seria la pena de robo de vehículo agravado de 8 a 13 años 4 meses de reclusión, misma que aumentada en 1/3 queda en una pena de 13 años 4 meses a 17 años nueve meses y diez días de prisión. Que al comparar las penas impuestas, se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal no resulta mas favorable, ya que conforme la legislación derogada se le impuso una pena de 16 años 8 meses; la cual se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta que establece la ley sustantiva vigente, de conformidad al articulo 616 de la ley supra indicada. En consecuencia, esta representación fiscal es del parecer por que se deniegue la presente acción de revisión en los términos señalados. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas sin modificar los hechos concretos y probados. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE ROBO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 219 relacionados con el articulo 36 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron el delito de Robo Agravado de Vehículo en concurso ideal con el delito de robo. III- Esta Sala considera que el caso puesto en revisión no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto la pena establecida en el nuevo Código Penal para el delito cometido por el encausado, no representa una pena más benigna, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA la pena principal de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haberlos sido encontrado penalmente responsables a título de autores del delito ROBO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ TERRESTRE AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE ROBO en perjuicio de la Empresa de Transporte MÁRQUEZ HERRERA, la Empresa GMC Honduras, S.A., Testigo Protegido TIGRE y EDUARDO YOHAN MALDONADO; I. En relación al Robo de Vehículo Agravado, se desprende que haciendo el respectivo análisis del mismo, este se encuadra en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Agregando el artículo 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) Se producen perjuicios de especial consideración; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Tal como sucedió en el caso de autos, por lo que al existir la concurrencia de dos circunstancias; conlleva al aumento de la pena en 2/3; resultando una pena abstracta de ocho años a trece años con ocho meses. De igual manera, el delito de robo es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, la cual deberá ser aumentada en 1/3 por la concurrencia del concurso ideal establecido en el articulo 67 del Código Penal vigente, quedando una pena abstracta de trece (13) años a diecisiete (17) años nueve (9) meses de prisión. II. Haciendo la comparativa de ambas normas, nos encontramos que las penas establecidas en el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) no resultan más favorables para los referidos señores, puesto que la pena abstracta a imponer se encuentra dentro del mismo rango de pena que la impuesta bajo el decreto 144-83. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó el aumento de 2/3 por la concurrencia de dos agravantes así como el aumento de 1/3 por concurso ideal, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que la pena abstracta a imponer seria de trece(13) años a diecisiete (17) años nueve (9) meses de prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no resulta procedente la aplicación retroactiva de una norma vigente en favor de los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA por no resultar más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los señores SANTOS EDGARDO CAMPOS MEJIA Y KEVIN ALEXANDER CAMPOS MEJIA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. REDACTO LA MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-761-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL