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Sentencia RP-716-22 — Registro 17830

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, con relación a la causa instruida contra el solicitante, por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico de Drogas, por entrada en vigor de legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se han cumplido los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO, por resultarle más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente también lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena; y de lo que resulte, ordenar la libertad del condenado, en caso de ser procedente; sin perjuicio de otros procesos penales que tenga pendientes..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se han cumplido los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO, por resultarle más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente también lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena; y de lo que resulte, ordenar la libertad del condenado, en caso de ser procedente; sin perjuicio de otros procesos penales que tenga pendientes..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se han cumplido los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO, por resultarle más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente también lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena; y de lo que resulte, ordenar la libertad del condenado, en caso de ser procedente; sin perjuicio de otros procesos penales que tenga pendientes..."

Legislación citada

Sentencia

CERRTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOHONNY BLADIMIR DUBON BURGOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: CONDENAR, como en efecto se CONDENA conformidad expresa de las partes, al acusado BRAYAN ALEXIS GONZALEZ CAYETANO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsables de un delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILIÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, ya definido y circunstanciado, imponiéndole como pena principal de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00) la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto".- SEGUNDO: Debemos condenar al acusado BRAYAN ALEXIS GONZALEZ CAYETANO, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena a la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional.-TERCERO: Se ordena la destrucción de la droga que forma parte de la evidencia en este proceso, consistente en: una bolsa plástico anaranjada conteniendo treinta y un bolsas plásticas trasparentes y cada una de ellas en su interior hierba, con un peso total de 70,4 gramos de seca marihuana.- CUARTO: No procede declarar la responsabilidad civil del condenado, asimismo no procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio…”. (Ver folios 44 al 46 de la pieza del Juzgado A Quo). 3) Que el recurrente, Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, compareció ante este Tribunal en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018). 4) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en su condición de apoderado legal del señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Quien es de la opinión que SE OTORGUE la presente acción de Revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo en constitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: Que ratifica el recurso de revisión presentado en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), en la que se solicita la revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), contra su representado, señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, para que sea revisada con fundamento en los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente, con relación al artículo 96, que establecen el principio de retroactividad de la ley penal más favorable; emitiéndose nueva sentencia de conformidad al artículo 311 del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), el cual establece penas de prisión y multa más favorables a su representado.” La agente fiscal manifestó en audiencia: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales indicando que las sanciones correspondientes al delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, definido y circunstanciado, según el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas, el cual contempla una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50, 000.00) a cien mil lempiras (L 100, 000.00), a quien intencionalmente facilitaré el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo de drogas estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas; por lo que la pena principal impuesta al beneficiario del recurso resultó de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00) a cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto"; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por haberse sometido al procedimiento expedito; mientras que, en el nuevo Código Penal, el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS se encuentra regulado en el artículo 311 y debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. Y multa de cien (100) a quinientos (500) días para ambos supuestos. Por otra parte, el artículo 53, dispone. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas y del examen de los hechos expuestos en la sentencia de mérito, se colige que al sentenciado le decomisaron 31 bolsitas de plástico, conteniendo marihuana, por lo que, de conformidad al marco punitivo correspondería aplicar una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años y una multa de 100 a 500 días. Por lo que, ante las premisas expuestas en el caso sub examine, estima la Representación Fiscal que, en aplicación del precitado artículo 53 del Código Penal (Decreto No. 130-2017), correspondería imponer una pena mínima de 100 días y, en general; que las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal establecen una pena más favorable para el solicitante. En tal sentido lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo disponen los artículos 96 Constitucional, y artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al establecer el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al condenado; pronunciándose, en definitiva, porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supraseñalados. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario, se transgrediría el Principio de Legalidad Penal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada.” CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emitiendo el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador y de los antecedentes que acompañan la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal, esta Sala observa que efectivamente el señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a la pena de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00) a cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto"; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata de los antecedentes que en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, tal como establece la parte resolutiva de la sentencia que se revisa. III- Esta Sala realiza un examen comparativo de ambas normas penales, aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsumen, o no, en la causal número ocho, del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, corresponde aplicar la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, el cual regula, en su primer párrafo, dos (2) supuestos de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician efectivamente al encausado, señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. III. En los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 44 vuelto y 45 frente del expediente en revisión), se establece que la sustancia objeto del transporte para fines de tráfico ilícito era marihuana (31 bolsitas, no precisándose la cantidad exacta). Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto ineludible de comparación entre las leyes penales. Como queda expresado, del análisis del hecho concreto a luz del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), se considera que estos encajan en lo establecido en el primer supuesto del artículo 311 que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en la fundamentación jurídica y tomando en cuenta que la droga encontrada fue marihuana, sin precisar exactamente la unidad de medida; siendo tal conducta reprochada penalmente como TRAFICO DE DROGAS según el artículo 311 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), deberá ser castigada con una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días. En tal sentido conforme los hechos declarados probados, al no concurrir ninguna circunstancia atenuante ni agravantes, de las contempladas en los artículos 31 y 32 del Código Penal Vigente, y tomando en cuenta que el Tribunal sentenciador impuso al señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO, la pena mínima aplicable; corresponderá también aplicar la pena mínima equivalente a cuatro (04) años de prisión y multa de cien (100) días, en vista de la escasa trascendencia de la conducta delictiva revisada. Asimismo, la multa a imponer será en razón de cincuenta lempiras (50.00) por día, en proporcionalidad a los criterios jurídicos antes esbozados, de conformidad al principio pro homine y siempre en el marco prescrito por el artículo 53 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017); lo que equivale a un total de cinco mil lempiras exactos (L 5, 000.00) en concepto de pena de multa. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V. Finalmente, que, siguiendo ese orden de ideas, la Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se han cumplido los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de Revisión. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZÁLEZ CAYETANO, por resultarle más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente también lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena; y de lo que resulte, ordenar la libertad del condenado, en caso de ser procedente; sin perjuicio de otros procesos penales que tenga pendientes. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, EN FECHA VEINTISÉIS (26) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, por el delito FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor BRAYAN ALEXIS GONZALES CAYETANO, de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISION, más una pena MULTA de CIEN (100) DÍAS a razón de CINCUENTA LEMPIRAS (L. 50.00) por día, que equivale a la cantidad de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00). Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a realizar el nuevo cómputo y a brindarle cumplimiento al presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-716-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL