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Sentencia RP-725-22 — Registro 19246

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el, delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “AD506”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Milton Armando Sánchez Sierra, fue condenado por el delito de EXTORSION por la Sala Tercera del Tribunal De Sentencia De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha tres (03) de agosto del dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD506; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor Milton Armando Sánchez Sierra, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el Artículo 222 Del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Milton Armando Sánchez Sierra, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD506; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021 de fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Es decir, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 113 al 120 del expediente del Tribunal de Sentencia). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS. Resultando la misma pena de 15 a 20 años de prisión con el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), misma que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 500 a 1000 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS 2,500,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 50 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiunos) la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Milton Armando Sánchez Sierra.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Milton Armando Sánchez Sierra, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Milton Armando Sánchez Sierra, por haber sido condenado por el delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “AD506”.ANTECEDENTES1)En fecha once de noviembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal del Ministerio Público, el Abogado Guillermo Seaman Padilla, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Milton Armando Sánchez y Jenifer Estephany Cerna Sierra, por suponerlos responsables del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido “AD506”. (Folios 2-5 del antecedente)2)Que en fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor MILTON ARMANDO SÁNCHEZ SIERRA, con las generales de identidad anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de Testigo Protegido "AD506", a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, MAS UNA MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, pena de reclusión a la que se le ha de computar el tiempo en que el imputado ha estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, pena que deberá cumplir el imputado en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor Milton Armando Sánchez Sierra, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del Señor Milton Armando Sánchez Sierra, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado a favor del Testigo Protegido AD506. CUARTO: No procede condenar en COSTAS procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Milton Armando Sánchez Sierra, ni al Ministerio Público. QUINTO: No Procede decretar el COMISO en vista que de acuerdo a los antecedentes no se presentaron objetos que el acusado haya utilizado para cometer el delito; sin embargo, se presentaron como evidencia: Una bolsa plástica transparente firmada y sellada con su respectiva hoja de cadena de custodia adjunta y de la cual obra su copia a folio 98 del expediente, conteniendo en su interior: dos billetes con nominaciones valorativas de quinientos lempiras, series números Y2112219 y Y2112222; seis (6) billetes de cien lempiras cada uno con las series BZ0220181, CA2481805, BZ4901400, BZ0274065, CB6522321 y CC4000042; evidencia que en el acto de la evacuación y exhibición de la misma a las partes, se ordenó al Secretario devolverla de inmediato al Ministerio Publico para que sea guardada en el Almacén de Evidencias respectivo, consta su entrega en la hoja de cadena de custodia respectiva a folio 98.- De los billetes anteriores y que fueron seriados, serán entregados a su respectivo dueño, una vez firme la sentencia y/o en fase de la ejecución de la misma. Y MANDA Que se notifique este fallo a las partes, una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su debido cumplimiento, además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y un ejemplar al Instituto Nacional Penitenciario de Tamara Francisco Morazán para archivo en expediente del imputado. Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 113-120 del antecedente)3)En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Milton Armando Sánchez Sierra, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado, con fundamento en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se aplique retroactivamente la pena contemplada en el artículo 373 del Código Penal que establece una pena mínima de 10 años de reclusión y multa de 500 días. (Folios 1-4 del recurso de mérito)4)En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Milton Armando Sánchez Sierra, quien manifestó: Solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal al señor Milton Armando Sánchez Sierra, quien fue condenado por el delito de extorsión, en perjuicio del testigo protegido a una pena de 11 años 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, en relación con el código penal vigente, establece en su artículo 373 una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días multa, siendo lo más beneficiosos aplicar al condenado ya que acepto un procedimiento abreviado se le debe hacer la rebaja de ¼ a la pena y multa, quedando una pena de 7 años 6 meses de reclusión y una multa de 7,500 lempiras”; El Ministerio Público manifestó: “…II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de EXTORSIÓN, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2), 3)..., 4), 5), 6) retroactiva de 7)..., 8) Proceda la aplicación una ley penal por ser más benigna,.." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. Que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual sancionaba la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) regula esa misma conducta delictiva en el Artículo 373 reformado, que lo sanciona con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA, La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000), por lo que correspondería imponer una pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (LPS. 2,500,000.00). Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, es la misma pena que correspondería imponer según el Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Jugado de ejecución un nuevo computo de la pena…” (Folios 24-26 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Constitución de la República. Argumenta que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables, la reforma que está solicitando debe ser retroactiva por ser más favorable, que consiste en sustituir la pena de quince años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos, a una pena mínima de 10 años y multa mínima de 500 días, según lo dispuesto en el artículo 373 del Código penal vigente, por ser más favorable al condenado Milton Armando Sánchez Sierra.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramon Matamoros, en su condición de Apoderada Legal del señor Milton Armando Sánchez Sierra, quien manifestó lo siguiente: “Solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal al señor Milton Armando Sánchez Sierra, quien fue condenado por el delito de extorsión, en perjuicio del testigo protegido a una pena de 11 años 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos, en relación con el código penal vigente, establece en su artículo 373 una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días multa, siendo lo más beneficiosos aplicar al condenado ya que acepto un procedimiento abreviado se le debe hacer la rebaja de ¼ a la pena y multa, quedando una pena de 7 años 6 meses de reclusión y una multa de 7,500 lempiras.” La Abogada Sobeida Isabel Zapata, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso y del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual sancionaba la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) regula esa misma conducta delictiva en el Artículo 373 reformado, que lo sanciona con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA, La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000), por lo que correspondería imponer una pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (LPS. 2,500,000.00). Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado Ramon Matamoros, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de mayo del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, en aplicación retroactiva de la ley y en consecuencia se le sustituya la pena de quince años y multa de 50 salarios mínimos, que fue impuesta de acuerdo al código penal derogado artículo 222, por la pena establecida en el nuevo Código Penal, que en el artículo 373 regula el delito de Extorsión con una pena de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor Milton Armando Sánchez Sierra, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, a una pena de 15 años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos. En audiencia de oposición celebrada en fecha catorce de septiembre del dos mil veintitrés, el peticionario abogado Ramón Matamoros, peticiona que en virtud que su representado fue condenado mediante el procedimiento abreviado a una pena de once años tres meses de reclusión y multa de 37.5 salarios mínimos, en base al artículo 373 del Código Penal vigente que establece una pena de diez a quince años de prisión, se le debe hacer la rebaja de ¼ por el sometimiento al procedimiento abreviado, quedando una pena mínima de 7 años 6 meses y multa de Lps. 7,500. Habiendo revisado el antecedente, esta Sala advierte, que el señor Milton Armando Sánchez Sierra, fue condenado mediante sentencia en juicio oral y publico (ver acta de debate folio 99 y sentencia folio 113-120) a una pena de quince (15) años de reclusión, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos. Por ello, es en base a esta pena (15 años y multa de 50 salarios mínimos) que la Sala procede a hacer la comparación de penas a efecto de determinar si procede o no la garantía constitucional de Revisión Penal.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Milton Armando Sánchez Sierra, fue condenado por el delito de EXTORSION por la Sala Tercera del Tribunal De Sentencia De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha tres (03) de agosto del dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD506; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor Milton Armando Sánchez Sierra, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el Artículo 222 Del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Milton Armando Sánchez Sierra, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD506; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021 de fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Es decir, dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 113 al 120 del expediente del Tribunal de Sentencia). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE 50 SALARIOS MINIMOS. Resultando la misma pena de 15 a 20 años de prisión con el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), misma que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 500 a 1000 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS 2,500,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 50 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiuno) la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Milton Armando Sánchez Sierra.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor MILTON ARMANDO SÁNCHEZ SIERRA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres (03) de agosto del dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0725-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL